Miles de personas, organismos de derechos humanos, gremialistas, agrupaciones políticas y feministas se manifestaron frente al Palacio de Tribunales y reclamaron la renuncia de de sus integrantes y la democratización del Poder Judicial. Para el 24 de mayo fue convocada una nueva marcha.
Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas, feministas y religiosas acompañadas por dirigentes de las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical de la CGT se movilizaron frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna de la “democratización de la Justicia” de la que se ramifican diversos reclamos como la renuncia de los jueces de la Corte Suprema, una reforma del Poder Judicial, la abdicación de Horacio Rosatti como presidente autoproclamado del Consejo de la Magistratura, una Corte representativa y una justicia transparente y para todos.
Sobre el escenario, el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, inauguró el acto pidiendo un minuto de aplauso en reconocimiento del histórico dirigente gremial fallecido la madrugada del jueves, Victorio Paulón, «ejemplo de lucha, consecuencia y militancia», caracterizó Yasky.
Entre las figuras políticas sentadas en primera fila, también se encontraban el exvicepresidente Amado Boudou y el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel.
Por encima de la multitud se levantaban las banderas de organizaciones políticas, agrupaciones sociales, partidos, sindicatos, la colorida whipala de los pueblos originarios y algunos carteles que rezaban: “¡Fuera los cipayos con toga de la Corte! Sirvientes de la embajada de EEUU y del poder económico”; “Abran bien los ventanales del palacio de Tribunales para que Rosatti salga por donde entró” con una máscara de la cara del juez; “Basta de lawfare o guerra jurídica! TRAICIÓN -junto a un emoji de la bandera yankee-. ¡Libertad a nuestros presos políticos!” con la imagen de una mujer-Justicia espiando por debajo de la banda que le cubre los ojos. También alguien alzaba una foto de Milagro Sala.
16 años
El 16 de diciembre del año pasado, la Corte declaró inconstitucional la integración de 13 miembros del Consejo de la Magistratura, que se encontraba en vigencia desde 2006. Los magistrados establecieron que el Congreso tenía 120 días para sancionar una nueva ley más “equilibrada”, al mismo tiempo que se retornaría a una normativa derogada hace 16 años. Ésta dispone que la Corte pasa a presidir el Consejo de la Magistratura que selecciona o sanciona a los jueces, integrado por un total de 20 consejeros. Si una vez superado el plazo no había readecuación, las funciones del Consejo dejarían de ser válidas. Finalmente, los cuatro meses no alcanzaron y la Corte tomó las riendas de la Magistratura.
De esa forma, Horacio Rosatti, presidente de la Corte, ahora preside además el organismo que debe regular su accionar. Entre otras cosas y las ya mencionadas, el Consejo de la Magistratura se encarga también de la administración del presupuesto del Poder Judicial.
“La Corte puede decretar si algo es o no constitucional, pero no puede legislar”, observó el director de Banco Nación de la Argentina (BNA) y presidente de Unión Popular (UP), Claudio Lozano, y aseguró que la maniobra del máximo tribunal “consuma un proceso de degradación que se viene dando en el Poder Judicial, absolutamente acorde al poder económico, que hoy está dirigido a frenar la posibilidad de políticas de cambio”.
Lozano caracteriza a la Corte actual como carente de equilibrio, sin equidad de género ni representación real, además “de estar alineada con todos los intereses del poder y del establishment”, y que es justamente por eso se movilizan: poner un freno a los supremos y “respaldar cualquiera de las posibilidades institucionales que existen para que esto no se concrete”. En este sentido, el dirigente enumera esos posibles desenlaces: 1) una extensión del plazo (originalmente de 120 días) para que la Cámara de Diputados pueda discutir el caso y llegar a un consenso; 2) avanzar con un juicio político sobre la Corte ; 3) la autoexclusión del Poder Ejecutivo de la discusión y que se llegue a un acuerdo entre gobernadores (una corte federal de 24 miembros por cada provincia); y 4) hacer uso de la consulta popular.
Las causas de lesa humanidad
Sergio, un técnico mecánico vecino de Ezpeleta, se paseaba por la marcha sosteniendo en la mano una representación plástica de la Corte. En la parte de arriba de la maqueta hecha de cartón, sus integrantes, Carlos Rosenkratz, Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti sentados en el tribunal con capas y coronas sobre su cabeza. Arriba una estampita de la conocida imagen de la justicia ciega junto al logo de TN. A cada juez le salía una cola de víbora que estaba agarrada de la garra izquierda de un águila. En la derecha, el ave tomaba un cohete que tenía las siglas USA.
“¡Juira, delincuentes!”, comenzaron a gritar los manifestantes cuando la conductora del acto pidió la renuncia de los magistrados uno a uno. Que se vayan, que se vayan, cantaba la multitud agitando los brazos.
Los organismos de derechos humanos marcharon, además, en reclamo de una justicia responsable que juzgue a los represores que aún hasta el día de hoy siguen libres y dé un cierre a las causas por juicios de lesa humanidad que permanecen estancados. “Hace ya tantos años que esta justicia no hace nada. Todas las causas que llegan a sus manos se encajonan. Así como es el caso del ‘Negrito’ Avellaneda y de otros tantos”, expresó, Iris Pereyra de Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y de la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Iris es sobreviviente de la última dictadura militar y la madre del Negrito, víctima de ese genocidio cuyos represores siguen en libertad.
Lozano comentó que además de la marcha de hoy “la idea es mantener un estado de movilización permanente” ya que la cuestión es que de manera cada vez más precisa “se va configurando una suerte de cerrojo de control sobre la gestión gubernamental por parte de, por un lado, el Fondo y por otro, la Corte”, agregó el político.
“Si no tenemos una respuesta, vamos a volver a movilizarnos. De ser posible, viviríamos en la calle reclamando. Con esta justicia ya no se puede más”, sostuvo Iris Pereyra.
Mientras tanto, el juez Juan María Ramos Padilla, convoca a otra marcha contra la Corte el martes 24 de mayo, reclamando la abdicación de todos los supremos debido al “golpe institucional” ejecutado por Rosatti.
Sobre los motivos de la convocatoria para dos movilizaciones por el mismo reclamo, el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), Ricardo Peidró, explicó que “se dio de esa manera”, pero que sin embargo sus intenciones eran poder hacerlas converger en una sola marcha debido a que “esa es la única forma de que haya una relación de fuerzas favorables para el pueblo y la clase trabajadora, y hay que hacer un esfuerzo para construir esa unidad”, sumó el dirigente. En esa línea concluyó que “en todo lo que sea para hacer visible una reforma judicial en pos de democratizar la justicia, nosotros vamos a acompañar”.
Al final del documento, Alejandra Darín y Daniel Fanego, encargados de su lectura, reiteraron las consignas convocantes de la marcha: juicio político a la Corte, remoción de sus cuatro miembros, ampliación del número de integrantes, con paridad de género y una Justicia democrática e independiente al servicio del Pueblo. En ese momento, las miles de personas movilizadas estallaron en una ovación que reverberó contra el edificio de Tribunales.
