Proyecto Mirar es una propuesta online interdisciplinaria que se propone realizar un monitoreo y un seguimiento de la implementación de la Ley IVE.
Hace apenas unos días, el Tribunal Oral Penal de Goya (Corrientes) absolvió a Ana Clara Velázquez, quien había sido acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo, tras haber sufrido un aborto espontáneo. Ana estuvo ocho meses injustamente presa. La provincia de Corrientes no tiene reglamentada la Ley de Educación Sexual Integral ni adhirió al protocolo para la implementación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), obligatoria en todo el territorio nacional.
En un contexto en el que a nivel global se registra un avance de las derechas sobre las conquistas históricas de las mujeres y personas gestantes, Proyecto Mirar lanzó su plataforma virtual Mirando el Aborto en Argentina, un sistema de monitoreo y una herramienta de información ciudadana para hacer un seguimiento de lo que sucede con la implementación del acceso a la IVE en Argentina.
Sociólogas, profesionales de la salud, de la comunicación y del derecho conforman Proyecto Mirar una iniciativa conjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, una organización que trabaja a nivel global a favor de la autonomía y por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
Para conocer más acerca del lanzamiento de esta plataforma virtual, ANCCOM dialogó con la socióloga Mercedes Krause, docente e Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani e integrante del CEDES.
¿Para qué “mirar” el aborto en Argentina?
Si bien sabemos que la ley se logró como producto de una movilización muy grande, también sabemos que muchas leyes están muy bien promulgadas pero de ahí a que sean efectivas suceden cosas. Entonces, parte del monitoreo es para mantener la importancia de la agenda, es decir, que no se pierda la relevancia de esta conquista ganada en las calles, con una legalización social que llegó incluso antes que la ley en 2018. Por otro lado, el monitoreo pretende identificar barreras en la implementación del aborto como, por ejemplo, problemas en el acceso, brechas a nivel regional o provincial o con poblaciones específicas, entre otras. Aunque es un proceso muy reciente la idea es monitorear de cerca para tener documentado cada avance o retroceso y poder actuar sobre eso. En este sentido, el objetivo es compilar datos para poder pensar mejores políticas en torno a la implementación. Queremos empezar a hablar de la calidad del servicio para que la legalización del aborto se haga efectiva en la realidad de las personas gestantes.
¿Cuál es el sentido de que haya una plataforma en línea?
Además de poner a disposición este enorme caudal de datos y nuestro conocimiento más profesional y estadístico también queremos que la información se divulgue, que sea accesible para diferentes audiencias, tanto académica, como de la sociedad civil, periodistas, tomadores de decisión, organizaciones que puedan usarlas para hacer acciones más locales. En diciembre pasado, en el aniversario de la ley, publicamos el Reporte Anual 2021: el primero de los reportes anuales del proyecto. Ahí explayamos nuestra interpretación acerca de la relación de todos esos datos, es decir, una hipótesis alrededor de la implementación.
¿De dónde obtienen los datos que están disponibles en la plataforma?
Muchos de los datos que utilizamos son de origen público, algunos están publicados y otros no pero, amparándonos en la Ley de Acceso a la Información Pública, accedemos a más detalle de lo que está publicado. También nos apoyamos en información que aportan distintas organizaciones de la sociedad civil. Lo que hacemos es compilar con algún sentido todos esos datos que están sueltos. Y también producir los propios. Entre ellos, el Estudio MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto) que apunta a diseñar una encuesta para medir la calidad del aborto desde la perspectiva de las usuarias, y el de seguimiento de medios. Estas investigaciones están en proceso y todavía no se han publicado resultados. También tenemos investigaciones previas, por ejemplo, sobre el debate de la ley y el seguimiento en redes sociales durante el debate.
¿Existen otros proyectos con estas características? ¿Articulan con ellos?
Sabemos que hay otras organizaciones e instituciones que están siguiendo el tema desde diferentes perspectivas. Cada actor que interviene en el proceso de aborto también tiene su propio punto de vista. Entonces, a futuro se puede ir ampliando la mirada sobre qué indicadores y resultados son relevantes para cada uno de esos actores. El desafío es la articulación de los monitoreos locales con lo que está pasando a nivel nacional. En ese sentido, las estadísticas proporcionan una idea más abarcativa de todo lo que estamos viendo en las provincias y se pueden complementar con esos monitoreos para darles más visibilidad. En este punto, otra pata importante es la del Diálogo con actores clave. Justamente con ellos queremos discutir esta información para que pueda ser usada para la incidencia de políticas, en los territorios, en las organizaciones, en los medios, etc.
¿Cómo es la dinámica para estos diálogos?
Ahora comenzamos a hacer reuniones provinciales para discutir los datos en profundidad para poder tener una mirada más cualitativa, más desde el territorio, las experiencias y las organizaciones. Respecto a la agenda, recientemente estuvimos en Neuquén, en agosto estaremos en Jujuy y en octubre en Entre Ríos. Estos diálogos son un trabajo muy enriquecedor y sumamente necesario.
¿Cómo definieron las variables e indicadores para medir el acceso y la calidad de la IVE y de la ILE en el Estudio MACA?
Lo que hicimos fue generar una cantidad de indicadores que nos gustaría incluir en una encuesta y consultar estos indicadores con organizaciones de mujeres, proveedores de aborto, tomadores de decisión a nivel gubernamental. Entonces, desde estas diferentes perspectivas nos fueron diciendo qué relevancia le daban o no a los indicadores y a partir de eso fuimos validándolos.
¿Y cuáles son los indicadores de su sistema de información ciudadana?
Algunos son más directos. Por ejemplo, los que pone a disposición la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Después, a partir de eso, nosotras calculamos otros como la tasa de efectores o la tasa de IVE e ILE de mujeres en edad fértil en cada provincia para comprender qué sucede con los diferentes entornos y escenarios de implementación. Los indicadores refieren a las dimensiones de calidad, entorno, oferta y resultado. Los indicadores de resultado son los que deberían variar a medida que la ley se vaya implementando. Todavía no contamos con esos datos, pero estamos siguiendo su evolución desde antes de la Ley 27.610 y la vamos a ir actualizando. Por ejemplo, los que podríamos interpretar como demandas potenciales de servicios de aborto: porcentaje de embarazos no intencionales o el número de muertes maternas por aborto.
Cuándo comenzaron a sistematizar la información, ¿cuáles fueron los datos más relevantes y los más alarmantes?
Justamente como tenemos una cantidad enorme de indicadores elegimos los que muestran datos muy relevantes alrededor del tema, para incluir en los mapas y gráficos. Por ejemplo, la proporción de embarazos no intencionales es del 60,2%, con un mínimo de 45,2% en Santa Fe y un máximo de 88% en La Rioja, porcentajes que ascienden, en todo el territorio, en niñas y adolescentes. Entonces creemos que identificar estas poblaciones más vulnerables puede ayudar a diseñar acciones específicas de intervención y seguimiento. En este aspecto, en los departamentos donde está implementado el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia) la fecundidad adolescente bajó más que a nivel provincial y que a nivel nacional.
Si comparamos la tasa de IVE e ILE por 1.000 mujeres en edad fértil de cada provincia podemos ver que existen desigualdades en el acceso. Llama la atención las bajas tasas en Formosa, Misiones, San Juan, entre otras.
¿Cuáles son las principales barreras en el acceso a las prestaciones sanitarias que garantizan un aborto legal y seguro?
Si comparamos la tasa de IVE e ILE por 1.000 mujeres en edad fértil de cada provincia podemos ver que existen desigualdades en el acceso. Llama la atención las bajas tasas en Formosa, Misiones, San Juan, entre otras. Esto depende tanto de la demanda de la población como de la disponibilidad de servicios y profesionales capacitados y el gasto per cápita en salud de cada provincia. Históricamente, el NOA y el NEA son las regiones con menor disponibilidad de recursos materiales y humanos, con peores indicadores objetivos y subjetivos de salud, mayores necesidades sanitarias y mayor proporción de la población que depende del sistema público. A este escenario de inequidad a nivel nacional se suma en el caso del aborto el tema de los “objetores de conciencia”. De todas maneras deberíamos ver qué pasa en los próximos años ya que la ley es muy reciente. Sabemos que muchos servicios se están poniendo a tono y que este proceso puede llevar tiempo.
¿Podría comentar algunas conclusiones del Reporte Anual 2021?
La información analizada en el Reporte Anual 2021 debería ser entendida como una línea de base para monitorear la implementación más que como una evaluación del impacto de la ley, ya que gran parte de los datos refieren a la etapa previa a su promulgación. De todas formas, un dato contundente es, por ejemplo, la reducción de la tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA) desde 2015. La TEFA tardía (15 a 19 años) bajó 20 puntos entre 2015 y 2019 y 10 puntos más entre 2019 y 2020. Otro dato que nos proporciona el Reporte Anual es la desigualdad entre las provincias, por ejemplo, en el riesgo de muerte materna, con los niveles más altos en Chaco, Formosa y Corrientes en 2019 y Chaco, Jujuy y Corrientes en 2020. Habría que ver qué sucede con estos indicadores tras la implementación de la ley.
Según los datos recabados, ¿existen iniciativas o proyectos que buscan restringir a través de alguna ley o deposición la implantación del aborto?
Hasta el momento se iniciaron 37 demandas judiciales en contra de la implementación de la ley. La mayoría alegaban su inconstitucionalidad y fueron desestimadas.
¿Qué percepción tiene acerca de la anulación del fallo Roe vs. Wade y sus repercusiones?
Una parte de nuestro equipo tiene su residencia en EEUU así que estamos bastante al tanto del clima allá. La situación es muy difícil porque hay una clima de “denuncia ciudadana” muy activo. A la vez, los sectores más progresistas dicen «miremos cómo fue la legalización en Argentina, tenemos que lograr eso en EEUU». Entonces, hay diferentes estrategias que se están poniendo en marcha en este escenario, todo es muy reciente también, y justamente estamos encarando diálogos a nivel regional y global para poder evaluarlo mejor. Asimismo, teniendo en cuenta este contexto nos enfocamos en las lecciones aprendidas. Una de ellas es que no hay un camino único para alcanzar la legalización y que las estrategias varían de acuerdo a los contextos y las relaciones de fuerza de cada momento.
Las manifestaciones de sectores antiderechos en Madrid, las declaraciones de Danny Kruger, parlamentario inglés, quien dijo no estar de acuerdo con que “las mujeres tengan un derecho absoluto a la autonomía corporal”, y las expresiones del ultranacionalista partido español Vox que celebró la sentencia de la corte de EEUU porque es “un rayo de esperanza”, amenazan el derecho al aborto y constituyen una triste postal de la cola de viento que trajo la anulación del histórico fallo “Roe vs Wade”, en EEUU, a fines de junio.
La historia da cuenta una y otra vez de que no hay victorias definitivas ni derechos garantizados ad infinitum, y que la defensa de estos constituye siempre la mejor de sus garantías. La disponibilidad de información actualizada en materia de implementación es clave no solo para el diseño de políticas acordes a la normativa legal vigente sino, además, una poderosa herramienta de poder para la movilización ciudadana.