La trama de la cocaína adulterada muestra una regularidad: las fuerzas de seguridad siempre eligen primero perejiles para salir del paso, y en otros casos avanzan sobre figuras ya conocidas como Joaquín “El Paisa” Aquino, al que la bonaerense le habría plantado la droga del caso conocido como “Puerta 8”, según declaró el detenido. Por ahora, la información conocida es que Aquino fue capturado junto a otros siete sospechosos por tenencia armas y unas 15 mil dosis de cocaína con envoltorio similar al de la cocaína adulterada. Según el periodista especializado en drogas Federico Fahsbender, este personaje opera bajo las órdenes de dos capos ahora presos: Max “Alicho” Alí Alegre y Blas “El Gordo” Gómez.
Ayer, las pericias publicadas por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y la mencionada fuerza policial determinaron que la sustancia presente en ella era carfentanilo, un opioide sintético de acción rápida, derivado del fentanilo, 20 veces más potente, que se usa como analgésico y sedante en animales de gran porte.
La historia es conocida: al llegar a los hospitales de la Provincia, las víctimas sufrían de dificultad respiratoria y depresión del sistema nervioso central. Tras esta situación, el gobierno de Axel Kicillof emitió un alerta preventivo destinado a los consumidores. Un boliche del barrio “Puerta 8” -pegado al CEAMSE y la Ruta 8- fue identificado como el punto de venta de la cocaína envenenada.
“El Gobierno provincial hizo bien en tratar de reducir daños y pedirle a los usuarios que no consumieran la cocaína que habían comprado pero el resto fue show: detenciones y operativos para la tribuna”, afirma Cecilia González, periodista y autora de Narcosur. La sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina. “Si no cambian las políticas de drogas todo seguirá igual, o peor”, asegura.
Por otra parte, Emilio Ruchansky, Coordinador del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), señala que la cifra que dio Berni no lo escandaliza ya que las últimas estadísticas disponibles -del 2017- hablan de un consumo de cocaína del 5% y de opioides sin prescripción médica de 6,2%, y agrega que al ser un tema de salud, le interesaría escuchar más a los ministros de Salud que a los de Seguridad.
Carlos Magdalena, neurólogo infantil, especialista en el uso de cannabis medicinal sostiene que hay que ver lo sucedido con perspectiva histórica ya que no se trata de un hecho aislado y agrega que ”la gente que murió es víctima de un Estado ausente, la falta de políticas públicas y por dejar estos asuntos, sólo en manos de las fuerzas de seguridad”.
Además, sostiene que el consumo de sustancias -legales e ilegales- es algo que todo el mundo hace, pero se tapa: “Se asume que está o se niega. Si ocurre esto último, pasan estas cosas. Cuando el Estado regula, todos estos efectos se minimizan”.
El consumo en números
En el mundo, la ONU afirma que las medidas relacionadas al covid-19 aumentaron las crisis económicas y el sentimiento de aislamiento social, y como consecuencia se incrementó el consumo de drogas. Además, prevé que los países de bajos y medios ingresos aumentarán su uso un 43% y un 10% respectivamente, para el 2030; en tanto, los de altos ingresos disminuirán un 1%.
Argentina, un país de tránsito
A diferencia de nuestro país, “México es país productor de amapola y marihuana, y de tránsito para cocaína que comenzó una supuesta guerra contra el narcotráfico en 2006, provocando como resultado casi 100 mil desaparecidos, más de 350 mil asesinados, cientos de miles de desplazados y más organizaciones criminales”. Como agravante, explica que comparte frontera con Estados Unidos, que es el país que más consume drogas en todo el mundo y agrega: “Cada país juega diferentes roles, y a nivel global, Argentina está muy lejos de ser un país protagonista. Lo son Estados Unidos, México, Afganistán, Colombia, Perú, Bolivia, incluso Brasil. Uruguay y Portugal por sus políticas novedosas”.
Emilio Ruchansky junto a Raúl Zaffaroni.
Despenalizar es visibilizar
Existe la creencia de que hablar de despenalizar y regular es promover el uso de las drogas y, según los que estudian en profundidad el tema, resulta todo lo contrario. A lo largo de los años, se ha demostrado que la prohibición generó la comercialización ilegal y las convirtió en una mercancía cara. El uso no médico, el uso adulto o recreativo, tiene que ver con una cuestión meramente privada. La despenalización se refiere a la no condena de la tenencia para el consumo personal de una droga.
“Acá no estamos hablando de posicionamiento morales, sino que estamos viendo un análisis histórico, real, palpable de lo que es la realidad cotidiana desde la humanidad en sus comienzos hasta ahora. Hacer un juzgamiento moral es no entender cómo funcionan las cosas», aclara Magdalena.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó a través del fallo Bazterrica (1986) y el fallo Arriola (2009), retomando que penar la tenencia personal es anticonstitucional ya que se viola el artículo 19 de la Constitución Nacional que dice que las conductas privadas que afecten a terceros no son punibles. Por otro lado, cuenta Ruchansky que la ONU, en una visita de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), le ha recomendado a la Argentina que despenalice. “La despenalización es un paso en la dirección correcta hacia la regulación. Se puede regular una droga particular pero no sería correcto, sería discriminatorio porque el Estado tiene que estar ahí para ayudar a la persona que consume”, asegura.
La mirada de los especialistas indica que hoy la legalidad o ilegalidad de una droga no se basa en la peligrosidad de esas sustancias. El alcohol es mucho más peligroso que el cannabis o que la hoja de coca pero hay que reconocer que las sustancias llevadas al mercado negro cambian el escenario.
En este momento, la prohibición, penalización y persecución hace que caigan “los ladrones de gallinas, el menudeo, los pobres, mientras que las segundas y primeras líneas, no”, explica el neurólogo. “Generar políticas públicas que despenalicen el consumo de sustancias y las regule es un Derecho Humano”, agrega Magdalena .
La despenalización no es un viva la pepa
Por su parte, Magdalena sostiene que hay que entender que las sustancias deben ser reguladas, desde la atenuación del daño y desde el concepto de salud.
En ese sentido, Ruchansky explica que “reducción de daños y riesgos” es una noción con muchos años, impulsada en Países Bajos y Suiza. “Cuando una persona no puede o no quiere dejar de consumir una sustancia, eso no implica que haya que tirarla a la basura. Hay que poder testear una pastilla, saber si tiene éxtasis o no para que la persona la pueda tirar, dar información, dar jeringas a quienes hagan uso inyectable o un kit para esnifar como ha pasado en Rosario hace un tiempo”, para evitar riesgos y daños que conlleva el uso de esa droga. “Es una cuestión humanitaria. Está incluída en la ley de salud mental y adicciones como una estrategia posible y deseable”, concluye Ruchansky.
El Estado atiende cuando quiere
La penalización del consumo, amparada por la ley, no sólo criminaliza sino que posibilita otro gran problema: la persecución policial. Esta, suele producirse en barrios carenciados, como si solo en ellos ocurriera el consumo problemático, reproduciendo así una nueva discriminación por parte de las instituciones estatales. Este tipo de intervención, basada en los mismos prejuicios, ilumina sólo a ciertos consumidores y opaca a otros. Tal como plantea José Garriga Zucal, Doctor en Antropología social (UBA), investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín, cuando la representación de que un efectivo abordaje del problema es sólo derribar bunkers, y cuando el imaginario del búnker es sólo una casilla en la villa, «no sólo se termina persiguiendo judicialmente a los que consumen sino a los pobres que consumen».
El caso de estos últimos días con la cocaína adulterada y las trágicas consecuencias, puso nuevamente en la superficie la pregunta sobre el rol del Estado. Pensarlo en términos de ausencias o presencias es algo confuso y equívoco, porque las instituciones estatales, para bien o para mal, siempre están. “Cuando se habla de un Estado ausente es mentira, el Estado está presente con la policía reprimiendo y armando causas a pibes y pibas en los barrios populares”, sostiene Ruchansky. Se trata entonces de asignarle un nuevo papel al Estado, uno que le permita regular de forma legal y en donde la salud pública adquiera una verdadera relevancia en las decisiones y acciones. En este contexto, para Emilio “el Estado debería abrir los hospitales y testear, poner los cromatógrafos a disposición. Actuar rápidamente y tener un sistema de alertas, contacto más fluido con usuarios y usuarias. Por eso hay que abrir la atención. Uno de los principios de la reducción de daños es que el sistema de salud se adapte a los usuarios, no al revés”. De este modo, si el Estado testea “tendría un mapa de las sustancias que están circulando en tiempo real y no cuando se decomisan que ya es tarde”.
Bajo este escenario, se requiere repensar categorías y acciones. En este sentido, para Garriga Zucal “el Estado tiene dos manos, dos formas de intervención: una vinculada a la salud y otra vinculada a la seguridad. Cuando el Estado prioriza la intervención policial ante la problemática del consumo de drogas ilegalizadas, muchas veces, olvida sus otras formas de intervenir. La intervención policial, desde un enfoque de la seguridad, es necesaria, sí. Pero sólo en algunos casos. De poco sirve derribar un bunker si los que consumen van a seguir comprando. Importa, obvio, que a la policía y a la justicia siempre se les escapen los vendedores. Pero lo que más importa es que se reproduzcan los y las consumidores y ese no es un tema de seguridad”.
Sin duda, un enfoque que priorice la salud como forma de intervención, necesita de más Estado y no más policías.
