Diego Bossio, diputado electo originalmente por el Frente para la Victoria y ex titular del Anses durante el kirchnerismo, es el impulsor principal de un proyecto de ley que propone derogar ocho artículos de la Ley Nº 26.736 sancionada en 2011, que regula la fabricación y comercialización a un precio único de pasta celulosa y papel para diarios. La iniciativa contó en en la Cámara Baja con el apoyo del bloque oficialista, del massismo y de la UCR, y fue aprobada por 127 votos a favor, mientras que hubo 66 en contra y 3 abstenciones.
“La aprobación de esta propuesta implica una vuelta a la situación previa al 2011, es decir, a la desregulación del sector de producción y distribución del insumo fundamental de los medios gráficos”, explicó a ANCCOM Daniel Badenes, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). “Con la reglamentación vigente, Papel Prensa tiene que operar de acuerdo a su capacidad productiva y de acuerdo a la demanda de todos los diarios del país. Si se legaliza la iniciativa, la empresa ya no tendrá la obligación de informar su stock, su capacidad de producción, ni de establecer un precio único para toda compra de más de una tonelada de papel”, puntualizó.
“El proyecto consolida una posición dominante de los que tienen acciones en Papel Prensa como Clarín y La Nación, siendo los principales beneficiados con la aprobación de esta medida, como también de un grupo de medios gráficos que tienen fuerte presencia en las capitales provinciales que le compran a la empresa y que tienen un precio convenido. Quedan afuera los medios más pequeños, regionales o de baja tirada”, dijo, por su parte, Diego Rossi, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “El Estado que entiende que el papel es más que una mercancía debería tener una política activa en proteger a los pequeños. No es el caso porque tenemos un Estado cuya política es avanzar en lo que le conviene a los más grandes”, agregó.
La iniciativa dificulta cada vez más el funcionamiento de medios autogestionados, que, según Rossi, se encuentran bajo una “tormenta perfecta”: “Por un lado, producto de la macroeconomía, tienen un aumento del costo del papel que va de un 110 a un 120%. Por otro lado, el aumento de combustibles que impacta sobre el precio de los fletes, y la devaluación hace que no puedan importar papel. Esta situación tiende a que se vendan menos diarios”, explicó. Además la desregulación podría transformarse en un obstáculo para acceder al insumo en las pequeñas y medianas publicaciones de todo el país, poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo, provocando censura indirecta y restricciones a la libertad de información. “Las consecuencias serán ahogar aún más a la prensa gráfica independiente, lo que implicará un achicamiento del sector y afectará a toda la industria, incluyendo a trabajadores de imprenta y vendedores de diarios”, detalló Badenes.
En la defensa de su propuesta, el diputado justicialista argumentó: “Los medios gráficos están atravesando un proceso recesivo independientemente de la macroeconomía, debido a un cambio tecnológico. Hoy cuesta más una tapa impresa que la suscripción digital, por eso se venden menos diarios». Por otro lado sostuvo que la ley en siete años no funcionó, y que al consultar con diferentes medios provinciales, el precio del papel no ha mejorado. Sin embargo, Badenes comentó que las representaciones de diarios cooperativos, de provincias, revistas culturales y sindicatos de prensa no fueron consultados y están en alerta contra el avance de esta resolución.
Diego Bossio es el impulsor principal de un proyecto de ley que propone derogar ocho artículos de la Ley Nº 26.736 sancionada en 2011.
Julio Delgado, presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADRICCRA,) habló al respecto con esta agencia y manifestó: “Esta medida concentra la comunicación en los aliados a la empresa distribuidos en grandes centros urbanos, lo que impide que los medios independientes cooperativos asuman el rol de generar un contrarrelato sobre la realidad de todo el país”. Delgado también hizo referencia a la preocupación de la FADICCRA ante la posible sanción del proyecto: “Significaría una negación al derecho a la información y un gran golpe a los trabajadores de la comunicación autogestionada porque supone la negación de espacios, de voces, y de posibilidades de expresión popular, sindical y universitaria que muchas veces se proveen de papel para sus publicaciones y ya no tendrán los medios para hacerlo”.