Las comunidades originarias de la provincia de Formosa -Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé-, nucleadas en la organización Qo.Pi.Wi.Ni Lafwetes, padecen desde hace más de cinco siglos la usurpación de sus tierras y el intento sistemático de borrar su identidad cultural por parte de colonizadores, usurpadores y gobiernos de turno, a pesar de la existencia de principios constitucionales y declaraciones internacionales sobre derechos indígenas.
Ya a fines de 2010, y durante más de cuatro meses, acamparon en el mismo lugar que hoy -entre 9 de Julio y Avenida de Mayo- ante el desalojo violento que padecieron en su comunidad por parte del gobierno provincial formoseño, que ocasionó la muerte de dos de sus hermanos. “El 23 de noviembre de 2010 nos desalojaron a tiros, tratándonos como terroristas o asesinos”, relata Irinero Latranki, asambleísta Qom de la Comunidad La Primavera, departamento de Pilcomayo, dentro de la zona de Laguna Blanca.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el 21 de abril de 2011 medidas cautelares que obligaron al Estado a proteger a los miembros de la comunidad La Primavera. Frente a esta medida, Sebastián Demichelli, director de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del área de Pueblos Originarios, afirmó que el Estado Nacional viene asignando recursos por más de 20 millones de pesos en la seguridad de la comunidad, a cargo de la Gendarmería Nacional.
Acampe QoPiWiNi en Av. de Mayo y 9 de Julio, Ciudad de Buenos Aires.
Lo que motivó el regreso de estas comunidades a Buenos Aires fue la construcción de un complejo de viviendas por parte de los gobiernos provincial y nacional, sin la respectiva consulta previa ni la aclaración de quiénes serían los beneficiarios. Jorge Palomo, Wichí de Laguna Yema (departamento Bermejo) y asambleísta de la comunidad, asegura: “No nos preguntaron si estábamos de acuerdo. Es como llegar a la casa de alguien y no golpear la puerta, lo primero que se hace es pedir permiso”.
La carpa, celeste y blanca, se impone bajo el Monumento al Quijote en plena 9 de Julio. A lo ancho despliegan un cartel donde se lee: “Devolución de nuestro territorio, ¡Basta de persecución!”, así como, en carteles más pequeños hechos a mano: “Apóyanos con tu firma para la aplicación y garantización de nuestros derechos constitucionales”. Se refieren a: educación, salud, vivienda y, sobretodo, la garantía sobre la propiedad de sus tierras. Esta medida de fuerza acaba de cumplir 100 días y lo que reclaman es el diálogo con los tres poderes del Estado, dado que el gobierno provincial no les da solución.
Ante esto, Demichelli responde que el problema principal es la falta de comunicación que existe entre el gobierno provincial y la comunidad, pues es competencia de ellos solucionar dichos temas y el gobierno nacional sólo sirve de mediador.
Pedido de colaboración en el acampe QoPiWiNi de Av. de Mayo y 9 de Julio.
Félix Díaz, principal líder de la comunidad Potae Napocna Navogoh (conocida como La Primavera), militante y referente de los Qom, comenta: “La única manera para destrabar este conflicto es dialogando con las autoridades que tienen competencia en el tema, por eso he elevado nota a la Presidencia de la Nación, a la Cámara Legislativa, y a la Corte Suprema para que el Estado garantice la aplicación de los derechos constitucionales”.
Díaz afirma que los derechos indígenas no son respetados por ninguna autoridad a pesar de la lucha y resistencia de las comunidades y que el Estado, lo único que hace ante esta situación, es mentir: “Han muerto muchos hermanos por causa de esta lucha y no podemos negociar, los derechos no se negocian, no se venden, no se manipulan, los derechos son reglas de la vida y hay que respetarlos”.
Ante esta situación, su principal herramienta de lucha es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que expresa: “Corresponde al Congreso: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Territorio
El mayor problema que tienen estas comunidades es el tema de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra. Díaz declara: “Reclamamos nuestros derechos porque no hay ninguna garantía jurídica que diga que el territorio es nuestro. Esto es fundamental, porque ahí está la riqueza de los pueblos originarios, su historia, su espiritualidad, su medicina, el alimento que no tiene vencimiento, los recursos naturales que hemos sustentado siempre”.
Asimismo explica que al no tener la garantía de la propiedad de la tierra, se genera un proceso de empobrecimiento: “No podemos desarrollar nuestra identidad cultural, tenemos que ir al campo ajeno y ahí nos meten balazo”.
Esta situación es la que viven alrededor de 850 familias, unas 5000 personas entre niños y ancianos. Según Díaz: “Tenemos una superficie de 5187 hectáreas de tierra, pero la realidad de esa cantidad, es que sólo tenemos 3350 porque el resto se lo quedó el gobierno provincial, el Parque Nacional Río Pilcomayo y la Universidad Nacional de Formosa (UNAF)”.
El Qom Latranki, afirma en este sentido: “Todos los gobiernos usaron métodos muy suaves para desalojarnos, achicándonos el territorio. En el año 1940, el territorio aborigen era de 10 mil hectáreas y con cada gobierno nos van reduciendo de a poco”.
Por su parte, Díaz afirma que el Estado intenta despojarlos de sus tierras con herramientas jurídicas para que no puedan reclamar. Es el caso de la Ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), adjudicación de tierras y planes de educación, salud y vivienda, promulgada el 8 de noviembre de 1985. Denuncia que el INAI está muy en contra de los pueblos originarios, porque el organismo “fue designado por el mismo Estado provincial y no puede responder a los requerimientos del pueblo indígena porque no fue electo por nosotros”. Díaz se refiere al artículo 5 de esa Ley, que resuelve: “El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley”. Y explica: “Para nosotros es algo negativo, porque la mayoría de los líderes indígenas pensamos como indígenas y no como partido político, y por ello nos tildan de antidemocráticos u opositores”.
La mencionada Ley, en su artículo 13 dice: “El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad”. Según Díaz, el Estado los obliga así a abandonarlas, inundando sus campos para que se retiren a terrenos más altos y luego cercarlos: “Esas leyes contradicen la política de protección y respeto hacia el pueblo indígena”.
Pone como ejemplo lo que ocurre con el Parque Nacional Río Pilcomayo: “Hemos reservado un espacio donde está la Laguna Blanca, hoy en manos del Parque. Al no estar viviendo en el lugar, nos dicen que no lo estamos ocupando. Sin embargo, es muy contradictorio que el Estado garantice la ocupación tradicional de las tierras (…) Usa los códigos civiles para ajustar la falencia que ellos cometen en contra de los pueblos indígenas cuando nos despojan de los recursos naturales con la empresa petrolera, minera, sojera o turística”.
Una de las consecuencias de esta situación es el impedimento que tienen para realizar actividades dentro de su territorio como la pesca, la caza y la recolección: “Seguimos ocupando ese espacio físico a pesar de la prohibición. Buscamos materia prima a pesar de que el Parque nos sanciona con multas cuando nos encuentra desarrollando nuestra economía, porque dice que eso se ha convertido en un área de conservación a través de una Ley de Parque Nacional”. Se refiere a la Ley 14.073, promulgada el 17 de Octubre de 1951.
Ropas y productos en el acampe QoPiWiNi en plena ciudad.
En este estado de cosas, Díaz afirma que hay un quiebre social entre el pueblo indígena y la sociedad blanca y que el indígena se ve debilitado al no poder acceder a los recursos naturales que necesitan para vivir como el alimento, el agua, la leña y la medicina: “Al no tener medicina ancestral, ¿dónde tenés que ir? a los Municipios, a los hospitales. Sólo te dan una receta si te reconocen como aliado del partido político que gobierna, sino no te dan los remedios, es toda una negociación. Entonces, es ahí donde se ejerce la presión contra los miembros de la comunidad para que dejen de ser indígenas y sean parte de la sociedad civil”.
En un informe realizado por el Estado nacional, acerca de la situación de la comunidad La Primavera, se afirma que el programa “Médicos Comunitarios” relevó que la comunidad Qom cuenta con consultorios médicos incluyendo uno de tipo odontológico, y una ambulancia. Una enfermera, un médico, un agente sanitario indígena, y un chofer perteneciente a la misma comunidad. Asimismo los niños que asisten a la escuela poseen la totalidad de las vacunas y todos cuentan con los controles médicos correspondientes.
La discriminación que padecen estas comunidades en las escuelas es otro de los grandes problemas, según denuncia Díaz: “La mayoría de los hijos de las mujeres indígenas no van a la escuela por discriminación o por mala alimentación (…) cuando finaliza el año, al chico lo hacen pasar de grado sin tener la más mínima noción de qué es la matemática, la geografía o la historia. El chico no sabe absolutamente nada”.
A modo de ejemplo relata la situación que tuvo que padecer la hija de uno de sus sobrinos que es discapacitada: “¿Qué hizo la maestra ante la presencia de una niña muy inquieta? La ató a la silla con una sábana y la encerró un día entero en la escuela para que aprenda a respetar a la maestra”. Y reflexiona: “Una maestra especial que está designada para controlar esa conducta del chico discapacitado no puede hacer eso, pero en Formosa lo hacen. Cuando vos lo denuncias, está el delegado zonal, el delegado departamental, el ministerio de Educación, toda una cadena. Pero tiene que estar avalado por el director, pero los directores no pueden hacer nada porque fueron designados políticamente por méritos o por curriculares”.
Afirma que esto no se trata de un conflicto que ocurre sólo en Formosa sino que es un problema nacional. Expresa que en la provincia del Chaco a pesar de haber acceso a la educación para los Qom, los Wichí y los Mocovíes, “cuando llegan a ser profesionales, no tienen trabajo porque las escuelas que no son indígenas no quieren tomar a uno como maestro para enseñar a los criollos, por discriminación o por racismo”.
Vivienda
Si bien se están construyendo grandes complejos en su comunidad, el asambleísta Qom Irineo denuncia que esas viviendas no son para todos, sino sólo para algunas familias: “Sólo un sector tiene acceso porque acompañan a los punteros políticos, son los aborígenes mismos que trabajan para el gobierno”. A su vez exige que el gobernador Gildo Insfrán haga todas las viviendas sin excluir a nadie.
El líder Díaz expresa además que esta situación se ve reflejada en los acampes al interior de la propia comunidad: “El gobierno nos apoya pero no de acuerdo a la necesidad de la gente. Te doy esto pero tienes que ser parte del partido sino, no te dan nada. Los que nos oponemos estamos acampando”.
Demichelli desmiente esta afirmación y expresa que el gobierno nacional ha transferido grandes cantidades de dinero hacia la provincia, las cuales se vienen incrementando desde el año 2003 a la fecha y pone como ejemplo uno de los informes del Estado Nacional:
“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación transfirió a la Provincia de Formosa en concepto de inversión social para el año 2012 un total de $1.100.966.731”.
“Por su parte el Ministerio de Salud de la Nación realizó transferencias a la Provincia en el año 2012 por un total de $ 135.541.681, lo que implica un 82 % más que en 2011”.
Niños jugando en el acampe QoPiWiNi.
Estado y comunidad
Hay una ruptura entre las declaraciones de principios y las leyes y la efectiva aplicación de las mismas, entre la lógica estatal y la indígena, entre el derecho natural y positivo. Dos miradas contrapuestas que requieren de una solución efectiva e inmediata.
El wichí Jorge Palomo declara que hay dos formas muy distintas de mirar este problema: “La imposición occidental de la gente blanca y nuestra mirada con respecto al territorio (…) La lógica occidental sólo quiere apropiarse de los recursos naturales para hacer negocios. Detrás de esa forma de trabajar hay intereses económicos, mientras que el indígena nunca pensará así, el indígena siempre valorará la tierra”.
La cuestión de la propiedad de la tierra es la piedra angular de todo este conflicto ya que: “El interés del indígena siempre estará en el tema del territorio porque ahí está nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra identidad, nuestra lengua, todo”, concluye Palomo.
Para Díaz, este conflicto no es tan difícil de resolver porque el Estado cuenta con todas las herramientas necesarias para hacerlo, lo que le falta según expresa es la voluntad política: “Eso es lo que tiene que hacer el Estado, tener la voluntad política porque cuando existe, es el mecanismo más adecuado de resolver este problema”.
Según el líder Qom, hasta hoy no ha habido respuestas concretas por parte de los tres poderes del Estado. Los líderes indígenas expresan que acamparán hasta que su pedido de diálogo sea escuchado y hasta que sus derechos básicos y elementales sean reconocidos como corresponde a cualquier ciudadano argentino. “Si el Estado argentino atendiera a nuestro reclamo podríamos volver a nuestra casa”, manifiesta Díaz.
«Arde la Pacha, llora su pueblo», uno de los lemas de la comunidad
Sin embargo, Demichelli comenta que no es verdad que el Poder Ejecutivo no los atienda, pues tanto el Presidente del INAI como el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, los recibieron muchas veces: “Incluso han hablado por teléfono hasta altas horas de la noche, para intentar llegar a una solución”, asegura. Afirma que la última vez, le propusieron una reunión con los punteos de sus reclamos en la provincia de Formosa con la presencia de Fresneda y el Presidente del INAI a fines de armar un programa de trabajo. El único requisito que le pedían era el levantamiento del corte. Sostiene que Díaz se negó, pues exigía la presencia de las autoridades de la provincia. “Ahí Félix Díaz, no tenía mucho interés en que se resuelva el conflicto, sino plantear una cuestión política”.
Palomo, el líder Wichí, reflexiona al respecto de sus reclamos: “¿Qué hacer como indígena frente a esta situación? Como dicen nuestros abuelos, hay una carrera entre el blanco y el negro y cada uno defenderá su color. La pregunta sería: ¿Cuál es la salida de eso? ¿Cómo se llega a una conciliación?”
Y concluye: “Nosotros más allá de hablar otro idioma y tener otra piel, somos seres humanos. Tenemos dos manos y dos pies, somos iguales a todos los demás, lo que nos diferencia es nuestro modo de pensar, nuestra cultura”.
| LEYES Y DECLARACIONES DE PRINCIPIOS CON LAS QUE CUENTAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | AÑO DE CREACIÓN |
| Ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes | 8 de noviembre de 1985 |
| Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales | 7 de junio de 1989 |
| Artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación Argentina | 15 de diciembre de 1994 |
| Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptada en Nueva York durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. | 13 de septiembre de 2007 |