Por Florencia Valdez y Carolina Ocampo
Fotografía: Diego Castro Romero

Durante dos días, el juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, se desarrolló en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ExEsma.

En la Ciudad de Buenos Aires, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ExEsma), se llevaron adelante la quinta y sexta ronda de audiencias del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí. El acto jurídico, que tiene como querellante a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, y que comenzó el 19 de abril, se trasladó hacia la Capital Federal para tomar declaraciones a testigos de la causa. Entre ellos, especialistas forenses, archivistas, documentalistas, juristas e historiadores que nutrieron a la Fiscalía de pruebas sobre la matanza ocurrida en 1924 contra los pueblos indígenas Moqoit y Qom.

Según la hipótesis presentada por Fiscalía Federal, a cargo de Federico Carniel y su colega Diego Vigay, la Masacre de Napalpí se habría llevado a cabo en la mañana del 19 de julio de 1924 cuando mediante una logística aérea, un centenar de policías, gendarmes y también personal civil armado habría atacado a la comunidad indígena de las etnias Qom, Moqoit y criollos, en el entonces conocido territorio nacional del Chaco, matando a más de 300 personas.

En la jornada del 10 de mayo, declararon los investigadores especializados en la reconstrucción histórica de los delitos: Marcelo Musante, Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Lena Dávila, Alejandro Covello, Eva Nazar Gaulo y por, videoconferencia, Alejandra Aragón.

 Los testimonios estipulados en 20 minutos, con interrogatorio incluido, se orientaron a establecer el contexto histórico en el que habría ocurrido la Masacre de Napalpí, como también la forma en la que se desarrolló. El sociólogo Marcelo Musante centró la masacre como parte del sistema de reducciones, un esquema copiado de Estados Unidos, implementado en el Estado argentino entre 1911 y 1956, que tenía la particularidad de reducir a personas en territorios por etnias, en el caso de Napalpí se trataba de familias indígenas de Qom, Mocoit y criollos. A través de documentos que produjo el Estado, Musante declaró: “Yo digo que la reducción en Napalpí es condición para la masacre. Las condiciones en las cuales estaban reducidas las comunidades hacen que esa masacre sea inevitable en un momento determinado y, a la vez, hacia el futuro la reducción es la que va a permitir ocultar y negarla”. 

Nicolás Iñigo Carrera, investigador e historiador, explicó el proceso histórico, social y económico en el que se inserta la masacre. Al comienzo de 1920, hubo un cambio debido a la crisis de las exportaciones tradicionales de argentina y la necesidad de generar una masa de propietarios, convirtió al algodón en la principal producción del territorio chaqueño, cuya escasa mano de obra obligó a que dentro de la reducción fuera el trabajo principal de los indígenas. A su vez, contó su experiencia en el lote 40, una parte de la colonia indígena, relativamente cerca al lugar donde habría ocurrido la masacre: “Era un hecho muy poco conocido, entre la gente que trabajamos en el tema se sabía, entonces uno preguntaba qué había pasado. Lo primero que llamaba la atención es que nadie quería hablar del tema, los habitantes de la reducción no hablaban y cuando lo hacían referían a unos malos dirigentes que los habían llevado a hacer esa rebelión, rechazando totalmente su propia historia. Era un tema que se hablaba en voz baja o no se hablaba”. 

Lena Dávila, antropóloga, estudió la correspondencia entre Robert Lehmann-Nitsche, antropólogo y médico alemán que llegó para hacerse cargo de la sección antropológica del museo de La Plata a fines del siglo XIX; Luis María Torres, ex director del Museo de la plata y Enrique Lynch Arribálzaga, primer director de la reducción de Napalpí; y los ubica como testigos de los sucesos previos que culminaron en la masacre.

En su libro Batallas Aéreas: Aviación, política y violencia. Argentina 1910 – 1955, Alejandro Gustavo Covello, aviador e historiador argentino relata los hechos en los que el avión participó de la represión e infundió terror, si bien el foco estaba en el bombardeo del 16 de junio de 1955, se preguntó por la procedencia de este hecho. Comenzó a buscar en los registros donde se podría encontrar al avión en este tipo de hechos y encontró como precedente a la Masacre de Napalpí. Lo califica como un hecho fundante y la primera vez que la aeronave fue utilizada como armamento de guerra en Argentina. “Hoy en el siglo XXI pasa un avión por nuestra tierra y miramos. En 1924 ver un avión podía ser interpretado como un símbolo mágico, haber sido interpretado hasta como un dios e indudablemente iba a llamar la atención de los que estaban abajo”. 

A su turno, el investigador Carlos Salamanca agregó: “La heterogeneidad de violencias tiene que ver con: la explotación económica, la discriminación, la explotación de sus territorios y el despojo de sus tierras. Pueden ser agrupadas bajo una sola definición que es la violencia colonial. Hay una sociedad que intenta ponerse sobre otra, una sociedad que explota a otra, a las personas, los cuerpos y los recursos. Entonces, claramente, Napalpí es evidentemente un ejemplo de violencia colonial, no el único”.

Eva Nazar Gaulo y Alejandra Aragón, archivistas e investigadoras, partícipes de la recopilación de datos relevantes para la causa, declararon por separado. Eva Nazar Gaulo explicó el contexto general de la presentación de esos documentos: “Hay informaciones que pueden leerse literalmente, que son las afirmaciones que en el documento se han plasmado, pero también en ocasiones hay información que puede leerse a partir del contexto de producción de esos documentos”.

En consonancia con esto, Alejandra Aragón, quien declaró por videoconferencia, aportó información respecto a la reconstrucción historia por medio de archivos con el fin de probar que, en sus primeros años, la reducción no funcionó correctamente por estar atravesada constantemente por crisis financieras, que las condiciones de vida de los indígenas eran muy malas y que durante todos esos años la población indígena que vivía en la reducción fue pacífica. Los documentos sirven “para contrastar la idea inicial que afirmaba que ocurrió una masacre porque había ocurrido un malón, entonces con esa idea del malón se justificaba la violencia que le sucedió”, declaró la archivista.

La sexta audiencia continuó con los testigos que prestaron declaración para afianzar la riqueza de la investigación y el reconocimiento de lo sucedido aquella mañana de 1924 en el territorio nacional de Chaco. La encargada de abrir la lista de testimonios fue la antropóloga Silvia Tuner, que integra el Equipo Argentino de Antropología Forense (AEEF). En 2018 y 2019 dieron inicio las primeras excavaciones y exhumaciones para la búsqueda de restos de las víctimas del acontecimiento. “En Argentina, se asocia esta labor con los casos de desaparición forzada, ocurridos durante la última dictadura cívico militar”, señaló Turner, y agregó que, en el caso de Napalpí: “Es la primera vez que nos involucramos en un tema como el de la violencia contra los pueblos originarios”. 

La fiscalía se comunicó con el EAAF debido a los testimonios de sobrevivientes que dieron cuenta de “posibles entierros de forma conjunta, colectiva, individual, de las víctimas de los hechos”. La forense describió que, en el trabajo realizado en Colonia Aborigen, excavaron 18 sitios, y que en uno de los sitios pudieron dar con restos humanos pertenecientes a un varón adulto. A pesar de que todavía se espera la ejecución de la segunda etapa de investigación, y que la primera etapa dio resultados positivos en un solo sitio, Turner adelantó: “No pone en duda la información de los entierros”.

La documentalista independiente, Valeria Mapelman, dio cuenta que las reducciones en Napalpí son un proceso previo a lo sucedido en 1947 contra el pueblo Pilagá.  En palabras de Mapelman, en Pilagá “se usó el mismo modus operandi”. Y reconoció que los hombres y mujeres que eran adjetivados como irreductibles, no querían perder su libertad. Pero el plan era sistemático, era evitar las resistencias para disciplinarlos y convertirlos en mano de obra barata para el trabajo en las algodoneras y madereras. 

 

Luego, llegó el turno de Mariano Nagy, historiador del CONICET, quien profundizó en los conceptos de genocidio y crímenes de Lesa humanidad. También hizo hincapié en que, en las reducciones, se vivía en condiciones de “servidumbre”, porque a partir de ese circuito económico, en estos lugares, es donde “se permite aprovechar los recursos -mano de obra-, por parte del Estado”.

Ante la pregunta del fiscal Vigay sobre las amenazas sufridas por los habitantes de Napalpí, la antropóloga Diana Lenton respondió: “No era la única manera, pero sí era una manera elegida, porque había un desprecio total por la vida de los indígenas”. A su vez, declaró que el genocidio continúa porque hay una política de olvido, de estigmatización e ignorancia: “Gran parte de la ciudadanía argentina ha sido privada del conocimiento de lo que ha pasado”.

El antropólogo Héctor Hugo Tinchero, a través de su declaración por videollamada hizo foco en los efectos de la invisibilización de la masacre. Los militares, al tener el control, organizaban el sistema a través del que los pueblos pierden derechos e identidades con el disciplinamiento y la violencia.

Por último, el ex juez que formó parte de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, en modalidad virtual, subrayó la necesidad de que el Estado cumpla la responsabilidad de reconocer lo sucedido pues “son delitos que no proscriben”. De igual manera, se refirió a que la masacre “perdura en la memoria de las familias afectadas”.

 

Hacia el final de la audiencia, y en diálogo con ANCCOM, la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chaco, Silvana Pérez, habló de lo que significa para el pueblo chaqueño que haya audiencias de este juicio en un lugar emblemático como la ExEsma. “Con el juicio de Napalpí se dio un paso que cambia la historia de Argentina y de América Latina, que era una deuda pendiente. Tenemos una tradición de derechos humanos y que se vio reflejada en lo que fueron los juzgamientos de los crímenes de la dictadura cívico militar y eclesiástica”, sostuvo. La funcionaria opinó que “tenemos un genocidio y plan sistemático previo que, se pudo demostrar en este juicio, muchas de las prácticas que se usaron en la dictadura fueron utilizadas antes contra los pueblos originarios”. Y añadió: “Nosotros que venimos de los Derechos Humanos y estamos parados en la ExEsma, sabemos que el proceso de memoria, verdad y justicia es fundamental para que algo empiece a cambiar”. 

 

El próximo 19 de mayo será la última audiencia dando inicio a la etapa final del proceso con los alegatos de la fiscalía y las querellas en la provincia de Chaco. A la espera de que pasaron 98 años, los pueblos originarios que fueron acallados, a partir de ahora, empiezan a ser parte de la historia nacional. 

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