Luego de varios días de protestas, las soluciones a los problemas habitacionales de los y las vecinos y vecinas parecen esfumarse como muchas otras promesas de campaña. El predio ocupado en los terrenos lindantes a las calles Luna y Lavardén es propiedad nacional a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E), y esta semana se transformó en el escenario que permitió visibilizar el reclamo por un derecho largamente postergado: el acceso a una vivienda digna. Según el Gobierno porteño, la zona iba a ser utilizada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para realizar una obra de agua potable en convenio con Aysa. No obstante, los vecinos aseguran que esa obra nunca se anunció y que el terreno hace varios años que está abandonado.
En carpas y refugios, ciento sesenta familias resisten a las embestidas policiales y denuncian el abandono del Estado. “Fuimos los vecinos -explica Nahuel Arrieta, uno de los referentes de la toma- quienes trajimos las escuelas, los comedores y nos organizamos siempre de forma autogestiva. En las exigencias diarias de la 21-24 no aparece ningún ente estatal. Sufrimos constantes cortes de luz y hostigación permanente por parte de las fuerzas armadas. La realidad de esta toma no se diferencia mucho con lo que pasa en la Villa todos los días”.
A orillas del Riachuelo, la Villa 21-24 se encuentra emplazada en los barrios de Barracas y Nueva Pompeya al sur de la Ciudad de Buenos Aires y oficia de frontera con el partido de Avellaneda. Es una de las primeras villas y con 65 hectáreas es la más extensa en términos territoriales. Su historia está ligada al crecimiento del AMBA y su origen se relaciona con la proximidad de los barrios fabriles que, prontamente, impactaron en la contaminación del Riachuelo. Para 2010, según los datos oficiales del Censo de ese año, la población de la Villa ascendía a 31.018 habitantes, 7.455 viviendas habitadas y 9.127 hogares. Y para 2013, la fotogrametría realizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano señaló un crecimiento cuantitativo: 48.315 habitantes, siendo así una de las villas más densamente pobladas de la Ciudad.
En todo estás vos (según donde vivas)
El abandono estatal que denuncia Arrieta se traduce en una profundización de la actual crisis habitacional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, y que repercute especialmente en los barrios más vulnerables. La emergencia sanitaria producida por el covid-19 generó una desaceleración económica que no sólo visibilizó, sino que profundizó los déficits socioeconómicos estructurales previos.
La falta de una vivienda digna es uno de los tantos rostros que muestra hoy la prolongada exclusión y marginalidad padecida por las familias de la 21-24. “Esta Villa no está urbanizada. Hace 40 años que luchamos por un Plan de Urbanización”, reclama Arrieta.
En efecto, no sólo el presente, sino también el futuro está lejos de ser promisorio. Según el informe de ACIJ, el presupuesto 2021 destinado a villas incluye programas de infraestructura y vivienda, atención de emergencia e integración social y económica que responden principalmente a los procesos de reurbanización de los barrios Carlos Mugica (Villa 31), Barrio 20 (Villa 20), Playón de Chacarita (Villa Fraga) y Rodrigo Bueno, así como los conjuntos de vivienda nucleados por la afección a las relocalizaciones de la cuenca Matanza Riachuelo.
El monto presupuestario es de $8.302 millones, número similar al del 2020 ajustado por inflación y 67.9% menor en relación al presupuesto devengado en 2019. Para la ACIJ este panorama resulta grave si se considera que las intervenciones implican no sólo la finalización de obras pertinentes, sino también el inicio de mejoramientos e infraestructura necesarios para la formalización y adecuación de viviendas existentes.
Hasta ahora, los procesos de reurbanización en las cuatro villas han estado centrados en la construcción de viviendas nuevas, pero aún están pendientes obras de infraestructura y de provisión de servicios básicos.
Por otro lado, se advierte que el desarrollo de nuevos procesos de reurbanización, comprometidos legalmente en alguna de las villas de la ciudad, se tornan inviables con los montos asignados. En este sentido, para la Villa 21-24, en la cual el Gobierno de la Ciudad tiene a partir de la causa judicial Riesgo Eléctrico del año 2010 la obligación de establecer una provisión eléctrica adecuada a todo el barrio, no se observa una afectación presupuestaria para tal objetivo. Asimismo, “en el plan plurianual de inversiones para la villa 21-24 sólo se verifican montos asignados a obras de mejoramiento y para la red peatonal e infraestructura del Eje Iguazú, pero que presumiblemente sirvan para dar respuesta a lo dispuesto en la Causa Mendoza de 2008. Mientras tanto, la obligación de garantizar electricidad segura en la Villa 21-24 no está presente dentro del presupuesto para 2021”, concluye el informe.
Una urgente necesidad
Desde atrás de un muro que separa a la 21-24 de las tierras del ferrocarril, Tito Arrieta, familiar de Nahuel y uno de los encargados de dar a conocer las exigencias de los y las vecinas y vecinos, indica: “A partir de la pandemia la situación está mucho peor en los barrios populares como Retiro, la Villa 21 y Bajo Flores. Cada vez la emergencia habitacional va creciendo, los sueldos van bajando, y al tener un sueldo de $30.000 es imposible que podamos alquilar cuando los alquileres aumentan progresivamente.”
Para generar soluciones, reclama una intervención activa por parte del Estado. Como respuesta, en cambio, reciben amenazas de desalojo impulsadas por el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Correccional y Criminal N°3. Al ser un predio nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en sus manos.
La falta de acción por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente a las problemáticas de los barrios populares no sólo se ve reflejada en su pasividad para resolver las exigencias de esta toma de tierras, sino que se hace sentir hace años por la falta de planes integrales de urbanización.
Tito, vecino con 20 años de antigüedad en el barrio y autoconvocado a la toma, afirma que: “La falsa promesa de la urbanización se ve, tal vez, en los edificios del PROCREAR que están atrás de la cancha de Huracán y los que están en la Estación Saenz. Cuando te querés anotar para acceder a la vivienda, piden tener un sueldo de 60.000 pesos o 70.000 para arriba, y eso es imposible, ni siquiera sumando los sueldos con mi cónyuge llegamos, y eso imposibilita poder acceder a la primera vivienda que todos queremos”.
Por su parte, Eliana Gramajo, encargada de las tareas operativas dentro del predio, extiende una de las exigencias de los y las vecinas: “Nosotros pedimos que nos reubiquen, hay familias con siete u ocho hijos a los que no les alcanza para comer porque tienen sueldos muy bajos y se les va la mayor parte en el pago del alquiler. Las casas de PROCREAR supuestamente iban a ser para los que vivimos acá, iban a sacar metros del terreno del ferrocarril para poder construir, pero están sin ocupar hace varios meses. Exigimos que nos escuchen, queremos una mesa de diálogo con la Ciudad, el IVC y Nación”.
Como consecuencia de la falta de urbanización e integración, la semana pasada falleció Luján Sofía Caballero López, de 15 años, tras ser atropellada por el tren de cargas de la empresa Ferrosur, que pasa a menos de medio metro de las casas del barrio. Sin embargo, a pesar de haberse difundido que este era un causante del inicio de la toma de tierras, Tito Arrieta confirma que no lo fue: “Lamentamos mucho la muerte de Luján. Los trenes pasan por acá hace muchísimo tiempo y el Estado nunca se hizo cargo. Igualmente, la toma de este predio fue autogestionada por los vecinos y fue una coincidencia con lo de Luján. Decir que hubo un aprovechamiento de esa muerte, como hacen algunos medios, me parece lo más nefasto que hay.”.
Como epítome de la nula intención de cooperación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para con el vecindario, se presentó una situación absurda al quinto día de la toma. Jorge Gonzalez, empleado del IVC – Instituto que está a cargo del Gobierno porteño- y vecino de la 21-24, fue despedido de su puesto de trabajo por haber llevado alimentos a sus familiares dentro del predio. Arrieta expresa al respecto: “Exigimos la reincorporación inmediata a su puesto laboral ya que su única participación fue la asistencia con comida y bebida a vecinos, no es un referente de la toma como lo acusan en su trabajo y lo único que hizo fue solidarizarse”.
A nueve días del comienzo de la toma de las tierras, no se vislumbran soluciones reales a una problemática que impacta directamente sobre los proyectos de vida y las trayectorias de las personas que los atraviesan. Los problemas de vivienda condicionan la vida cotidiana y tienen implicaciones tanto económicas como sociales, e incluso sobre la salud física, mental y emocional. La situación habitacional está en crisis y no se puede mirar hacia otro lado.