El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición que poseen entre el 6 y el 7 por ciento de la población argentina, según la Fundación TDAH. La entidad calcula que en el ciclo primario argentino dos niños en cada grado cursan con este problema. Sin embargo, las escuelas todavía parecen reticentes a trabajar con ellos de manera integrada. A más de una familia que se encuentran en esta situación, los directivos les sugieren pasar a sus hijos a otra institución “que esté más preparada para lidiar con él”. De esta manera, estos chicos pasan de establecimiento en establecimiento sin encontrar una solución para mejorar su rendimiento escolar.
Medicar a niños y niñas como modo de reprogramar conductas consideradas “fallidas” es el camino que eligen algunos médicos, en medio de una red que incluye a psicólogos, maestros y padres. El manual que los orienta es el famoso DSM, un documento concebido en Estados Unidos que se aplica en casi todo el mundo con la fuerza de una ley. El texto define los trastornos mentales y establece una clara separación entre las conductas que se consideran normales y aquellas que que no. La socióloga e investigadora del CONICET Eugenia Bianchi plantea que, a partir de un determinado momento, todo lo anormal empezó a ser interpretado como patológico, y por eso la vía de la medicalización apareció como la “solución” a muchos problemas.
Para el manual DSM todos los problemas de la infancia y la adolescencia (autismo, hiperactividad, falta de atención y de concentración) tienen una raíz biológica o genética. Cualquier conducta que se aleje del patrón “normal” es interpretada en términos de trastorno. La punta del iceberg es el famoso TDAH, que muchas veces es diagnosticado cuando un chico se muestra inquieto o desatento. Lo que este manual no tiene en cuenta son los factores sociales, ambientales, familiares y los contextos en los cuales los niños y niñas crecen y se desarrollan. La psicóloga Gabriela Dueñas es uno de los mayores referentes a nivel nacional en el tema y ha escrito varios libros al respecto. Según ella, “el manual DSM dice explícitamente que a ninguno de estos trastornos hay que buscarle variables de carácter vincular, ligados a la crianza o a lo pedagógico escolar. O sea, padres y maestros: ustedes no tienen nada que ver con los chicos que hoy tenemos, ellos nacieron con deficiencias en los neurotransmisores de origen genético. Esto es muy funcional porque te corre del lugar, te des-involucra, te des-responsabiliza y más bien te pone en el lugar de ser una víctima de lo que te tocó: que te naciera un chico con estas fallas”.
En Argentina, la actual Ley de Salud Mental es el resultado de una larga lucha para ajustar la normativa a una visión más amplia de los conflictos en la infancia y juventud. Lo que se buscaba era no seguir el camino planteado por el DSM. La norma sancionada en 2013 se posiciona a nivel mundial como una ley de avanzada.
«El TDAH no tiene ningún marcador bioquímico ni genético», asevera el neurólogo León Benasayag.
¿Existe?
León Benasayag es médico neurólogo de niños y adultos y postula que uno de los trastornos más diagnosticados en la infancia, el TDAH (o déficit de atención), simplemente no existe. “El TDAH no tiene ningún marcador bioquímico ni genético; la prueba de que no existe está en que el diagnóstico se hace con una prueba llamada Test de Conners, donde lo único que se le pregunta al padre es si el niño es inquieto o desatento. Con esa base, lo que se hace es vender anfetaminas. Entonces los padres quedan contentos porque la intranquilidad del chico está originada por una causa genética, y todos los demás factores desaparecen”. Benasayag dice que el déficit de atención, más que un trastorno, “es una entidad que sirvió para justificar diagnósticos falsos, criterios medicamentosos, psicopedagógicos y psicológicos, de una industria que mueve millones de dólares”.
Graciela Del Valle, psicopedagoga desde hace 27 años, coincide con León Benasayag. Ella explica que existen variadas alternativas de tratamiento que no implican fármacos y sugiere: “el síntoma necesita ser interpretado, no acallado. Una buena terapia individual y familiar –desde el punto de vista psicoanalítico- es prioritaria, así como consultar a pediatras que descrean de la medicación, para evitar que esos niños lleguen a convertirse en futuros farmacodependientes”. Por lo pronto Del Valle también propone que los niños con desordenes de atención concurran a escuelas con matrícula reducida, sin alta exigencia académica “que sea inclusiva y tolerante para dialogar con la familia y los profesionales que atiendan al niño con el objetivo de pautar en conjunto horarios, expectativas y estrategias de enseñanza acordes al tratamiento”.
El problema es que, según profesionales que investigan la temática, en la práctica sucede algo muy distinto a los ideales de la ley. Muchas veces se aplica la visión biologicista del DSM. Escuchar a los chicos y chicas y no etiquetarlos con siglas es uno de los objetivos de los opositores al manual. Para ellos, la información genética es un dato más y no como un hecho irreversible. La psicologa Gabriela Dueñas plantea que “tenemos que ser muy prudentes cuando patologizamos conductas en la infancia porque eso puede hacernos creer, erróneamente, que la infancia es algo determinado genéticamente, cuando sobran evidencias científicas, incluso desde el campo de las neurociencias y de la genética, de que la niñez es pura construcción y pura posibilidad”.
Siguiendo los pasos del manual, los chicos terminan etiquetados. Dueñas dice que “entonces para tenerlo en la escuela común, se requiere de un certificado de discapacidad, un acompañante terapéutico, una maestra integradora. Todo esto hace que el niño termine señalado como “el enfermo” o “el discapacitado”. Hay un dato interesante sobre el aumento de solicitudes de certificados de discapacidad mental en niños en los últimos años por trastornos mentales. La fuente es en base al registro nacional de personas con discapacidad. Por ejemplo, en la franja etaria de chicos de 5 a 9 años, en el año 2009 se solicitaron 25 certificados de discapacidad mental; en el 2010 la cifra subió a 2.234 solicitudes; en el 2011 se solicitaron 4.381 certificados; en el 2012 fueron 7.469 solicitudes; en el 2013 se solicitaron 10.325; y en el 2014 se tramitaron 12.285 certificados. Si nosotros no advertimos esto y no hacemos algo, dentro de muy poco vamos a tener una sociedad conformada por trastornados mentales. Es una auténtica epidemia y va en aumento, de la mano del aumento de la importación de drogas y la venta de drogas psicoactivas para niños”.
Argentina tiene una Ley de Salud Mental avanzada y, además, participa hace cuatro años de la campaña mundial “STOP DSM”, que se sostiene en España, Portugal, Francia y Brasil, y a la que han suscripto diferentes asociaciones profesionales en el país. Bianchi afirma que “desde un posicionamiento de defensa del derecho a la salud y a la salud mental en los niños, estas asociaciones denuncian que la utilización del DSM para el diagnóstico de las denominadas ‘patologías mentales infantiles’, constituye, además de una violación a la Ley Nacional de Salud Mental, una contravención a la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.
¿Quién se hace cargo?
Por su parte, los niños TDAH tampoco reciben respuestas de las obras sociales, dado que no cuenta con cobertura para todos los casos. Esta situación dificulta la continuidad de los tratamientos, que generalmente implica gabinete psicológico-psicopedagógico, maestras integradoras, consultas neurológicas, terapia familiar y en algunos casos medicación. En 2014, los diputados Julio Martínez y Héctor Olivares presentaron un proyecto de ley en el Congreso Nacional para asegurar la gratuidad de los tratamientos por TDAH pero un año después aún no se ha trabajado ni siquiera en comisiones.
Hace cuatro años se sancionó en Mendoza la ley que crea el Programa Provincial de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Esta ley fue tomada como modelo para el proyecto impulsado por los diputados Martínez y Olivares, que propone un plan de acción nacional basado en la promoción, detección precoz y tratamiento con el objetivo de mejorar el rendimiento de los chicos en el aula y “garantizar al niño TDAH el acceso a una educación acorde con sus capacidades y habilidades, que le permita insertarse en su medio social y desarrollar sus potencialidades cognitivas”. Esto implica, tal como lo detalla el documento, que se inscriba al tratamiento del TDAH dentro de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) para obras sociales y empresas de medicina prepaga de nuestro país. De esta manera se garantizaría la cobertura a estos niños y sus familias.
Lo cierto es que en la actualidad los padres de niños TDAH no solo deben luchar contra las instituciones educativas que son reticentes a recibir a sus hijos, sino también enfrentarse a las obras sociales que evaden la responsabilidad de cobertura de estos tratamientos. Al respecto, el diputado Martínez aclara: “El espíritu del proyecto es que se incluyan todos los tratamientos disponibles al momento en que se sancione la ley y que el Ministerio de Salud pueda ir reglamentando cuales se incorporarán al Programa Médico Obligatorio, lo cual siempre involucra un proceso de negociación con las obras sociales y prepagas”.
Graciela Bartomeo, psicopedagoga que dirige la Fundación TDAH, indica que no todos los diagnósticos de déficit de atención tienen como tratamiento la medicación. Afirma que existen otras alternativas basadas en tratamientos “multimodales”, donde se integra un médico clínico, consultas neurológicas, gabinete psicopedagógico y psicológico así como herramientas de focalización del niño tanto en la escuela como en el hogar: “Son tratamientos largos y si los padres no tienen la posibilidad de que alguien les dé una mano con los costos, finalmente se abandonan”, aclara.
Bartomeo opina que esta inacción se debe a que el problema en los niños no es visible: por ejemplo se procura que los niños con síndrome de Down, problemas motrices o hipoacúsicos no asistan a escuelas especiales sino que sean integrados a las aulas normales, “pero al no tener síntomas físicos evidentes, el alumno con TDAH cursa como un maleducado, un caprichoso o un vago y no se lo toma como alguien con un trastorno”.
Según la psicopedagoga,“los niños con déficit de atención deben cursar en escuelas normales ya que este trastorno no es considerado una discapacidad”. Las características de este trastorno son muy diversas, en términos generales se trata de un problema neurobiológico innato y con una carga genética importante, persistente a lo largo de la vida. EL TDAH afecta en el rendimiento escolar debido a la corta capacidad de atención de los chicos que, a su vez, manifiestan escaso control de los impulsos, baja autoestima y dificultades de adaptación.
«Al no tener síntomas físicos evidentes, el alumno con TDAH cursa como un maleducado, un caprichoso o un vago y no se lo toma como alguien con un trastorno”, expresa la responsable de la Fundación TDAH.
Dos chicos por aula
La Fundación estima que en cada aula de escuela primaria hay por lo menos dos niños que presentan esta condición, advierte, además, que por desconocimiento de las autoridades escolares, los niños con TDAH son estigmatizados como alumnos caprichosos. En verdad, por la patología enfrentan diariamente dificultades para mantener la concentración, son desorganizados, se distraen fácilmente, olvidan las cosas y suelen tener baja tolerancia a la frustración.
Liliana Schre y Mario Benítez son los padres de Juan Gabriel, de 7 años, quien fue diagnosticado con TDAH y desde ese momento asumieron la tarea de buscar el tratamiento adecuado. La madre comenta que por falta de información institucional las escuelas no tienen conocimiento acerca de este trastorno: “Las maestras no están capacitadas para tratar con chicos como Juan, no saben cómo lidiar con ellos, lo único que quieren es sacárselo de encima”. Pese a seguir un tratamiento, Juan y otros niños se ven obligados a responder a las expectativas académicas sin tomar en cuenta las dificultades que conlleva este trastorno. Los maestros -agrega- suelen sugerirles a los padres proceder con más límites en la casa, más atención a las tareas y mayor exigencia en la conducta, cuando en realidad se necesita un tratamiento que combine estrategias diferenciales en el aula y contención psicológica, además de la obvia tarea de guiar y contener al niño en el ámbito familiar. Para la especialista, elevar la exigencia no resulta bueno para estos niños y termina por perjudicarlos: “Se debe trabajar en conjunto pero hay que resolver lo que es de la casa en la casa y lo que es de la escuela en la escuela”, subraya Schre.
En términos generales, los desórdenes de atención comienzan a hacerse evidentes en la edad escolar. Según Bartomeo, “la gran mayoría de las consultas que se reciben en la Fundación son por sugerencia de la escuela”. No obstante, las autoridades escolares parecen no tener información suficiente sobre el TDAH que permita garantizar a estos niños una educación integrada, ya que hoy no existe en nuestro país una ley nacional que establezca cómo debe brindarse este tratamiento ni tampoco qué medidas debe tomar el sistema educativo para poder trabajar con ellos.
Los padres que consultan sobre TDAH se encuentran con muchas contradicciones tanto en el tratamiento como el diagnóstico. Pareciera que según quien evalúe al niño los pronósticos varían y las familias quedan presas de diferentes opiniones según el profesional al que concurran. Liliana Schre explica que ya en jardín de infantes las maestras de Juan la citaban constantemente para comentarle situaciones en que el niño no se comportaba: “En salita de 4 su señorita me dijo que lo notaba disperso, que no se quedaba ni cinco minutos sentado en su sillita. Ahí lo llevé al pediatra y éste me derivó con una neuróloga. Ella a partir de unas pocas preguntas y sin mandarle a hacer ningún estudio lo diagnosticó y me dio una orden para consultar un psicólogo”, situación en la que continuó durante seis meses, en lista de espera y con las seis sesiones autorizadas por su obra social, “le bastaron sólo cuatro sesiones al psicólogo para decirme que la neuróloga estaba loca, que Juan no tenía nada y que su comportamiento era una respuesta a la falta de límites, así terminamos el jardín, sin saber nada en concreto”.
Mientras tanto, los niños se escolarizan mal, se frustran, no sociabilizan y son estigmatizados. Los padres se frustran también, pierden las esperanzas y obtienen como única solución cambiar a su hijo de escuela, una y otra vez, rogando encontrarse con una maestra comprensiva y abierta a escuchar las recomendaciones de los profesionales en el tema.
Bartomeo indica cómo puede ser la reacción de los padres al saber que tienen un hijo TDAH: “Hay algunos padres que no le dan importancia al diagnóstico pero la gran mayoría primero se asustan y no entienden, pero finalmente te dicen con alivio: ‘¡Por fin sabemos que tiene!´ Porque no hay nada peor que no saber qué le pasa, verlo sufrir y no poder ayudarlo”.
Liliana Schre y Mario Benítez pasaron por momentos como este: Juan Gabriel toma medicación hace poco pero también el tratamiento se compone de maestra integradora, reducción de horario escolar, psicólogo y, por supuesto, trabajo y contención en la casa. Pese a todo, los papás de Juan comentan que desde afuera sólo salta a la vista el tema de la medicación y resulta complicado explicar a quien no convive con un niño TDAH lo arduo que es el día a día: “Es súper difícil, parece pecado darle medicación a un chico. Todos piensan que a nosotros nos encanta medicarlo, me tratan de intolerante, de loca y me acusan de que quiero ver a Juan ‘dopado’. A Juan nada lo tranquiliza, se levanta y se acuesta hiperactivo, hace deporte y sigue igual. A la gente le encanta juzgarnos pero nadie se pone en nuestra situación”.
Ante el vacío institucional y la poca información sobre el tema, Schre decidió hace un tiempo abrir un grupo en Facebook para compartir experiencias con otros papás de niños con TDAH: “TDAH y yo – Argentina”. De esta manera, pueden ayudarse mutuamente en temas cotidianos y tener un respaldo aunque sea virtual a una situación en la que, por un lado, no son escuchados por la instituciones, y por otro, se ven juzgados por gran parte de la sociedad. El tratamiento para personas TDAH es largo y como explica Bartomeo “no existe una cura porque no es una enfermedad, sino que se controla con el tiempo”, y aclara que suele verse a la medicación de los niños como una medida fácil pero en realidad sólo se recomienda en situaciones graves, ya que en casos más leves se apunta que el paciente pueda focalizar y evitar perder su atención mediante diferentes técnicas psicopedagógicas que la maestra y el niño deben pautar en el aula. Esto sumado al seguimiento psicológico y familiar permite “reeducar al paciente y en la gran mayoría de los casos se logra cubrir las falencias naturales”.
El intento por recobrar uno de los siete cines que tuvo La Paternal nació al calor de los movimientos que produjo la crisis del 2001. Durante casi 15 años se han presentado cuatro proyectos de ley en la Legislatura porteña sin que ninguno alcanzara a concretar su meta: reabrir el espacio que funcionó desde 1920 a 1969 y por donde pasaron artistas de la talla de Carlos Gardel, Luis Sandrini, Tita Merello y las hermanas Legrand. En todo este tiempo cambiaron las personas que llevan adelante la pelea y los partidos políticos que la han apoyado, pero el reclamo continúa.
La presentación más reciente en la sede parlamentaria fue realizada a principios de 2015 por Norberto Zanzi, referente de la ONG Grupo Taricco. El proyecto contempla declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Av. San Martín 2377. En términos financieros, el Gobierno porteño sólo se comprometería a adquirir el edificio de 938 metros cuadrados, tasado en un millón de dólares, mientras que la puesta en valor y los gastos corrientes de administración correrían por cuenta de la asociación vecinal. “El gasto para el Gobierno porteño es insignificante. Para hacer las florerías en Chacarita gastaron un millón y medio de pesos. Los beneficios sociales de cada obra son incomparables entre sí. Nuestro pedido es más bien una inversión”, indicó Zanzi a ANCCOM.
La programación del recuperado Cine-Teatro sería decidida por una junta honoraria compuesta por un representante del gobierno porteño, uno de la Legislatura, uno de la Comuna 15, tres del Grupo Taricco y cinco de asociaciones del barrio (cooperadoras escolares, medios de comunicación, centros culturales o religiosos, clubes deportivos y asociaciones de comercio). Zanzi admite que no cuentan con los recursos monetarios para afrontar la recuperación. Por eso reconoce que a futuro están abiertos a negociar una explotación temporal compartida con privados. “Lo que descartamos es una compra total, como en el caso del Gran Rivadavia, o que intervenga completamente un organismo estatal, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) o el Cultural San Martín porteño, que administra el Complejo 25 de Mayo. De cualquiera de las dos formas los vecinos no podríamos participar”, adelanta.
Los reclamos por la re-apertura del cine Taricco llevan quince años. La más reciente fue a principio del 2015 y fue presentada por el referente de la ONG Grupo Taricco.
El expediente 933-P-2015 ingresó el 6 de mayo de a la Comisión de Cultura. El PRO cuenta allí con 7 de los 13 integrantes y con la presidencia, a cargo de Lía Rueda. A pesar de que reglamentariamente sus diputados deben reunirse dos veces por mes, apenas lo han hecho en dos oportunidades en todo el año. El martes 1º de septiembre sus asesores acordaron en pedir un informe actualizado del estado del edificio que desde la década de 1990 está abandonado y tapiado.
En 2012, dos arquitectos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ya habían realizado una inspección técnica. La resolución N° 513 concluyó que resultaba factible reutilizar el lugar para actividades culturales y puso en conocimiento de ello al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, al de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y a la propia Lía Rueda, ya presidenta de la Comisión de Cultura. Tiempo después, la cartera de Cultura realizó una inspección por su cuenta que llegó a conclusiones similares.
El proyecto cuenta con la adhesión de legisladores de todos los bloques, excepto el PRO. El diputado macrista Oscar Moscariello indicó a ANCCOM que su bancada no había podido saldar aún el debate.
Cuando más cerca se estuvo de lograr el objetivo fue en 2005. De hecho, se aprobó en la Legislatura y se promulgó la Ley N° 1837, que establecía la expropiación del predio y tenía un plazo de tres años para ejecutarse. Sin embargo, la medida quedó sin efecto: ninguno de los tres Jefes de Gobierno que hubo desde entonces -Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri- llevó adelante la medida.
Fue necesario realizar un nuevo agrupamiento, con otras personas, y recién en 2011 los vecinos interesados lograron presentar otra vez el proyecto. En 2013 fue aprobado en la comisión de Cultura y pasó a la de Presupuesto y Hacienda. Pero como la composición de la cámara cambió en diciembre, luego de las elecciones, por reglamento regresó a la comisión de origen, donde no prosperó.
Mientras tanto, los miembros del Grupo Taricco se mueven en el barrio. Realizaron cuarenta actividades en la calle, con talleres de tango, teatro, folklore, murgas, y contaron con el apoyo del trompetista José Piazza, del periodista Osvaldo Bayer, de la banda Los Parraleños y del cantante Pablo Ruiz. Además, un muralista estadounidense realizó una pintura en la fachada: un yaguareté, especie en extinción, como metáfora de la desaparición de los cine-teatro barriales. Los vecinos ya lograron que el gobierno quitara el cartel de “Supercoop”, que databa de la época en la que el sitio se había convertido en la sede de un supermercado.
Flamante
La lucha por la reapertura del Cine Gran Cuyo es más reciente. Comenzó en junio de 2014 y es impulsada por instituciones del barrio de Boedo, encabezadas por la Asociación Todos por la Plaza de Boedo y por el Club Cultural La Minga. Sus integrantes comprobaron que el edificio se encuentra en perfectas condiciones y en agosto de 2015 empezaron a recolectar firmas para respaldar la iniciativa.
Se han iniciado conversaciones con el Estado Nacional para la recuperación del cine Gran Cuyo.
A diferencia del Taricco, se han iniciado conversaciones de manera directa con el Estado Nacional. Ariel Direse, coordinador del Programa de Digitalización de Salas Cinematográficas del INCAA, confirmó el interés del instituto para ponerse a cargo del rescate de la sala ubicada en Boedo 848 -donde hoy funciona una iglesia evangélica- y darle un uso similar al espacio Gaumont. De todos modos, reconoció que el proyecto recién se encuentra en estado embrionario y que otros funcionarios del gobierno nacional evalúan el modo en que se harán del lugar.
Otra arista que favorece la cruzada es que los vecinos lograron contactar a los dueños del predio, quienes aceptaron recibir una propuesta estatal. Según comentó Patricia Roselló, miembro de la Asociación Todos por la Plaza de Boedo, las partes están negociando. En este sentido, las áreas que han acogido la inquietud son la Subsecretaría de Promoción de Derechos Culturales y Participación Popular, dependiente del Ministerio de Cultura, y la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil, bajo la órbita de Presidencia de la Nación.
Hoy funciona una iglesia evangélica en el sitio del cine Gran Cuyo, que cerró sus puertas en 1992.
Inaugurado en noviembre de 1945, el Gran Cuyo fue parte del programa de estrenos simultáneos con las salas del Centro de la ciudad hasta que en mayo de 1992 cerró sus puertas. Desde 1916, el barrio contó con más de diez salas, entre las que se pueden mencionar los cines Los Andes, Alegría, Mitre y Nilo, entre otros.
Las luchas por el Taricco y el Gran Cuyo tienen aún camino por recorrer y su destino es incierto. Cuentan con la inspiración de varios casos exitosos en los últimos años: El Progreso, en Lugano; el Cine-Teatro 25 de Mayo, de Villa Urquiza; el Cine El Plata, en Mataderos; y el Gran Rivadavia, de Floresta. También hay otros barrios que llevan adelante su reclamo por la reapertura del Cine Teatro Urquiza, en Parque Patricios, y el Cine Aconcagua, en Devoto. Un dato que merece ser tenido en cuenta es que en el primer semestre de 2015 se vendieron 25 millones de entradas en las salas argentinas. De mantenerse la tendencia, el total anual superaría a las 47 millones de tickets registrados en 2013 e incluso podría acercarse a las 55 millones de 1986, récord de las últimas tres décadas.
Médicos, trabajadores y padres de chicos internados denunciaron reducciones escalonadas en las partidas destinadas al Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales ponen en riesgo la actividad diaria, la adquisición de insumos y tecnología, y el avance de obras edilicias cuya finalización estaba prevista para mediados de octubre. En los últimos 18 meses se ha registrado una baja de 453 millones de pesos en los aportes de la Ciudad, aseguran las fuentes consultadas. ANCCOM investigó el estado actual del conflicto a través del testimonio de sus principales protagonistas.
Horacio García Cairone, miembro de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), resumió el accionar de la gestión de Mauricio Macri en el último tiempo: “A partir de 2014 se hizo un recorte para el funcionamiento operativo en 113 millones de pesos. Ya para este 2015 volvió a recortar 226 millones más, y a esto se agrega lo destinado para el aumento salarial que era de 158 millones, cuando se elevó el 27 de agosto para ser votado en Legislatura porteña, y se lo borró aprobando solamente 44 millones”.
El jefe de área de Terapia Intensiva del Garrahan, Aldo Haimovich.
Este último monto que no fue aprobado corresponde a la paritaria salarial homologada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para Liliana Ongaro, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, el conflicto actual es inédito y tiene su génesis tiempo atrás: “Ya desde 2009 había recortes sistemáticamente de parte del Gobierno de Macri. Y nunca se llegó a completar los 450 millones de pesos que adeuda”.
Agotadas las instancias de reclamo frente a los funcionarios metropolitanos correspondientes (que incluyen a los responsables del Ministerio de Salud, de la Comisión y Presupuesto de Hacienda de la Legislatura y de la Jefatura de Gabinete porteña) se decidió visibilizar el conflicto. Fue así que el lunes 14 la comunidad hospitalaria informó sobre la delicada circunstancia en la explanada de Combate de los Pozos 1881. Días después, el jueves 17, se produjo una medida de fuerza “a la japonesa”, como la definió Cairone, sin paro de actividades, “porque tomar medidas de fuerza es lo peor que se le puede hacer a los pacientes. Pero no vamos a dejar de luchar por lo que creemos justo”.
Que se ocupe el otro
El Garrahan constituye un ente autárquico y de administración bipartita que depende financieramente de los recursos de Nación y Ciudad, a partes iguales, según dictamina el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 815 de 1989. La presidenta de la Asociación Civil de Profesionales del Hospital Garrahan, Esther Cáceres, indicó que el Gobierno Nacional se hizo cargo en distintos momentos del faltante para compensar el déficit. Pero en esta ocasión manifestó cierta incertidumbre: “No sé si esto va a volver a ocurrir este año”.
De acuerdo a datos revelados por Adriano Jaichenco, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, en 2009, mientras el Gobierno nacional contribuyó con 241 millones, el de Macri giró 215 millones, lo que implica un 12% de diferencia, tendencia que se incrementó año tras año. En 2014 el Ministerio de Salud nacional aportó 903 millones contra los 776 millones del Ejecutivo porteño, lo que supuso un 16% menos de aportes por parte de la gestión del PRO. Y en caso de que en esta oportunidad Nación vuelva a hacerse cargo del restante para que funcione un hospital como el Garrahan, de alta complejidad y costo, en 2015 desembolsaría un aporte de 1.165 millones (24% más) que contrastaría con los 939 millones que destinará el Gobierno de Macri.
Por su parte, autoridades porteñas negaron públicamente el posible estado crítico del Hospital. Graciela Reybaud, ministra de Salud, declaró que la partida asignada al Garrahan es igual que la de los hospitales Gutiérrez y Elizalde. Cáceres contestó afirmando que no se puede poner en un plano de paridad a los tres hospitales por las diferencias funcionales que existen: “En primer lugar, el salario del Garrahan sale del presupuesto; en cambio, los hospitales municipales tienen una gestión centralizada que cubre los salarios. Por otro lado, el Garrahan realiza procedimientos de altísima complejidad, como son los trasplantes cardíaco y pulmonar”, señaló. En tanto, Cairone agregó: “Negar la realidad de algo que es absolutamente contrastable con la documentación de los fondos enviados habla de una negación total de la decisión política que ellos mismos tomaron”.
El dinero faltante impacta no sólo en las obligaciones con los niños sino también en las previsiones del Garrahan. Según palabras de Cairone, en octubre los directivos deseaban inaugurar una nueva sala del Hospital de Día Clínico-Oncológico, construcción que fue posible gracias al aporte de donaciones privadas y la cual implica una ampliación de 750 a 7200 metros cuadrados. El nuevo edificio incluye 47 camas, de las cuales 14 están destinadas a pacientes que requieran trasplante de médula ósea, costoso tratamiento que sólo se hace en el exterior, principalmente en China. Pero esta área permanecerá cerrada porque implica agregar a la estructura los recursos humanos, la tecnología y los insumos necesarios para su funcionamiento. La remodelación de quirófanos, la incorporación de angiógrafos y la expansión de la farmacia hospitalaria, además de la imposibilidad de pago salarial, son otras de las tantas expectativas que quedarán truncas ante el recorte presupuestario.
En 2014, el Hospital recibió 533.902 consultas externas, que representan un 9,55% de incremento respecto del año 2012. En contraste con los 18 mil egresos de los hospitales Gutiérrez y Elizalde, el Garrahan promueve más de 25 mil. Apenas el 2% de las camas no están ocupadas. Realiza 16 mil terapias de radiación para pacientes con cáncer y 4.000 estudios de biología molecular. Además, capacita profesionales y promueve el desarrollo científico. Para completar, Ongaro, que trabaja en la preparación psicológica de niños que van a ser intervenidos, señaló que allí se realizaron el año pasado unas 1.200 anestesias, 1.000 cirugías y 170 trasplantes por mes a chicos de toda la Argentina y de países limítrofes.
Abrazo hospitalario
La reunión de los consejeros del Hospital con la Ministra de Salud y funcionarios de Hacienda dejó más dudas que resoluciones de fondo. Jaichenco dijo: “Reybaud se comprometió a pagar los salarios, pero no mucho más que eso. Tampoco se sabe de dónde van a provenir los fondos. Además, esto no resuelve la deuda de los 453 millones ni da garantía para el normal funcionamiento del Hospital”. Y resaltó que “no defender este modelo es no saber cuál debe ser el verdadero rol del Estado y de los derechos públicos”. En la mañana del miércoles los trabajadores realizaron en la explanada del Hospital un abrazo «en defensa del Garrahan», con el objetivo de continuar con la visualización del conflicto.
Denuncias y castigos
Aunque todo el Garrahan acuerda en mancomunar fuerzas a fin de resolver la deuda de la Ciudad, el conflicto es contemporáneo con otro de persecución sindical. La enfermera Elizabeth Ríos, quien cumplía funciones en la Guardia hace 23 años, fue despedida el 13 de julio pasado. Tras los descargos correspondientes y, sobre todo, las muestras de apoyo de la Asociación de Profesionales y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital del 7 de agosto, Ríos fue reincorporada el jueves 17 de setiembre pero sólo temporariamente hasta fin de año.
Ríos había denunciado maltratos y falta de humanismo por parte de los superiores y las autoridades: “Me afectaba ver a los pacientes internados en el pasillo de la Guardia, verlos a todos hacinados, cada vez que tenía que reanimarlos. Elevábamos notas a los jefes inmediatos de Emergencia y a los consejeros, que son cuatro directores del Hospital, y después hacíamos denuncias a organismos por fuera del hospital”, remarcó.
Ongaro, por su parte, manifestó malestar por el accionar del Consejo Directivo del Hospital, integrado por Marcelo Scopinaro, Cristina Giménez, Rubén Nieto y Oscar Trotta: “La compañera lo que ha hecho fue denunciar las condiciones de los pacientes que no son las adecuadas. Elizabeth se ha negado a que esta situación sea así. Y esto ha generado que le pusieran ausentes que no eran ausentes, no le hayan reconocido certificados médicos ni días en los que ella ha estado en concursos como veedora de nuestra Asociación. Esta persecución proviene de las autoridades del Hospital”, afirmó. Y agregó que a Ríos no se le hizo sumario previo, ni tampoco se le avisó de sus supuestas inasistencias.
Finalmente la enfermera fue reasignada en una nueva área sin previa capacitación, tal como marca el reglamento del Hospital: “Me cambiaron de sector, a la sala de Internación, y estoy bajo control permanente. Para estar con un paciente se requiere conocer su patología y ya he informado a mi superior de la capacitación que necesito para esta nueva área, porque no conozco y no quisiera perjudicar, como nunca lo he hecho, a ningún paciente. Por eso me ayuda y guía una compañera”, indicó Ríos.
Según declaró ella, quien integró la Subcomisión de Maltrato Laboral, la persecución continúa: “El pasaje de una sector a otro es capricho de la supervisora Alejandra Martínez y la jefa de Enfermería Graciela Reinoso”.
Su suerte se decidirá a fin de año, cuando el Consejo mueva el pulgar señalando su destino. Y pese al obvio interés por no perder de nuevo su fuente de trabajo, dijo que no dejará de denunciar toda vez que vea injusticias de trabajo y maltrato para los niños del Garrahan.
El domingo 13 de septiembre sacudió a San Juan con una noticia alarmante: los trabajadores de la mina Veladero de la Barrick Gold avisaban sobre la rotura de una cañería de lixiviación, la cual había causado un derrame de cianuro en los ríos cercanos a las localidades de Jáchal e Iglesia.
La respuesta del pueblo resultó inmediata. Miles fueron las personas que salieron a las calles a exigir respuestas a funcionarios públicos, quienes si bien desde un principio negaron una posible contaminación, aconsejaron limitar el uso de agua de red. Un informe detallado de la multinacional confirmaba que en el incidente, que tardó casi dos horas en contenerse, se filtraron 225 mil litros de desechos, generando un peligro real en la potabilidad del agua.
En el día de ayer la Barrick Gold sacó un comunicado donde admite que la fuga «la investigación de Barrick permitió determinar que la fuga de la solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas (denominado Canal Norte), que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia. Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando. Esto permitió el paso de la solución hacia el Río Potrerillos».
La mina fue instalada en 2005 y funciona desde entonces con enormes consecuencias ambientales. El derrame impacta pero lo sucedido no sorprende: “Años anteriores ha habido rumores de otras filtraciones pero no han tenido esta trascendencia. Esto ha sido gravísimo”, comenta Marisa Breit de la Asamblea Rural de Jáchal en exclusiva para ANCCOM. “En el momento en que se instala una minera de esta envergadura está latente todo el tiempo la idea de que algo puede pasar. Ninguno de este tipo de emprendimientos tiene la capacidad de generar algo que no sea contaminante. Los tamaños en que producen son monstruosos y los diques de cola que existen ahí son kilométricos. Es decir que hay kilómetros de desechos tóxicos que en algún momento se rompen o salen por algún lado. Por eso el miedo”, explica.
Fotos: La Vaca.org
La cronología suma hechos minuto a minuto. La magnitud del “accidente”, las constantes movilizaciones de los vecinos y las denuncias de abogados ambientalistas contra la empresa y funcionarios nacionales y provinciales llevaron a que la Justicia ordenara a Barrick Gold a abastecer con bidones de agua a las familias de las zonas afectadas. Luego llegó la inmediata suspensión de actividades en la mina, ubicada a 350 km de la capital provincial, por un periodo de cinco días, dictamen extendido por el juez Pablo Oritja hasta el próximo 22 de octubre. El magistrado busca determinar si se trató de un delito, así como identificar a los responsables del presunto atentado contra la salud pública.
Ante esto, la multinacional declaró que “ha iniciado un proceso de investigación interna para determinar las causas y los responsables, de existir, de este incidente, las que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública”. Días después, separó a los gerentes de sus cargos. En breve deberán declarar ante la justicia sobre las fallas en el procedimiento.
Mientras tanto, desde la provincia se optó por realizar un monitoreo de los nueve ríos ubicados en el área de influencia, que –según informaron las autoridades locales- arrojó resultados negativos. Pero el informe no calmó a los habitantes, quienes se declararon en estado de Emergencia Ambiental y Social y denunciaron la existencia de complicidad entre el gobernador Gioja y la empresa, tal como manifiesta en su comunicado oficial la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo: “Hoy, a más de diez años del inicio del mayor proyecto megaminero en la provincia de San Juan, se está avizorando el desenlace de un trágico final anunciado, donde los casos de contaminación son tan evidentes que ni gobierno, ni empresa pueden ocultarlo”, expresan e identifican a “la figura del primer mandatario gobernador José Luis Gioja” como uno de los principales responsables políticos del acontecimiento “por ser el principal socio comercial de Barrick Gold, por ser durante los ‘90 el principal lobbista de las multinacionales dentro de la Cámara de Diputados para que se apruebe la ley de inversiones minerales y por permitir el inicio de los proyectos megamineros sin contar con la licencia social”, sentencian.
Los vecinos denuncian que ni las autoridades provinciales ni las municipales ofrecieron respuestas concretas. “Lo que nosotros decimos como colectivo organizado es que no queremos ningún tipo de minería, ni nacional ni extranjera. Ya hubo levantamientos en todo el pueblo, casi siete mil personas en las calles. No queremos vivir más con esta angustia”, implora Breit.
En el conflicto, además, ya intervino la ONU quien –a través de su Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- realiza desde el sábado distintos controles de los ríos afectados. El organismo se comprometió a informar los resultados tanto al gobierno provincial como a la población. En su comunicado, el organismo advirtió que “si los resultados obtenidos fueran indicativos de riesgo conforme las normas técnicas, dicha información será reportada a las autoridades inmediatamente en aplicación del principio precautorio”.
Pero nadie aún está tranquilo. La información es acotada y el descreimiento crece: “Denunciamos la censura mediática y el rol de complicidad de los medios hegemónicos de comunicación para ocultar sistemáticamente información sobre el impacto ambiental que genera la megaminería a gran escala, a cielo abierto y con sustancias tóxicas”, escribe la Asamblea Sanjuanina. Y Breit agrega: “Los análisis pueden haber dado cero pero el problema es que el cianuro genera desprendimientos de los metales pesados y no tenemos ningún análisis de eso, de cuantos metales pesados tenemos en el agua y tal vez los tenemos hace rato”.
De conjunto, las organizaciones preparan su próximo paso: “Seguimos en asamblea permanente, nos juntamos todos los días en la plaza principal. El viernes que viene haremos una gran movilización a la ciudad de San Juan e invitamos a todos los que se quieran sumar. Hemos recibido apoyo de Mendoza, de Famatina, de La Rioja. Estamos en una lucha colectiva con mucha más gente. Queremos que la Barrick se vaya pero que nos garantice un saneamiento ambiental”, cierra.
“No creemos que haya antecedentes de una muestra de fotografía latinoamericana de esta magnitud y con este nivel en Buenos Aires, y presentarla hoy nos enorgullece”, dijo el fotógrafo Juan Travnik en la inauguración de Aquí nos vemos, la imponente exhibición fotográfica y de artes visuales que reúne obras de más de sesenta autores latinoamericanos reconocidos a nivel regional y mundial.
Aquí nos vemos – Fotografía en América Latina 2000-2015 se inauguró el sábado en La Gran Lámpara, sala del Centro Cultural Néstor Kirchner, que con esta muestra también se estrenó ese día. Entre los expositores invitados se destacaban, en la apertura, las presencias de la mexicana Graciela Iturbide y del brasileño Miguel Rio Branco, figuras centrales de la fotografía latinoamericana, que presentan aquí algunos de sus trabajos. Del exterior también llegaron, entre otros, el chileno Rodrigo Gómez Rovira y la mexicana Maya Goded, cuyas imágenes coexisten, en las salas, con las de decenas de fotógrafos argentinos, como Carlos Bosch, Helen Zout, Marcos Zimmerman, Guadalupe Miles, Marcelo Brodsky, Esteban Pastorino, Rafael Calviño, Alfredo Srur, Mariela Sancari, Emiliana Miguelez o Marcos López.
Gabriel Díaz, Adriana Lestido y Juan Travnik, los curadores, en la apertura de Aquí nos vemos.
La mayoría de las fotografías están enmarcadas, algunas son de tamaño mediano, otras pequeñas y están dispuestas todas juntas, y las más grandes ocupan paredes enteras. En blanco y negro y a color, los artistas abordan, entre otros temas, escenas de la vida cotidiana, el cuerpo, el dolor, la alegría, la soledad, la desaparición, la destrucción, la muerte. Algunas imágenes tienen una impronta documental muy fuerte ligada a la denuncia social; otras, sin embargo, tienden más hacia la construcción explícita de un mensaje armado con recursos de las artes visuales, pero, no por eso son menos reales y significativas. No obstante, todas las obras tienen en común la reflexión acerca de algo que los autores vivenciaron, vieron, transitaron o imaginaron y que buscan compartir.
La Gran Lámpara cuenta con 900 metros cuadrados y dos pisos. Las obras de los fotógrafos latinoamericanos abarcan toda la sala colgadas en paredes color crema en un ambiente cálido y muy bien iluminado. La exhibición colectiva de fotografías tomadas entre el 2000 y el 2015 fue promovida por el Ministerio de Cultura de la Nación, y está curada por Adriana Lestido, Juan Travnik y Gabriel Díaz. Los tres -fotógrafos argentinos de prolífica, extensa y premiada trayectoria- plantearon la importancia de que las imágenes dialoguen entre sí, y explicaron que ese fue uno de los motivos por lo que incluyeron expositores de distintas generaciones y nacionalidades de la región, además de la necesidad de promover el “abrazo latinoamericano”. Para Travnik el objetivo fundamental de la muestra es “transformar y producir un sentimiento”, es decir, producir una reflexión, un cambio en la mirada de quienes la visitan y recorren.
Una de las primeras fotos que se pueden ver en el segundo piso de La Gran Lámpara es el retrato de Jorge Julio López tomado por Helen Zout. “Retraté a muchísimos sobrevivientes de la dictadura militar y en el año 2000 a Jorge Julio López, seis años antes de que desaparezca en democracia”, contó la autora a ANCCOM.
Se exhiben, también, otras de las fotos de su serie Desapariciones, en la que puede verse un cráneo con un orificio de bala y un escrache a la casa de un represor de la última dictadura argentina.
“La serie Desapariciones es el trabajo más entrañable que tengo de toda mi carrera y esta muestra tiene una selección hecha por curadores de excelencia con un criterio exquisito”, expresó Zout.
Helen Zout y una foto que es un ícono: su retrato de Jorge Julio López.
“Yo soy sobreviviente –señaló Zout-. Aunque no estuve secuestrada, me fueron a buscar en el ‘76 los militares y sobreviví junto a mi ex marido y mi hijo. Yo estaba embarazada. Para mí hacer este trabajo, después de 20 años de silencio traumático, significó encontrarme con una parte de nuestra historia argentina, muy dolorosa. A la vez, este trabajo habla del dolor y de la consecuencia, la constancia y la lucha incansable de los organismos, de los protagonistas de esta búsqueda, que son las víctimas cercanas pero también la sociedad argentina. Para construir un presente y un futuro hay que saber y conocer el pasado y la verdad. Para mí es un orgullo vivir en un país en donde se juzgó a los genocidas”.
Entre los expositores, la joven argentino-mexicana Mariela Sancari presentó la serie Moises (2014), inspirada en la búsqueda de su padre muerto: ella y su hermana gemela no pudieron ver el cuerpo de su papá luego del suicidio y eso las hizo dudar de su muerte durante mucho tiempo. Su fantasía era que se lo podrían encontrar caminando en la calle o sentado en un café.
Sancari contó a ANCCOM cómo fue el proceso creativo de Moisés: “Lo que hice fue poner un aviso en el periódico buscando señores que se parecieran físicamente a mi papá y que tuvieran la edad que hoy tendría él si estuviera vivo”.
Mariela Sancari llegó desde México para presentar la serie Moisés.
“Fue fuertísimo –agregó la autora-. Era como una especie de performance, yo fotografiaba a los que me contactaban y a todos les pagaba un poquito. El casting acabó siendo toda la serie. Me puse instrucciones muy sencillas: monté un estudio callejero, a todos los fotografié de una misma manera, por eso es una tipología, y muchos de ellos están usando un sweater que es el único que conservamos de mi papá, como una especie de zapatito de cenicienta, una cosa así. Entonces las fotos de la serie son muy parecidas y de lo que se trata justamente es de buscar a alguien en la multitud”. La serie es extensa y acaba de ser publicada en un libro.
“Es un honor estar aquí hoy, la mayoría de los colegas con los que estoy exponiendo es gente que admiro y de los que aprendí cuando estudiaba –dijo Sancari-, parada ante su obra, y señaló dos grandes imágenes colgadas en otra de las paredes de la sala-. Estar enfrente de Luis González Palma, que es un referente importantísimo de la fotografía latinoamericana, es como un sueño hecho realidad”.
Cercana a la obra Moisés está la serie Golpes (2008) del fotógrafo argentino Diego Levy. “Nunca antes hubo una muestra de este nivel –dijo -, al menos yo nunca vi algo así en mis 42 años de vida. Siempre la fotografía estuvo reducida a lugares más pequeños y mucho más recurridos sólo por colegas y amantes de la fotografía. Esta muestra pone a la fotografía en un lugar en el que nunca estuvo antes”.
La serie Golpes –de Levy- muestra las marcas en las caras de boxeadores que han tenido centenares de peleas sobre el ring. El autor contó cómo fue el proceso producción: “Resultó muy difícil, porque retraté boxeadores que pelearon hace cuarenta años y están distribuidos por el país. Están como muy olvidados los tipos, los fui encontrando de a poco. Para buscarlos preguntaba a quienes pudieran conocer viejos boxeadores, buscaba en la guía telefónica, llamaba y no era, llamaba a otro. ‘No, es mi tío’, me decían, y a partir de ahí los iba ubicando. La idea surgió cuando yo practicaba boxeo y tenía un entrenador con una cara bastante abollada por los golpes que había recibido; siempre lo quise fotografiar, un día lo hice, y después me propuse fotografiar a otros boxeadores viejos y golpeados. El objetivo de esta serie fue rendir un homenaje a estos luchadores que dejaron todo y con demasiada frecuencia se quedaron sin nada”.
Comunidad Quechua y su autor, el chileno Rodrigo Gómez Rovira.
Rodrigo Gómez Roviracolaboró con la serie Comunidad Quechua y en diálogo con ANCCOM contó cómo logró las imágenes y qué lo inspiró: “Yo viajé muchas veces a Bolivia, soy chileno pero crecí fuera de América Latina, en Francia. Cuando venía de viaje siempre iba a Bolivia, porque consideraba que esa parte andina era uno de los corazones importantes de América Latina. Entonces iba para allá, un poco para tratar de confirmar si yo era de aquí. Establecí una relación con una comunidad quechua a la que vi varias veces y en el último viaje armé esta serie de retratos que hice con una cámara Polaroid positiva y negativa, es decir, yo podía entregarles una foto a ellos y en el mismo instante quedarme con un negativo para después poder archivarlo. Después de un tiempo me di cuenta de que estos retratos, estas miradas de ellas hacia mí y de mí hacia ellas, era una manera de confirmar que también era de aquí”.
En la muestra también puede verse parte de la serie La creciente (2007-2011) del fotógrafo argentino Alejandro Chaskielberg. “Yo exhibo normalmente en festivales afuera: India, Tokio, Australia –dijo -. La fotografía latinoamericana es un boom en todo el mundo porque no se sabe mucho, a diferencia de la norteamericana, asiática o de medio oriente”.
“En esta serie lo que hice es algo que es un poco anacrónico –explicó -. Le dediqué tres años de mi vida a este proyecto, me fui a vivir al Delta durante ese lapso y de alguna manera me hice amigo de esas personas para poder fotografiarlos, porque es una técnica de fotografía nocturna y eso implicó también una determinada confianza para poder ir de noche a diferentes lugares. Lo más particular de esto es que me convertí en un isleño y fui parte de ellos. Estas fotografías que logré son muy difíciles de hacer técnicamente, sumado a que estás trabajando con el medioambiente y con gente que nunca antes se había hecho una foto. Implicó mucha empatía y muchos frentes abiertos para encarar la producción. Si bien parece muy armado, hay un grado de azar que te permite poder hacerla o no. En el camino quedaron un montón de imágenes que no he podido hacer”.
“De las tres imágenes que están exhibidas –señaló el autor a ANCCOM– la del hombre que carga el tronco es la que me parece más anecdótica, porque es la primera foto que le sacaron a este hombre, que es un inmigrante paraguayo, un inmigrante golondrina que venía a trabajar en invierno. Saqué la foto a las 2 de mañana, porque la luna tenía que estar en una determinada posición para lograr este resultado”.
Alejandro Chaskielberg y La creciente, su fabulosa serie de fotos en el Delta, bajo la luz de la luna.
Estos son solo algunos de los talentosos expositores reunidos aquí. Todos tienen historias que contar detrás de las imágenes, cada producción es un trabajo de profunda sensibilidad, absoluta exposición y tiene como finalidad ser compartida con otros. «Aquí nos vemos» es una muestra sin precedentes en Buenos Aires que reúne 68 perspectivas -algunas consagradas y otras a punto de serlo- de una misma región: Latinoamérica.
*Aquí nos vemos puede verse hasta el 15 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner, de jueves a domingos entre las 14 y las 20. Entrada libre y gratuita.
Actualización 23/09/2015
Juan Travnik y Miguel Rio Branco ante el fenomenal políptico del artista brasileño, una de las joyas de la muestra.
