La pandemia dejó al descubierto muchos aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que ya eran imposibles de ignorar. Uno de ellos es la famosa brecha digital. Con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que ya para esta altura del año ha mutado en diversas etapas de apertura depende la locación, se puso sobre la mesa el hecho de que una buena cantidad de hogares carece de las condiciones de acceso a Internet apropiadas para realizar su trabajo o cumplir con las actividades académicas, ya sean de nivel primario, secundario, terciario o universitario, entre otra gran cantidad de actividades.
“La situación de pandemia ha puesto de relevancia una situación de asimetría persistente, que ya tenía lugar desde hace muchos años, donde las trazas de conectividad por fibra óptica no alcanzan, ni a todas las ciudades ni a todos los habitantes que viven al interior de las ciudades” explica Daniela Monje, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en Políticas de Comunicación. Y agrega: “No solamente hay asimetría en términos de infraestructura, sino también en nivel de costos. En muchas ciudades de Argentina solo se cuenta con un proveedor, quedando la situación de conectividad y el precio del servicio en manos de ese proveedor. Y ni hablar que por el mismo servicio se cobran diferentes precios en distintos lugares del país”.
También puede agregarse a estas situaciones de asimetría el aspecto socioeconómico si se tiene en cuenta que en el país los sectores con menores recursos son la mayoría y con las posibilidades de conectividad fija y las condiciones de acceso móvil estructuradas según los niveles de ingresos, poder acceder a Internet es realmente un privilegio.
RedVuelta, le brinda conectividad al barrio La Vuelta del Paraguayo en la ciudad de Santa Fe.
En este contexto es que entran las redes comunitarias de acceso a Internet. ¿Qué son? Según el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC), se considera como redes comunitarias de acceso a Internet a aquellas construidas y operadas por ciudadanos de comunidades desatendidas que se organizan para conectar a su comuna, ciudad o pueblo y brindar recursos propios. Es decir, grupos independientes que buscan generar una situación más justa para los afectados por las asimetrías ya mencionadas.
“Las redes comunitarias transformamos la lógica del consumo que impera en el mercado por una nueva lógica basada en la participación y la comunicación democrática”, expresa Manuela González Ursi, miembro de Proyecto Comunidad, la organización social detrás de Atalaya Sur, una red comunitaria de Buenos Aires. Atalaya Sur tiene como propósito la apropiación popular de la tecnología, planteando tres líneas de acción articuladas: el armado de redes comunitarias para garantizar el acceso a internet, la generación de espacios de formación y capacitación en TIC y la creación de contenidos locales. Su experiencia más fuerte es en la Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires, donde la red comunitaria tiene hoy activos 14 puntos de acceso WIFI público y gratuito y una red domiciliaria que conecta a más 60 hogares.
Con la brecha digital totalmente expuesta a causa de la pandemia, el equipo de Atalaya Sur no se detuvo. “La pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio impactaron de lleno en la villa y dejaron en evidencia la falta de políticas públicas por parte del Gobierno de la Ciudad, las deficiencias en infraestructura, la falta de agua en varias manzanas y, por supuesto, la falta de conectividad, recurso que se volvió imprescindible en este contexto. Es por ello que el trabajo de Atalaya Sur se mantuvo y el equipo técnico siguió realizando conexiones, incorporando protocolos acordes al cuidado y la prevención de los vecinos y vecinas” afirma González Ursi.
El Proyecto Atacama, en la Villa 20, es pionero de una organización social que brinda Internet comunitaria.
Otro caso de red comunitaria es el de RedVuelta, que le brinda conectividad al barrio La Vuelta del Paraguayo en la ciudad de Santa Fe, compuesto por familias de pescadores. “Las razones que inspiraban el despliegue de una red de internet comunitaria estaban relacionadas con la necesidad manifiesta de lograr herramientas de comunicación para abordar situaciones de violencia de género, entre otras problemáticas detectadas y manifestadas por vecinos y vecinas de la comunidad del barrio. En ese sentido, se desarrollaron una serie de actividades de reflexión, visibilización y formación en torno a la comunicación y las redes comunitarias de internet”, detalla Bernardo Gaitán Otarán, integrante de RedVuelta.
Grupos como RedVuelta son más que necesarios en barrios como Vuelta del Paraguayo. “En general, los proveedores de internet dejan grandes zonas de vacancia -por desinterés comercial- tanto en lugares alejados como en los grandes conglomerados urbanos, así, el derecho a la comunicación queda dispensado a los caprichos del capitalismo. Según un informe del INDEC con datos del cuarto trimestre de 2019, en lo que denomina como Gran Santa Fe (aglomerado de 500 mil y más habitantes), el 86,8% de la población cuenta con acceso a Internet. La Vuelta del Paraguayo, que está en una zona de islas y limita con el Riacho Santa Fe, se encuentra en ese 13,2% careciente de acceso a una red fija que posibilite vincularse con servicios de información, comunicación, producción y transferencia de contenidos, que incluyen claro, la internet”, aclara Gaitán.
Un proyecto particular es el de AlterMundi, oriundo de Córdoba. AlterMundi no es una red comunitaria, sino una ONG cuyo objetivo principal es elaborar un conjunto de herramientas de software libre, documentación y hardware abierto que faciliten el despliegue de redes libres comunitarias de bajo costo y alto rendimiento. Por ejemplo, QuintanaLibre, red que conecta a más 70 familias en José de la Quintana, uno de los pueblos de la provincia cordobesa.
“Sentimos que era necesario pensar de manera organizada alternativas de telecomunicaciones comunitarias, asequibles y accesibles para personas sin conocimientos técnicos previos. Crear un proyecto sólido de apoyo, promoción, acompañamiento y defensa de redes comunitarias, hecho para y entre ellas mismas”, cuenta Jésica Giudice, co-fundadora de AlterMundi.
Atalaya Sur, en la Villa 20, cuenta con 14 puntos de acceso WIFI público y gratuito.
Si bien estas organizaciones son de gran ayuda para que las personas en desventaja en cuanto a conectividad no queden desconectadas del mundo, la intervención por parte del Estado es necesaria. Para Giudice, la respuesta es simple. “Son las mismas comunidades las que tienen el impulso para desarrollar redes comunitarias. Y además pueden adaptar, más que nadie, la respuesta tecnológica y de logística a las necesidades y recursos locales. Claramente, lo único que necesitan muchas de las comunidades rurales, eternamente relegadas de la vida digital, es dinero”.
Por su parte, Monje cree que la solución es un poco más compleja. “Sin dudas la opción para solucionar todo esto es una política pública de comunicaciones y telecomunicaciones que sea capaz de reunir todos los datos que ya hay en torno a la situación de infraestructura, conectividad, dispersión en el territorio, nivel socioeconómico, etc. A partir de esa información, generar mapas integrales que permitan una visión completa del territorio de los ciudadanos argentinos, en toda su asimetría y diversidad. Y en base a esos mapas, tomar decisiones diferenciadas y específicas según los sectores, según las urgencias y según las necesidades”, determinó.
La organización no gubernamental AlterMundi coloca equipos en la provincia de Córdoba,