Sep 9, 2015 | inicio
La Villa 20 forma parte de la Comuna 8, en el barrio de Villa Lugano. Bordeada por las avenidas Escalada y General Fernández de la Cruz linda, por un lado, con la Escuela Federal de Policía y, por otro, con el recientemente construido Polo Farmacéutico. Delante de la Villa está el estacionamiento de la Policía y al lado un predio vacío, que solía ser un cementerio de autos. Desde hace diez años, los vecinos esperan que se cumpla la Ley de urbanización para acceder al derecho de tener una vivienda digna. “Queremos que realmente se cumpla la urbanización, porque esto causa la desigualdad”, reclama Marisa Llanos, vecina del lugar.
Predio recuperado y el paredón, vista desde arriba.
El 11 de agosto de 2005, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, la Legislatura Porteña sancionó la ley 1.770 que en su artículo 3º dice: “El Poder Ejecutivo deberá realizar, en el término de noventa días de promulgada la ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante”, el texto finaliza con la exigencia: “El Poder Ejecutivo debe realizar antes de comenzar las obras mencionadas en el párrafo anterior, el saneamiento del suelo”. Sin embargo, recién hoy, diez años después, y tras la toma del predio y su posterior desalojo forzado, comienzan las tareas de análisis y saneamiento.
Según un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2007, el predio vecino a la Villa era utilizado por la Policía Federal “como depósito de vehículos afectados a causas judiciales o abandonados en la vía pública” y esa acumulación y abandono de chatarra tóxica producía “un grave daño ambiental, que pone en riesgo la vida y la salud de los miles de habitantes de la Villa 20”. A fines de ese mismo año, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional firmaron un convenio para recuperar las tierras con el fin de construir viviendas. Todo se empezó a concretar en 2009, cuando un juez ordenó vaciar el predio para comenzar su limpieza y desinfección. Marta Lado, encargada de la secretaría Ad Hoc para el trámite de los expedientes colectivos en materia de derechos económicos sociales y culturales, bajo la órbita de la jueza Elena Liberatori, contó sobre el problema: “Fue un proceso largo para poder sacar los automóviles de ese predio. Porque el expediente tiene muchos años, y dicen que hace muchos años que no se hace nada, pero primero había que conseguir que esos autos destruidos fueran a alguna parte”. Finalmente, la última etapa del vaciamiento terminó a fines del 2013, cuando debió comenzar el saneamiento del suelo contaminado.
Marcha por la urbanización de la Villa 20. 25 de agosto de 2015
Barrio Papa Francisco
Luego de retirar la totalidad de los autos abandonados, la tierra contaminada permaneció a la espera del análisis. Pero algunos vecinos, ante la demora, decidieron hacer visible su demanda y se asentaron allí. El 5 de febrero de 2014 se produjo la toma de los terrenos, a los que sus habitantes llamaron Barrio Papa Francisco. “A principios de marzo logramos hacer una audiencia enorme con vecinos y legisladores. Ahí se fijaron líneas muy claras de trabajo, y yo les dije desde el primer momento que no me pidieran baños químicos, ni nada para la toma, porque la toma es un modo inapropiado de reclamar algo legítimo. Lo que podíamos hacer frente a esa situación, y yo para eso me comprometía, era trabajar la desocupación pacífica. Desocupación en función de obtener del Gobierno el compromiso de ver cómo íbamos al tema de fondo, que era el reclamo de la vivienda”, contó la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Liberatori fue quien estuvo presente en el diálogo con los vecinos de Villa 20, y quien luego actuó como mediadora ante el Estado: “Habíamos avanzado bastante, porque para agosto estaba fijada la audiencia pública de la Ley 1.770, en el Parque Roca. Nos costó pero el Gobierno finalmente accedió. Teníamos una agenda, había gente de la Facultad de Arquitectura, con anteproyectos para la tipología urbana del barrio. Fuimos al barrio, nos reunimos en una escuela para hablar con los vecinos y explicarles que íbamos hacer la audiencia y que era una oportunidad”, agregó.
Para Liberatori la toma provocó una “contaminación política” dentro de aquella situación de negociación: “Ese desparramo que hicieron algunos no dejó participar a los vecinos que venían a enterarse de cómo era una audiencia pública. Entonces vino el desalojo, y después todos lloramos, y ahí se terminó todo”. Seis meses después de la negativa de los vecinos a retirarse voluntariamente del predio, el 23 de agosto de 2014, la jueza Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, decidió el desalojo que llevaron a cabo la Policía Metropolitana y la Gendarmería. Según Liberatori, el desalojo también era la última medida para la jueza Iñiguez, por eso se realizó en el mes de agosto y no al comienzo de la toma: “Estoy convencida de que el abordaje de los conflictos no tiene que acudir en primera medida a lo punitivo y a lo represivo. Nos hubiera dado muchísima más fuerza, confiar en el camino legal que estábamos haciendo y poniendo en pie. Después de una audiencia, inclusive para los legisladores, hubiéramos llegado de otra forma”, dijo la jueza. Luego del desalojo, Liberatori exigió al Gobierno de la Ciudad el cumplimiento efectivo del plan de urbanización y estableció este año, 2015, como plazo límite.
“Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si ya el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”, Marcelo Urquiza.
Por otro lado, algunos vecinos reivindicaron la medida como un modo de hacer valer sus derechos. Marcelo Urquiza, delegado de la Junta Vecinal de Villa 20, dijo: “Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”. Urquiza tiene 40 años y se crió en el barrio. En la Villa 20 vivieron sus abuelos, sus padres, y ahora sus hijos y nieto. Marisa Llanos también vive en el barrio. Su mamá vino de Bolivia hace 26 años y ella nació y creció en Lugano. Ahora es militante del Frente de Organización en Lucha y estudia para ser maestra de primaria. Llanos comentó: “Yo no estoy en contra, pero creo que había que buscar otra solución. La solución no es tomar un terreno, sino un plan de urbanización. Pienso que deberían hacer departamentos, y que los vecinos, la gente que necesita, que lo pague en cuotas a la medida de sus posibilidades”.
Situación actual
El 25 de agosto pasado, distintas agrupaciones junto con habitantes de la Villa 20, y en compañía de vecinos de otras villas de la Ciudad, se movilizaron desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno para recordar los diez años de la sanción de la Ley 1.770, su incumplimiento, y el primer año transcurrido desde el desalojo del predio. El pedido general era de una solución a la crisis habitacional: “Así como nosotros estamos desamparados por el Gobierno de la Ciudad, están también las otras villas, muchos barrios humildes que tienen la misma problemática que nosotros, que les falta urbanización, no tienen luz, no hay agua ni cloacas. Y todo le compete hoy al Gobierno que está conduciendo la Ciudad. ¿A quién le vamos a reclamar?”, se preguntaba Marcelo Urquiza. Mientras que Marisa Llanos hacía hincapié en la igualdad de derechos y obligaciones: “Si se corta la luz, nosotros no podemos reclamar porque no pagamos nada. Pero queremos pagar, queremos tener los mismos derechos que cualquier persona, así podemos reclamar. Pero no, nos tenemos que quedar como estamos y aguantar a que ellos quieran arreglarlo. Esa es la situación de todas las villas, todas sufren lo mismo”, aseguró la militante.
Chicos jugando al lado del paredón que divide el predio de la villa.
Durante este año, los habitantes de la Villa 20 no vieron que se realizaran mejoras en los terrenos. Urquiza comentó que lo único que se hizo fue “un paredón de dos metros y medio que rodea al barrio y esconde a la Villa del resto de la sociedad. Lamentablemente hay una falta de voluntad política en la Ciudad de Buenos Aires, donde los derechos de los ciudadanos los guardan en un cajón”. Virginia Gutiérrez vive en la Villa desde el 2001 y desde la terraza de su casa se puede ver el muro y el predio. Gutiérrez contó que durante la toma se vivieron momentos tensos de violencia y tiroteos y que aún recuerda a las personas que corrían llorando cuando las topadoras aplastaron sus casas y pertenencias. Ella alojó algunos vecinos en su casa por un tiempo, pero después muchos se fueron del barrio: “Algunos los llevaron a hogares pero se quedaron sin nada. Otros se fueron con familiares, y algunos se volvieron a sus países”. En cuanto a la movilización, opinó: “No sé qué va a pasar pero para mí hay que seguir. Por lo menos conseguir que se construyan las calles, que pongan el agua y la luz. No hay que dejarlo y acordarnos solamente una vez por año”. De la misma manera, la jueza Liberatori subrayó: “Lo que falta es la voluntad política. ¿Dónde está la voluntad política?: En la urna. No sale de mi firma, ni nos compete a los jueces forzar la voluntad política. Por eso las cosas no salen, andan de a tumbos, porque contra eso no podemos. La voluntad política es inexistente para ciertas cosas. Porque donde hay voluntad política las cosas caminan, y salen”. Por último, la jueza confirmó que el proceso de saneamiento ya comenzó, y adelantó que durante el mes de julio recibieron en el juzgado un avance: “Nos llegó un informe en donde se recategorizó el predio de la toma y dice que se van a construir 800 viviendas, que va haber comercios minoristas y distintos núcleos que llaman “nido” en donde darán talleres. Eso fue lo último que hemos recibido, y para nosotros fue una sorpresa. Con lo cual ahora, estaremos trabajando sobre esta segunda parte”, finalizó.
Jul 1, 2015 | Entrevistas
Cinco cronistas de ANCCOM fueron a buscar las propuestas de los candidatos a jefe de Gobierno porteño que se presentarán en los comicios del próximo domingo. Myriam Bregman concedió una entrevista en su despacho, Luis Zamora la otorgó por vía telefónica, Mariano Recalde respondió mientras hacía una caminata proselitista, Horacio Rodríguez Larreta aceptó un ping-pong cuando subía a un auto. Martín Lousteau ni siquiera contestó.
Myriam Bregman: más estado, menos privados
En el piso nueve del edificio del Congreso de la Nación, Myriam Bregman, candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), recibió a ANCCOM en su despacho y contó sobre las políticas que llevaría a cabo para solucionar los problemas de la Ciudad.
¿Qué medidas tomaría para abordar la crisis habitacional de la Ciudad?
Esta crisis abarca distintos aspectos, desde los que alquilamos hasta los que quieren adquirir una propiedad y les es imposible. El otro día alguien me decía: “Salvo que heredes, jamás te podrás comprar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires”, y realmente es así. Es imposible acceder a una casa: los ingresos y los requisitos que piden son inalcanzables para cualquier familia y eso va hasta la situación de las villas. Hay una medida elemental para tomar que es que el Banco Ciudad otorgue créditos a tasa cero y que no afecte a más del diez por ciento del salario, para que cualquier familia pueda acceder a una vivienda. Y el macrismo, además, no cumplió las leyes de urbanización de villas que ya fueron votadas. Nosotros proponemos otro esquema: que sean los propios habitantes de cada lugar los que decidan ese plan de urbanización. Cómo debe ser y que ellos tengan poder de decisión. La crisis habitacional no puede debatirse o analizarse sin considerar las situaciones trágicas que se han vivido en la Ciudad producto de la falta de vivienda. Ellas son: la represión brutal del Parque Indoamericano con tres muertos y, posteriormente, el desalojo del llamado barrio “Papa Francisco”, con una brutal represión al mando de la Gendarmería y de la Policía Metropolitana. Estos dos grandes hechos represivos tienen como trasfondo la crisis de la vivienda. Creo que hay que mencionar esto porque es así como han tratado -tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad- la terrible crisis habitacional que tiene la Ciudad.
¿Cuál sería la política de educación? ¿De qué manera resolvería el problema de la falta de vacantes?
Llevaría adelante una política opuesta a la que está llevando el macrismo. En la vivienda, el PRO privilegió los negocios privados por sobre los intereses de la mayoría de los habitantes de la ciudad. Porque no es que no se haya construido, se han construido viviendas caras que terminan siendo parte de la especulación inmobiliaria y ociosa. Con la educación pasa lo mismo, el modelo del macrismo es privilegiar la gestión privada, por eso se ha llegado a que el 55 por ciento de la matrícula de la Ciudad está en escuelas privadas. Tiene más alumnos la escuela privada que la escuela pública, algo que hace unos años parecía impensado. El sustento de este fenómeno son los subsidios, es decir, el dinero público que se deriva a la educación privada. Proponemos eliminar los subsidios a la educación privada y privilegiar la educación pública que hoy está atravesando una grave crisis que lleva a que muchos colegios estén tomados por sus estudiantes que cuestionan tanto los planes de recorte educativo que quiere hacer el PRO, modificando los planes de estudio, como la falta de infraestructura. Muchísimas escuelas hasta el día de hoy no tienen gas.
¿Qué opina de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria (NES)?
Es una política de destrucción de la escuela pública, porque quita orientaciones que son elegidas por docentes y alumnos, por eso hay tantos colegios tomados. Muchísimos docentes perderían sus puestos de trabajo con su implementación, ya que quedarían sin posibilidad de trabajar. Y muchos alumnos quedarían sin la orientación que eligieron, además del recorte de otras materias. Es una política a la medida de lo que el macrismo está haciendo, cada vez más la destrucción de la educación pública para privilegiar la privada.
¿Qué haría para cumplir con la universalidad de las salas de cuatro años ante la falta de infraestructura y docentes?
El Frente de Izquierda ya presentó un proyecto de construcción de 31 escuelas, centralmente en la zona sur del Gran Buenos Aires que es donde se da la mayor falta de vacantes. Tiene que haber -con las adaptaciones que sean necesarias – la posibilidad de jardines maternales desde los 45 días para todos los chicos de la Ciudad.
¿Qué medidas tomarían para invertir en infraestructura, equipamiento y personal en el sector salud?
Planteamos la triplicación del presupuesto en salud. La Ciudad no tiene un problema presupuestario, es una de las más ricas de América latina. El tema es cómo el PRO gasta su presupuesto. El Frente de Izquierda presentó un proyecto planteando las seis horas para todos los trabajadores de los hospitales, porque consideramos que es una profesión insalubre y muy mal remunerada. Hoy, una enfermera gana seis mil pesos, es una vergüenza que el macrismo -donde la mayor parte de sus funcionarios son millonarios absolutos- decida que una familia puede vivir con seis mil pesos. En nuestro proyecto contemplamos un salario igual a la canasta familiar: 12.500 pesos.
¿Cuál sería la política de transporte?
Planteamos la necesidad de un plan racional de transporte que integre la Ciudad de Buenos Aires con el Área Metropolitana. Por ahora no es que no se toman medidas, pero el PRO todo lo piensa como un negocio, relacionado con la obra pública. Entonces invierte allí donde más puede desarrollar y va haciendo como parches: por un lado la bicisenda, por otro lado el metrobús. El subte está en un estado de abandono terrible. Recién venía en la línea C con un compañero, no nos pudimos sentar de la suciedad que tenían los asientos y lo destruidos que estaban. Así viaja el pueblo trabajador, ninguno de los funcionarios que administran el subte viaja en él, jamás vi ahí a un funcionario del Gobierno de la Ciudad. El subte debe pasar a manos del Estado, que sea municipalizado bajo control de trabajadores y usuarios. Los trabajadores saben cuál debe ser la frecuencia, saben cuáles son los vagones que pueden funcionar y cuáles no. Jamás harían una compra como hizo el PRO, endeudando a la ciudad en dólares para comprar vagones que no sirven.
¿Qué políticas se llevarían a cabo para integrar una ciudad partida en dos?
La zona más postergada es la zona sur. Pero lo que hay que resolver es la ciudad dividida en dos, no sé si geográficamente a la mitad, sino desde arriba y desde abajo. Es una ciudad pensada para los empresarios, para los grandes negociados. Eso es lo que se viene imponiendo en todos estos años. Queremos una Ciudad donde las escuelas no estén sin gas ni que brinden a los niños viandas terribles. Los alimentos en las escuelas son malísimos y doy constancia porque mi hija va a una escuela pública y come en un comedor. Queremos que Buenos Aires sea una ciudad pensada para las mujeres, para los jóvenes y para los trabajadores. Si resolvemos esa ecuación, seguramente ya no habrá tanta diferencia entre el norte y el sur, ya que la mayor cantidad de los que viven en la ciudad son trabajadores.
Mariano Recalde: “Otra Buenos Aires es posible”
“Cómo es posible que haya cinco mil chicos sin vacante en la Ciudad y el Estado no se ocupe, cómo es posible que todavía haya cuarenta y dos villas en la Ciudad de Buenos Aires y no se hayan empezado a urbanizar y a integrar esos barrios al resto de la ciudad. Nada de lo público es prioritario, nada de lo estatal es prioritario”, dijo Mariano Recalde, candidato a Jefe de Gobierno porteño por el Frente para la Victoria, a ANCCOM en referencia a la actual gestión del gobierno de Mauricio Macri.
Las declaraciones del candidato fueron mientras recorría el barrio Mitre. Se trata de seis manzanas dentro del barrio Saavedra, Justo detrás del Shopping DOT, mirando desde la Avenida General Paz.
En el día de la Bandera, un grupo de militantes de La Cámpora se equipó de volantes y bolsas celestes, y partió desde el local de la agrupación en la calle Tronador hasta la Plaza, que está casi en el centro del barrio, cruzando Posta y rodeada por Correa. En el medio de la plaza hay un mástil y en lo alto, una bandera deshilachada. Allí junto al mástil, los militantes instalaron una sombrilla azul con el nombre de Mariano Recalde, y lo esperaron para iniciar la recorrida que formaba parte de la campaña del candidato para las elecciones del próximo domingo, 5 de julio.
¿Qué propone para solucionar el problema de la falta de vacantes en los colegios?
Tenemos identificado en cada barrio qué déficit educacional hay. Hay que construir 34 establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires para cubrir la oferta básica para el distrito. El plan de gobierno, en el que presentamos nuestras propuestas detalladas, incluye el detalle de la construcción de las escuelas para educación inicial, primaria y secundaria que hacen falta en cada rincón de la Ciudad.
¿Cuál es la solución que propone para el conflicto por la modificación de los planes de estudios de los colegios secundarios?
Todo es parte del mismo problema, de la falta de inversión en educación. Con mayores recursos y con la ejecución del presupuesto asignado a la educación pública se podrían compatibilizar estos reclamos, se podría brindar a todos los estudiantes, a todos los docentes, las soluciones que hoy reclaman.
¿Cómo planea solucionar el problema de la falta de camas hospitalarias?
Es parte de la misma política general de asignación de prioridades, de otorgar los recursos del presupuesto de la Ciudad, que por cierto lo votan en la Legislatura los socios del frente Cambiemos. Porque no solamente se vota el presupuesto con votos del PRO; también con los votos de los aliados, hoy denominados ECO. Ambos decidieron reducir el presupuesto a la salud pública y se nota no solo en los hospitales sino también en los Centros de Salud de Acción Comunitaria, como el que acabamos de visitar, que lo vimos cerrado, que no tiene médicos ni medicamentos ni enfermeros. Hay centros de salud que no tienen personal administrativo, por lo que no se pueden ni siquiera asignar los turnos. Hay un abandono enorme que tiene que ver con una política que deja al mercado resolver los problemas: el que tiene plata tiene salud y educación y el que no, que se las arregle con lo que hay.
¿Piensa implementar políticas públicas en espacios como el distrito tecnológico?
Defender lo público por sobre lo privado no implica no promover el desarrollo industrial. El desarrollo productivo depende fundamentalmente de inversiones privadas fomentadas y dirigidas desde el Estado. Una manera de incentivar el desarrollo económico para que haya más inclusión social es promover el establecimiento de emprendimientos productivos en la Ciudad de Buenos Aires, que cada vez son menos. Los distritos tecnológicos, audiovisuales, todos los espacios para emprendimientos productivos determinados son una buena herramienta cuando se los utiliza bien. Lo que hoy tenemos es simplemente una política de exención impositiva que lo único que hace, en vez de fomentar a nuevas empresas, es relocalizar a las mismas empresas que ya existen; y lo que obtienen es un beneficio impositivo.
¿Qué medidas van adoptar para fortalecer a las Comunas?
Creemos que hay que aplicar la Ley de Comunas y que hay que ir dándole cada vez más presupuesto, más atribuciones y más facultades. Tenemos muchas iniciativas que van en esa dirección, pero fundamentalmente si fuéramos gobierno, tendríamos Comunas con mucha más autonomía.
¿Cuál es la propuesta para solucionar la crisis habitacional que vive la Ciudad?
La prioridad es la integración de las villas, y facilitar las condiciones de las familias para el acceso a la vivienda. También pensamos en políticas de protección a inquilinos que eviten los abusos y el otorgamiento de créditos, como se hace a nivel nacional desde el Plan Pro.Cre.Ar.
¿En qué se diferencia principalmente su proyecto de la gestión del PRO?
A nosotros nos preocupa el bienestar general, nos preocupa la inclusión social y la integración del país. Hay otra Buenos Aires posible, más cerca de la gente y no del lado de los negocios.
Horacio Rodríguez Larreta: un centro de salud a no más de veinte minutos
De parado, apurado y a punto de subirse a un auto, Horacio Rodríguez Larreta -candidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO- accedió a responder una brevísima entrevista en medio de su campaña, esta vez, en Parque Avellaneda.
Si llega a ser electo, ¿Cuáles van a ser las obras de infraestructura prioritarias en materia de salud?
Hay un montón de obras en marcha que tenemos que terminar. La obra del Hospital Álvarez, por ejemplo, que lo estamos haciendo casi a nuevo después del incendio. También tenemos que terminar la obra del Hospital Cecilia Grierson, que va a ser el primer hospital en Lugano. Siempre hay obras en marcha. Nosotros prevemos que si seguimos construyendo entre siete u ocho centros de salud, podríamos cumplir con nuestra propuesta de que todos los vecinos de la Ciudad tengan uno a no más de veinte minutos de su casa.
¿Y qué propone para afrontar la crisis de viviendas?
Hay que profundizar el programa Primera Casa. Hoy, ese programa da los mejores créditos de Argentina. Es el único en que la cuota del crédito es igual o menor a la cuota del alquiler.
Luis Zamora: “No quiero ser Jefe”
Después de haber conseguido el quinto lugar en las Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) con un 2,03 por ciento de los votos, Luis Zamora, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Autodeterminación y Libertad, dará pelea en las elecciones porteñas el próximo domingo para intentar convertirse en el próximo titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad.
¿Qué significaría para usted convertirse en el próximo jefe de Gobierno Porteño?
No queremos ser jefes. La palabra “jefe” va en contra de todo fenómeno de época. Este concepto está tan de moda últimamente que por ejemplo la “jefa” que tenemos en Casa Rosada baja candidatos como si fueran títeres. Si fuera jefe de Gobierno de la Ciudad sentiría un enorme orgullo de estar en un lugar donde podemos ayudar a que los pueblos manden y no que tengamos “jefes” que nos mandoneen.
¿Qué medidas tomarían para hacerle frente a la crisis habitacional que está viviendo actualmente la Ciudad de Buenos Aires?
La primera medida que tomaría respecto a este tema sería la urbanización de las villas. Es una injusticia que este gobierno no haya cumplido ley que está vigente respecto de este tema. Además del tema habitacional se suma el tema de discriminación sobre las personas que viven en estas condiciones que en cifras representan a 1 de cada 10 habitantes.
En segundo lugar planteamos terminar con la política de especulación inmobiliaria que lleva adelante el gobierno para que la vivienda no sea un negocio.
¿Qué rol cumpliría el Banco Ciudad en este proyecto?
Lo articularíamos con el Instituto Nacional de la Vivienda. Hay que poner todos los fondos que tenga el Banco Ciudad al servicio de necesidades sociales, una de ellas la vivienda pero, a su vez, debe articularse con el Instituto Nacional de la Vivienda.
¿Cuáles son las principales medidas que ustedes proponen para mejorar el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires?
La educación debe ser pública, gratuita e igual para todos. El objetivo gradual es que haya una escuela pública que cumpla con estas condiciones y esto implica que la escuela privada sea un complemento. Queremos que los títulos habilitantes sean extendidos solamente por la escuela pública.
¿Y con respecto a las problemática de las vacantes, cuál sería su accionar?
Apuntaríamos a que cada comuna con presupuesto y facultades otorgadas por ley pueda ubicar inmediatamente a los pibes que quieren estudiar y no tienen donde hacerlo. Hay entre 35 y 38 pibes por aula en escuelas del bajo Flores mientras que en Recoleta hay 12 porque la mayoría de las familias los mandan a escuelas privadas y la escuela pública está menos demandada.
Una de las principales preocupaciones tiene que ver con la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cómo se mejoraría? ¿Qué rol cumpliría la policía en referencia a este aspecto?
La policía es parte del problema de la violencia social pero no de la solución y es uno de los principales desafíos. Las fuerzas de seguridad tienen vínculos con el delito organizado como por ejemplo el narcotráfico y la trata de personas que son gravísimos problemas de la ciudad y detrás de esta problemática hay jueces, fiscales y dirigentes políticos. El crimen organizado no podría haber avanzado en la Ciudad de Buenos Aires ni en la Argentina sin la complicidad institucional. Entonces debemos investigar los vínculos políticos, judiciales y de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado.
¿Cuál es la principal diferencia respecto a otras propuestas?
La principal diferencia en nuestra propuesta está basada en el concepto de democracia directa ya que creemos que el derecho del pueblo a decidir es fundamental, porque no podemos enfrentar al poder económico ni a los gobiernos nacionales si no construimos un poder en la población que sea más grande que el poder económico. Para nosotros la democracia es remover, elegir, es retomar la ley de comunas para impulsar a que se transforme en verdaderos espacios de democracia directa, es revocar los mandatos.
Jun 10, 2015 | inicio
Juan Carlos Lavia es médico cirujano. Compartió guardias hospitalarias durante la dictadura cívico militar en el sanatorio de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) de Haedo con Aldo Clemente Chiappe, el médico militar que le permitió acceder a la tenencia de Florencia Laura Reinhold Siver. Para esa época Chiappe participaba en la ESMA donde Susana Siver, la madre de Florencia, estuvo secuestrada. El médico entregó a la beba en una calle del barrio de Belgrano a fines de enero de 1977. Luego Lavia, junto a la complicidad y el consentimiento de su mujer Susana Marchese, se quedaron con la niña y la inscribieron como propia, mediante la falsificación del certificado de nacimiento. Lavia pidió a un amigo suyo, el médico Francisco De Luca, que firmara el documento que sellaba ilegalmente la mentira sobre el origen de la niña. Según el matrimonio, ellos desconocían totalmente la situación que atravesaba el país, desconocían la actividad de Chiappe y no se preguntaron sobre la identidad de Florencia, hasta que tuvo 21 años. A pesar de que desde chica le habían confirmado que era “adoptada”, fue en la mayoría de edad cuando le confesaron las dudas sobre su origen y le delegaron la búsqueda de su verdad. Por su cuenta, y con grandes dificultades, Florencia se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo y pudo descubrir, recién a los 33 años, que sus padres eran Marcelo Reinhold y Susana Siver, dos militantes secuestrados y desaparecidos por los militares en 1977. Adriana Reinhold, tía paterna de Florencia, había dicho durante su testimonio ante el Tribunal que le parecía “perversa” la actitud de Lavia al revelarle todo a Florencia y dejar que averigüe sola: “Podrían haberla ayudado a buscar a su familia”, había expresado Adriana.
Tras las cuatro audiencias de debate oral y público, el lunes pasado el Tribunal Oral Federal 5 estableció la pena de ocho años de prisión para Lavia y seis años y seis meses para su esposa Susana Serafina Marchese, por considerarlos coautores responsables en la “retención y ocultamiento de un menor de diez años” y “falsificación ideológica de documentos públicos que acreditan la identidad”. Además los jueces Oscar Hergott, Daniel Obligado y Adriana Pallioti condenaron al médico Francisco Vicente De Luca a cinco años de prisión, más la inhabilitación para ejercer la profesión por ese mismo tiempo, por participar como coautor en el delito de “falsificación ideológica de documentos”.
Familia Reinhold escuchando el fallo.
Durante los alegatos del 1 y 2 de junio, la querella, en manos de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud y Pablo Lachener, había solicitado diez y ocho años de prisión para Lavia y Marchese respectivamente, y seis años para el doctor De Luca, resaltando la necesidad de considerar los delitos bajo la tipificación de “lesa humanidad”. Los abogados hicieron hincapié en la culpabilidad del matrimonio y frente a las justificaciones que habían presentado los imputados, para argumentar su inocencia –como el supuesto desconocimiento, la ausencia de vínculo entre Lavia y Chiappe, a pesar de los turnos de guardia compartidos, y la supuesta falta de sospechas sobre la situación– los abogados de Abuelas calificaron su conducta como “ceguera voluntaria”: “No se trata de un simple desconocimiento, sino de un desconocimiento voluntario, decidido por el agente. La no ejecución de determinadas medidas de esclarecimiento se debe a que deciden no indagar, prefieren no saber”. Esta actitud voluntaria implica responsabilidad, y por tanto, culpabilidad en el delito. Aunque por otro lado, el fiscal Miguel Palazzani, también había asegurado, durante los alegatos: “Que no hubo tal ceguera sino que había un claro conocimiento de la situación”, y esto debido a que sabían cómo realizar cada paso para “adoptar” de manera ilegal a la beba. Además, el fiscal había remarcado que Lavia pretendía mostrar “un estado de angelización” de su parte, y que su declaración era extraña ya que admitía haber “sentido miedo por su familia” durante los primeros años de la democracia, con lo que justificaba su inacción. “¿Pero no sintió miedo durante el Terrorismo de Estado cuando cometió el delito?”, contrapuso el fiscal. Para Palazzini la culpabilidad de los imputados es irrefutable. “Configuraron un daño de imposible reparación ulterior y debe determinarse una pena que contribuya a terminar con la impunidad”, había concluido en su alegato el fiscal.
Posteriormente, la defensa había intentado excluir la categoría de lesa humanidad, y proponer la imprescriptibilidad de los delitos, afirmando que “las adopciones ilegales han sido moneda corriente”, “las limitaciones informativas hacían que fuera imposible saber lo que estaba sucediendo” y que con la recuperación de la identidad de Florencia Laura “ya se ha hecho justicia”.
Tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el Tribunal –que presentará los fundamentos de la sentencia el 15 de junio– fue contundente en su veredicto. Finalizada la lectura, la numerosa familia biológica de Florencia Laura Reinhold Siver, que se encontraba detrás de la puerta vidriada de la sala Amia, aplaudió con fervor a la justicia. Entre abrazos y llantos se felicitaban mutuamente y en especial a Adriana Reinhold, que encabezó la búsqueda de verdad y justicia. Alan Iud y Pablo Lachener también se acercaron para saludar afectuosamente a Adriana. La satisfacción por la sentencia fue generalizada, ya que según Adriana: “Esperábamos menos pero realmente fue un triunfo, uno más. No es ni muy grande ni muy chico, es un triunfo nuestro y de la justicia”. Luego, al salir de la sala Adriana dijo: “Ahora empieza otra historia entre nosotros, sería como el principio del fin, es la historia de volver a vincularnos a partir de que ella [Florencia Laura] ya sabe la verdad”.
Jun 2, 2015 | destacadas
A principio de año, durante los primeros días de clase, en el Centro Educativo Isauro Arancibia los maestros empezaron a preocuparse ante la ausencia de Robertito –como lo llamaban–. Cuando le preguntaron a algunos de sus compañeros, por qué Roberto Autero no estaba yendo a la escuela, ellos respondieron que había muerto en la calle. Los maestros decidieron averiguar más sobre lo que había pasado, y finalmente supieron que lo había matado un policía de la Metropolitana.
“Nadie lo vio, nadie lo denunció, no tuvo repercusión. Sabíamos que estaba muerto pero no sabíamos exactamente qué había pasado”, contó Lila Wolman, una de las maestras. “Pedimos ayuda a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y a legisladores, que se ocuparon de averiguar en qué juzgado estaba la causa, y qué decía. Gracias a eso supimos los detalles de lo que había pasado”, agregó la directora del Centro, Susana Reyes.
En la madrugada del pasado 7 de febrero, Roberto Autero se encontraba con otros amigos en el Parque Rivadavia. Estaban cerca de un auto, cuando Sebastián Ezequiel Torres, policía de la Metropolitana, los vio y les dio el alto. Tras el grito, los chicos corrieron, el policía disparó y mató a Roberto. “El policía dice que le disparó defendiéndose porque él le quiso tirar, pero en realidad la autopsia desmiente esto, porque dice que la bala entró por la nuca y salió por la frente. O sea, nunca le pudo tirar de frente, le tiro de espalda y a cincuenta metros”, aclaró la directora.
Roberto tenía 16 años, era el menor de cuatro hermanos y vivía en la calle; iba al colegio Arancibia desde los 9 años. “Tenía una situación familiar muy complicada. El papá vive en la villa, y la mamá, que vivía en la calle con él, murió hace dos años, eso fue peor todavía”, comentó Wolman.
Acto del 25 de mayo en el Centro Educativo Isauro Arancibia.
La escuela funciona para muchos de los alumnos como casa y como familia. Los maestros intentan que los niños y jóvenes en situación de calle pasen ahí la mayor parte del tiempo: desde las nueve de la mañana hasta la una del mediodía tienen clases, durante la tarde tienen talleres en contra turno, y al día siguiente los maestros esperan que los chicos vuelvan. “Lo que pasó con Robertito es lo que le pasa a todos los pibes que están acá, los 200 pibes que vienen al Isauro son pibes que han circulado en la calle desde muy chicos”, dijo Wolman, y continuó: “Cuando Robertito empezó a venir a la escuela, lo trajeron de un hogar en el que estaba viviendo, llegaba tarde, venía todos los días con una capucha, y se acostaba en el banco con la cabeza sobre los brazos. Estuvimos meses con él a upa para que pudiera sacar el cuaderno y ponerse a escribir”.
Ambas maestras hacían hincapié en lo terrible del asesinato de Roberto, en que el hecho quita importancia sobre la duda de qué estaba haciendo el grupo de chicos cerca del auto, y resalta el abuso de la fuerza policial. Además, el silencio de los medios de comunicación: “No es noticia que a un pibe pobre lo mate la policía, por eso no queremos poner el acento en si estaba robando, o qué era lo que estaba haciendo, no importa lo que esté haciendo. Hay muchos que mueren porque están hechos pomada por el paco, a nosotros se nos suicidaron pibes, todo eso tampoco es noticia”, sostuvo Reyes y agregó: “Nosotros consideramos que tenemos que protegerlos, que tenemos que defenderlos, enseñarles que tienen que luchar por la justicia. Porque estos pibes están abandonados, quién puede estar más inseguro que un chico que vive en la calle. No hay que naturalizar que matan un pibe y ya está, lo mataron, otro más que se murió. Los pibes no se imaginan su vida más allá de los 30 años”.
El jueves pasado, para el festejo del 25 de mayo, en “el Isauro” organizaron un acto en el que el homenaje se dividió en dos: por un lado la celebración histórica, y por otro el recuerdo de Roberto. En la esquina de Paseo Colón y Cochabamba –donde se encuentra la escuela– cerraron las calles para dar lugar a las voces de alumnos y maestros, que reivindicaron y defendieron su escuela. Entre presentaciones, música, una radio abierta y espontánea, locro y mensajes de ánimo sobre las paredes, todos apoyaron la investigación en la causa de Robertito.
Susana Reyes, directora del Isauro Arancibia, durante el acto del 25 de mayo.
Otro motivo para celebrar era la victoria que consiguieron en el Isauro, al evitar que el Gobierno de la Ciudad derrumbe el edificio de la escuela. Durante el año pasado maestros y alumnos se enfrentaron al peligro de quedarse sin su espacio cotidiano, cuando el Gobierno dispuso que por allí iba a pasar el futuro Metrobús, y el edificio entorpecía el camino. Gracias a los reclamos intensos, y el apoyo, lograron que el plan no se lleve a cabo.
Uno de los legisladores que apoya al centro educativo, y que presentó el pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para que se profundice la investigación, es Pablo Ferreyra. Ferreyra estuvo presente en el acto, y en conversación con los alumnos que hacían una radio abierta, dijo con respecto al avance de la causa: “La causa de Robertito no hubiese tenido la visibilización que tiene ahora, sin el empuje de los docentes, de Susana Reyes y de los pibes. En el Isauro no hubiésemos tenido nunca la posibilidad de que la causa pase de ser un enfrentamiento, como lo quiere vender siempre la policía, a que ahora se empiece a investigar un homicidio. Que la Secretaría de Derechos Humanos esté tomando parte de la querella también. Y Roberto en otra institución capaz era un banco vacio, acá, acostumbrados a los bancos vacios, acostumbrados a perder pibes -porque no es la primera vez que la Policía mata un pibe que viene al Isauro- acá ese agujero se hizo una mancha para la Metropolitana. Hoy es una mancha más que tiene la Metropolitana”.
May 27, 2015 | inicio
“El escrache es nuestra respuesta ante la impunidad, nuestra herramienta de lucha ante la defensa corporativa de algunos funcionarios del poder judicial, y es nuestra forma de fortalecer la condena social y la memoria”, explicó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S Bahía Blanca, frente al edificio en el que vive Vicente Gonzalo Massot, en la ciudad de Buenos Aires.
Massot es dueño y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, está acusado como coautor en el secuestro y asesinato de dos obreros gráficos, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, en 1976, y de aliarse “junto con los mandos militares en una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, actuando “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales órdenes”. La colaboración y complicidad de Massot con el gobierno de facto fue explícita: “Sistemáticamente puso sus páginas al servicio del genocidio. Sin ir más lejos, el jefe del V Cuerpo del Ejército, Acdel Vilas, durante la declaración indagatoria definió al diario La Nueva Provincia como un valioso auxiliar de la represión ilegal”, explicó Santucho. A pesar de que la Dirección del diario estaba formada por varios miembros de la familia Massot, como Diana Julio de Massot y Federico Massot –madre, y hermano de Vicente–, también se investigó al ex secretario de redacción Mario Gabrielli, pero todos ellos murieron impunes.
“La acción psicológica que desplegó [Massot] desde el diario, en Bahía Blanca tiene efectos hasta el día de hoy”, aseguró Alejandra Santucho. El diario se caracterizó por su apoyo al terrorismo de Estado, la difusión del miedo y el ocultamiento de la información; y hasta la actualidad permanece como el diario principal de la zona.
H.I.J.O.S propone denunciar no solo a Massot, sino también a la “Corporación Judicial” de Bahía Blanca. En 2012, un fallo ordenó investigar al director del diario por su actuación durante el terrorismo de Estado y por el conocido rol de La Nueva Provincia como defensor de las acciones militares. A fines del año pasado, el juez Álvaro Coleffi lo citó a declarar en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, pero la investigación se paralizó cuando en marzo de este año el juez Claudio Pontet dictó “falta de mérito” para Vicente Massot. Según Santucho: “La justicia es absolutamente corporativa. Nosotros decimos la gran familia judicial”, y agregó: “Nuestra única esperanza siempre es trascender lo que es Bahía.Esperamos que los estamentos de arriba de la justicia, tomen cartas en el asunto. A los que les corresponde hacer algo para poder avanzar con estos tipos, porque realmente si no la justicia está incompleta. El poder lo sigue teniendo Massot, tiene el mismo poder hoy que en el 1976, y la misma impunidad”.
El sábado, cerca de las cuatro de la tarde, las regionales de H.I.J.O.S acompañadas de familiares de desaparecidos, agrupaciones partidarias y algunos sindicatos, llegaron desde la plaza Vicente López, hasta Callao y Juncal, donde vive Vicente Massot. La puerta del edificio se encontraba tapada por vallas negras, con oficiales de la Policía Federal detrás. Luego de los pedidos de que saliera Massot al balcón, los cantos que alertaban a los vecinos que a su lado “vive un asesino”, y la leyenda escrita con pintura sobre la calle “Acá vive Massot genocida civil con impunidad judicial”, Alejandra Santucho leyó ante la multitud el reclamo de justicia, que comenzó diciendo: “Los genocidas de uniforme están siendo juzgados y condenados, pero hasta ahora siguen impunes los de corbata”. Al terminar el discurso, la camioneta que guiaba el paso de la marcha arrancó, y continuó su camino por Avenida Santa Fe hacia la casa de Carlos Blaquier.
Carlos Pedro Blaquier es el dueño del Ingenio Ledesma, empresa agroindustrial de la provincia de Jujuy. Blaquier y el ex administrador de la empresa, Alberto Lemos, fueron imputados en la causa de “La noche del apagón”: “Fue un operativo que se dio en las localidades de General Libertador San Martin y Calilegua, en el departamento de Ledesma, donde la empresa tiene su polo industrial. Lo que hicieron fue apagar las luces y, en la noche del 20 de julio y en la madrugada del 21, realizaron un operativo conjunto de fuerzas entre el Ejército, la Gendarmería y la Policía de la provincia, en el que secuestraron a trabajadores de la empresa y estudiantes. Fueron alrededor de 300 personas que se llevaron al centro clandestino y a las distintas instituciones de las fuerzas armadas”, describió Eva Arroyo, miembro de H.I.J.O.S de Jujuy. Blaquier fue procesado por la justicia federal de la provincia por su participación, al haber facilitado el transporte que efectuó el traslado de los detenidos. A pesar de esto, también en el pasado mes de marzo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación lo libró de culpas luego de dictar “falta de mérito”. Arroyo explicó: “La falta de mérito tiene que ver con que la Cámara de Casación reconoce que el hecho sucedió. Que Blaquier prestó la logística la noche del 20 de julio y madrugada del 21 para que se llevaran a cabo los operativos dentro de Ledesma, del departamento de Ledesma, pero que él no tenía conocimiento de con qué fin se llevaban adelante estos operativos”. Según Arroyo, el operativo comenzó con la detención de un grupo de estudiantes jujeños en Tucumán, entre el 10 y 17 de julio, que luego estaban en el mismo centro clandestino que los detenidos (CCD Guerrero) durante la noche del apagón: “Ya habían desmantelado el aparato del sindicato pero quedaban estos pibes como un foco peligroso para la empresa”.
Blaquier se defendió alegando que se veía obligado en esa época a colaborar con los militares, y que desconocía lo que sucedía. A lo que H.I.J.O.S refutó que “se hacían reuniones en la intendencia en las que participaban directivos de la empresa con las fuerzas armadas”. Otra particularidad que favorece la impunidad es el control que ejerce la empresa sobre el pueblo: “El pueblo de Ledesma le pertenece a la empresa, desde el control político, social, de las fuerzas armadas, ahí no hay nadie que mueva un ladrillo sin que los representantes, o los recursos humanos, o quien sea de la empresa sepan que se están moviendo”, dijo Eva Arroyo, y concluyó: “Lo que estamos esperando ahora es que, como es falta de mérito, y no es sobreseimiento, el expediente vuelva a Jujuy para poder seguir adelante con la investigación y dejar claro que la causa no está cerrada”.
Amy Rice Cabrera, en nombre de la regional H.I.J.O.S de Capital Federal opinó: “En ambos casos, hay una decisión de que no se investigue su accionar, y de no hacerse cargo de que el poder económico en nuestro país no tiene que ser el que mande. El Poder Judicial tiene que poder responder ante el pueblo argentino y dar cuenta que la reparación de los crímenes de lesa humanidad es con memoria, con verdad y con justicia”.
Detrás de una bandera que decía: “Los grupos económicos también fueron la dictadura”, una multitud cruzó la 9 de julio para llegar a la esquina entre Basavilbaso y Arenales, en frente de la Plaza San Martín, a la casa de Carlos Pedro Blaquier. Ya eran un poco más de las 5 de la tarde y los cantos ahora pedían “Cárcel, común, perpetua y efectiva”; el edificio que abarcaba toda la esquina estaba cercado en su totalidad. Algunos militantes colgaron de las vallas las fotos de sus compañeros secuestrados y desaparecidos en la noche del apagón. Como en la casa de Massot, se leyeron por micrófono los reclamos y los pedidos de justicia, pero esta vez en la voz de Eva Arroyo, en representación de los militantes jujeños. El discurso terminó con la afirmación: “Te condenamos a la memoria perpetua”. Tras el aplauso, hubo huevos y pintura contra las paredes, y la misma leyenda amarilla sobre el pavimento: “Acá vive Blaquier, genocida civil con impunidad judicial”.
