En la madrugada del sábado entró al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno. Los 127 artículos que lo componen son el resultado, luego de varios borradores, de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), tal como hicieron ver ambos sectores tras un breve encuentro en la Sociedad Rural.
De acuerdo con las apreciaciones de diversos abogados laboralistas consultados por ANCCOM, esta reforma es un retroceso en materia de derechos laborales. Más allá de que gran parte de lo propuesto desde el Poder Ejecutivo no ha llegado al proyecto definitivo, esta ley constituye una cuarta reforma laboral en línea con las anteriores: la de la última dictadura, en 1976; la del menemismo en 1993; y la célebre Ley Banelco, bautizada así por el pago de coimas para su aprobación, durante el gobierno de la Alianza, en 2000. “Cada vez que el poder económico detenta el poder político aparece una reforma laboral, es de manual”, advierte Luis Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL).
Según los expertos en la materia, si se trata de enumerar los principales cambios que introduce esta reforma, se debe hablar de los siguientes:
Indemnizaciones. Se busca modificar el cálculo para indemnizaciones por despidos sin causa. Actualmente, se suma un sueldo normal y habitual por año trabajado. Lo que se pretende a partir de esta nueva ley, es que los montos extra percibidos, tales como premios, viáticos, comisiones, aguinaldo, o importes especiales como telefonía celular o prepaga, no formen parte de ese cálculo, rebajando así el importe de las indemnizaciones. El borrador inicial también pretendía quitar a esta suma las horas extras.
Trabajo en negro. Se impulsa un blanqueo en el cual se perdonará a los empleadores el cien por ciento de los aportes y multas adeudados por no haber registrado debidamente a sus trabajadores si los ponen en blanco durante los primeros 180 días a partir de la reglamentación de la ley. Luego de esos 180 días, el descuento será del 70 por ciento. Además, se les perdonará el delito de evasión fiscal con la extinción de la acción penal. “Este gobierno va a tener un récord en perdonar delitos fiscales y penales tributarios. Ya lo hicieron con el blanqueo de la plata que vino del exterior”, comenta León Piasek, abogado y parte de la comisión directiva de la AAL. “Hay una cosa muy grave –aclara Piasek-: si trabajaste diez años en negro, al empleador le perdonan todo, pero como trabajador solo vas a poder acreditar cinco años de cómputos de servicio. La filosofía del proyecto tiene que ver con una ampliación de ganancias, no de derechos”.
Reclamo solidario. Quienes trabajan en empresas tercerizadas, como por ejemplo los trabajadores de limpieza de una clínica, los telemárketers que venden seguros o el personal de seguridad de un banco, generalmente son empleados de una firma más pequeña que es contratada por la empresa principal. La nueva ley busca reducir la cantidad de reclamos solidarios que efectúan los trabajadores a la principal, y dado que las tercerizadas son, en general, empresas menos solventes, esto reduce los derechos del trabajador que está en esas condiciones. “Esto era un reclamo de las grandes empresas, que quieren tercerizar y olvidarse”, dice Julián Hofele, abogado laboralista. Y agrega: “Muchos pretendíamos aumentar la protección del empleado en este punto y acá lo que se hace es avanzar en sentido contrario”. Ramírez, a su vez, define que “la tercerización es la vedette de toda reforma laboral. A partir de los 70, con la globalización, el concepto de empresa cambia y se abandonan las reglas del fordismo. Se hacen necesarias empresas más chicas y adaptables a un mercado que fluctúa. Es decir, un núcleo de trabajadores bien pagos y tercerización de todo lo demás. Pero para que este esquema cierre bien, tienen que poder subcontratar todo lo posible y no asumir ninguna responsabilidad”.
“Esto se quiso hacer en Italia y España y fracasó», comenta Piasek, abogado y parte de la comisión directiva de la AAL.
Pasantías. El proyecto mantiene casi intacta la propuesta de que estudiantes trabajen hasta 30 horas semanales a cambio de una “asignación estímulo” no remunerativa, es decir, no afectada por descuento de aportes, jubilación, ni obra social. Según Hofele, “ese tipo de pago no existe en términos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Fondo de cese laboral. Se intentará discutir en cada actividad, la creación de un instituto que vaya recibiendo los aportes mensuales de los empleadores para crear un fondo con el cual se pagarán las indemnizaciones. Según Hofele, esto tiene muchas consecuencias negativas. “El costo de despedir pasa a ser nulo, porque ya se fue pagando. Hoy, en general, no se despide por el costo que esto genera. Además es importante pensar que si una actividad entra en crisis, no va a ser posible afrontar todas las indemnizaciones juntas”, afirma.
Trabajo independiente. Se impulsa una nueva categoría laboral, amparada por los cambios tecnológicos y la cantidad de profesionales que trabajan desde sus domicilios. Se habla de “autónomos económicamente vinculados” que no estarán amparados por la Ley de Contratos de Trabajo si hasta un 80 por ciento de sus ingresos provienen de un empleador. También se crea la figura del “trabajador independiente con colaboradores”. Según Piasek, esto va a significar un crecimiento de la contratación fraudulenta, pero legalizada. “Hay muchos profesionales precarizados ya, y esto va a empeorar ese cuadro. Esta figura va a ser excluida de la Ley de Contratos de Trabajo porque se queda a mitad de camino: o sos autónomo o sos dependiente”, argumenta. Y agrega: “Esto se quiso hacer en Italia y España y fracasó. Es un camino para no registrar empleados, mientras dicen que buscan trabajo registrado”.
Banco de horas. Si bien no llegó al proyecto definitivo, la propuesta era que, en vez de trabajar horas extras, el empleado se quede una cantidad de horas mayor cuando el empleador lo requiera, según su necesidad, y sean “devueltas” trabajando menor cantidad de tiempo otro día “menos productivo”.
“Lanzaron una reforma laboral de máxima: la cultura del patrón expresada violentamente en una ley”, evalúa el abogado laboralista Fernando Gómez. “El Gobierno tiene una política extorsiva: algunas cosas se van a probar por ley pero la gran mayoría las van a conquistar en la discusión convenio por convenio, como hicieron con Vaca Muerta y Sancor”, sostiene. Por otra parte, el letrado está convencido de que la flexibilización empezó en el momento en que empezaron a subir los niveles de desempleo. “Aquella foto de los pibes buscando trabajo en la Expo Joven no fue un error, fue una muestra de poder de la cultura patronal que hacía ver la cantidad de gente que está dispuesta a aceptar cualquier tipo de condiciones de trabajo”.
“Lanzaron una reforma laboral de máxima: la cultura del patrón expresada violentamente en una ley”, evalúa el abogado laboralista Fernando Gómez.
Gómez, Ramírez y Piasek están de acuerdo en que reducir el costo laboral a las empresas no generará empleo, hecho que se ha podido comprobar en casi cien países y en la Argentina reciente. “Menem, a pesar de las medidas híperflexibilizadoras, llevó el desempleo al 25 por ciento. Hay que tener memoria y evaluar experiencias pasadas”, aconseja Ramírez. “Por si sola, esta reforma no va a generar ni un solo puesto de trabajo. El empleador toma gente si confía en el futuro, mirando las variables macroeconómicas, y no porque sea más barato el despido”, concluye.
Horacio Meguira, abogado laboralista y Director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), dice que le cuesta entender el papel de la CGT en esta negociación. “Después de las grandes movilizaciones populares que hubo desde febrero de 2016, marchas federales, huelgas conjuntas, 300 mil personas en las calles, estos tipos hoy se sientan a negociar. Esto va a traer un reactivo. Hay ocho filiales de CGT que se declararon en contra de esta reforma laboral y desautorizaron al triunvirato”, relata.
Cabe destacar que en el Título VIII del proyecto de ley, aparece la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET). Tal como anticipó ANCCOM, este será el ente que definirá la canasta básica de prestaciones del sector público de salud y además definirá la Prestación Mínima Obligatoria (PMO) de las obras sociales y medicina prepaga. Esta sería la moneda de cambio con la cual el Gobierno consiguió el apoyo de la CGT, ya que las obras sociales sindicales necesitaban de esta agencia para reducir las prestaciones básicas y así reducir los costos en sus entidades.
Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación, opina al respecto: “En vez de disputar la mejora de sueldos para que haya más aportes a obras sociales, prefieren reducir el PMO”. Y agrega: “La creación de AGNET ya pasó por el congreso y no obtuvo dictamen en la Comisión de Salud del Senado para debatirla. Ahora la meten dentro de este proyecto, con el aval de la cúpula de la CGT porque, como dice el dicho, la única forma de esconder un elefante es metiéndolo en una manada de elefantes”.
Se espera que el proyecto de Ley de Reforma Laboral comience a ser tratado en la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara alta durante esta semana.
Actualizado 23/11/2017