Es uno de los ejes de la etapa de “reformismo permanente” que de Cambiemos inauguró tras el triunfo electoral de octubre y apunta en forma directa a uno de los núcleos del electorado macrista: los jubilados. La reforma previsional que impulsa el Gobierno ya comenzó su periplo parlamentario rodeada de críticas e interrogantes. ANCCOM desglosó los ejes de la iniciativa con el director general del Centro de Economía Política en Argentina (CEPA), Hernán Letcher, para quien el proyecto -en una lectura global con el resto de las reformas- tiene como principal objetivo “transferir ingresos a las grandes empresas”.
“El financiamiento para todas las modificaciones y reformas que propone el Gobierno está concentrado en los jubilados y en la reducción de los recursos para el Tesoro”, sintetizó el especialista.
Uno de los puntos centrales de la reforma previsional es la modificación en la fórmula para calcular el aumento de las jubilaciones: se reemplazaría la movilidad por el cálculo de la inflación que para, marzo de 2018, tomaría la variable de precios de julio agosto y septiembre de 2017 (que estaba en el orden del 5% aproximadamente). “Esto significaría entre 85 mil millones y 100 mil millones de pesos de pérdida”, sostuvo Letcher. Con respecto al Tesoro, “la pérdida sería de aproximadamente 140 mil millones de pesos”.
“El objetivo principal es transferir ingresos a las grandes empresas. Todas las medidas tienen que ser financiadas de alguna forma. Ahí entra la reforma previsional que reduce lo que tiene que ver con el pago de jubilaciones y la transferencias por asignaciones universal por hijo y salario familiar”, completó.
La reducción de cargas patronales es otro dato saliente derivado de la reforma. Desde CEPA estimaron un recorte de 42 mil millones de pesos, en base al primer borrador que hizo circular el Gobierno.
Letcher también llamó la atención sobre la retracción del porcentual que retenía ANSES por coparticipación. “Hay que tener en cuenta que el año próximo hay tres puntos de retracción de ese 15 por ciento que se quedaba el ANSES de la plata que era coparticipable. En su momento, la Corte (Suprema de Justicia) dijo que no se hiciera. Finalmente (el ministro del Interior, Rogelio) Frigerio acordó con las provincias y les devolvió tres puntos porcentuales por año, que serían 15 mil millones por año, que dejaría de cobrar la ANSES. El CEPA estimó que podría llegar a tener “un aumento en la recaudación por blanqueo de personal de entre 15 y 18 mil millones de pesos”. Según esa secuencia de cálculos, “la ANSES estaría en 5 mil millones de pesos arriba de lo que tiene hoy”. Y agregó. “Allí podrían cerrar los números”.
El fantasma de un posible retorno al sistema de administración privado volvió a formar parte de la discusión. “Estamos en una etapa previa ya que el conjunto de la sociedad todavía cree en el sistema previsional público”, evaluó el director del CEPA.
No obstante, Letcher advirtió que las recurrentes menciones por parte del Gobierno del estilo ´la plata no alcanza´, o la ´ANSES no da para más´, son algunas sugerencias, facilitadoras de ese debate clausurado. “Todas esas expresiones tienden a plantear que tiene que haber jubilados con beneficios y otros de segunda calidad. La eliminación de lo que fue la moratoria jubilatoria va en el mismo sentido”, agregó Letcher. Y advirtió: “Se viene una segunda etapa en donde se plantearía de manera abierta el sistema previsional privado con capitalización individual. El espíritu es romper el vínculo intergeneracional”.
El miércoles 9 de agosto jubilados y jubiladas concentraron en la puerta de ANSES, reclamando al gobierno por sus derechos.
Actualizado 23/11/2017