El gobierno volvió a poner esta semana en agenda una política con sello propio en el histórico reclamo de soberanía en las Islas Malvinas. En un viaje relámpago a Londres, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, homenajeó a los soldados británicos caídos en el archipiélago sur e insistió en alimentar las críticas de “desmalvinización” que umula la estrategia de Cambiemos. Muchos de esos cuestionamientos parten de los diferentes sectores que nuclean a los excombatientes. En esa secuencia se inscriben los exconscriptos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Los exsoldados nucleados en ese espacio fueron protagonistas del acampe que duró una década en la Plaza de Mayo y, a principios de este año y pese a las negociaciones abiertas con la Casa Rosada, sufrieron un violento desalojo a cargo del Ministerio de Espacio Público del gobierno de la Ciudad. En pleno verano y en medio de las refacciones del histórico paseo, el hecho tuvo poca cobertura mediática. “Ese día (el viernes 26 de enero de 2018) no nos imaginábamos nada. Éramos cinco personas y nos reventaron la carpa. No es la forma, nosotros no queríamos vivir en la Plaza, queríamos que se comente y se escuche nuestro reclamo, que se investigue, y que el pueblo conozca una historia que se sigue ocultando. Utilizaron la excusa de que estaban reformando la Plaza para sacarnos”, afirmó Luis Giannini, vocero y referente del acampe en diálogo con ANCCOM.
La carpa había sido instalada en 2008 para reclamar el reconocimiento como excombatientes. En rigor, ese pedido se remonta a los años 90 cuando la Ley 23848/90 estableció una controversia jurídica al definir como requisito para los exsoldados del TOAS “haber entrado efectivamente en combate” para tener el derecho a una pensión vitalicia. Desde entonces, el grupo mantuvo negociaciones con diferentes gobiernos. El reclamo sufrió vaivenes y críticas. Hasta que el gobierno porteño efectivizó este verano el desalojo.
“Hacía 10 años que estábamos ahí. No nos íbamos a ir hasta que no vinieran con alguna orden judicial. Ese día nos dijeron que no la necesitaban, que ellos ya habían tomado la determinación y que la iban a cumplir. Vimos que en la calle Defensa empezó a aparecer un montón de gente con pecheras verdes. El primer grupo era de tipos jóvenes, salidos de un gimnasio, bien empilchados y que nos empezaron a empujar. Ahí empezó un poco la refriega, y como nosotros no cedíamos mandaron a la Policía que se nos metió por atrás de la carpa y quedamos en el medio”, reconstruyó Giannini.
Los exsoldados, pese a las negociaciones, sufrieron un violento desalojo en Plaza de Mayo.
La falta de una posición unánime entre los excombatientes ya reconocidos genera aún más complicaciones en su reclamo. La Fundación de Veteranos de Guerra de Malvinas, por ejemplo, se apega únicamente a la ley. Sin embargo, su presidente, Edgardo Sargioto, opina que “hay trabajo que se desarrolló en el continente que debe ser reconocido, como el de aquellos que han trabajado con explosivos o que han defendido directamente una misión, o los aviadores que partían y regresaban al combate”.
Además, el acampe se había fraccionado políticamente por disidencias en cuanto a la relación con el gobierno de Cambiemos. Algunos exsoldados solicitaron que no se colgaran más banderas con inscripciones políticas contra el gobierno -como se hizo durante el kirchnerismo- o pretendían “corregir” sus enunciados: “Ahí fue el quiebre de los que queremos verdaderamente luchar por un reconocimiento sin tener una bandera, porque todos ideológicamente tenemos una identificación política, pero en el acampe la única política que se hacía era la de nuestra lucha”, puntualizó Giannini.
Tras el desalojo, el movimiento está analizando iniciarle un juicio al Estado por la falta de respuestas del Ministerio de Defensa ante la documentación presentada y la ausencia de diálogo con los funcionarios. “Una semana antes de que asumieran, estuvimos con ellos en el bar que está en la esquina de la Plaza. Vieron toda la documentación y dijeron que teníamos que ser reconocidos. Nunca más nos recibieron, salvo una vez en 2016 en la exESMA donde me quisieron hablar de la causa penal que tenemos por la construcción de una pared en la Plaza y yo les dije que con ellos quería hablar de la resolución de nuestro reclamo. Nos prometieron una respuesta que nunca tuvimos. Ese es el diálogo que tienen. Nos consideramos perseguidos políticos porque a los que estábamos a cargo del acampe nos tiraron con lo de la causa, pero nosotros la parte política podíamos seguir transitándola, aunque no podíamos estar adentro de la carpa”, aseguró Giannini.
El Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires no contestó las consultas de ANCCOM sobre el operativo.
A cinco meses del desalojo, los exconscriptos no bajan los brazos y continúan reuniéndose ocasionalmente en el lugar donde estaba la carpa para realizar asambleas y definir los pasos a seguir para continuar con su reclamo. “El acampe va a seguir. No está la carpa, pero está la gente, que es lo más importante, la que levantó la bandera, la que sigue luchando y que quiere insistir para que esta historia se cuente”, concluyó Giannini.