May 12, 2015 | inicio
La escuela media número 3 del distrito escolar 19 «Carlos Geniso» recibe durante tres turnos a adolescentes de la villa 1-11-14 del Bajo Flores. En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la comunidad académica se reunió para recordar que, de todos esos, “hay ocho pibes que faltan de las aulas”.
Algunos de ellos «son Lucas, Juampi y Quiquito. Todos tenían más o menos 16 años y venían a esta escuela», contó Fiamma, de 15, mientras arreglaba la fotografía de los tres chicos sonrientes entre los trabajos de arte para la muestra del Día contra la Violencia Institucional. La consigna del trabajo era «dibujar lo que no se puede decir con palabras». En uno de los dibujos, papeles rojos forman la figura de un patrullero y un arma.
«Juampi era mi hermano. Un día lo quisieron agarrar porque sí y le pegaron un tiro», explicó Fiamma, como si contara que el día estaba soleado. En las escuelas de las villas, «es común enterarse de que a alguno lo alcanzó una bala o lo mató la policía», contó la joven.
Lo de Juampi «pasó hace un año, pero todavía no avanzamos nada en la causa. Igual con eso está mi mamá yo no entiendo nada», se encogió de hombros la chica mientras arreglaba minuciosamente la foto.
«A este también lo mató la policía», contó Rodrigo, de 17, mientras ayudaba a Fiamma a colgar las fotos entre dibujos de lo que no se puede contar con palabras. «Y a este”, señaló a un cuarto chico en otra fotografía. “Bueno, en realidad con todos pasó lo mismo», explicó, haciendo un ademán con la mano.
En el acto del 8 de mayo por el Día Nacional de la Violencia Institucional, la docente Griselda Galarza habla ante los chicos de la EEM 3 DE 19.
A pocos metros, los docentes de la escuela preparaban el proyector y el equipo de sonido para empezar el acto. Uno de ellos se alejó para tocar el timbre y la sala de entrada se llenó de adolescentes riendo y burlándose unos a otros por el resultado del River-Boca del día anterior.
Una profesora les pidió: “Vamos, hay que ir trayendo las sillas del comedor que tenemos el acto dentro de un rato». Todos los chicos que circulaban por el lugar buscaron en grupos los bancos del comedor y los ordenaron en filas delante del equipo de sonido. En la pared de ladrillos, un cuadrado pintado de blanco hacía las veces de pantalla para la proyección que habría durante el acto.
Una mamá nerviosa llegó en el momento y varios de los presentes se acercaron a charlar con ella. Era Miriam y su hijo no participaba del acto, sino que era la experiencia que les trajo “a los chicos para que no les pase más estas cosas y para que se cuiden», manifestó.
Un segundo timbre convocó a los chicos a sentarse en los bancos. Las risas y los empujones se detuvieron de a poco, a medida que uno de los profesores leía el comunicado del colectivo de trabajadores y docentes de las escuelas del sur. «La idea de hoy no es convertir el 8 de mayo en un acto más, en una efeméride. Nuestra intención es que hoy pueda ser un comienzo para que deje de ser normal que maten o maltraten a los pibes en los barrios”, leyó uno de los profesores. “Tenemos una propuesta para estudiantes y profes, queremos reconstruir las vidas de todos aquellos jóvenes que conocíamos y que fueron víctimas de muertes violentas. Creemos que es una manera de tenerlos presentes y de rescatar todas sus virtudes y sueños».
Griselda Galarza, que da clases de teatro y lengua en la escuela, tomó la palabra para presentar a Miriam. “Queremos que escuchen a la mamá de Ariel Villa, o Yiyo, a quien muchos de ustedes conocían porque era parte de esta escuela. Yiyo fue víctima de la violencia social”. Miriam habló en un tono bajo, con miedo al abultado auditorio, pero no dudó en sus palabras: «chicos, cuídense y disfruten de cada minuto. No confíen en nadie y no agarren las drogas”. Un chico habló y varios chistidos pidieron respeto para la oradora. “Quien conoce el caso de mi hijo sabe que me lo mataron como a un perro y que esto pasa con muchos chicos», concluyó.
Luego de varios minutos, algunos pies se movían incómodos y el murmullo de la charla empezó a reavivarse. Galarza, se acercó al micrófono con su cuaderno para cerrar el acto con la lectura de los nombres de los ocho chicos de la escuela que muertos por violencia institucional. “Queríamos decirles unas palabras, entiendo que ya se quieren ir, pero escuchen esto”, dijo con firmeza.
El tono del murmullo comenzó a elevarse. “No nos podemos acostumbrar a esto, les pido que por favor nunca nos acostumbremos. Yo tengo 8 nombres en este cuaderno”, se aferró. “Nombres de chicos que alguna vez estuvieron acá y que ya no están porque alguien consideró que sus vidas no valían nada. Les pido que no se acostumbren, no es normal que morirse sea una opción a esta edad que tienen. Les pido que entendamos que no tiene que haber ni un nombre más en este cuaderno”. El pedido dejó paso a un sollozo y el auditorio estalló en aplausos y en voces de aliento para la profe de teatro.
May 11, 2015 | inicio
Actualmente los comuneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran finalizando su primer mandato –que habían iniciado en 2011– y se enfrentan a las posibilidades de cambio o renovación en las próximas elecciones del 5 de julio. A pesar de esto, gran parte de los ciudadanos desconoce quiénes son los miembros a elegir y cuáles son sus responsabilidades en tanto representantes del barrio. “Hay gente que no está enterada qué es un comunero. Todavía al día de hoy hay gente que no sabe cuál es específicamente la función de un comunero y la mayoría desconoce que existe una ley de comunas, desconocen que deberían tener el derecho a participar”, aseguró Laura Maggi, vecina y militante de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra y Villa Pueyrredón).
La ley número 1777, denominada Ley orgánica de Comunas, sancionada en septiembre del 2005, definió como objetivos principales de la división comunal: “la descentralización de las funciones administrativas y políticas del Gobierno de la Ciudad, la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y la promoción de los mecanismos de democracia directa para la consolidación de la cultura democrática participativa”. Pero recién en 2008 comenzaron a funcionar cuando se establecieron los límites que definieron el territorio asignado a cada Comuna, quedando conformadas, de esta manera, las 15 Comunas que agrupan la totalidad de los barrios de la Ciudad.
Según la Ley, el gobierno de las Comunas es ejercido por un órgano colegiado: “la Junta Comunal, integrada por 7 miembros”. Los miembros de la Junta son elegidos por los ciudadanos de forma directa durante las elecciones ejecutivas y legislativas de la Ciudad, y también permanecen en el cargo durante cuatro años. El miembro que recibe mayor cantidad de votos es designado Presidente de la Junta, y será quien se reúna con los demás presidentes de las Comunas y con el poder Ejecutivo. Los actuales –y primeros– comuneros fueron electos en 2011. Las Juntas quedaron conformadas por las tres fuerzas mayoritarias en ese momento: PRO, Frente para la Victoria y Proyecto Sur, estableciendo de esta manera en todas las Comunas un presidente por el PRO junto con dos o tres miembros más del mismo partido, uno o dos miembros del Frente para la Victoria –según cada distrito– y un miembro de Proyecto Sur.
Además de la Junta Comunal, la ley crea el Consejo Consultivo Comunal como organismo asesor en las decisiones de cada Comuna, y como modelo de ampliación para la participación popular: “El Consejo Consultivo Comunal está integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito territorial de la Comuna”.
Si bien formalmente la descentralización figura como esencia de la legislación, la realidad es que las Comunas aún no obtienen las jurisdicciones para poder gestionar las atribuciones que les corresponden, continúan siendo dependientes del Gobierno de la Ciudad, y solo cuentan con responsabilidades menores: “Lo que nosotros manejamos cotidianamente es el mantenimiento y mejora de los espacios verdes, el arbolado urbano, o sea la poda y el mantenimiento del arbolado. Después también hacemos obras comunales: mejoras, puestas en valor de plazas, de espacios de barrios, de lugares públicos y hacemos la parte de los arreglos de la vereda. Pequeñas intervenciones en espacios públicos”, explicó Maximiliano Corach, presidente por el PRO de la Comuna 14 (Palermo). Edith Oviedo, miembro por el FPV de la Junta, en la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución), agregó: “Al no tener jurisdicción que es lo que te permite que los fondos sean trasladados a cada una de las 15 Comunas, se impide totalmente que podamos gestionar, sabiendo nosotros qué hacer con el presupuesto, y dónde están las necesidades reales de los vecinos, se nos impide la acción. El Ejecutivo sigue definiendo las obras, los montos y las licitaciones”.
Según Oviedo, en la Comuna 1 los problemas son mayores cuando se actúa desde “la no gestión”. La comunera – que se postula para presidente de la Junta en las próximas elecciones– sostiene: “Hay que luchar constantemente para que los consejos consultivos sean aceptados como dice la Ley, porque eso tampoco se logró. La ley dice que dentro de las Juntas comunales, es la obligación del presidente de cada comuna gestionar para que el consejo consultivo cuente con lo necesario para operar, que es poner en marcha la democracia participativa y deliberativa de los vecinos. Eso no sucede”. Pero la mirada desde la Comuna 14 difiere cuando Corach afirma que a pesar de todo “se ha hecho una descentralización de competencias bastante amplia, manteniendo la responsabilidad de que esto no influya negativamente en el servicio que se presta a los vecinos”.
Para Laura Maggi, el funcionamiento de los Consejos Consultivos es fundamental si se quiere consolidar el proceso de descentralización: “Las obras siempre termina decidiéndolas el ejecutivo. Un día te encontrás con que todas las plazas de la Ciudad están intervenidas, están cerradas y están trabajando adentro. A nadie se le consultó, a los vecinos no se les consultó si preferían que pongan plata para ponerle juegos nuevos a la plaza o que mejor, tal vez, en una Comuna como la mía –la 12– donde de golpe tenés gravísimos problemas por el tema inundación, hay muchas otras obras que son más importantes que poner juegos nuevos o aparatos de gimnasia en la plaza. Y ya está hecho, ya está decidido. Se decide desde el Ejecutivo. No existe la famosa descentralización que debió existir desde el momento que salió la ley de comunas, en la que los vecinos de cada comuna decidan cuáles son las obras necesarias para su barrio”.
Con respecto al desconocimiento sobre el accionar de los comuneros, Oviedo manifestó: “La idea básica del PRO fue que los comuneros no tuviéramos gestión. Y no sólo por una decisión política, o una decisión del manejo del dinero, fue una decisión para que no tuviéramos visibilidad. Porque ya para la primera elección de comuneros, lo que se debía cumplir como proceso de difusión tampoco se cumplió. Hay poca participación y mucho desconocimiento del vecino”. Además concluyó que el cambio debe ser en conjunto entre los comuneros y los ciudadanos: “Yo creo que hay un laburo mucho más grande para hacer: entender cómo comprende la gente en general, esto de la participación”.vida
May 11, 2015 | inicio
Al marcar el 0800-444-2400 se escucha: “Se ha comunicado con la línea telefónica gratuita para alertar situaciones irregulares en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por favor déjenos su mensaje cuando oiga la señal”.
La implementación de esta línea telefónica gratuita por parte del ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, bautizada por los jóvenes como “0800 buchón”, generó gran repudio entre estudiantes y docentes desde su apertura en 2012. Ese mismo año el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) inició una causa en su contra que, a través de una acción de amparo, logró su restricción. Sin embargo, el 24 de febrero último, la justicia porteña hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad y permitió su pleno funcionamiento.
El INADI había interpuesto ante el Gobierno porteño (Expediente N° 45359/0) la acción de amparo, aludiendo al artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 2145, “por habilitar una línea de atención telefónica gratuita para recibir denuncias sobre ‘intromisión política’ en los colegios, en tanto dicha medida resulta violatoria de los derechos humanos, de libertad de expresión y de participación política de los alumnos, como así también por su potencial empleo para recabar información sobre la opinión de docentes, directivos y alumnos de dichos establecimientos”. Bajo esos argumentos se solicitaba su invalidez y se ordenaba hacer cesar la realización de su actividad. Asimismo, relataba que la implementación de la medida “amenaza de forma inminente el principio de no discriminación”.
Dos años más tarde, y dos meses antes de las PASO porteñas, la acción de amparo fue rechazada por parte de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires: “Atento a la generalidad y abstracción del planteo efectuado por la actora y toda vez que el agravio resulta hipotético, considero que existe ausencia de un caso en concreto, por lo tanto, no se observa actividad manifiestamente ilegítima por parte de la administración”. Desde entonces el 0800 “buchón” sigue vigente.
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad expresan en dicha resolución que el objetivo de la línea telefónica es contar con un nuevo canal de comunicación con los alumnos, padres, docentes y toda la comunidad educativa en general “y su finalidad es reforzar la conexión entre los diferentes actores del sistema educativo con el Estado”. Sin embargo el “alerta de situaciones irregulares en las escuelas” y el “reforzamiento y conexión” del que habla el Gobierno porteño, al parecer van en otra dirección.
En este sentido, jóvenes militantes en escuelas secundarias alertan sobre los perjuicios de su reapertura. Ignacio Ibáñez, militante del Partido Obrero y Consejero graduado del Consejo Escolar Resolutivo (CER) de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, expresó que esta línea gratuita es “una aberración gigantesca y no tiene ningún tipo de justificación dentro de una democracia (…) que se haya formado una línea para poder denunciar a quienes hacen política es un problema grande.” Por su parte, Laura Marrone, asesora en educación del bloque de la Legislatura del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Legisladora electa en 2013 de la Ciudad de Buenos Aires, declara que “toda la educación tiene una impronta política porque es parte de la vida de la sociedad, de manera que esta persecución realmente es un atentado contra el derecho mismo a la educación”. Y amplía: “Es curioso que la realice un gobierno como el de (Esteban) Bullrich que acepta y promueve la existencia de la educación privada que es el lugar donde el adoctrinamiento ideológico impera por excelencia. Es decir, allí está naturalizado que exista un recorte ideológico del conocimiento en función de aquello que defina la empresa privada o la iglesia que dirige esa educación, sea ésta católica o judía”.
Azul Mosquera, militante del Frente Nuevo Encuentro y estudiante del Colegio Lenguas Vivas desarrolla: “Lo que hace el ‘0800 buchón’ es contrarrestar el laburo que nosotros venimos teniendo en términos de dar la batalla cultural en los colegios. ¿A qué nos referimos con dar la batalla cultural en los colegios? A politizarlos. Esta línea, lo único que hace es impedir el funcionamiento político y que la juventud se meta en política. Pone trabas porque el Gobierno de la Ciudad tiene un objetivo muy claro: la política, que ese término no exista. Eso es lo que quieren implementar con este ‘0800 buchón’ y es lo que vienen promoviendo en los últimos ocho años”. La militante insiste con el tipo de sujeto social que el macrismo fomenta: “Un sujeto no pensante, un sujeto no político y qué mejor que atacar las escuelas públicas, como día a día lo vienen haciendo (…) Es un paralelismo totalmente opuesto a lo que hizo el Gobierno Nacional, el kirchnerismo en los últimos 12 años, su objetivo siempre fue movilizar y concientizar a las masas y más que nada a la juventud”.
Por su parte, Federico Cantaluppi, militante del Partido Obrero en la agrupación la Izquierda al Frente y de los Trabajadores y actual Consejero Resolutivo del CER de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, disiente: “En la Provincia de Buenos Aires, en muchos casos, está totalmente prohibido -pese a que el Gobierno Nacional hace campaña diciendo que ellos son los motores de la organización de los centros de estudiantes- que los estudiantes hagan política partidaria (…) Es una política de conjunto que comparten los distintos gobiernos, de bloquear las iniciativas del movimiento estudiantil y la capacidad de los jóvenes de discutir política, y los problemas tanto educativos como a nivel nacional”.
Por su parte, Ibáñez plantea que “de la mano de esta situación, muchas autoridades (educativas) impiden el desarrollo de los centros de estudiantes y no les permiten desarrollar sus reuniones de delegados, sus asambleas, ni tampoco mantener sus espacios de centro de estudiantes”.
Efectivamente, lo político en las escuelas secundarias se encuentra en disputa. En este sentido, Lorena Pokoik, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y parte integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura Porteña expresa: «Donde Macri ve intromisión política, nosotros vemos participación política porque como dijo nuestra Presidenta: ‘El mejor lugar para los jóvenes es la política'». Y al respecto del 0800 opina: “Implementar un número de teléfono gratuito para denunciar la participación política de los jóvenes es inadmisible, pero viniendo del macrismo es coherente porque nos tiene acostumbrados a medidas persecutorias: señalar con el dedo a alumnos ‘desobedientes’ que se animan a pensar distinto, o confeccionar listas negras de estudiantes decididos a tomar una escuela en reclamo de mejoras edilicias.»
Laura Marrone comparte el rechazo ante la implementación de esta línea y expresa: “He denunciado el uso del 0800 que instaló el Gobierno de la Ciudad a través de su ministerio de Educación para la denuncia de los estudiantes por persecución política e ideológica (…) La campaña de delación vía el 0800 del PRO es un ataque a la juventud, a su derecho a pensar, a discutir sobre política y más, a organizarse por la defensa de sus derechos y propuestas políticas. (…) Nosotros estamos en contra, y creemos que los estudiantes y los docentes tienen derecho a expresarse políticamente y repudiamos esta decisión”. Asimismo declara que no pueden dejar de reconocer que cuando surgió el 0800 se dio el debate con la aparición de un fuerte movimiento estudiantil con tomas de escuelas que defendían los derechos que estaban siendo atacados por el Gobierno.
A dos meses de su reapertura y pese a no conseguir respuestas de Agustín Bavio, vocero del ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, el Gobierno porteño lo describe como un “canal abierto a las comunidades educativas”. Gran parte de esa comunidad espera que dentro de la escuela se cumpla el derecho humano de la libertad de expresión. Como lo manifiesta el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
May 5, 2015 | destacadas
El Movimiento por laley nacional de danza se propone dignificar a la actividad, que sus trabajadores tengan derechos y a que sea fomentada por el Gobierno Nacional. Así lo sostiene María Noel Sbodio, actual coordinadora del movimiento: “El proyecto de ley nacional de danza surge más o menos en el año 2008, cuando se convocó a una reunión a la comunidad afín. Hacía rato que se venía hablando sobre esta ley, pero nadie tomaba la iniciativa. El teatro y el cine ya tienen su regulación, pero la danza siempre está relegada. Es algo difícil, porque hay muchos géneros y tipos de danza. Nosotros tratamos de instalar la idea de que todos somos trabajadores de la danza y eso nos unifica, todos tenemos que pelear por lo mismo, sin importar a qué se dedica cada uno en el movimiento”.
El pasado 29 de abril, Día mundial de la danza, se realizó en la Facultad de Derecho el Foro Argentino de Danza. Sbodio cuenta que este evento “nació para seguir pidiendo que se aplique el proyecto. Queremos fomentar la idea de que necesitamos estructurar el sector. Intentamos que cada provincia logre su propio foro, que haya representantes en todas las provincias”. El 29 de abril, pero del año pasado, se presentó el proyecto de ley en el Congreso, junto con las 10 mil firmas de personas cercanas a la danza que lo acompañaron.
Actualmente, comentó Sbodio, “el proyecto está en el Senado, en la comisión de Comunicación y Cultura, sin ser tratada por el momento”. “Para que el proyecto se lleve a cabo, tiene que tomarlo un legislador, pero nosotros no queremos que se lo apropien, sino que se mantenga la neutralidad partidaria”, añadió.
“No me voy de joda, me voy a bailar. Me rompo los pies, el alma y el cuerpo. Hay un montón de cosas que implican que no es un divertimento, es un laburo y un disfrute. ¿Por qué el laburo no se ve como un disfrute? Y ¿Por qué el disfrute no se ve como un laburo? Están mal los conceptos a nivel social”, se pregunta Natalia O’Connor , profesora nacional de danzas y artista. “El hecho de bailar constantemente sin regulación está naturalizado, para muchos estás de joda, la mayoría entiende que el arte es un hobbie, un placer y no un trabajo. Como tomarte un café, y leer un libro”. Agregó. Al día de hoy, no existe ninguna ley que ampare a los trabajadores. “A vos te hacen un contrato que no está regulado, no hay una ley que me respalde si a mí me pasa algo”, contó O’Connor.
Para Sbodio existe una necesidad: “Que el Estado reconozca a la danza como una actividad a fomentar y al mismo tiempo crear un Instituto Federal de Danza. Justamente, la ley de fomento lo que brinda es el status del trabajador a todos los bailarines, coreógrafos y afines. Lo que no logró la danza hasta ahora fue esa organización y el debate, un tema de unificar todo en un solo sindicato”.
Como primer paso, el movimiento que coordina Noel Sbodio se plantea crear una ley de fomento y como segundo, crear una laboral y así el sindicato de trabajadores de la danza. “Desde el principio, nos preguntamos si queríamos una ley de fomento o una ley laboral. Elegimos empezar por la primera, y lo laboral viene ahora donde planteamos crear un sindicato de trabajadores de la danza”, agregó Noel. Según los datos del movimiento que impulsa la ley, existen en nuestro país más de 15 mil trabajadores que entrarían dentro de esta regulación. Ninguno de ellos cuenta con obra social, vacaciones ni ART. En su experiencia, O’Connor recuerda: “Tuve muchísimos yesos y cuando me pasaba algo tenía que usar la obra social de mis padres”. Y agrega: “Como profesora nacional de danzas, al no estar regulado nuestro trabajo, aunque estés enfermo o tengas algún problema, vas igual a trabajar, y así se te pueden ir los alumnos para otro lado”.
En cuanto a la trayectoria que un bailarín promedio puede lograr, con estas condiciones laborales, Natalia O’Connor afirma que “en el momento que se instale la ley, vamos a estar un poco mejor todos, tantos los empleados como los empleadores, podremos defendernos y entrar al circuito del trabajo corriente, yo con 40 años ya tengo que buscar otra forma de vivir, nadie me reconoce todos los años de trabajo, no tengo jubilación”, añadió. “Está la idea de que el arte es para unos pocos, y en realidad el arte es gratis y es para todos. El problema es que el sistema educativo no incluye el arte, por ende no se le da valor. Es como si vos le decís a tu vieja ‘quiero tocar la guitarra todo el día- como dice la canción- y que a gente se enamore de mi voz ‘ . ¿Por qué eso no puede ser tu laburo? La mayoría dice que eso es de vagos pero para tocar la guitarra hace falta un aprendizaje, eso es hacer arte”, reflexionó la profesora de danzas.
May 5, 2015 | inicio
“Generalmente toda organización de presos tenía que ver con un motín, con la sangre y el quilombo. Nosotros llegamos a una forma nueva de organizarnos, un día nos dimos cuenta de que estábamos en mesas de diálogo con jefes de la unidad y del Servicio Penitenciario negociando nuestras condiciones de trabajo. Actualmente, llegamos a una situación de casi pleno empleo en el penal de Devoto y todavía queremos que más personas trabajen”, explica Fabián Manrique, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), el “sindicato de los presos”, una verdadera novedad para universo carcelario argentino. El trabajo en la cárcel implica “que, pese a todo, todavía sos sujeto de derechos. Que estas privado de la libertad, porque hiciste algo, pero que todavía sos un ciudadano y que podes por ejemplo ayudar a tu familia y sentir que estás haciendo algo en este tiempo que estas encerrado”, explica Manrique.
SUTPLA está integrado por 12 comisiones y su sede central se ubica en el espacio físico del Centro Universitario de Devoto (CUD) aunque también tiene delegaciones en Ezeiza, Santa Fe y Tierra del Fuego. La sede está en el CUD porque “ahí nació, en el marco de un proceso colectivo de reflexión y proyección de lo que sería un gremio que proteja a los trabajadores en contexto de encierro”, cuenta Jaime Eduardo García Rivera, Secretario de Extranjería del sindicato.Esta secretaría es una novedad de SUTPLA que contempla las condiciones de aquellos “muchos” extranjeros que están en contexto de encierro alejados de sus hogares y sus familias. “Entre otras cosas, conseguimos que se incluya en el menú un plato típico del lugar de donde proviene el extranjero y el acceso a los canales de televisión de su país”, explica Jaime.
Vista de la cárcel de Devoto.
Manrique cuenta que desde la sanción de la nueva ley de trabajo “empezó a venir un abogado al CUD que con 63 estudiantes logró firmar el acta constitutiva del Sindicato en julio de 2012, apoyado por la CTA que conduce Hugo Yasky. Cuando se creó el Sindicato sólo había 630 trabajadores de una población de 1600, actualmente nos acercamos a los 1400: casi pleno empleo”, dice.
En las últimas elecciones la comisión directiva del SUTPLA fue electa para el período 2014/2018 con Roberto Fabián Manrique como Secretario general y Cristian Reyes como secretario adjunto.
Todos los días hábiles, un equipo del sindicato, en el que casi siempre está Fabián, recorre un módulo por día para escuchar a los entre 70 y 80 ocupantes de los cinco pabellones de Devoto y enterarse “si los laburantes tienen trabajo, ante todo, algún reclamo laboral, si están cobrando y si van a poder trabajar”. “La primer defensa que hace el sindicato es el derecho al trabajo, la idea es sacar al laburante el tiempo de tránsito interino para llegar al taller: se ponen muchas trabas para llegar a los talleres. También peleamos para que haya pleno empleo porque eso es lo que más ayuda a la reinserción social. El trabajo dignifica y eso en la cárcel se nota”, subraya.
Un derecho
SUTPLA trabaja como cualquier sindicato ligado a la ley de Asociaciones Sindicales y hace todo con ese basamento legal pero, a diferencia de otros, abarca en sí mismo a todos los rubros de trabajo y es una de las únicas experiencias de asociación sindical en la cárcel.
“Desde el año 2006 y con la ley de trabajo 20.744, el peculio se volvió sueldo. Se implantó que todo trabajador debe tener el Salario Mínimo Vital y Móvil y eso incluye a aquellos en la cárcel”, explica Marique. El trabajo en contexto de encierro se rige por la ley de Ejecución Penal 24.660 que no diferencia las condiciones laborales en la cárcel de las del medio libre. Según aclara García Rivera, trabajar en prisión “es un derecho para el detenido procesado y un derecho/obligación para el detenido condenado. Si el detenido no trabaja, es considerarlo como un muerto civil”.
Según García Rivera, “el trabajo suele ser en talleres internos y externos al cordón de seguridad. Los internos son los talleres de mantenimiento, armado de bolsas, capacitación en mecánica de motos y panadería (la mayoría busca sumarse a este último para poder comer mejor).
Generalmente aquellos con buena conducta y más cercanía a cumplir la condena, suelen estar en los talleres externos al cordón, que incluyen sastrería, carpintería, carpintería metálica, talleres mecánicos, chapa y pintura, detergente y lavandina (que se hace en conjunto con el INTI) y electrotécnica.
Un ejemplo
La Cooperativa Kabrones es un ejemplo de organización laboral que comenzó en contexto de encierro en La Plata, con la ayuda de algunos profesionales de la salud. El emprendimiento trabaja en el rubro textil y da capacitaciones al interior de las cárceles además de realizar sus tareas con gente que ya salió en libertad y busca reinsertarse socialmente. Según Julio César Fuque, presidente de la cooperativa, “nosotros buscamos construir donde antes destruíamos. Dotarnos de herramientas para encarar el afuera porque cuando uno sale lo primero que necesita y le falta es dinero para no volver a caer en la misma.” El emprendimiento se proyectó en un contexto de encierro. Desde 2010 y ya en libertad, Julio y sus compañeros empezaron a buscar insumos para poner en práctica la cooperativa de trabajo. “El laburante que sale del encierro, tiene un sentido del trabajo muy apasionado. Esto se debe a que entiende la importancia de ser trabajador y poder valerte por tus propios medios. Actualmente, vamos a las cárceles para ayudar a más gente a formar cooperativas, ya tenemos más de 400 compañeros recuperados que pudieron reinsertarse socialmente a través del trabajo y 9 cooperativas conformadas en distintos puntos del país”. “El trabajo es la mejor manera de recuperarse y volver a pensar en el futuro”, concluye Julio.
Un taller
Todos los miércoles de 9 a 13, Ana Camarda entra al CUD para dar el “Taller de formación sindical y derechos laborales. Hay decenas de inscriptos pero en total logran asistir unos 15 porque existen muchas trabas burocráticas para el estudio. El taller, que ya transita su tercer año, se armó con la Universidad de Filosofía y letras y “busca apuntalar la formación del sindicato. Poder acompañar el fortalecimiento de los trabajadores para conocer sus obligaciones y defender sus derechos” relata Ana.
Cada semana, los talleristas encuentran un espacio donde discuten su condición de trabajadores porque, más allá del lugar en que se encuentran, “tienen los mismos derechos que cualquier persona al trabajo y a todo derecho humano” reflexiona.
