«Somos una agencia, buscamos chicas para atención adulta. Sexo con hombres. ¿Te interesa ganar muy bien? Mandame fotos de cuerpo entero». Señoritas. Buena presencia. Buena remuneración. De 18 a 25 años. O hasta 20 años. Para «privado». Masajista «con relax». Los avisos de oferta sexual de los diarios, prohibidos desde 2011 por un decreto del Poder Ejecutivo, siguen apareciendo escondidos en frases tontas y fácilmente reconocibles.
La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es el organismo encargado de cumplir el decreto 936/11, que prohíbe «los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual». Desde que existe la oficina de monitoreo, en 2011, solo se puso una multa a un diario. «Fue al diario Clarín y por avisos de solicitud de personas. Es el único diario en la actualidad que sigue publicando avisos en los que se piden chicas para destinarlas al comercio sexual», dice la directora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, María Chantal Stevens y subraya que el rubro 37 (pedidos de oficios y ocupaciones varias) es uno de los sitios preferidos para el reclutamiento.
El objetivo de la reglamentación consiste en «prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres». Además, prevé la censura de «todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente». El decreto considera que los avisos promueven la oferta sexual «son un vehículo efectivo para el delito de trata de personas».
Además, entiende la «violencia mediática» como «aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres».
El decreto tiene como fundamentos la Ley 26.364, conocida como la «Ley de Trata», que fue sancionada en abril de 2008, y la Ley 26.485 de «Protección Integral a las Mujeres». Esta última, sancionada en 2009, «reconoce y le da nombre a distintas formas de violencia que antes no estaban reconocidas en nuestra legislación: por ejemplo, la violencia simbólica y la mediática, aquella que perpetúa estereotipos que colocan permanentemente a las mujeres en una posición de subordinación», según la directora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.
Cuando comenzó su trabajo en la Oficina de Monitoreo, en 2011, relevaban un promedio de 1.400 avisos diarios, y en ese momento «a las chicas las ofrecían como 2×1, como si fueran una promoción», recuerda Stevens.
Cada vez que se detecta un aviso, se labra un acta y se le pide a la empresa que no lo publique más. Hay seis instancias diferentes hasta llegar a
María Chantal Stevens, coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Ofertas de Comercio Sexual.
una multa. «Solo intimamos a los diarios que efectivamente podemos vincular al comercio sexual», señala. En el informe se investigan los datos del aviso con la información que pueda surgir en Internet o en los volantes de la calle. Si el medio sigue publicando el mismo aviso, se continúa con nuevos apercibimientos y se le da la posibilidad a la empresa de emitir un descargo.
«En general –explica Stevens-, los abogados de los medios hablan de la inconstitucionalidad del decreto y de que se viola la libertad de expresión. Pero ya hay dictámenes de la procuración y fallos que dicen que no se viola la libertad de expresión. En todo caso, si hay una restricción es a la libertad de comercio, porque es la sección comercial del diario. Y si se va a comerciar con seres humanos… bienvenida la restricción».
Los avisos que más investiga la oficina son los que tienen que ver con redes o estructuras más complejas, y no tanto los que hagan referencia a la prostitución autónoma o independiente. «Pero hay un imaginario de que esa prostitución es mucho más extendida de lo que en realidad es. En nuestra experiencia, lo que abunda en el sistema prostibulario es la explotación sexual», detalla Stevens.
Otro de los objetivos de la oficina es contribuir a un «rol más responsable» por parte de los medios de comunicación: «Que no haya en el editorial una nota hablando horrores de la trata de personas y que la seguridad sea el primer tema de agenda, y en ese mismo diario, unas páginas más atrás, se promuevan conductas que las colocan en una posición de mucha vulnerabilidad. Los medios tienen que ser grandes aliados en estas luchas, es muy difícil llevarlas adelante sin su colaboración».
La Oficina –asegura Stevens- logró que el 87% de los 110 medios que monitorean no publiquen estos avisos. La Directora de la Oficina de Monitoreo recuerda que un abogado de una empresa de medios dijo, en respuesta a una denuncia, que cuando uno de los avisos decía «privado», no necesariamente hablaba de prostitución: podía hacer referencia a que buscaban chicas para trabajar «en un barrio privado».
Son los mismos medios que en las primeras páginas publican editoriales indignadas contra la trata de personas y notas con el hashtag #NiUnaMenos. Pero un par de páginas más adelante espera la carnada para la próxima víctima.
«Los medios tienen que ser grandes aliados en estas luchas, es muy difícil llevarlas adelante sin su colaboración», dice la directora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual, María Chantal Stevens.