El presidente Sebastián Piñera tuvo que dar marcha atrás con el aumento de tarifas.
El conflicto comenzó la primera semana de octubre con el anuncio del aumento del transporte público. Desde entonces, se encendieron pequeños focos de manifestación impulsados por organizaciones de colegios secundarios con la consigna de saltar los molinetes. Se eligió el Metro de Santiago como escenario porque es de vital importancia en la capital trasandina; el subte había pasado de costar 800 pesos chilenos a 830 en hora pico (unos 67 pesos argentinos).
La convocatoria a las protestas fue creciendo gracias a las redes sociales. A las y los jóvenes se sumaron otros sectores y el Gobierno respondió saturando de carabineros las estaciones. Así transcurrieron los días hasta el viernes 18 de octubre.
“Llegué de la Facultad al centro [de la ciudad] y ya todos sabíamos que ese día iba a ser un colapso”, asegura a ANCCOM Noelia Espinosa Valenzuela, una estudiante argentina de la Universidad de Chile que vive en el país vecino hace seis años. A esa altura todos los barrios estaban en caos, el tránsito cortado y comenzaron los enfrentamientos contra la policía.
Las fuerzas de seguridad trataron de apagar las movilizaciones con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Horas más tarde, en cada comuna había edificios y vehículos incendiados y, por la noche, la gente armó barricadas.
“No poder salir a la calle motivó que la gente saliera”, señala un periodista chileno.
Al día siguiente, sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera declaró la anulación de la suba de tarifas y decretó el Estado de Emergencia, durante el cual el Gobierno se reserva el poder de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos. Acto seguido, el general Javier Iturriaga, jefe de Defensa Nacional, ordenó el toque de queda que se extendió hasta las primeras horas del miércoles 23.
Sin embargo, el pueblo continuó reclamando. “Chino”, un periodista radial de Valparaíso que prefirió conservar su anonimato, afirmó que “no poder salir a la calle motivó que la gente saliera aún más, pero hubo mucha represión”.
Un estudiante universitario que vive en Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, al sur de Santiago, quien también pidió mantener en reserva su nombre, relata: “Ayer, estando fuera de Protectora de la infancia [una estación de Metro de Santiago], los carabineros empezaron a tirar gases de la nada, sin provocación alguna. Nosotros empezamos a escapar a las villas. En esa manifestación había niños y abuelos, les importó un carajo. Tiraron gases a las calles, los departamentos, las casas. Y no conformes, empezaron a disparar balines de goma y de acero”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una entidad estatal autónoma, contabilizó hasta hoy 1.692 personas detenidas, entre ellas 210 niñas, niños y adolescentes. El INDH constató que 123 se encuentran hospitalizadas por heridas de arma de fuego y que cinco fallecieron por la presunta acción de agentes del Estado.
“El descontento es generalizado. Todo está privatizado: salud, educación, pensiones y agua”, dice el periodista.
El aumento del Metro fue el detonante de un problema más profundo. “La raíz es un descontento social generalizado. Todo está privatizado: salud, educación, pensiones, incluso el agua”, explica Chino. Pía Argagnon, socióloga, comunicadora y militante del Partido Convergencia Social, considera que la Constitución chilena, que data de 1980, en plena dictadura de Pinochet, propuso un modelo neoliberal que hasta la actualidad “constituye un Estado que no entrega garantías a la ciudadanía”.
El Gobierno nacional, a través de los principales medios, busca criminalizar la protesta social. Durante la mañana del domingo, en conferencia de prensa, Piñera dijo que Chile se encuentra en guerra contra un enemigo que “está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”.
Argagnon opina que el Presidente quiere configurar un escenario de miedo para el pueblo: “La pregunta es por qué. Mi visión es que esto solo podría justificarse por la necesidad de este propio régimen de mayores niveles de inseguridad y violencia, que lleve a una mayor opresión para sostener un modelo que no puede hacerlo por sí mismo”.
Voceros del oficialismo responsabilizan a la población por esta crisis. En diálogo con ANCCOM, una periodista del diario La Tercera, Johanna Watson, es categórica: “Los medios de comunicación solamente muestran un lado de los hechos, donde el villano siempre es el pueblo manifestándose”.
A contramano de la versión oficial, en las redes se alzan las voces que denuncian presuntos montajes de las fuerzas de seguridad y circulan videos que muestran a carabineros cometiendo actos de vandalismo.
Más allá de estas narrativas en disputa, Chile experimenta una crisis política y social producto del hartazgo de la ciudadanía y los oídos sordos de la clase dirigente. Para Chino, las manifestaciones por las tarifas “fueron un despertar en una población dormida durante 30 años”. En las plazas y en las calles se canta “Piñera escucha / ándate a la chucha”.
Pero las demandas exceden el pedido de renuncia del Presidente y de algunos de sus funcionarios, como Andrés Chadwick, ministro del Interior y Seguridad Pública y primo de Piñera. Para Lucas Cifuentes, secretario general de Convergencia Social, los mayores reclamos tienen que ver con un cambio en el orden estructural y la garantía de los derechos sociales, la nacionalización de recursos naturales, del sistema de pensiones y de un nuevo código laboral.
Si se quiere recuperar la paz, “la única forma sería que el Gobierno baje la guardia y acate los requerimientos del pueblo”, sostiene Watson y agrega: “La ciudadanía está en llamas y convencida de que esto no puede seguir”.
Si bien no hay un desenlace claro y “la oposición es muy amplia”, como indica Argagnon, “ha habido diversas muestras de rechazo a la intervención militar”. Pero en medio de la represión y la incertidumbre, hay una certeza: Chile despertó.
