Luego de las audiencias testimoniales en el juicio por la apropiación de Javier Penino Viñas, las querellas coincidieron en pedir 12 años de prisión para Ana María Grimaldos, la única imputada. La fiscalía también solicitó una pena similar y ahora sólo queda esperar el veredicto del Tribunal, que se conocerá a mediados de abril. La acusada es la esposa de Jorge Vildoza, quien fue subdirector del centro clandestino de detención de la ESMA hasta 1979, y actualmente se encuentra prófugo. Ambos eran buscados por el robo y retención de Javier y Grimaldos fue capturada en julio de 2012, en Acassuso.
Estela de Carlotto en la Primera Audiencia del Juicio por apropiación de Javier Penino Viñas
La querella de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo pudo demostrar que los actos realizados por Ana María Grimaldos para ocultar, retener y tomar como propio a un hijo ajeno, fueron realizados con pleno conocimiento y consentimiento de la situación: “No juzgamos a Grimaldos por los actos de Vildoza, no podríamos ni querríamos hacerlo. La juzgamos por los actos que ella cometió, que son de por sí suficientemente graves”.
Javier nació en septiembre de 1977 en la ESMA, donde su madre Cecilia Viñas se encontraba detenida. Ella y su esposo Hugo Penino, habían sido secuestrados en julio de ese mismo año, cuando llegaban a su casa en Buenos Aires. A Cecilia le dijeron que luego del parto el niño sería entregado a sus familiares, pero fue robado por Jorge Vildoza que, en complicidad con su mujer, se quedó con el bebé y lo inscribieron como hijo propio. Desde diciembre de 1983 hasta marzo de 1984, ya en democracia, Cecilia pudo comunicarse con su familia desde la prisión clandestina y fue allí cuando sus padres y su hermano comenzaron la búsqueda del niño robado.
En 1984, al enterarse de las denuncias de Abuelas de Plaza de Mayo y de las sospechas de los familiares, Vildoza y Grimaldos se fugaron del país llevándose consigo al hijo de Cecilia y Hugo. En 1998, Javier se presentó ante la justicia y solicitó que se le realizaran los análisis genéticos necesarios, que dieron como resultado que era el hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino. Los apropiadores estuvieron prófugos durante 24 años, hasta que Grimaldos fue detenida y apresada. Según la acusada, su marido falleció durante 2005 pero no se presentaron los certificados pertinentes, por lo que su paradero es desconocido y por lo tanto para la justicia aún sigue prófugo.
Carlos Viñas. Primera Audiencia en los Tribunales de Comodoro Py, 24 de febrero de 2015.
En las audiencias testimoniales declararon: Javier; su abuela materna Cecilia Pilar Fernández de Viñas; su tía paterna Guadalupe Penino; su tío materno Carlos Viñas, y el médico Jorge Hipólito Meijide. Tanto Guadalupe como Carlos relataron la interminable búsqueda de su sobrino. La declaración del pediatra Meijide fue fundamental al comienzo de la investigación para apuntar las sospechas hacia Vildoza y su esposa. Según el doctor, tras una visita médica a la familia Vildoza –por la obra social de la Armada– pudo tener contacto con un niño al que notó con “una mirada triste”, además Meijide contó al juez que hubo varios detalles que llamaron su atención: “Mi ojo de pediatra me dijo que la habitación de ese chico estaba como demasiado pulcra, era una habitación demasiado limpia. Después cuando fui al living hacer las indicaciones, la señora fue a buscar el carnet de afiliado y en las mesas del living vi unas fotos de casamiento de un capitán de fragata, o de servicio, como yo había hecho el servicio en la Marina, me di cuenta por la vestimenta. Y coincidía con la obra social de la Armada”. El doctor asegura que en ese momento percibió una situación extraña pero no pudo sacar ninguna conclusión, hasta el momento en que se publicaron en los diarios los nombres de los militares involucrados en los grupos de tareas: “Y ahí aparecía el nombre Vildoza. Vi eso y me cerró un poco lo que yo había intuido, así que fui a Abuelas”.
Ya en democracia, la familia Viñas contaba con el dato sobre que era muy probable que el niño que Vildoza tenía fuese el hijo de Cecilia, por lo que comenzaron un proceso de búsqueda extremadamente obstaculizado por el aparato judicial y policial del momento, y en el que no solo no obtuvieron ayuda del Estado, sino que la estructura militar –aún no disuelta– cooperaba con los prófugos. Según lo relatado por Carlos Viñas, tras intentos, cartas y pedidos al gobierno, lograron ver al ministro del Interior, Antonio Troccoli. Pero el ministro los derivó al jefe de la Policía Federal Argentina y allí no obtuvieron más información.
La última declaración de la etapa testimonial fue la de Catalina Curto de Neri, amiga de la acusada, que intentó sostener el supuesto desconocimiento de la situación por parte de Grimaldos, el mismo que la acusada propuso en su testimonio, para desvincularse del crimen.
En el alegato de los abogados de Abuelas, la culpabilidad de la acusada en el delito de retención y ocultación de un menor de diez años quedó establecida, y agravada aún más por el hecho de que la acción se llevó a cabo durante un largo período de tiempo, en el que Grimaldos cometía el delito día tras día. Según las querellas: “Esta acción se consumó y se mantuvo en el tiempo, mediante la alteración del estado civil de Javier, la falsificación ideológica de sus documentos e incluso por la evasión de la justicia llevadas a cabo por Grimaldos y Vildoza”. Es decir que el delito cometido por Grimaldos de modificar y ocultar la verdadera identidad de Javier, se produjo no sólo hacia sus familiares legítimos, que lo buscaban, si no también hacia el propio Javier, al que le fue omitida su identidad. Como él mismo declaró al juez, Vildoza y Grimaldos le habían dicho que era “adoptado y huérfano.”
Cecilia Viñas.Segunda Audiencia del Juicio por apropiación de Javier Penino Viñas.
Además, los abogados explicaron por qué el delito quedó calificado como crimen de lesa humanidad: “Para llegar a esa calificación no es necesario que Grimaldos haya conocido que existía una práctica o un plan sistemático de apropiación de niños. Basta con que conociera el contexto general en que se desarrolla su conducta y que se representara cuanto menos el riesgo de que su conducta se aproveche de ese contexto”. Y no solamente el beneficio de actuar dentro de un contexto que avalaba su impunidad, si no el de resguardarse en la impunidad que obtenía su esposo, por el cargo militar que tenía. Por último, las querellas aseguraron que las pruebas de inocencia de Grimaldos “caen por su propio peso”, ya que “aunque seguramente poseyera menos información que su cónyuge, sabía que lo había traído (al bebé) su marido, cuya actividad como marino lógicamente conocía”. El alegato culminó con el pedido de 12 de años de prisión y, días más tarde, con idéntico pedido por parte de la fiscalía.
El viernes pasado, la defensa de Grimaldos pidió su absolución por prescripción de los delitos que se le imputan y solicitó que, en el caso de que se le imponga una pena, esta debe ser la mínima, de tres años. La abogada expuso su alegato y sostuvo nuevamente la inocencia manteniendo que la imputada “desconocía la existencia de un ataque generalizado”, y que “carecía absolutamente de información” ya que era su esposo quien se encargaba de manejar la documentación de la familia. Además de su supuesta ingenuidad y la sumisión ante el carácter autoritario de Vildoza, la defensa intentó eludir la acusación mediante el justificativo: “Ella es una ama de casa, no fue integrante del aparato represivo del Estado”.
Ante esto, la fiscalía y las querellas volvieron a resaltar la gravedad de los hechos realizados por Ana María Grimaldos dentro de aquel contexto dictatorial y manteniéndose prófuga con un niño que no era suyo, durante 24 años.