La ley de etiquetado frontal continúa su tratamiento en Diputados y con ello, numerosos debates y posiciones antagónicas. No sólo se trata de una iniciativa que busca poner en el frente de los productos la información nutricional clara y accesible, sino también contempla cómo esos productos se publicitan y dentro de qué espacios se consumen, haciendo foco principalmente en los entornos escolares. Con media sanción en Senadores, el viernes pasado comenzó el debate en las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Defensa del Consumidor y de la Competencia y de Industria de Diputados. Allí, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, advirtió que la ley tendría repercusiones en el Mercosur y que “será necesario tomar recaudos para mantener el proceso de armonizar las normas de los países miembros y no generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional. De la misma manera se manifestaron desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) que enfatizaron que la resolución “debe ser armonizada en el ámbito del MERCOSUR”.
Para entender por qué es necesario avanzar con este proyecto de ley, ANCCOM dialogó con Andrea Graciano, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), y ella explicó que en nuestro país el marco regulatorio para los alimentos es el Código Alimentario Argentino y que éste, en su definición textual, entiende a estos como “las substancias o mezclas de substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo”. Planteado así se deja por fuera el principal problema en materia de salud: la obesidad, el sobrepeso y una serie de enfermedades no transmisibles. Por caso, ésta última es la causa de más del 70% de las muertes en Argentina según la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. “Estos objetos comestibles, porque no siempre podemos llamarlos alimentos, llegan a nuestras manos a través de fuertes condicionantes culturales y es allí donde tiene que estar el Estado, protegiendo nuestras elecciones sobre todo cuando esos hábitos vienen siendo tallados por una omnipresencia de la publicidad”, problematiza Graciano. El proyecto de ley pretende avanzar colocando octógonos negros en la parte frontal de los productos para alertar a los consumidores qué contienen.
Según la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENS), los patrones alimentarios han ido cambiando y cada vez son peores: existe una mayor presencia de ultraprocesados en detrimento de comidas caseras sobre todo en niños, niñas y adolescentes, y también en la población de menores ingresos. Al respecto, la presidenta de FAGRAN resalta que hay un paradigma viejo que cree que “si hay pobreza, hay falta de acceso a los alimentos, desnutrición y bajo peso, y en realidad hoy tenemos pobreza, dificultad de acceso a los alimentos, con convivencia de exceso de peso y desnutrición oculta. Por esto también es necesario avanzar en políticas que protejan a los sectores más vulnerables”.
Las presiones por la modificación de ley provienen, principalmente de las industrias azucareras y alimentarias.
Otra cuestión que aborda la ley es la regulación de las estrategias de mercadeo que utiliza la industria alimentaria. La Fundación Interamericana del Corazón (FIC) realizó un estudio para cuantificar las publicidades que se transmiten durante los cortes comerciales de los programas dirigidos a niños y niñas en televisión: el resultado arrojó que se encuentran expuestos a más de 60 publicidades de comida chatarra por semana. Graciano ejemplifica la cuestión afirmando que muchas veces “los niños piden los productos no por el producto en sí mismo, sino por los objetos que promocionan: la presencia de caricaturas, la promesa de premios o la entrega de entradas”. Dentro de este punto también se quiere controlar el uso de logos o avales de entidades científicas, que en numerosas ocasiones se utiliza como estrategia para posicionar a los productos como opciones saludables.
Del otro lado de la problemática, se encuentran las diferentes industrias de alimentos y bebidas nucleadas en COPAL que en el marco del debate afirman que siempre “se apostó por un sistema de etiquetado informativo, dándole así al consumidor un rol protagónico al momento de tomar sus decisiones”. Atendiendo a ello, resaltan que la educación nutricional “es fundamental para fortalecer el entendimiento por parte de la población respecto del etiquetado nutricional, su utilidad y la toma de decisión de compra y/o consumo”. Sin embargo, quienes impulsan la ley enfatizan que lo que se necesita son políticas públicas que la comiencen a abordar en su integralidad y que permitan regular esos entornos: desde las publicidades que recibimos, pasando por los supermercados, hasta los colegios.
Según la FIC, un niño se encuentra expuesto a 60 publicidades por semana de «comida chatarra».
Las presiones por la modificación de artículos de la ley, principalmente de las industrias azucareras y las industrias alimentarias, vienen desde su tratamiento en el Senado. El artículo que sigue estando en la mira es aquel que habla sobre el sistema de perfil de nutrientes (SPN), una herramienta para clasificar alimentos según los niveles de nutrientes críticos como azúcares, sal y grasas. Estas cuestiones de la ley a un ojo poco entrenado podrían ser discusiones menores pero quienes vienen trabajando en esta temática, como FAGRAN, afirman que el caso Chile demostró que un SPN basado cada 100g/ml de producto como el que pretende el sector alimenticio, en lugar de la base calórica que propone Organización Panamericana de la Salud (OPS), permitió que las industrias de las bebidas azucaradas hagan pequeñas modificaciones en sus composiciones químicas que llevaron a que se libren de los sellos. “Cuando un producto se libra de sellos queda libre de cualquier regulación en la publicidad, promoción y patrocinio. Es decir que en nuestro país pasaría lo mismo si dejamos que se modifique este artículo”. Si bien muchos sectores de la industria alimentaria alegan que el SPN de OPS no permite la reformulación, el caso reciente es el de México, donde la Ley de Etiquetado ya está en vigencia en octubre y en noviembre las industrias lanzaron nuevos productos más saludables y sin sellos. En ese sentido, si bien el objetivo del proyecto no es la redefinición de los productos, termina generando una modificación en la oferta. Sobre este punto, la COPAL asegura que, desde el comienzo, “uno de los objetivos fue trabajar en forma sostenida para el desarrollo y el fortalecimiento de hábitos de vida saludable” y es por eso que lleva a cabo “la mejora en la composición nutricional de sus productos, como la reducción de sodio y azúcares libres”.
El debate continuará, pero si hubiera que trazar un horizonte de acción, Graciano propone volver consciente la alimentación para empezar a hacernos preguntas y en una segunda instancia poder empoderarnos en nuestro rol de ciudadanos-consumidores para exigir un Estado presente, que garantice entornos mejores. “Muchas veces la gente vive en entornos poco saludables donde sus oportunidades de acceso son limitadas o nulas. Un gran desafío de los estados es garantizar la igualdad, la equidad y, sobre todo, justicia social”, concluyó.