Ya transcurrieron 13 años desde que el «Fallo Mendoza» ordenó a la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires sanear el Riachuelo. ¿Por qué todo sigue casi como entonces?
El Río Matanza Riachuelo es la cuenca fluvial más contaminada y el problema ambiental más visible del país. A 13 años del fallo Mendoza, que ordenó su saneamiento responsabilizando a la Nación y a Provincia y Ciudad de Buenos Aires, continúa la vulneración de los derechos de seis millones de personas que habitan esa gran zona que abarca a la Capital Federal y a varios partidos bonaerenses. ¿Cuáles son las razones por las que no se mejora la calidad de vida de esa parte de la población argentina?
Como consecuencia de la demanda iniciada en 2004 por un grupo de vecinos y vecinas de Villa Inflamable, en Avellaneda, se aprobó la Ley 26.168 que creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), encargada de coordinar el trabajo de los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Su plan de acción cuenta con una primera etapa de obtención de información y de erradicación de grandes basurales; una segunda de construcción de infraestructura para reducir la contaminación y una tercera de limpieza del cuerpo de agua. “Si yo limpio el río y sigo vertiendo los mismos contaminantes es un barril sin fondo” dice Daniel Larrache, Director Ejecutivo de Gestión de ACUMAR. El organismo sostiene que hay tres grandes factores de contaminación: los desechos cloacales no tratados, los industriales y los residuos sólidos urbanos. “El principal factor de la contaminación es el desecho cloacal”, asegura Larrache y dice que el 70% de la polución del río es producto de la falta de infraestructura. Aun así, las cloacas se siguen descargando sin tratamiento en el Riachuelo.
Como solución se está avanzando en el Sistema Riachuelo, la obra más grande de saneamiento del país y que, según Larrache, se va a terminar en 2024. Consiste en la construcción del Colector Margen Izquierda que recibirá los desagües del sector y los enviará a una planta de pretratamiento en Dock Sud para luego volcar los líquidos en el Río de la Plata. ¿Esto alcanza? Raúl Alfredo Estrada Oyuela, representante Especial para Negociaciones Ambientales Internacionales de la Cancillería Argentina entre 2000-2007, afirma que “se separarán los objetos sólidos, arenas pesadas y algunos aceites, pero la contaminación continuará”. Además, pasó más de una década y como no se plantearon soluciones progresivas, las aguas residuales se siguen volcando igual que siempre.
En tanto, Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio de Derecho a la Ciudad, asegura que es una “gran inversión con deuda pública que no implicará un buen tratamiento, se trasladará la contaminación”. En cuanto al margen derecho del río, según Estrada Oyuela, solo hay promesas.
Muchas industrias pueden seguir contaminando lo mismo que antes y, al mismo tiempo, cumplir la regulación vigente.
Otro de los grandes factores de contaminación, el más grave según Baldiviezo, es el desecho industrial. Se estima que hay más de 4.000 industrias en las secciones media e inferior de la Cuenca, y muchas vierten efluentes sin tratamiento en el río. “Casi la mitad pasó por una reconversión tecnológica y han dejado de ser agentes contaminantes”, asegura por su parte Larrache, pero los niveles de contaminación del agua siguen siendo los mismos que en 2006 cuando se creó ACUMAR. Esto se debe a que se reconvirtieron las empresas menos contaminantes y a la regulación actual. Estrada Oyuela asegura: “Los niveles de contaminación que toleran las resoluciones son nocivos: en el 2007 se autorizaba a seguir contaminando como en 1970”. En pocas palabras, muchas industrias pueden seguir contaminando lo mismo que antes y, al mismo tiempo, cumplir la regulación vigente.
Santiago Cané, Coordinador de Asuntos Legales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), organización que es parte del Cuerpo Colegiado encargado de controlar la implementación de la sentencia, confirma que “no hay políticas públicas que ayuden a reacondicionar procesos productivos y las industrias no generan fondos para reparar los daños que causan”. Por parte de ACUMAR, Larrache justifica los datos asegurando que van a cambiar los indicadores del agua cuando se terminen las grandes obras de infraestructura cloacal, cuya falta, de acuerdo a su mirada, es la principal causante de contaminación. .
Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, otra de las organizaciones del Cuerpo Colegiado de la causa, dice: “La pulseada la están ganando las empresas, son las que aportan a las campañas políticas y no las pueden tocar”, Alberti también afirma que pasaron diez presidentes por ACUMAR y que todos hicieron promesas que no cumplieron. En FARN afirman que “no hay una visión integral de la Cuenca, ACUMAR debería tener ese rol y asegurar la participación ciudadana”. Si bien realizan audiencias públicas o reuniones informativas, no hay participación ciudadana “real” según Baldiviezo, quien agrega que el organismo debería haber presentado un plan de ordenamiento territorial, pero como “es poca la fuerza normativa de ACUMAR, cada jurisdicción hace lo que se le canta y este organismo casi no tiene ninguna presencia, ni con la gestión anterior ni con la actual”.
Este organismo tiene la responsabilidad de implementar el Plan Integral de Saneamiento (PISA), creado en 2009 y actualizado en 2010 y 2016. Uno de los objetivos es “mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de la Cuenca”. Sin embargo, de las familias que debían ser reubicadas según el relevamiento inicial, sólo se llegó a un 50% de ejecución contemplando las viviendas en obra. De las construcciones concluidas muchas son defectuosas, según dice Estrada Oyuela, y Baldiviezo confirma que las del Barrio Padre Mugica ni siquiera tienen planos. “Es uno de los puntos en los cuales estamos más atrasados, la gestión de Cambiemos lo paralizó”, reconoce Larrache.
Además, Baldiviezo sostiene que “un error del plan fue poner un número de viviendas a construir (que no fue actualizado), en vez de relevar los barrios que necesitaban un proceso de reurbanización. Estaban más preocupados en liberar el Camino de la Ribera que en solucionar los problemas habitacionales de la Cuenca”.
Mientras tanto, los y las habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo están expuestos a contaminantes orgánicos y químicos, muchos de los cuales ni siquiera se miden. “Hay una gran cantidad de niños y niñas afectados por metales pesados y frente a eso, ACUMAR nunca dio una respuesta”, dice Baldiviezo, en contraposición al seguimiento particularizado que asegura dar el organismo. No casualmente quienes habitan la Cuenca, sobre todo en las cercanías al río, son poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica. “Generalmente, los problemas ambientales afectan a quienes tienen más dificultad para reclamar la garantía de sus derechos”, dice Cané y concuerda con Alberti: “El Riachuelo los envenena pero tienen miedo de exigir un ambiente sano, porque en vez de limpiar el río los van a limpiar a ellos”.
