El Gran Chaco es, según el INDEC, el aglomerado urbano más pobre de la Argentina. Siete de cada diez habítantes se encuentra en un grado de inseguridad alimentaria.
Según los datos del INDEC, Gran Resistencia es el aglomerado urbano con la pobreza más alta del país con 49,9% en el primer semestre del 2022, pero bajó 2,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Las condiciones de pobreza alcanzan a 209.411 personas del área que conforman Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas. Por su parte, la indigencia es del 15%, representando a 63.038 habitantes. Estos resultados corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) respecto al primer semestre de 2022 que alcanza a 29,1 millones de personas y 9,7 millones de hogares, a nivel nacional.
“Los datos reflejan la realidad, en el Chaco no estamos llegando a fin de mes”, comentó Ariel Ortiz, habitante del barrio San José Obrero de Resistencia y militante de La Poderosa. “Hoy el ingreso de un albañil es de 15.000 pesos por semana y no sirve de nada, con 60.000 pesos por mes no hacés nada, estás casi por debajo de la línea de indigencia y solo te alcanza para comprar lo necesario. Si querés mantener una familia, tenés que elegir entre comer todos los días o comprar unas zapatillas para que los chicos vayan a la escuela y, en general, tenemos que decidir si comprar un jean o comer dos días más”, agregó.
En diálogo con ANCCOM, la ministra de Desarrollo Social de Chaco, Pía Cavana, comentó su preocupación respecto no solo a la situación de la provincia, sino por el aumento de la pobreza en toda América Latina luego de la pandemia. Además mencionó: “Es importante la creación de políticas sociales para atender a la situación de pobreza que realizamos desde el Ministerio. Los indicadores ayudan, pero es necesario una visión holística”.
El Instituto de Estadística y Ciencia de los Datos (IPECD) de la provincia del Chaco, registró una suba del 5,5% del IPC en el mes de octubre en el aglomerado de Gran Resistencia, con una desaceleración respecto al registro previo (6,7% en septiembre). Sin embargo, las mayores variaciones se dieron en los capítulos de ‘Alimentos y bebidas’ (6,17%) e ‘Indumentaria y calzado’ (6,17%).
Estas cifras no hacen más que reflejar las necesidades de los barrios populares, sobre las cuales Ariel Ortiz indicó: “Hoy la mayoría de las familias tiene solamente una comida por día. A veces tengo para comprar para el desayuno, el almuerzo y la cena, pero hay veces que no lo puedo hacer y tengo que decidir. Los ingresos no me alcanzan para comprar buena mercadería de comida y artículos de limpieza. Las necesidades están, pero no hay una respuesta concreta del Estado, ya no sabemos cómo decir que nos estamos cagando de hambre”.
Teniendo en cuenta este contexto, la directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi) de Chaco, Patricia Lezcano, comentó: “Vemos con preocupación que no existan políticas públicas claras y concretas dirigidas a revertir esta situación que debería ser unas de las prioridades de la gestión actual”.
«El 62,8% ha tenido que suprimir una de las cuatro comidas diarias”, comentó Lezcano.
“En los últimos días se presentaron desde el ISEPCI los datos nacionales del IFAD (Indicador Familiar de Acceso a Derechos) que arrojó datos contundentes: 7 de cada 10 hogares (el 70%) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria’. Cuando las personas ven disminuida su capacidad de acceso a los alimentos, operativamente, se define como la reducción de las porciones y/o supresión involuntaria de comidas en el hogar, y en este sentido un 64,3% de las familias relevadas han tenido que reducir la cantidad de porciones durante las comidas por falta de dinero y el 62,8% ha tenido que suprimir una de las cuatro comidas diarias”, comentó Lezcano.
“En cuanto a las privaciones recientes de alimentos en el último mes, el 70% de las familias entrevistadas refiere en términos generales haberse privado de consumir carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero”, dijo, y agregó: “Hoy más que nunca necesitamos que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley para congelar los precios de los alimentos básicos por doce meses. No hay futuro posible si en el presente no están garantizados los derechos básicos e inalienables a la mayoría de nuestra población”.
Ante esta situación, también se suman demandas históricas por la falta de luz y agua en los barrios populares de Gran Resistencia. Al respecto, Ortiz resaltó: “Estuvimos toda la pandemia sin agua y hoy esa realidad no cambió mucho. También tenemos puntos en los barrios que no terminaron de hacer el tendido eléctrico y se vienen los calores. Además se suma la falta de ripiados, las veces que salimos a tomar colectivos es a los saltos o con las zapatillas en la mano, y basurales a cielo abierto porque no hay horarios fijos de recolección”.
“No sabemos cómo decir que los barrios populares la estamos pasando mal en todo sentido”, concluyó Ortíz. Los datos tienen una correlación con la realidad que están atravesando los barrios de Gran Resistencia y es inminente la respuesta del Estado con políticas sociales que atiendan las demandas de la población.