“Hay políticas que marcan el sesgo ideológico del gobierno porteño, sin ninguna duda”, manifestó el legislador de la Ciudad José Cruz Campagnoli en la sesión de presupuesto de diciembre último. Una de las paradojas de los impuestos de la Ciudad es el aumento sistemático de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y de patente, en contraposición con una política de exención impositiva dirigida al sector privado.
La composición del presupuesto y la política fiscal muestran el modo en que un gobierno entiende la administración de lo público. Tras siete años de gestión del PRO en la Ciudad, las grandes mayorías que la habitan pagan más impuestos, mientras un puñado de privilegiados queda exento de sus obligaciones con el fisco.
En 2011 se sancionó un nuevo método de cálculo del ABL, lo que arrojó que algunos incrementos podían llegar a superar el 300 por ciento. Por eso, cada año la Legislatura vota un tope máximo, que para el 2014 fue del 40 por ciento y que para el 2015 es del 30, según la ley votada en junio del año pasado y el presupuesto aprobado para el ejercicio vigente. Sin embargo, el cálculo de inflación que el gobierno prevé se encuentra por debajo de ese porcentaje. La ciudad estimó que la inflación será de un 28 por ciento anual en 2015, mientras que para 2014 había previsto un 24 por ciento anual que, con mediciones propias, terminó ascendiendo a un 28,8. En este sentido, los aumentos impositivos por encima de la inflación real son un rasgo constante de la política tributaria de la ciudad, mientras que la orientación de la exención impositiva se dirige a sectores fuertes de la economía. Como lo expresó el asesor económico del bloque Nuevo Encuentro en la Legislatura porteña, Juan Goldman: “Mientras sobre la mayoría de los habitantes de la Ciudad recaen aumentos sostenidos del ABL y para el año 2015 un aumento del 50 por ciento para las patentes de vehículos, algunas empresas privadas con amplios márgenes de rentabilidad, son eximidas de sus obligaciones tributarias”.
Un caso emblemático fue presentado por la Legisladora porteña y presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, en la sesión de presupuesto de diciembre pasado que, según ha expresado “da cuenta de la ausencia de controles del gobierno de Macri en una de sus principales políticas de desarrollo: el Distrito Tecnológico ubicado en Parque Patricios”. Aún con el voto negativo de la oposición, el distrito logró exenciones impositivas para las empresas allí radicadas hasta 2024.
El bloque oficialista argumenta la exención con “la promoción de la ciencia y la tecnología” y “la generación de empleo” en esos rubros. Un informe de la Auditoria General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de septiembre de 2014, expone que “en lo que tiene que ver con la promoción de actividades TIC, de las 100 empresas que la autoridad de aplicación informó como incorporadas al Registro de empresas TIC (N. del. E.: tecnologías de la información y la comunicación) al 13 de agosto de 2013, 87 eran preexistentes a la creación del Distrito. Este es uno de los indicadores que revela que no ha habido un crecimiento significativo de nuevas empresas de TIC que se radiquen en la zona”. A esa fecha, según el mismo documento, “la implementación del Distrito no ha tenido un efecto dinamizador de la creación del empleo, toda vez que en su mayoría las empresas mantienen su plantilla de empleados, limitándose a un traslado de la sede laboral (…) En el marco de los incentivos determinados por la Ley 2.972, las empresas radicadas o en vías de radicación, han recibidos beneficios impositivos al 31 de diciembre de 2012 por más de 90 millones de pesos”. Sin embargo, la directora de Gestión de Inversiones del Gobierno de la ciudad, Silvia Alves, consultada al respecto, indicó: “No es el objetivo principal la creación de nuevas empresas tecnológicas, si bien es un efecto deseado y la creación del Distrito es una herramienta propicia, el principal objetivo es el desarrollo económico de un área con inversión del sector privado y acompañamiento del sector público. Es por eso que el traslado de las empresas, sus empleados, la generación de consumo y el derrame de actividad comercial en el barrio, es en sí mismo un éxito de la política de distritos”.
El Distrito Tecnológico, según arroja el informe de la dirección a cargo de Silvia Alves, cobija a empresas de gran tamaño como Telefónica Gestión Servicios Compartidos, Despegar.com, Exo S.A., ADP Consultores -con oficinas en Colombia, México, entre otros- y Iron Mountain que poseen sedes y/o sucursales por fuera de esa zona y, según establece el informe de la Auditoria General de la Ciudad, existen “debilidades en la gestión de la Autoridad de Aplicación y de la AGIP, relacionadas en el control del cumplimiento de las obligaciones de los particulares que han adherido a los beneficios otorgados por la ley”. En tanto, el informe producido por el bloque del Frente para la Victoria (FPV) en relación al tema, expresa que “no existe un control por parte de la autoridad de aplicación que permita observar una contabilidad separada entre la actividad realizada dentro del Distrito y la que se realiza fuera de él, por lo tanto, es probable que esas firmas reciban más exenciones que las que corresponderían por su actividad dentro del polo de desarrollo”.
Por otra parte, otras sociedades con pocos empleados pero muy grandes como Consultores Traverso y Asociados S.R.L., Novatech Solutions S.A., MovilGate S.A., que poseen clientes como YPF, Garbarino y Visa, se encuentran en las mismas condiciones que las anteriores. “Esto es una forma solapada de financiar a las empresas privadas a costa de los contribuyentes”, opinó a la prensa Pablo Ferreira, legislador porteño por la Agrupación Seamos Libres.
Para muestra, un botón
“El caso de Iron Mountain -la empresa norteamericana de gestión de archivos conocida por haberse incendiado en febrero de 2014- es claro. No generó empleo y se benefició con casi cinco millones de pesos en exenciones impositivas, entre ingresos brutos y ABL”, explicó Aníbal Ibarra luego de la presentación del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, que se dio en el marco de la discusión presupuestaria de fines del año pasado. Asimismo, en su sitio web la firma informa que ocupa el puesto 721 en el ranking de las 1.000 empresas estadounidenses de mayores ingresos elaborado por la revista Fortune.
A más de un año de aquel incendio, la empresa tiene dos causas judiciales. La que investiga los motivos del siniestro ocurrido el 5 de febrero de 2014, que según un informe elaborado por los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina el episodio en el depósito del barrio de Barracas, fue intencional. En igual sentido se expresaron los especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y aún resta el informe del equipo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En tanto que el otro expediente surge de la investigación de AFIP, la Comisión Nacional de Valores y la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y es por presunto lavado de dinero.
Como contracara de las sospechas que la justicia debe esclarecer, Iron Mountain fue distinguida en 2009 por Mauricio Macri por ser una de las tres primeras firmas inscriptas en el Registro de Empresas TIC de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto que lo ocurrido en Barracas se trató del quinto incendio de la mencionada sociedad. Los cuatro anteriores sucedieron en 1997, en Estados Unidos; en su planta de Londres, en 2006; en Ottawa, Canadá, en 2006 y en Italia, en 2011. En el caso argentino, murieron 10 personas entre bomberos y rescatistas. En la actualidad posee oficinas en el Polo Tecnológico de Parque Patricios y será exenta de impuestos durante el presente año y hasta el 2024.
Los datos del distrito
Hacia fines del año pasado para aprobar la política de exención a las empresas del distrito tecnológico, la Dirección General de Gestión de Inversiones presentó a legisladores y legisladoras porteñas un informe que explicita las empresas radicadas de modo definitivo en el polo, las provisorias y las que se encuentran en trámite, con el detalle de la cantidad de trabajadores que cada una emplea.
En suma, de los 11.359 trabajadores -radicados o comprometidos por las empresas en trámite-, 8.786 pertenecen sólo a 29 empresas de las 172 totales entre definitivas, provisorias y en trámite. Es decir que un 77 por ciento de los empleados trabaja sólo para el 17 por ciento de las firmas.
Según el análisis producido por el bloque del FPV, con motivo del debate parlamentario en torno al tema: “La mayoría de los trabajadores pertenecen a empresas grandes que relocalizan a sus empleados en el Distrito en vez de incorporar más personal”. A su vez, en sintonía con el análisis realizado por la Auditoría General de la Ciudad, el estudio del FPV expresa que “el Distrito no cumplió con ninguno de los objetivos propuestos -mayor empleo, desarrollo actividades TIC y plan educativo, revitalización de la zona sur- a pesar de las exenciones conseguidas”. En tanto, el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, en su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña a fines del año pasado, en relación al Informe de la Auditoría General de la Ciudad, manifestó: “Es absolutamente incorrecto”, sin muchas explicaciones más. Silvia Alves, por otra parte, argumentó a esta ANCCOM que el informe mencionado se desprende de una auditoría efectuada sobre los procesos y tramitaciones hasta el 2012 y que desde ese momento a la fecha se han llevado a cabo innumerables medidas de optimización, control, reglamentaciones: “Hasta se elevó una nueva ley a la legislatura que recopila las experiencias aprendidas, tanto en nuevas actividades que requieran incentivos, como así también un ajuste en los beneficios otorgados, los que se irán disminuyendo con la consolidación del sector”.
Las novedades judiciales en el caso Iron Mountain, en tanto, ponen ante una nueva encrucijada a la política de incentivos al sector privado del Gobierno porteño. La empresa premiada por el gobierno de la Ciudad en 2009 por ser una de las tres primeras inscriptas al Distrito Tecnológico y, luego, exenta de impuestos, tiene bajo la mira judicial los objetivos empresariales que enuncia. Así, cobra actualidad el comunicado que el Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, difundió luego del incendio de 2014 en el que exigió que el Ejecutivo Porteño «dé explicaciones con respecto a los beneficios impositivos a la empresa Iron Mountain». Epszteyn, entonces, también planteaba que «mientras el Gobierno aumenta abruptamente los impuestos a los porteños todos los años, sólo en 2012 Iron Mountain se ahorró 5 millones de pesos por el distrito tecnológico entre ingresos brutos y ABL». En tanto, el Gobierno porteño clausuró el depósito de Iron Mountain en Parque Patricios, por sobre carga en los estantes en altura. En este contexto el legislador por el Frente de Izquierda, Marcelo Ramal pidió la “interpelación inmediata” a funcionarios del PRO, en el marco de la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico de la legislatura.