Oct 7, 2015 | destacadas
Audioteca presentó la primera colección de treinta cuentos argentinos interpretados por actores nacionales. El proyecto, que desafía la primacía de la imagen y apuesta por el viejo hábito de la narración oral, fue dirigido por la cineasta Lucrecia Martel y curado por la guionista Graciela Speranza. Desde su sencilla interfaz, devuelve el placer de los cuentos leídos en voz alta a cualquiera que acceda de manera gratuita desde la plataforma online o a través de la aplicación para dispositivos móviles.
A partir de ciertas dificultades en la visión de algunos integrantes de su familia, y ante la escasa disponibilidad de literatura argentina en formato de audiolibros, surgió esta idea que Martel propuso al Ministerio de Cultura de la Nación hace dos años y que luego fue desarrollada por la acción Cultura Accesible a través de la Dirección Nacional de Industrias Culturales. La iniciativa se enmarca en el art. 66 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que predica la accesibilidad a los contenidos culturales.
Speranza explica que para la colección Lugares, que inaugura el proyecto, buscaron una “selección imprevisible”, que se alejara de las antologías de siempre. Para ello, se aventuraron a releer sus bibliotecas y a encontrar cuentos que cumplieran con los criterios elegidos. “Siempre tengo la idea de que las constricciones en el arte ayudan porque permiten que aparezca lo inesperado”, señala Speranza.
La Ministra estuvo acompañada por el secretario de Gestión Cultural, Jorge Espiñeira, la coordinadora de “Audioteca”, Lucrecia Martel, y la curadora de la colección de cuentos, Graciela Speranza.
El recorte final reúne treinta cuentos argentinos contemporáneos, escritos en primera persona y de extensión corta, que invitan al receptor a viajar y habitar distintos lugares durante la escucha. El origen salteño de Martel y su sensibilidad a las distintas hablas se evidencian en el carácter federal del proyecto: la selección incluye textos de escritores consagrados y también de escritores más jóvenes, de todo el país.
A la hora de elegir a los actores narradores, el objetivo de las coordinadoras fue, en palabras de Speranza, “agregar variedad a la variedad”. Martel primero hizo un casting mental, luego realizó pruebas de grabación, algunas de las cuales no funcionaron y la decisión final fue responsabilidad de la cineasta en conjunto con María Onis, quien realizó la producción artística y la edición de sonido. El trabajo sobre la dirección de actores dio como resultado un abanico de riquísimas interpretaciones que, lejos de voces impostadas, permiten renovar la lectura de cuentos tan conocidos por todos como “Final de juego” o “Funes el memorioso”.
En muchos casos, la voz elegida busca generar un contraste o una sensación de extrañeza que sorprenda al oyente. Para dar un ejemplo, Speranza menciona el “efecto increíble” que tiene la entonación cordobesa del actor Maximiliano Gallo sobre el cuento de Patricio Pron (“Como una cabeza enloquecida vaciada de su contenido”), cuyo eje es la mancha de basura del Atlántico. “Una voz mirando al mundo desde arriba con tonada cordobesa me parece que le da un efecto interesante –destaca Speranza-. El cuento de Marcelo Cohen leído por Humberto Tortonese también tiene un efecto curioso, como el de César Aira leído por Fernando Noy”. Lo mismo ocurre con la voz de Cristina Banegas interpretando el misterioso narrador masculino de “La casa de azúcar”, de Silvina Ocampo.
La coordinadora de Audioteca, Martel, acompañada por Graciela Speranza, Cristina Banegas, Luis Ziembrowski, Alejandro Awada, entre otros.
Audioteca promueve la literatura más allá de su propia plataforma al ser una puerta de acceso a la obra de los autores seleccionados. Cada audio está acompañado de las fotografías y las biografías, tanto del actor como del escritor. Éstas últimas fueron cuidadosamente trabajadas por Graciela Speranza para dar indicios de cada poética en particular. En la sección “Extras” los más curiosos podrán encontrar una variedad de contenido para acompañar el audiolibro: fragmentos de otros cuentos, entrevistas, textos inéditos escritos especialmente por cada autor o links que permiten explorar otras facetas de los escritores. En la aplicación móvil, además, se puede explorar un mapa de Google Maps donde está indicado el lugar en el que transcurre la historia; aunque, en muchos casos, se trata de lugares imaginarios.
Con la idea de despertar un hábito de escucha, el equipo coordinado por Martel y Speranza logró abrir un espacio que, esperan, será continuado por próximas colecciones de audiolibros. En definitiva, Audioteca demuestra que las pantallas también pueden acercarnos una propuesta que se rebela contra la vorágine y nos invita a cerrar los ojos para rendirnos ante los encantos de una voz contando una historia. Porque, admitámoslo, ¿a quién no le gusta que le lean un cuento?
Los cuentos de la colección “Lugares” – AUDIOTECA
«As de espada», de Juan Filloy, por Alejandro Awada.
«Asiático», de Federico Falco, por Alberto Ajaka.
«Ay Enrique!», de Elvira Orphee, por Verónica Llinás.
«Bajo cero», de Damián Ríos, por Claudia Cantero.
«Caballo en el salitral», de Antonio Di Benedetto, por Marco Antonio Caponi.
«Como una cabeza enloquecida vaciada de su contenido», de Patricio Pron, por Maximiliano Gallo.
«Diario de un explorador», de Jorge Accame, por Capullo Medina.
«El cerebro musical», de César Aira, por Fernando Noy.
«El diario, de Ana Basualdo, por Stella Galazzi.
«El pianista», de Ricardo Piglia, por Iván Moshner.
«El rescate», de Daniel Moyano, por Norma Argentina.
«Ferrocarriles Argentinos», de Elvio Gandolfo, por Osvaldo Santoro.
«Final de Juego», de Julio Cortázar, por Érica Rivas.
«Funes el memorioso», de Jorge Luis Borges, por Guillermo Arengo.
«Habrá que matar a los perros», de Miguel Briante, por Manuel Callau.
«Japonés», de Rodolfo Fogwill, por Luis Ziembrovsky.
«La casa de azúcar», de Silvina Ocampo, por Cristina Banegas.
«La gata», de Héctor Tizón, por Jaime Torres.
«La gran bola de pelusa», de Marcelo Cohen, por Humberto Tortonese.
«La gran noche de los trenes», de Sara Gallardo, por Adriana Aizemberg.
«La tardecita», de Juan José Saer, por Mario Alarcón.
«Las doce a Bragado», de Haroldo Conti, por Tata Cedrón.
«Los bultos», de Carlos Hugo Aparicio, por Roly Serrano.
«Nada que ver conmigo», de Carolina Bruck, por Alejandra Flechner.
«Oficina», de Leticia Obeid, por Eva Bianco.
«Pirovano», de Matilde Sánchez, por Marta Lubos.
«Tratado de fitolingüística», de Mario Ortiz, por Esteban Bigliardi.
«Un día cualquiera», de Hebe Uhart, por Mónica Cabrera.
«Una mañana con el hombre casco azul», de Washington Cucurto, por Erasmo Olivera.
«Velcro y yo», de Martín Rejtman, por Fabián Arenillas.
Oct 7, 2015 | inicio
A cuatro días de la reglamentación de la ley conocida como de Parto Humanizado, la agrupación Las Casildas lanzó el Observatorio de la Violencia Obstétrica con el objetivo de desnaturalizar la noción de miedo e incomodidad en el momento del parto: “El mayor problema de la violencia obstétrica está naturalizada. Nuestra necesidad como agrupación y el objetivo del Observatorio es dar a conocer este sistema médico hegemónico y patriarcal”, cuenta Julieta Saulo, fundadora de la agrupación que tiene como objetivo difundir información en torno a la gestación, parto, nacimiento y crianza de niños y niñas como así también intervenir en cuestiones de género.
La ley 25.929, que reconoce los “derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento”, se sancionó el 25 de agosto de 2004, sin embargo se reglamentó recién once años después, el viernes 2 de octubre último. Susana Rodríguez, licenciada en Obstetricia y docente de la materia Obstetricia Normal en la Universidad de Buenos Aires (UBA) explica: “La ley sin reglamentar significaba que cualquier litigio conllevaba al humor del juez a interpretar y sancionar de acuerdo, en general, a los intereses corporativos”. Sobre el nuevo status legal, subraya: “Lo más saliente está vinculado al cambio de mentalidad de los profesionales. Todo el sistema médico debe hacer un giro. Nosotros, los médicos, en primer lugar”. En el mismo sentido, Saulo sostiene: “Es importante destacar que la ley ya estaba en vigencia desde el 2004, pero con la reglamentación se extiende su implementación a todo el territorio nacional”.
“Lo más saliente está vinculado al cambio de mentalidad de los profesionales. Todo el sistema médico debe hacer un giro. Nosotros, los médicos, en primer lugar”.
La violencia obstétrica hacia las mujeres y los niños es una de las menos advertidas, a pesar de los traumas que ocasiona en las víctimas: la atención es activa e invasiva y se caracteriza por intervenciones médicas innecesarias y carentes de justificación. Al mismo tiempo, las condiciones de asistencia y de infraestructura edilicia de las maternidades públicas y privadas no dan lugar a que las mujeres ejerciten sus derechos a la hora de elegir cómo parir. Estas prácticas terminan vinculando al parto con el concepto de enfermedad: “Parir es un proceso fisiológico y siempre lo fue, pero con la irrupción del sistema médico hegemónico y patriarcal, comenzó a patologizarse. De este modo, las mujeres están al servicio del médico cuando debería ser al revés”, manifiesta Saulo.
La reglamentación de la ley trabaja contra este paralelismo entre una embarazada y una enferma. El parto humanizado es aquel que consiste en la mínima intervención obstétrica, de manera tal que el profesional solo actúa cuando es estrictamente necesario con la finalidad de resolver algún problema. “Esta asistencia se refiere a la no intervención innecesaria. Lo que se pretende es aportar el máximo de confort y apoyo psico-afectivo tanto para la madre como para su marido y el recién nacido, pero sin tener que renunciar a las posibilidades de control y rapidez de actuación que se obtienen en la atención hospitalaria del parto. Y siempre con un centro quirúrgico próximo a la mujer”, afirma Verónica Favilla, Coordinadora del Parto Institucional y Seguro, planificado sin intervención farmacológica rutinaria en el Hospital Universitario Austral.
El manual «Antes, durante y después del embarazo tenés derechos» que acompañó el lanzamiento del Observatorio de Violencia Obstétrica por la organización Las Casildas y el Consejo Nacional de la Mujer.
Con la reglamentación de la ley, las mujeres y los recién nacidos tienen ahora el derecho de exigir cómo desean parir, haciendo hincapié en su intimidad y libertad: “Cualquier madre, bebé y familia deben ser tratados con dignidad y respeto durante el proceso de gestación de parto, incluyendo el período prenatal y el posparto”, afirma Rodríguez. A partir de ahora, toda mujer debe ser tratada de modo individual y personalizado, garantizándole su intimidad durante el proceso asistencial. Al mismo tiempo, debe ser considerada como una persona sana, protagonista de su propio parto. Por último, debe estar informada a lo largo del proceso y tiene el derecho a participar en la toma de decisiones. “El parto respetado implica que no se vulneran los derechos de la mujer ni del niño o niña”, sostiene Saulo.
La ley también hace hincapié en otro aspecto importante: la intervención mínima de la tecnología, la no utilización de medicamentos durante el trabajo de parto, ya sea para provocar contracciones, para aliviar los dolores o para cambiar los tiempos de la naturaleza: “El problema es que estos sustitutos alteran el curso natural de la evolución del parto”, sostiene Susana Rodríguez.
En este punto, la ley 25.929 hace referencia, en su Artículo 2, “al parto natural respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer”. Es importante destacar que el parto humanizado no está del lado opuesto a la utilización de la tecnología, sino a su uso incorrecto o abuso. Un ejemplo de esta situación es el considerable aumento en el número de cesáreas innecesarias. En la actualidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), estas prácticas alcanzan el 60% de los nacimientos y su índice, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no debería superar el 12%: “La cesárea es una herramienta en la obstetricia que nos permite salvar muchas vidas y que ante el impedimento del parto vaginal es el medio de resolución. Lo que se cuestiona es la mala utilización y el abuso de ella”, afirma Rodríguez.
Violeta Osorio y Victoria Montenegro en el lanzamiento del Observatorio de Violencia Obstétrica.
La ley, al mismo tiempo, da a conocer cuáles son los derechos que posee el recién nacido y los padres durante el período de gestación, parto y nacimiento. En relación al bebé, cuenta con el derecho de permanecer junto a su madre siempre y cuando su salud lo permita. Y en lo que respecta a los padres, ambos son reconocidos como participantes activos de las diferentes actuaciones de los profesionales y deben estar informados sobre la toma de las decisiones.
“La ley tiene seis ejes principales –describe Rodríguez-: información, elección, respeto, prácticas invasivas, compañía y lactancia materna. Información sobre las posibles intervenciones, elección del lugar y cómo parir, respeto por parte de los médicos a las decisiones de la mujer, el no abuso de las prácticas invasivas innecesarias, el derecho de elegir estar acompañada por una persona a su elección y el fomento de la lactancia materna”.
La ley tiene seis ejes principales: información, elección, respeto, prácticas invasivas, compañía y lactancia materna.
Oct 6, 2015 | Entrevistas
El Tribunal Oral Federal Nº 2 lleva adelante el que quizá sea el juicio más importante en la vida institucional argentina, después del proceso que condenó a las Juntas Militares de la última dictadura. Están sentados en el banquillo de los acusados un ex presidente de la Nación, un ex juez federal, un ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dos ex fiscales de la Nación y un ex comisario General de la Policía Federal, entre otros imputados. Nunca antes, tantos y tan altos funcionarios públicos llegaron a esta instancia. Todos están acusados por desviar la investigación del atentado a la AMIA.
En 2004, el Tribunal Oral Nº 3, que debía juzgar a los supuestos colaboradores argentinos en el atentado –la denominada “conexión local”–, absolvió a todos los imputados, declaró nula la causa debido a las irregularidades que se hallaron, y denunció por encubrimiento a los responsables de aquella investigación. El pasado 6 de agosto se inició, en los Tribunales de Comodoro Py, el juicio por encubrimiento que se propone juzgar a todos los involucrados en la desviación de la investigación sobre el atentado de julio de 1994, cuando murieron 85 personas.
Entre los actuales imputados se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, el ex comisario a cargo de la Unidad Antiterrorista Jorge El Fino Palacios (primer jefe de la Policía Metropolitana), los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex titular de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) Rubén Beraja. Otro de los acusados es Carlos Alberto Telleldín, propietario de la camioneta que explotó en la puerta de la AMIA e imputado por haber recibido dinero de parte de los funcionarios para acusar a un grupo de policías bonaerenses liderados por el ex comisario Juan José Ribelli.
ANCCOM entrevistó a Luciano Hazan, Subsecretario de Política Criminal y responsable de la unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que representa al Estado Nacional en la demanda contra los presuntos encubridores. Las otras cinco partes que componen las querellas son los policías absueltos en la investigación anterior, la AMIA y la DAIA y las agrupaciones de familiares de las víctimas Memoria Activa, APEMIA y 18J. “La responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones frente a las víctimas, frente a la sociedad argentina y frente a la comunidad internacional, es lo que lleva al gobierno, desde el Ministerio de Justicia, a actuar como querellantes en esta causa”, asegura Hazan.
Hace dos meses que comenzó el juicio, ¿cómo se está desarrollando?
El juicio está avanzando de acuerdo a lo esperado. Están declarando los imputados, estamos en esa etapa de indagatorias. Si bien ya conocíamos las versiones y las estrategias de la defensa de cada uno de los imputados, siempre en el juicio oral, se van encontrando detalles. También está la posibilidad de hacerles preguntas a los imputados, cuando lo permiten, y tratar de profundizar sobre cómo sucedieron los hechos. Por eso para mí, hasta ahora, una de las declaraciones indagatorias más fructíferas fue la de Telleldín, en donde también nosotros pudimos preguntar. El juicio está avanzando de manera lenta pero a paso firme. De manera lenta porque se está haciendo una sola audiencia semanal, y esto es un problema porque va a estirar mucho los plazos del proceso. Pero es la realidad que tenemos. El presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, también integra el Tribunal en el juicio por la Tragedia de Once. Por eso, a partir de fin de año, cuando termine ese proceso, vamos a poder tener dos audiencias por semana, y ahí va a tener un ritmo mucho más ágil. Pero es valioso que el juicio haya empezado, hace tiempo que veníamos peleando por eso. Están culminando las declaraciones indagatorias, después entraremos en la etapa de escuchar a los testigos.
Entre los actuales imputados se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, el ex comisario a cargo de la Unidad Antiterrorista Jorge El Fino Palacios (primer jefe de la Policía Metropolitana), entre otros.
¿Por qué era tan importante que no se demorara más el juicio en la etapa inicial?
Si este juicio fuera en el futuro, con la reforma del Código Procesal Penal de la Nación –que comenzará a regir en 2016– sería un juicio más ágil. Por ejemplo, ahora lo que se hizo, para no demorar más tiempo, fue leer una síntesis de la acusación –y no la totalidad que puede ser hasta de 500 páginas– y esto, afortunadamente, acortó mucho los tiempos. Pero de todas formas, aún de manera resumida, tuvimos dos audiencias de lectura de acusación. Tuvimos dos semanas simplemente para leer algo que todos conocíamos. Son parte de las deficiencias de nuestro Sistema de Justicia Penal, que estamos tratando de cambiar. Queríamos que se avance con las declaraciones de los imputados y con la prueba en sí misma. Ir al núcleo del juicio. Lo que todos queremos es empezar a escuchar a los testigos, que se empiece a dilucidar un poco más la verdad sobre lo ocurrido, y acercarnos más a las condenas que estamos buscando.
¿Este juicio va ayudar a encontrar la verdad?
Yo creo que apunta a que encontremos la verdad en relación sobre el encubrimiento, que es el objeto de este juicio. Estamos escuchando a los imputados, vamos a escuchar a los testigos, las versiones de unos y otros. La verdad es algo un poco ambiciosa, si se quiere, en términos estrictos. Los abogados decimos que siempre es la verdad judicial ya que la verdad tiende a ser siempre relativa. Lo que va a suceder es que los hechos se van a poner sobre la mesa y sobre eso se construye, sobre eso surge una verdad. En ese sentido, va haber una verdad judicial sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA, eso está claro. Ahora, sobre la verdad del atentado, seguro que uno es menos ambicioso, aunque siempre tengo la expectativa de que alguna cosa se conozca. Porque si, a partir de esto, queda más en claro quién encubrió y por qué encubrió, por lo menos se pueden empezar a abrir líneas de investigación nuevas o profundizar algunas líneas existentes en relación con quienes pudieron haber cometido el atentado. Sobre todo en relación con la conexión local. Porque este es un juicio contra todas personas argentinas, que están acá entre nosotros. Y seguro que hubo partícipes del atentado en Argentina. Este juicio nos puede arrojar alguna pequeña luz sobre eso.Obviamente, no creo que se vaya a resolver la verdad sobre los autores del atentado a la AMIA. La verdad que lo que sucedió fue gravísimo, en términos institucionales. Son delitos muy graves y es importante que las personas que cometieron estos delitos sean sancionadas. Que se sepa quiénes fueron, por qué lo hicieron, y de esta manera uno avanza también en términos de fortalecer las instituciones y tratar de evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir.
¿Cuáles cree que pueden ser los imputados o testigos que aporten más información?
Hay que esperar. Todos los testigos que van a estar en el juicio son importantes. Va a estar Cristina Kirchner como testigo, que es una persona que conoció y estudio mucho el caso. Van a estar los familiares, que son quienes sufrieron en carne propia la mentira de quienes hoy están sentados en el banquillo de los acusados. Van a estar los policías que estuvieron en prisión debido a esta maniobra, cuando se comprobó que no tenían relación con los hechos. Aunque algunos de los imputados ahora están diciendo que sí tenían. Eso habrá que verlo en el juicio, que sirve justamente para poder evaluar los hechos y las pruebas. Después tenemos a testigos importantes, como Claudio Lifschitz, que fue una persona que trabajó adentro del juzgado y, desde adentro, contó las irregularidades. Sus denuncias fueron las que dieron el inicio a esta causa, que se inició en el año 2000, después de que empezará a contar lo que vio como prosecretario del juzgado.
También está citado como testigo (el ex agente de inteligencia Jaime) Stiusso. Aunque todos sabemos que no está en el país, la expectativa de que declare la seguimos teniendo. Pero obviamente tiene que estar acá o lo tienen que traer para hablar, si es que no viene por su propia voluntad. Su testimonio tiene potencialidad de ser importante porque fue una de las personas que protagonizó la investigación. La verdad es que de todos los testigos esperamos aportes importantes.
¿Cuál es el rol que cumple el Estado como parte de la querella en esta causa?
Lo que busca es cumplir con una obligación asumida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una petición que hicieron los familiares agrupados en Memoria Activa. Las víctimas denunciaron al Estado por incumplir sus deberes de prevención y, además, por el encubrimiento del atentado y la privación de justicia. Néstor Kirchner, en el año 2005, ante la CIDH y las víctimas, admitió la responsabilidad del Estado por todas estas irregularidades. Que en realidad a mí me gusta llamarlos delitos, que es lo que son, cometidos por parte de funcionarios estatales. Kirchner se comprometió a una serie de medidas. Una de ellas fue cumplir con una agenda de trabajo que tenía varios aspectos: uno era impulsar la causa del encubrimiento, otro era fortalecer la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y la Unidad Fiscal de Investigación, para lo que se creó la Fiscalía que después quedo a cargo de (el fallecido Alberto) Nisman. Otra cuestión era reformar el Servicio de Inteligencia del Estado. Para cumplir con los objetivos hay un decreto del año 2006, donde el entonces presidente le asignó al Ministerio de Justicia –y en particular a la Subsecretaria de Política Criminal– que asuma la querella en este caso. La responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones frente a las víctimas, frente a la sociedad argentina y frente a la comunidad internacional, es lo que lleva al gobierno a actuar como querellantes en esta causa.
De alguna forma ese es el rol que nosotros ocupamos, en paralelo a los fiscales, y a las querellas de otras personas, víctimas del atentado, que se han presentado y cumplen un rol similar, coordinado con el nuestro.
¿El cambio de gobierno puede modificar el impulso que tomó la causa?
Yo pienso que va a ganar el partido que hoy está en el gobierno y, en ese sentido, tengo la expectativa de que el impulso va a seguir siendo el mismo. Si gana otro partido, tengo mis dudas de que este juicio permanezca. Pero es una especulación mía, basada en los mensajes que los dirigentes de otros partidos han dado. Creo que este gobierno ha dado muchas señales de su interés en que este juicio avance, de que empiece y que termine bien. Y la verdad es que no he visto mensajes de los otros candidatos o de las otras agrupaciones políticas que compiten en la elección. Hoy se puede mencionar el hecho de que la Presidenta haya hablado en las Naciones Unidas específicamente de este juicio, también en la última Asamblea Legislativa, y en las anteriores, que también habló sobre la importancia de que este proceso se lleve a cabo.
¿Esas menciones tuvieron repercusiones en el juicio?
No, la verdad que no. El juicio sigue con toda normalidad, está funcionando bien. Yo creo que le hace bien la posición política de la Presidenta. Me pareció que fue un respaldo a todos los actores que están empujando este juicio oral. Después que la Presidenta haya mencionado el juicio en la Asamblea de las Naciones Unidas como algo importante que se está haciendo en Argentina hubo una audiencia y el juicio siguió con la misma normalidad; pero claramente fortalece el proceso. Y también es un mensaje de que esto va a seguir así.
Tal vez eso también funciona para darle más difusión…
Si hay algo que deseo para que este juicio ande bien es que sea lo más público posible. Por eso siempre invitamos a los medios de comunicación a que lo cubran. Desde la agencia de noticias del Ministerio de Justicia, Infojus, armamos un diario del juicio para informar sobre lo que va pasando.
Queremos que venga la gente a las audiencias. A mí me gustaría, inclusive, si un canal de televisión quisiera filmar a algún testigo; sería algo muy saludable que la gente pueda observar lo que está pasando. Porque los juicios son públicos para generar transparencia. Y como toda la gente no puede presenciar las audiencias, los medios de comunicación deben garantizar la publicidad. Es importante escuchar a los testigos, ver cómo trabajan los abogados. Incluso, por las actitudes que van teniendo unos y otros, se puede ir formando una idea de cuál es la realidad.
Recién comentó que la causa empezó en el 2000, ¿por qué se demoró tanto el inicio del juicio oral?
Por muchos factores. En términos políticos, había mucha gente que no quería que este juicio se haga. Es un juicio claramente molesto ya que va en contra del sistema judicial. Están sentados en el banquillo actores clave del sistema de justicia penal federal de Argentina: un ex juez federal (Juan José Galeano), dos ex fiscales federales (Eamon Mullen y José Barbaccia), el ex jefe de la SIDE (Hugo Anzorreguy), que históricamente ha tenido una interferencia notable sobre el funcionamiento de la justicia federal. Hay policías federales con roles absolutamente destacados en la justicia federal, como (Jorge) Palacios, que era un investigador privilegiado para los jueces federales durante el menemismo. Todavía, en la etapa de instrucción, hay secretarios judiciales que están siendo investigados y que pueden ir a juicio en un futuro. Acá no solamente está bajo la lupa el encubrimiento del caso AMIA, sino que está bajo la lupa el funcionamiento de la justicia penal federal. Entonces, si quien tiene que hacer la investigación es la institución investigada, aparecen obstáculos. Eso es una explicación política, pero después hay factores estructurales: nuestro sistema de justicia penal es pésimo, por eso lo hemos cambiado y ahora estamos peleando para que se implemente la reforma. Entre las cosas que critica la reforma están las posibilidades de innumerable cantidad de recursos, muchos mecanismos para la dilación y un sistema escrito y muy formalista. Todas cosas que no deberían suceder cuando se implemente la reforma. Después hay otros factores en términos personales, que tienen que ver con el primer factor político: hubo muchos jueces que tenían que intervenir en el caso y que se negaron a intervenir, o fueron recusados o se excusaron, por haber tenido vínculos con algunas de las partes.
«Queremos que venga la gente a las audiencias. A mí me gustaría, inclusive, si un canal de televisión quisiera filmar a algún testigo; sería algo muy saludable que la gente pueda observar lo que está pasando. Porque los juicios son públicos para generar transparencia», relata Hazan.
¿Este juicio puede ser reparador para los familiares de las víctimas?
Es totalmente reparador. Si efectivamente hay una sentencia condenatoria para quienes cometieron estos delitos, será claramente de reparación para las víctimas. Y en este caso en particular, teniendo contacto con las víctimas, uno advierte la importancia que le dan. De hecho, las víctimas han dicho de manera pública que tienen gran expectativa en este juicio, sobre todo aquellas que están agrupadas en Memoria Activa, en Apemia, en 18J, que presencian todas las audiencias. Ellas lo están impulsando y por eso se han presentado como querellantes. El juicio tiene un gran valor simbólico y un efecto reparador en términos de las violaciones a los derechos que han sufrido. Es importante que toda la sociedad entienda qué pasó. Porque durante mucho tiempo, incluso todavía ahora, hay mucha gente que cree que lo que sucedió fue la historia oficial que nos contaron en un inicio y, en realidad, ese relato se cayó en el primer juicio porque era todo una mentira. Todavía hay disputas comunicativas en este sentido. De hecho, nos han querido confundir cuando, a principio de este año, se quiso hacer pensar a la gente que había otro encubrimiento y, por eso, se acusó a la Presidenta y al canciller de un encubrimiento ficticio. En términos comunicacionales, se quiso empezar hablar de otro supuesto encubrimiento justo cuando este juicio estaba a punto de empezar. También ahora muchos medios le quieren cambiar el nombre de “juicio por el encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia”, por el “Juicio Amia II”.
¿Cómo es el trabajo entre las distintas querellas?
Más allá de alguna diferencia que se puede notar, las querellas en este juicio tenemos muy buen diálogo y coordinación con todos. Inclusive hay algún nivel de coordinación con las querellas de los policías. Hay diferencias, obviamente; por eso hay distintas agrupaciones y no están todas las querellas unificadas. Pero lo que ha quedado claro, por lo menos hasta ahora, es que todas apuntan al mismo lado. Salvo en el caso de las querellas de AMIA y DAIA, que decidieron no acusar a algunos de los imputados. Y las querellas de los policías, ellos tampoco están acusando a otro grupo de los imputados, que son (Carlos) Telleldín y (su esposa Ana) Boragni. Puede haber matices pero hay un trabajo coordinado y hacia el mismo lado.
¿Cuáles van a ser las audiencias más relevantes a futuro?
Hasta ahora todas las audiencias fueron importantes, puede ser que haya alguna variación más adelante. Se espera que declare Anzorreguy, estamos a la espera de los estudios para ver si está en condiciones de salud para hacerlo. Después van a declarar los policías que fueron falsamente imputados, que fueron los que estuvieron contando palitos contra los barrotes durante muchos años y tienen mucho para decir. Ellos vieron de primera mano la investigación y las irregularidades, esas van a ser declaraciones testimoniales absolutamente ricas e importantes. Después van a venir las declaraciones de los familiares de las víctimas del atentado, que también vivieron las mentiras y eran excluidos de la investigación.
Oct 6, 2015 | destacadas
“Las razones de lo que sucedió, el porqué del terror, los contextos históricos, el rol y las experiencias de la lucha armada, los errores que se hayan cometido; cruzar la experiencia memorística argentina con lo que pudo ocurrir en Chile, Uruguay o Brasil. No apuntamos al golpe bajo, es mucho más profundo que eso. Queremos aportar a pensar y producir mejor, a reflexionar con mayor complejidad y no con consignas”, explicó a ANCCOM el periodista y escritor Eduardo Blaustein, jefe de redacción de la Revista Haroldo, sobre los objetivos de la publicación que busca debatir sobre el pasado reciente y vincularlo con el presente.
La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma. En el Centro, las muestras se debaten en torno a los modos de hacer memoria: “¿Hay que tener ciertos recatos? ¿Hay que ser políticamente correcto? ¿Es correcto que acá, que fue el centro del horror, se hagan recitales de poesía? ¿Es correcto que vengan clowns? Sí, todo eso se hace. Con lo cual, nosotros hacemos una recuperación del predio desde la alegría, desde la vida, la reflexión, desde la producción de conocimiento”, señaló Blaustein. Y serán estos debates los que después de más de siete años de desarrollarse en el Conti, intentarán plasmarse y hacerse públicas en Haroldo.
El Centro Cultural forma parte, desde el 2008, del actual Espacio Memoria y Derechos Humanos. Su nombre debe homenaje a Haroldo Pedro Conti: docente, escritor de cuentos y novelas, periodista y militante, que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, en mayo de 1976. En 1967, Conti escribió su “Ars Humana”, que publicó en 1974 durante su colaboración en la revista Crisis: «No sé si tiene sentido pero me digo cada vez: contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino, despojate de toda pretensión y cantá, simplemente cantá con todo tu corazón: que nadie recuerde tu nombre sino toda esa vieja y sencilla historia». Así como el Centro, dedicado a la búsqueda de las formas de construcción de la memoria mediante el arte, la revista se basa también en esa particularidad histórica para contar el presente. Particularidad que reivindica el estilo de Conti: la conjunción de militancia y libertad artística e intelectual.
La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma.
Eduardo Jozami, director del Centro Cultural y de la revista, tuvo en mente el proyecto de una publicación desde la apertura del Espacio, hasta que a fines del año pasado pudo empezar a concretarlo con la ayuda de Blaustein y el resto de periodistas que conforman el equipo de redacción. Jozami contó a ANCCOM cómo fue ese inicio: “Para nosotros era una incógnita cómo iba a funcionar la revista, incluso en el modo de hacerla, porque a diferencia de otros proyectos de publicaciones, la Revista Haroldo es parte de una tarea mucho más general, como la del Conti. Entonces, el tema estaba en cómo hacíamos para que la revista no se diluyera en función de las otras actividades. Es decir, tenía que tener en cuenta la actividad del Conti, para nutrirse de ahí, pero al mismo tiempo garantizar que tuviera cierta independencia, un estilo menos institucional. Y en ese sentido creemos que está funcionando bien”.
Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo: “De alguna manera, no por proponernos, sino por necesidad, vamos a contramano del periodismo del vértigo, del texto corto, del recuadrito”, comentó Blaustein en referencia al estilo de la revista. Según el periodista, las notas se caracterizan por una “cierta belleza en el texto”, géneros narrativos y ensayísticos que se adaptan a los temas propuestos, con extensiones mayores. Jozami, por su parte, sintetizó: “La revista es, por un lado, la publicación del Centro Cultural porque la hacemos nosotros. Pero por otro lado expresa las inquietudes que tenemos. Ni las actividades del Centro, ni las prioridades del Centro únicamente, sino que la idea es que se haga desde el Centro Cultural”.
Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo.
Las producciones son variadas, desde crónicas personales de “los hijos de los setentistas” hasta debates contemporáneos de los protagonistas y sobrevivientes de la dictadura, llegando a problemáticas de violencia institucional en la actualidad. Aparecen, por ejemplo, entrevistas a Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga; o Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Además, hay investigaciones sobre temáticas internacionales, como el modelo penitenciario estadounidense y un balance de “la guerra contra los narcos” en México.
Valeria Sobel, hija de Héctor Sobel, abogado defensor de presos políticos, desaparecido el 20 de abril de 1976, escribe: “A mí nunca me iba a pasar algo así: mi papá viéndome irme de la mano de una de mis hijas; mi papá en la ciudad francesa donde vivo; mi papá conociéndome a mí adulta; yo conociéndolo a él como abuelo, como señor mayor, mis hijas escuchándole decirles algo lleno de ternura (…)”, mientras que Igor Garfias, otro hijo de desaparecidos, confiesa: “Tengo 42 años, soy hijo de un asesinado por el régimen de Pinochet en Chile, esto sucedió justo el año en que nací, tenía seis meses y si bien no recuerdo se podría decir que aunque no viví ese traumático momento; sí viví todos los sucesos que eso generó, consecuencias políticas y sociales, pero sobre todo personales, creo que todo lo que siento se podría reducir a una sola palabra: odio”.
Entre las notas de los protagonistas aparece una de la periodista Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA, que se pregunta: “¿Memoria de qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria del terrorismo de Estado? ¿Qué se quiere transmitir?”. Y otra de Pilar Calveiro, que habla sobre la “matriz general para la construcción del Otro”, definida por el tiempo histórico y el momento sociocultural –explica la politóloga- con el fin de despolitizar al Otro y excluirlo: “Este enfrentamiento entre los “otros” y “nosotros” organiza todo el campo social, a la vez que invierte la relación, haciendo ver como un peligro para la sociedad al grupo que, en verdad, es el que está siendo amenazado”. En esta línea, Eduardo Blaustein habla de la necesidad de incluir otras memorias en el debate: “Históricamente en Argentina el ejercicio de la memoria, los primeros quince años por lo menos, se centró en las clases medias porque eran las que tenían acceso al Estado, a los organismos de Derechos Humanos, eso implicaba que las víctimas villeras, o las víctimas del conurbano quedaban afuera. Entonces ahora están llegando chicos de Ezpeleta, o del Conurbano profundo, que tienen otro lenguaje muy distinto que el hijo de un psicoanalista, o de un profesional, con lo cual también hay distintos registros de escritura, y esto implica el famoso verbo ‘incluir’. Es una inclusión de otros sectores sociales”. Y destaca el artículo de la investigadora Victoria Snitcofsky que aborda la resistencia en las villas durante la dictadura.
El lugar de la fotografía también es importante en Haroldo. Las imágenes no acompañan simplemente a los textos sino que forman parte de los testimonios y contribuyen al modo en que la revista decide hacer memoria. Varias notas cuentan con ilustraciones de archivo, fotos familiares, o de fotógrafos que plasmaron su testimonio en imágenes, como sucede en la nota “Visible/Invisible. Tres fotógrafas durante la dictadura militar en Chile”. En la sección “Generaciones”, donde se expresan los descendientes de militantes desaparecidos, asesinados o exiliados, los dibujos que acompañan pertenecen a la artista María Giuffra, quien también forma parte de ese colectivo de hijos de militantes de los setenta: “Hoy los hijos de esa generación somos más grandes que nuestros padres. Nuestros padres siguen siendo jóvenes y valientes, nosotros seguimos siendo sus hijos, aun siendo bastante mayores que ellos”, describe Giuffa. Blaustein enfatizó en ese sentido: “Que dé la mayor diversidad de miradas posibles, que sea pluralista, que afronte ciertos conflictos y ciertas discusiones todavía no saldadas, con la mayor generosidad posible”. Del mismo modo, Jozami lo escribió en la nota Editorial: “En este espacio físico donde la historia del dolor estará siempre presente, podemos eximirnos de literalidades, referencias directas o apelaciones sentimentales que pudieran rondar el golpe bajo. No se trata de asustar al visitante sino de ayudarlo a pensar”.
Otra de las prioridades de Haroldo es la propuesta de actualizar el valor de las luchas sociales y de la militancia, pero a la vez observar los setentas con una “mirada distanciada”: “No quiere decir fría ni híper crítica, pero sí una mirada serena, una mirada que se haga cargo de las ‘macanas’ que se cometieron. En algunos de los testimonios de los hijos hay reproches a los padres, no a los padres en sí, sino a la experiencia de la militancia revolucionaria. En otro texto también se habla de un tema clásico, en una obra de teatro, sobre lo conservadores que éramos los setentistas respecto del tema de la homosexualidad. Entonces hay una mirada reflexiva e introspectiva sobre ese pasado”, concluyó Blaustein. Se trata de un ir y venir constante entre la historia y el presente, la actualidad no como mera consecuencia de aquel pasado, sino como parte de un análisis minucioso: “Discutirnos mejor para construir una sociedad mejor” –dicen desde la revista– con la importancia fundamental del pensamiento reflexivo, son algunas de las pautas que representa Haroldo.
Para su director la revista “está yendo por el camino que queríamos que fuera”. Jozami completa: “La recepción es buena, ya que hemos tenido muchas repercusiones en las redes sociales, diálogos con otras revistas, y hemos tenido más ofrecimientos para publicar de los que razonablemente podemos satisfacer. Ojalá que siga creciendo y que se enganche en más diálogos y debates”.
Oct 6, 2015 | inicio
Un parlante y un micrófono están dibujados en la pared de un pabellón donde reina el más desolador de los silencios. Los pacientes deambulan sin ir a ningún lado por escaleras sin barandas y pasillos tapizados de vidrios astillados, al alcance de cualquiera. Así está hoy el Hospital de Salud Mental J.T. Borda, el mismo en el que el 26 de abril del 2013 se produjo un hecho sin precedentes en la historia sanitaria argentina. Ese día, a contramano de una decisión judicial, se dispuso la demolición del Taller Protegido N°19 y miembros de la comunidad terapéutica intentaron protestar para impedirlo. La Policía Metropolitana avanzó contra ellos con una feroz represión que incluyó golpes, gases lacrimógenos y disparos a quemarropa con balas de goma. Como consecuencia del atropello, resultaron cincuenta heridos entre los que se encontraban pacientes internados, sus familiares, médicos, enfermeros, administrativos y periodistas que estaban cubriendo el hecho. A más de dos años de lo sucedido, a la falta de respuesta de las autoridades y de resarcimiento por lo acontecido, proliferan los reclamos de falta de materiales, infraestructura y ausencia de nombramientos necesarios para sostener los servicios.
Así está hoy el Hospital de Salud Mental J.T. Borda, el mismo en el que el 26 de abril del 2013 se produjo un hecho sin precedentes en la historia sanitaria argentina.
Daniel Taborda trabaja hace diez años en el Servicio 30 de Admisión y tiene a su cargo una decena de pacientes en riesgo. El enfermero califica la situación actual del hospital como en estado de desidia total y de abandono general de las instalaciones.
¿Cómo es trabajar hoy en día en el hospital?- le preguntó ANCCOM.
–Es muy complejo, la falta de enfermeros es letal. La ley dice que cada siete pacientes tiene que haber un enfermero; nosotros somos dos cuando tendríamos que ser cuatro. El predio cuenta con 16 hectáreas y, por ejemplo, hay un médico clínico para todo el hospital. Cuando lo llaman de un servicio a otro, tiene que evaluar la situación, según lo que le dicte el enfermero, para ver a quién atiende primero.
Si bien es de conocimiento público su especialización en psiquiatría, el Borda cuenta, además, con diversos servicios abiertos a la comunidad. Como en cualquier hospital, los usuarios podrían realizarse cirugías, sesiones de kinesiología, estudios en el laboratorio de análisis clínicos y prácticas odontológicas. Todos estos servicios serán cerrados en 2020, según el acuerdo realizado entre el oficialismo porteño y el nacional plasmado en la Ley 4.473, el 20 de diciembre de 2010, la cual prevé transformar el sistema de salud mental y prohibir la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes.
«El predio cuenta con 16 hectáreas y, por ejemplo, hay un médico clínico para todo el hospital. Cuando lo llaman de un servicio a otro, tiene que evaluar la situación, según lo que le dicte el enfermero, para ver a quién atiende primero» cuenta Daniel Taborda, enfermero del Hospital.
“Acá, como en cualquier hospital de la Ciudad, la gente puede atenderse con un médico clínico. Lo que pasa es que eso no se difunde. Están cerrando los servicios como maniobra de vaciamiento, para el posterior cierre en 2020. Los pacientes psiquiátricos también sufren descompensaciones de todo tipo, como padece cualquier persona en otro hospital. El abandono es total, no contamos con los elementos necesarios”, señala Taborda.
Con la Resolución 1657/13 el Gobierno porteño puso en marcha un plan de reducción de suplencias de guardias, afectando a 1.500 trabajadores y precarizando la atención primaria de salud. Manuel Galvalisi, médico psiquiatra del hospital, insiste sobre la política reduccionista que afecta el servicio y realza la precarización laboral. “Con este último Gobierno pasamos de depender de la Nación a la Ciudad. En ese momento empezaron a haber problemas en los nombramientos. Ya no somos la cantidad de personal necesaria por la estructura. No se repone el cargo de la persona que se jubila y los pocos que quedamos nos estamos repartiendo. Cuando pertenecíamos a la Nación, teníamos la libertad de formar profesionales de acuerdo a la necesidad del hospital; ahora, es cada vez más difícil. Para entrar a una concurrencia, por ejemplo, tenes que dar un examen, exigen una determinada cantidad de horas trabajadas, hay que sacar un seguro de mala praxis…. Se puede hacer un hospital más ágil con integración a la comunidad, pero lamentablemente el capital humano se está perdiendo. Muchos profesionales están siendo absorbidos por el sistema privado y hay gente que se encuentra dispuesta a trabajar en forma gratuita con tal de formarse en una institución que siempre fue mirada con orgullo.”
“Se puede hacer un hospital más ágil con integración a la comunidad, pero lamentablemente el capital humano se está perdiendo. Muchos profesionales están siendo absorbidos por el sistema privado y hay gente que se encuentra dispuesta a trabajar en forma gratuita con tal de formarse en una institución que siempre fue mirada con orgullo”, dice Galvalisi
El 28 de diciembre de 2014 los legisladores María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra presentaron un amparo en la Cámara en lo Contencioso Administrativa solicitando la paralización de la construcción del Centro Cívico en el predio del Hospital Borda, impulsado por el Gobierno de la Ciudad. “El artículo 21 inciso 12 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires afirma: ´Las políticas de Salud Mental, reconocerán la singularidad de los asistidos por su malestar psíquico y su condición de sujetos de derecho, garantizando su atención en los establecimientos estatales´. Destruir el Taller Protegido N° 19 fue leído por la comunidad como un avasallamiento de los Derechos Humanos que dicha Ley consagra,” señala Naddeo.
El Gobierno de la Ciudad plantea la apertura de centros de día ambulatorios con el fin de fomentar la inclusión del paciente en sociedad, ¿Cuál es su opinión al respecto?- preguntó ANCCOM a Naddeo.
Durante ocho años de gestión, el Gobierno de la Ciudad solamente puso en funcionamiento un Centro de Medio Camino o Residencia Protegida y un espacio para niños o adolescentes con situación grave de salud mental para externarlos del Hospital Tobar García. Los centros ambulatorios y los hospitales de día, así como las salas en los hospitales generales, prometidos un año atrás por la Legislatura porteña no han sido concretados.
¿Qué expectativa tiene con el próximo gobierno?
El próximo gobierno avizora mantener los mismos principios privatistas y conservadores en la gestión de salud y educación. Tendremos que desarrollar una estrategia de unidad de los sectores gremiales académicos y profesionales comprometidos con el derecho a la salud como derecho social garantizado por el Estado para encarar acciones que generen la adhesión de la comunidad.
