La Ley de Emergencia Territorial Indígena fue prorrogada en forma endeble por un DNU presidencial. En el Congreso, faltan siete diputados para lograr quórum que permita votar la prórroga de la normativa. Los pueblos indígenas marcharon para reclamar su sanción.
En la esquina de avenida de Mayo y Lima bajo un árbol se encuentran desplegadas banderas wiphalas y un grupo reducido de personas, serias, en silencio, con carteles en los que se pide por la prórroga de la Ley 26160, la norma que impide el desalojo de los pueblos indígenas de las tierras que les pertenecen. Que exista la necesidad de prorrogar esta ley indica la precariedad del reconocimiento de su pertenencia. Un policía se acerca al grupo. Se puede ver el miedo en los rostros. Les pregunta hacia dónde se van a dirigir y por qué están ahí. Ellas, todas mujeres hasta el momento, contestan con prudencia y temor en su voz. Hay algo de lo que representa el policía, a pesar del tono amable, que las asusta. A unos metros, una señora tiene una foto de un chico que juega a la pelota en donde se lee «Elías Garay presente».
El 28 de octubre pasado, el Senado aprobó un nuevo proyecto de ley disponiendo la prórroga de los plazos de la 26160, pero falta que se trate en Diputados, donde se necesitan siete diputados más para que se conforme el quórum. “Si esta ley no se llegara a aprobar se viene la noche oscura para los pueblos indígenas. Nuestros hermanos ya vienen siendo amenazados. Nosotros somos militantes, que permanentemente reclamamos derechos que no se cumplen. Ojalá hoy toquemos el corazón de los diputados, del color político que sea. No importa, tienen que ponerse la mano en el pecho y aprobar esta ley porque es prioridad, es emergencia”, suplica Luna Rosa, del pueblo coya y Coordinadora del Movimiento Plurinacional Madre Tierra.
El 23 de noviembre de este año se venció la prórroga de la 26160. Para dar algún respiro, el presidente Alberto Fernández firmó el DNU 805/2021 que prorroga la 26160, conocida como ley de Emergencia Territorial Indígena, hasta noviembre de 2025.
En la calle, veinte minutos después, llega otro grupo, con muchas más banderas, bombos, quenas, carteles, que desbordan alegría. Ahora son más; se abrazan y se besan. La concentración se vuelve más grande, colorida, y el reclamo se hace más fuerte. No se siente una lucha solitaria.
De pronto, el silencio que había ganado la escena con la aparición del uniformado se convierte en montones de conversaciones, los manifestantes hablan al mismo tiempo y comentan la felicidad de encontrarse.
Después de esperar a que lleguen todos, se acercaron a la mitad de la calle, por Avenida de Mayo. Están presentes: Organización Boliviana 31 de Retiro, Pueblos Originarios Qom Rosario, Movimiento Plurinacional Madre Tierra, Pueblo Omaguaco, Epi Kamba Espacio Plurinacional Indígena Kamba, Comunidad Guaraní «El Milagro», Comunidad Chorqui de La Pampa, Comunidad Ipora el Sauzal Salvador Mazza de Salta. Todos cantan, por la tierra, el agua, el trabajo y los muertos que perdieron en la guerra. Dan gritos de lucha y libertad, “Marchigüe! Marchigüe!”, mientras se dirigen hacia el Congreso de la Nación.
Al fondo de la columna hay una enorme wiphala, que por momentos es difícil de sostener por sus dimensiones. Todos graban con su celular y se entrevistan entre ellos: «Necesitamos más difusión», se recuerdan.
En la puerta del Congreso, una mujer wichi de Salta está de luto, toda de negro. “Nosotros siempre estamos perdiendo a nuestros hijos, hermanos y vecinos de los territorios -dice a ANCCOM-. Nos van a vestir de negro a todos los pueblos indígenas. Llevo el ataúd para representar a los hermanos muertos, y para advertir que van a haber más si se cae la ley. Sabemos que hay un DNU pero no es suficiente, porque una ley fue sancionada en el Congreso de la Nación y no puede ser que ahora en esta etapa donde tenemos un Gobierno democratico tengamos que recurrir a los DNU para sobrevivir. Nosotros estamos aquí resistiendo. Queremos que salga la prórroga -y continuó hablando con congoja:-. Sabemos lo sanguinarios que son los terratenientes, las corporaciones nacionales e internacionales. No tenemos protección a la hora de conseguir recursos humanos para sentirnos seguros en materia de derechos, por eso es que me visto así, para mostrarles a ellos lo que va a pasar y lo que está pasando.”
El mismo día del reclamo por la 26160, perdió estado parlamentario la Ley de Humedales. “Nosotros no solo defendemos nuestro territorio, sino que también el planeta, somos los que tenemos la llave de la sobrevivencia de la humanidad. No en vano estamos peleando de esta manera. Somos humanos, tenemos derecho a la vida sin destruir nuestro hábitat. Queremos conservar el medio ambiente apto para las futuras generaciones. De esta manera, con el saqueo y la histeria de las ambiciones del capitalismo nos quieren despojar de lo que nosotros necesitamos para nuestra sobrevivencia y para nuestros hijos y nietos. Necesitamos la prórroga de la ley 26160, es urgente”, asegura la mujer de la comunidad wichi.
La marcha continúa dando la vuelta al Congreso, hacia la plaza, donde se suman más chicas y el diputado del FIT Juan Carlos Giordano, quien hace unas semanas habló de la importancia de aprobar la Ley 26160. Se detuvieron frente al acampe que lleva varios días, esperando por una fecha para la votación de la Ley. Se arma una ronda. Cantan.
Los carteles son muchos y en cada uno hay una consigna diferente. “La tierra robada será recuperada”; “La deuda no es con el FMI, es con los pueblos indígenas”; “El ecologismo sin las voces indígenas es jardinería”; “Basta de racismo y marginación a los indígenas”; “Merecemos que se respeten nuestros derechos después de 500 años de atropello y masacre”; «El Estado es responsable desde Roca hasta hoy. Weychafe (guerrero) Elías Garay, presente».
Elias Garay, quien fue a defender esta ley en su territorio, terminó muerto por fuerzas de seguridad en Río Negro, por eso muchos de los carteles se referían a él como el guerrero. La Constitución Nacional desde 1994, en el Artículo 75 Inciso 17, dice que se reconoce a los pueblos preexistentes a la conformación del Estado argentino. “Hace 27 años que no se cumple con la Constitución Nacional”, dice Luna Rosa. En el 2006, durante el Gobierno de Néstor Kichner, se aprobó la Ley 26160 que establece que no se pueden desalojar a las comunidades indígenas de las tierras que ocupan. Mientras, se debe realizar un relevamiento y estudio de los pueblos originarios para luego dar reconocimiento y otorgarles los títulos comunitarios.
La lucha continúa. Los pueblos resisten contra corporaciones, terratenientes e incluso el Estado. “¿Pero a qué costo? ¿Con ayuda de quién? ¿Estamos de acuerdo con democracias que envíen pueblos hacia su genocidio? -pregunta Pedro Nicolás Luna, del pueblo warpe de la provincia de San Juan-. Miramos con horror a Roca pero hoy hacemos lo mismo. Se necesitan siete diputados que den quórum a la ley antes del cambio de diputados en el Congreso. Sólo siete personas que no estén de acuerdo con la matanza y el robo de tierras de nuestros ancestros”.
