Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA) se conformó este año y agrupa alrededor de 50 organizaciones, entre las que se encuentran la Campaña Federal por la Separación del Estado y la Iglesia, Apostasía Colectiva, la secretaría de Laicismo de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), Libre Diversidad y Católicas por el Derecho a Decidir. El objetivo no es modesto: separar definitivamente a la Iglesia del Estado.
Menuda tarea tiene esta militancia especialmente después de la designación de Juan Manzur como jefe de Gabinete. Para Leonardo Loto, representante de la Campaña Federal por la Separación del Estado y la Iglesia en la agrupación, “no hay que olvidar que es el causante de que Tucumán sea una provincia ‘provida’».
Pero OLA ya había movido sus fichas antes. Para ese entonces, ya se habían reunido con Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, para solicitarle apoyo para eliminar las diversas trabas que les impiden impulsar una iniciativa popular para derogar el conjunto de leyes y decretos que benefician a la Iglesia Católica y que fueron sancionados en gobiernos militares.
Jeremías Antelo, representante en OLA por FALGBT, quien participó del encuentro, declaró a ANCCOM que la acción se suma a las notas ya presentadas en ambas cámaras del Congreso y al amparo solicitado en la Justicia. Tanto él como Pao Rafetta, representante de Apostasía Colectiva en la organización, calificaron aquel encuentro como positivo ya que notaron el interés del funcionario y se llevaron el compromiso de coordinar nuevas reuniones.
Pero la derogación de aquellas normas ¿es suficiente para el divorcio entre Iglesia y Estado? Antelo manifestó que no, porque la mayor cantidad de dinero que recibe la Iglesia es por los subsidios a las escuelas, las exenciones impositivas y la cesión de propiedades y terrenos fiscales. Y menciona como ejemplo uno ubicado en la calle 137 entre las calles 442 y 443 en el Barrio El Rincón, en Villa Elisa, en el cual la comunidad vecinal proyectaba hacer una salita de atención de salud y un jardín maternal. Sin embargo, este terreno fue cedido al Arzobispado de La Plata en comodato por 99 años, decisión que fue convalidada en la sesión ordinaria número 10 del Concejo Deliberante de dicha ciudad y que contó con amplio apoyo del oficialismo y la oposición. La cesión, rechazada por la Asamblea Vecinal, generó una oleada de reclamos que se intensificaron cuando el mismo Concejo decidió que se construya el Centro de Integración Comunitaria (CIC) y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en una plaza del barrio en lugar del predio que acababa de ser sido cedido a la Iglesia.
Ya en el presupuesto nacional 2021 se encuentran estipulados más de 200 millones para el clero, resultando muy difícil de estimar los ingresos indirectos cuyo monto final se extravía en una red de datos enmarañados. Como caso testigo podemos mencionar que en Salta, una auditoría por parte del Ente Regulador (EnReSP) evidenció que más de 100 propiedades a nombre del Arzobispado no cumplían los requerimientos para eximirse del pago de impuestos y aun así recibían cuantiosos subsidios provinciales. Este hecho ilustra fehacientemente que el presupuesto nacional no es más que la punta del iceberg.
En 2019, con la creación del Programa Fe, la Iglesia intentó abandonar gradualmente la dependencia del Estado luego de que estallara el escándalo por los salarios clericales en medio de la batalla por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Antelo calificó esa iniciativa como una “pantomima para la tribuna” porque la Iglesia, “no solo sigue percibiendo el dinero, sino que el monto se ha acrecentado por los aportes de particulares”.
Aunque el factor económico resulte importante, existe otra preocupación: el registro de datos personales. A menudo, quienes apostatan, descubren que, pese a encontrarse bajo el amparo de la Ley 25.326, su información sensible no suele ser eliminada de las bases de datos de la Iglesia. Por este motivo, Rafetta expresó que desde Apostasía Colectiva se brinda asesoramiento no solo para renunciar a la fe católica sino también para eliminar los datos personales de los registros eclesiásticos.
A menor legitimidad social, menor es el poder de negociación. Las crecientes apostasías ilustran la merma de representatividad de una Iglesia cada vez más cuestionada. Esto se traduce en el lema: “No en mi Nombre”. ¿Por qué? Rafetta mencionó que una Iglesia que defiende principios patriarcales nunca podría representar los intereses de las mujeres, las diversidades sexuales y los pueblos originarios, donde su colectivo se siente incluido. Esta declaración va en consonancia con el debate por la IVE, donde tanto la Iglesia Católica como la evangélica, ejercieron una fuerte presión para obstaculizar la sanción de la ley.
Las múltiples denuncias de abuso y la falta de adaptación a un contexto social más amigable con las mujeres y minorías, erosionan el peso de la Iglesia y de la religión católica, que apenas conserva el 62,9% de creyentes, de acuerdo a estudios del CONICET. Con estos elementos sobre la mesa, OLA invita al debate y a repensar los elementos culturales de una realidad que se ha aceptado como dada durante larguísimo tiempo. Iniciativas populares, reuniones con funcionarios y futuros proyectos de ley son las armas elegidas por la agrupación para continuar esta lucha. Hay sueños de primavera en el aire.