La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano máximo en la materia en el continente, realizó una audiencia en su sede en Washington para que el Gobierno argentino brinde explicaciones sobre la anulación de la ley de medios. ANCCOM la siguió por videoconferencia en el Congreso de la Nación junto a diputados opositores, representantes de medios comunitarios, universidades y cooperativas.
A raíz de las denuncias presentadas ante la CIDH por la Coalición por una Comunicación Democrática y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ejecutivo nacional por incumplir los estándares internacionales sobre libertad de expresión, la CIDH citó a las partes a sentarse y a decir lo suyo el pasado viernes 8 de abril.
El primer expositor fue Horacio Verbitsky, presidente del CELS: “Con el pretexto de las falencias en la aplicación de la ley de medios, que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal. Excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”. La nueva legislación, subrayó, habilita una mayor concentración mediática, reduce el pluralismo y la diversidad, y beneficia a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas.
El segundo expositor fue Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación de la UBA y la UNQ, resaltó el problema de la concentración de la propiedad de los medios en Argentina. “La Corte Suprema de Justicia, en 2013, con el aval de seis de sus siete miembros, entendió que es obligación inexcusable del Estado generar políticas de estímulo al pluralismo, y en consecuencia de restricción de la concentración. La concentración excesiva de la palabra es la antítesis misma de la democracia”. Y añadió: “Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el Gobierno dan la espalda a este problema. Obstaculizan la competencia y potencian la concentración”.
El abogado experto en derecho a la información Damián Loreti, en representación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, puntualizó los estándares internacionales violentados por la nueva normativa que impuso el Gobierno: “En primer lugar, se quita la autarquía legal a sus autoridades prevista en la legislación. Segundo, se viola la obligación de transmisión o must carry. Y tercero, se violenta el principio de legalidad de los estándares reconocidos en diversas declaraciones de los relatores [de la CIDH] en 2009 y 2014”.
Por su parte, el periodista Daniel Badenes, delegado de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, criticó la conformación del directorio y la dependencia de la nueva autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo: “El decreto que crea el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) suplantó al directorio. La nueva conformación excluye la representación universitaria y esto es una regresión. Lo mismo debemos decir del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), que fue disuelto y actualmente todas sus funciones son concentradas por un ministro”.
Osvaldo Francés, representante de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina y vicepresidente del disuelto COFECA, en referencia a la eliminación de los techos de concentración, afirmó: “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a sobrevivir y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama”.
El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Néstor Busso, denunció que “el Fondo de Fomento para medios comunitarios e indígenas se encuentra paralizado” y agregó que “hay más de 300 organizaciones que concursaron, ganaron, firmaron los convenios correspondientes y no cobraron los subsidios. Tampoco se planificaron los que corresponderían al presente año 2016”.
Los representantes del Gobierno tuvieron su turno para hablar y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj -ya por esas horas salpicado por los Panamá Papers- comenzó diciendo: “Lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno de Mauricio Macri en materia de derechos humanos: restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país”. “El año pasado fue crítico –sostuvo–con periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios y distribución arbitraria de la pauta de publicidad oficial”.
Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos bonaerense, dedicó todo su tiempo a criticar al anterior gobierno y se refirió a la pelea entre el ex kirchnerismo y el Grupo Clarín: “Uno de los casos emblemáticos de persecución, pero no el único, fue la campaña durante años contra un diario de gran circulación encabezada por la presidencia y seguida de forma grotesca por la mayoría de los funcionarios públicos”.
Eduardo Bertoni, director nacional de protección de datos personales, fue quién más criticó la ley de medios: “Una evaluación seria dejar la conclusión que su aplicación e implementación fue deficiente, selectiva, parcial y partisana”, sostuvo y agregó que “resulta prematuro y especulativo deliberar sobre el posible problema que podría derivar una legislación que hoy se encuentra en plena elaboración, siguiendo principios que se ajustan a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, argumentó.
El presidente del flamante ENACOM, Miguel De Godoy, fue el más breve y utilizó sólo dos minutos para destacar la importancia de la convergencia tecnológica. También prometió convocar a distintos sectores, incluidos los peticionarios de la audiencia, teniendo en cuenta los aportes que la CIDH realice, pero no dio ninguna precisión sobre el tema de la concentración de medios.
Mientras tanto, en el Anexo A de Diputados, las intervenciones oficialistas despertaron gritos, silbidos y risas irónicas. Terminada la videoconferencia, no obstante, hubo consenso sobre el balance positivo del debate en Washington. La diputada del Frente para la Victoria Liliana Mazure consideró urgente trabajar en un proyecto desde la oposición: “Tenemos que armar una agenda y un recorrido por el país y empezar en no más de una semana”. Su compañero de bloque, Eduardo Seminara, opinó que se trata de un debate difícil: “Somos dos proyectos comunicacionales, dos modelos de Estado y dos modelos de país distintos”.
Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), contó sus expectativas: “Esperamos que la CIDH mande sus recomendaciones al Gobierno argentino en función puntualmente de los DNU que ya están generando cambios concretos”.
En diálogo con ANCCOM, el ex diputado kirchnerista Carlos Raimundi, ensayó una autocrítica: “El día que vuelva un gobierno popular va a tener que redactar nuevamente una ley más moderna, porque es cierto que el salto tecnológico en pocos años modificará las condiciones y el sistema de comunicación, y tiene que actuar con mucha fuerza. Si hay que desmonopolizar un grupo, hay que desmonopolizarlo al otro día que salió la ley”.
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El diputado Remo Carlotto en la transmisión de la audiencia.
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El público reunido en el auditorio del anexo del Congreso Nacional durante la transmisión.
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El público reunido en el auditorio del anexo del Congreso Nacional durante la transmisión de la Audiencia de la CIDH, Ciudad de Buenos Aires, 8 de abril de 2016. Fotos de Néstor J. Beremblum / ANCCOM
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El diputado Eduardo Seminara en la transmisión de la audiencia de la CIDH.
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La diputada Liliana Mazure en la transmisión de la audiencia de la CIDH en el auditorio del anexo del Congreso Nacional.
Actualización 14/04/2016