A pesar del constante crecimiento del empleo que se da tras la pandemia, más de un tercio de los trabajadores argentinos no realiza aportes jubilatorios. Un problema que lleva cuatro décadas.
Según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC ) sobre el segundo trimestre del año, el mercado laboral argentino mostró un crecimiento en la generación del empleo público a la par de un aumento del trabajo “sin descuento jubilatorio”. Esta situación afecta a más de un tercio de la población económicamente activa. Más precisamente a un 37,8 por ciento de la población económicamente activa. Este proceso de informalidad laboral se viene produciendo desde los comienzos de los noventa. ¿De qué manera se puede revertir la tendencia negativa sobre una población diversa sin acceso a la seguridad social?
El trabajo no registrado comenzó a convertirse en una modalidad cada vez más común desde los comienzos de la democracia, época en que aparecen los primeros indicadores sociales, sobre todo en sectores como la construcción, el comercio y trabajadoras de casas particulares, entre otros. Siguiendo las estadísticas oficiales del EPH-INDEC, al finalizar el primer gobierno democrático post dictadura de Raúl Alfonsín, la informalidad laboral alcanzaba el 32% del total de los asalariados, envuelta en un contexto de hiperinflación económica. Con la política de privatización llevada cabo por los gobiernos de Carlos Menem en la década de los noventa, el trabajo no registrado comenzó a ir en aumento hasta llegar a casi la mitad de la población trabajadora para los años 2001-2002.
Según la socióloga y Doctora en Ciencias Sociales Sandra Giménez, la tendencia negativa comienza a revertirse durante el periodo de pos convertibilidad: “Después con las políticas que se llevan adelante en el 2003-2015, baja pero no se logra erradicar. Hay un tercio de la población económicamente activa que va a seguir en el mercado informal. Eso no quiere decir que la gente no trabaja, lo hace con actividades más de subsistencias, ese mundo del no registro, está el que sale a vender al tren, a la calle o sectores como trabajo rural, comercio, construcción, el trabajo en casa particulares”
La investigadora agrega: “Este sector de gente muy grande que compone el mundo de la informalidad es un mundo diverso. No lograron reducirlo más allá del 30%. Hoy tenemos paradojalmente que bajó la desocupación, pero el empleo que se crea no es el registrado. La pregunta ahí es cómo garantizamos que esa gente pueda satisfacer sus condiciones de vida, el acceso a la salud, los aportes jubilatorios. En treinta años vamos a tener un conjunto de gente que no va tener años de aportes para acceder a la jubilación”.
Según el economista, investigador del Conicet y docente emérito de la Universidad Nacional de Moreno, Julio Neffa, la modalidad del trabajo informal es afín a las crisis económicas del país. “El mercado de trabajo está muy relacionado con la macroeconomía. Si anda bien, va a bajar el desempleo y el trabajo en negro. Si hay estancamiento económico o muchas crisis hacen que la generación del empleo privado sea muy lenta. Estamos viviendo una situación de crisis estructural y el escenario se ha deteriorado después de la crisis internacional 2007-2008. Desde el 2011-2012 argentina tiene un crecimiento muy irregular, un año sube y otro baja”, expresó.
El empresariado argentino cumple un rol fundamental en las decisiones del acceso al trabajo formal por parte de la sociedad asalariada. “Los empresarios buscan reducir sus costos. Cuando un empleador elige no crear empleo en blanco, estable, regulado por la Ley del Contrato de Trabajo, con aportes, se ahorra alrededor de un 30% del monto de los salarios, están reduciendo sus costos salariales pero dejando a mucha gente en situación de precariedad”, dice Neffa.
“Al mismo tiempo, debilita la organización sindical. Porque si trabajan en negro, no pueden acceder a los sindicatos. Están en una situación de inseguridad muy grande, porque los pueden despedir en cualquier momento sin preaviso o indemnización. No tienen un sindicato que los defienda. Hay una serie de responsabilidades que van desde el gobierno, a los empresarios, a las organizaciones sindicales. Hasta que no haya una política de crecimiento económica, no se van a crear ni ampliar empresas ni habrá muchas posibilidades de generar empleos en blanco”, agregó.
Según Neffa, primero tendría que haber un plan de estabilización que frene la inflación actual y segundo hacer un plan de desarrollo nuevo, ya que el último que hubo en el país fue el del año 1973. “Después de ahí nunca más hubo un plan, porque si un gobierno hace un plan tiene un objetivo y tiene que tratar conseguirlo, sino tiene un plan anda a la deriva y nadie le puede decir que no cumplió. Para los gobernantes les da libertad pero es una catástrofe para la sociedad”, manifestó.
Siguiendo la línea de los cambios necesarios, la socióloga Giménez plantea que no solo es suficiente con políticas de ingresos, sino también, una transformación cultural sobre lo que consideramos “trabajo” en los nuevos escenarios del mercado laboral. “En un área más simbólica, qué cosas reconocemos como trabajo. ¿Qué hacemos las madres? Si contribuimos a la fuerza de reproducción del trabajo pero todavía no hay un Estado que reconozca a las mujeres que hacemos esta labor. Lo que hacen los comedores comunitarios es laburo. La disputa es qué registramos como trabajo. No alcanza con la política de ingreso. Aquella persona que vive de hacer carteras y se enferma, no puede ir a vender. En políticas sociales hablamos de desmercantilizar el acceso a ciertas prestaciones como un asunto de derecho independientemente de cuál es tu situación en el mercado de trabajo. De esa discusión estamos muy lejos en el país. La mirada de la clase política está muy afincada en esa Argentina de casi pleno empleo masculino de los noventa, eso ya pasó, ya fue, no vamos a volver a esa época. Hay que construir nuevos consensos”, expresó.
