Daniel Catalano prepara el primer mate del día y se queja con una sonrisa por las pocas horas de sueño. “La gente a veces se confunde, porque te ve en la tele piensa que uno dejó de hacer lo que hacía antes”, bromea. Al frente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE – Capital), Catalano asegura que el presidente Mauricio Macri cree que los empleados públicos son “un gasto”, detalla el impacto de las cesantías en la implementación de políticas públicas, y refuta el argumento eficientista de la nueva administración con una radiografía certera de las condiciones de trabajo estatal. Además, pone en duda el impacto del acuerdo que el gobierno firmó esta semana con sectores empresarios para frenar los despidos por 90 días porque “no garantiza” un freno a la caída del empleo. Y advierte: “Si el Presidente veta la Ley Antidespidos, se va a generar una crisis social profunda”.
En una entrevista exclusiva con ANCCOM, el dirigente gremial también apunta sobre las diferencias entre las centrales sindicales y advierte sobre el “vedettismo” de algunos de los máximos referentes de ese universo. “La unidad del movimiento obrero no se da por la cúpula”, subraya.
¿Cuál es la situación del empleo público a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente?
En el Estado hay 270 mil empleados públicos de la administración nacional, que cumplen con distintas funciones. Allí tenemos constatados, por quienes recibieron telegramas, que hay 10.941 despidos, y entre municipales y provinciales, son 35 mil. Macri dice que en el Estado nacional hay alrededor de cuatro millones de empleados públicos y que existe un sobrante de un millón y medio. ¿Cómo construye ese número? Toma a todas las fuerzas de seguridad, desde el Ejército, Prefectura, Gendarmería, Policía Metropolitana, y a trabajadores municipales y provinciales.
¿Cómo afecta ese ajuste laboral a la implementación o marcha de políticas públicas?
Para el gobierno, los empleados públicos son un gasto. Y sus medidas y despidos afectan la organización del Estado. Por eso nosotros medimos cuál es el nivel de daño que se genera cuando despiden empleados públicos. No hacemos una defensa corporativa de las fuentes de trabajo -que también hay que hacerla- sino que evaluamos las consecuencias de afectar a las políticas públicas, como por ejemplo en Conectar Igualdad: echaste mil laburantes pero dejaste a cerca de seis millones de estudiantes sin conexión y contenidos educativos. Estas medidas alejan al Estado de la gente. Lo mismo sucede con el programa Progresar o el plan Fines para incentivar a los jóvenes a terminar sus estudios.
¿Cuál es la situación de los contratos que el gobierno nacional puso a revisión a partir del Decreto 254?
En el Ministerio de Salud hay 570 trabajadores que no firmaron el contrato, no saben si van a cobrar, y siguen estando ahí. No se los despidió pero tampoco hubo un acto administrativo que de prórroga para los contratos. Se supone que al 31 de marzo todos esos contratos deberían haber caído, pero después la estructura burocrática del Estado hace que todo pase; podés estar sin firmar contrato años y seguir laburando, el tema es que este gobierno echa sin causal. Lo que establecía el Decreto 254 era que el Estado iba a revisar a 70 mil empleados públicos y eso iba a arrojar una situación individual de cada trabajador. Nosotros hicimos infinidad de pedidos para que nos digan qué pasó con cada uno de los trabajadores, porque si dicen que hay causal de despido entonces lo tienen que demostrar. ¿Cómo determinás si hay ñoquis? Si hay ñoquis los jefes de Recursos Humanos firmaron por alguien que cobra sin trabajar. Lo loco es que acá en el Estado nacional no se rajó a un solo jefe de Recursos Humanos; y no hay un solo caso auditado o un informe que diga ´esta persona no tenía banda horaria, por eso la echamos´.
¿Y los empleados que son monotributistas o tienen contratos a través de la universidades?
Para Macri no son trabajadores del Estado, ellos dicen que en todo caso tienen una relación con la Universidad. Hay una pelea con el macrismo para que los reconozcan como laburantes porque son trabajadores que cumplen funciones para el Estado y que tienen un objetivo estatal, pero se terceriza la actividad a través de las Universidades.
¿Hay una tendencia del gobierno de Macri a priorizar el ingreso de funcionarios políticos en lugar de la planta administrativa?
Es así, armaron una pirámide y en el medio no hay nada. En la Ciudad hay sueldos de ocho mil pesos en la base, casi todos en planta –no todos, hay cerca de 15 mil que no, pero los van pasando a planta- y después hay una cúpula que cobra como monotributista, que tiene salario de hasta 200.000 pesos. Lo mismo están haciendo en el Estado nacional, pero en ese caso además están metiendo por decreto gente a planta, pero no te ponen como personal de limpieza, mantenimiento o administrativo, sino que son todos cargos ejecutivos. Ellos no achicaron al Estado, armaron un Estado muy bobo. Crearon cuatro Ministerios que no sirven para nada, crearon 45 cargos directivos con sus Secretarías y 15 Secretarías de Estado, con eso repartieron política. Además de cada Secretaría dependen coordinaciones y ahí es donde metieron toda la estructura. De hecho, en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas echaron a 160 trabajadores del programa Progresar, con salarios de nueve mil pesos, y recontrataron a 400, con sueldos mucho más altos. Entonces ni siquiera están planteando que tienen un problema de desfasaje de guita, sino que se está cambiando al trabajador público.
¿Y el proceso de pase a planta y jubilaciones?
Creo que van a jubilar a 24 mil personas, que son las que están en edad de jubilarse, y van a abrir una planta, y la van a empobrecer como sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, que pasan a la gente con estabilidad laboral pero no con carrera administrativa, entonces pierden la antigüedad. Habrá muchos problemas, pero lo van a hacer. Van a decir: ´Nosotros pasamos a planta a la mayor cantidad de laburantes´ pero la realidad es que las condiciones en las que te dejan, no alcanzan ni siquiera para la supervivencia. Ellos también especulan con que los trabajadores renuncien, entonces te empobrecen, te dejan dos años con un salario de mierda y creen que te vas a ir al sector privado, pero no hay sector privado a donde ir. La gente se queda donde está, entonces termina empobreciéndose, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el salario promedio es de nueve mil pesos y con eso no se puede mantener a una familia, pero igual no renuncia nadie. Están todos agarrados a los nueve mil pesos y termina precarizándose.
Esta semana es clave para la discusión parlamentaria del proyecto de Emergencia Laboral, pero el gobierno ya adelantó que vetará cualquier iniciativa en ese sentido…
En la Ciudad de Buenos Aires, de las 276 leyes que aprobó la Legislatura porteña, 130 fueron vetadas por Macri, es casi el 50%. Eso es un indicador. No elegimos un Presidente que camina de la mano de la institucionalidad. El tema es que Macri tiene que pagar el costo político de lo que va a hacer. Si veta, generará una crisis social profunda.
Esta semana, el gobierno firmó un acuerdo con los empresarios…
El acuerdo firmado es una postura política que no garantiza que no despidan trabajadores. Es un acto lamentable. Además, el acuerdo no contempla a los ya despedidos. No es retroactivo. Permite cambiar de trabajadores por lo cual podría seguir despidiendo.
En las audiencias del Congreso, también se vieron diferencias de posturas de las centrales sindicales…
Porque la CGT, que son los que tienen más peso político, estaba más preocupada por el Impuesto a las Ganancias que por los despidos. Dentro de las tres CGT la que más sufre es la de Antonio Caló porque tiene toda la parte de fábricas, que hay suspensiones y despidos, y también están los empleados públicos. No todas las Centrales están atravesando la misma crisis. De hecho (Luis) Barrionuevo sí, porque se están cerrando locales, pero no sé, no le debe molestar tanto. Lo que sí va a suceder es que esto en algún momento va a detonar, hay partes de la CGT que están más preparadas que otras. Caló viene laburando muy bien, viene discutiendo y frenando miles de despidos, hasta ahora hay suspensiones. Si no arrancaron los despidos es porque hay una CGT que está presionando y negociando para que aquellos que se enriquecieron en los últimos años, hoy pongan la plata.
“La unidad del movimiento obrero no se da por la cúpula”, advierte Daniel Catalano.
En ese contexto, ¿cómo articularon la organización del acto por el Día del Trabajador?
Nosotros venimos trabajando con más de 150 sindicatos de base que son de la CGT y de la CTA. Es un laburo previo que tiene que ver con cómo concebir una situación que no nos deje atados a la realidad de la CTA. Nosotros somos CTA pero pensamos que la unidad del movimiento obrero no se da por la cúpula. Entonces armamos una estructura de gremios de la CTA y la CGT. Le cuesta mucho más a la cúpula juntarse que lo que nos cuesta a nosotros, que nos juntamos una o dos veces por mes. Hablamos, planteamos nuestro marco de laburo, nuestras necesidades. De hecho en la Capital Federal articulamos con el subte y con docentes mucho antes que haya algún marco. Pero en las Centrales hay un problema de cartel, un problema de vedettismo. Los tipos ven el mundo de una manera muy distinta a como lo ven los trabajadores. Entonces hoy se articulan las cinco Centrales obreras que tienen una matriz de pensamiento que es inabordable; un Moyano y un Barrionuevo que son macristas; un Caló y un (Hugo) Yasky que son kirchneristas; y un Pablo Micheli que es más de izquierda.
Actualización 11/05/2016