El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 juzga a nueve represores acusados de ser responsables de la desaparición de los militantes que participaron de la denominada «Contraofensiva de Montoneros».
“La memoria importa porque permite que cosas así no se repitan nunca. Nutre a la democracia. Ejercicios así traen un enriquecimiento que viene de saber la verdad, que ahora ya sabemos está lejos del relato oficial. La causa que comienza va a aportar varios testimonios que no se han oído antes, son cerca de 250 testigos, y va a favorecer nuestro conocimiento de la historia reciente, lo que ya de por sí es un derecho”, afirmó el nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino en la puerta de la sala en donde se lleva adelante el juicio denominado “Contraonfensiva Montonera”, donde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín –presidido por el magistrado Alejandro De Korvez–, investiga la responsabilidad de nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército en el secuestro, la tortura y el asesinato de 94 personas entre 1979 y 1980.
Visiblemente emocionado por el inicio del debate oral, Amarilla Molfino subrayó: “Esta es una causa muy distinta a la que estamos acostumbrados a vivir. Siendo querellante por la desaparición de mis padres -Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes montoneros- puedo decir que aquí no hay un centro clandestino de detención como epicentro de los testimonios, sino que se está juzgando al aparato de inteligencia específicamente. Es resultado de la lucha de muchas compañeras y compañeros que estuvieron trabajando duro a lo largo de años para llegar a esto, y a mí todo este trabajo me llena de orgullo”.
La sala de audiencias, durante la primera jornada, lució colmada por los familiares de las víctimas, todos ellos con pancartas con la imagen de sus desaparecidos, y por periodistas y fotógrafos. Los cinco imputados presentes ingresaron escoltados por agentes del Servicio Penitenciario Federal en medio de los abucheos del público, frente a lo cual el presidente del TOCF 4 pidió “solemnidad por los hechos que se ventilan” e instó a mantener las formas.
Las desapariciones que se investigan en este juicio ocurrieron entre 1979 y 1980.
Los acusados son ex funcionarios de los Batallones 201 y 601 de Inteligencia y del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo, Alberto Sotomayor y Marcelo Cinto Courteaux. Sotomayor y Firpo siguieron la sesión a través de videoconferencias desde Tucumán y Mar del Plata, respectivamente. Otro dos no se presentaron por motivos de salud: Ascheri adujo un sorpresivo broncoespasmo esa misma mañana, mientras que Casuccio se encuentra en terapia intensiva. Ricardo Pianta y Carlos Carpani Costa, quienes también integraban la lista de imputados, fallecieron antes del juicio oral.
A todos ellos se los acusa de haber reunido información sobre la operación «Contraofensiva» y sus participantes, procesarla y difundirla a superiores y subalternos para implementar el plan de exterminio en su contra. La Contraofensiva de Montoneros fue un plan delineado en 1978 por Roberto Perdía y Mario Firmenich, jefes de la organización, que consistió en el reagrupamiento de militantes que habían sobrevivido a la represión y que se hallaban exiliados en países como México, Cuba y España. El objetivo fue ejecutar acciones armadas y de propaganda que causaran una situación de conmoción y caos que provocaría la retirada de los militares del poder.
Entre los asistentes de la audiencia inaugural –en la que se leyeron los requerimientos de elevación a juicio– estaba Daniel Cabezas, quien formó parte de la Contraofensiva y en agosto de 1980 fue detenido en Campo de Mayo, pero salvó su vida al ser legalizado y trasladado a la cárcel de Caseros. Cabezas afirmó que este juicio es histórico porque por primera vez se habla del “derecho a la resistencia”: “Es fundamental que la historia discuta esto porque marca directamente el presente y el futuro. Esta causa interpela a la sociedad. Da cuenta que como personas tenemos el derecho a resistir a un plan económico, a una opresión sistemática de parte del órgano estatal, movilizados por querer algo mejor para todos”, enfatizó.
Los acusados están imputados por el secuestro, la tortura y la desaparición de 94 personas.
En diálogo con ANCCOM, la fiscal Gabriela Sosti reafirmó la importancia de las instancias jurídicas de reparación y el lugar de movimientos como Montoneros: “En todo caso, habría que pensar los motivos por los cuales el pueblo tomó su derecho de defensa: los pueblos no tienen ganas de estar armados y salir a luchar. Tienen ganas de vivir, de comer, de educarse, de hacer cultura. Cuando a los pueblos se los oprime de determinada manera, uno podría pensar que hasta hay un mandato constitucional para defender los derechos que nos corresponden a todos, para defender la Constitución”.
Se prevé que el juicio se extienda durante todo el año. Las audiencias son los días martes, a partir de las 9, en el TOCF N°4, Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden ingresar presentando un documento de identidad.
El nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino presenció la audiencia. Sus padres desaparecieron durante la operación Contraofensiva.