Por Florencia Valdez y Carolina Ocampo
Fotografía: Gentileza Telam

A 98 años de la Masacre de Napalpí, finalizó el juicio por la verdad que halló a los culpables, con nombre y apellido. La primera vez que se usó un avión para cometer crímenes de lesa humanidad en la Argentina.

A un mes de iniciado el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, ayer, las querellas y la fiscalía federal de Chaco, presentaron sus alegatos, en la sala de convenciones Gala de la ciudad de Resistencia, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 1924 en la que fueron asesinados más de 500 integrantes de las etnias Qom y Moqoit. 

Debido a los testimonios que nutrieron el juicio, las partes entienden que la Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, sino que fue una explotación y represión sistemática a los pueblos originarios por parte del Estado y el poder económico. A su vez, a través de los testimonios, quedó confirmado que la primera vez que se utilizó un avión para el ataque a una población argentina fue en Napalpí.

Según se pudo establecer, los responsables políticos de la Masacre de Napalpí fueron, Fernando Centeno, el gobernador del territorio; Roberto Sáenz Loza, el comisario de Resistencia y el comisario de Quitilipi José Machado, quien actuaba como su lugarteniente.

El voluminoso expediente resultó producto de una investigación que empezó en 2014 por iniciativa de los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay, quienes contaron con pruebas fotográficas, restos humanos recuperados de fosas comunes en la zona de la masacre, y cartas que se enviaban entre los nuevos “dueños” de las tierras y los representantes en el Congreso Nacional, entre otras. Las declaraciones de representantes de diferentes sectores académicos pusieron en evidencia que el modus operandi contra los pueblos originarios se impuso por más de 50 años en diferentes zonas del país.

Todos los oradores coincidieron que este juicio es necesario para la reparación histórica y para dar a conocer que los pueblos originarios formaron parte de la conformación del Estado nacional, más allá de que, en algunos casos, se consideran autónomos de la República. Asimismo, este proceso es de relevancia ya que sienta las bases para futuros juicios, constituyendo jurisprudencia en la búsqueda de la verdad de lo que sucedió en aquellos años, tan oscuros, de expansión militar por el suelo argentino. 

El juicio llevado adelante por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, llegó a cuarto intermedio antes de formular un veredicto que categorizó el hecho como un etnocidio a lo ocurrido hace 98 años. 

La magistrada declaró a la masacre como un “hecho probado, que existió responsabilidad del Estado nacional argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal”. A su vez, dejó en claro que la masacre de Napalpí y sucesos posteriores fueron crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.

La justicia Federal estableció una serie de medidas de reparación como la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial; se ordenó la traducción de los alegatos finales y la sentencia a las lenguas Qom y Moqoit, como se realizó durante su lectura; la proyección del Juicio por la Verdad en la Televisión Pública con el fin de ser utilizado como base para otros juicios de la masacre en Argentina; su incorporación  dentro de los diseños curriculares nacionales de todos los niveles del estudio de los hechos probados de Napalpí. También se ordenó al Estado la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas de los pueblos Qom y Moqoit, mientras que al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia del Chaco se les reclamó que incorporen a la instrucción y capacitación de las fuerzas federales y provinciales un módulo sobre respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

El fallo también convocó al Congreso Nacional a fijar la fecha del 19 de julio como Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí e incitó al Estado Nacional a fortalecer las políticas públicas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia, garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales, en consulta previa con las comunidades y a la implementación de un plan de políticas públicas de reparación histórica a los pueblos Qom y Moqoit.

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