Por Mariela Rivas
Fotografía: Candela Baldoni y Milagros González, Rocío Forte

La aprobación de la norma se planteó como una manera de combatir la concentración productiva y a los formadores de precios. Su impacto, parece lejos del esperado.

La Ley de Góndolas fue sancionada el 17 de marzo de 2020 por el Congreso de la Nación, pero fue recién en abril de 2021 cuando se publicó la resolución que la reglamenta en el Boletín Oficial. Su aplicación, se supone, comenzó en mayo de ese mismo año.

La normativa se enmarca en un Código de Buenas Prácticas Comerciales para supermercados y proveedores que estableció la Secretaría de Comercio Interior. El objetivo de la reglamentación busca que los precios sean claros a la hora de comprar. Además, dice el texto de la ley, “poder acceder a más productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas, productos de agricultura familiar, campesina e indígena, productos de la economía popular y productos de cooperativas y mutuales”. El tercer objetivo espera que exista armonía y equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la norma para evitar prácticas comerciales que perjudiquen la competencia.

A unas pocas semanas de cumplir el primer año de la aplicación de la Ley de Góndolas, ANCCOM habló con el referente de una empresa multinacional de alimentos que opera en el país. En referencia a la incidencia de la reglamentación sobre las ventas de la empresa, el ejecutivo fue categórico al sostener: “La aplicación de la ley no tuvo consecuencias en las ventas ya que el impacto del volumen de una pequeña o mediana empresa en la góndola de un supermercado para las grandes multinacionales es cero”.

A ello se suma el hecho de que la norma no actúa sobre todos los puntos de venta sino para las bocas de expendio que cuentan con una superficie mínima de 800 metros cuadrados de espacio de venta al público. De los 2500 puntos comerciales totales que hay en Argentina, apenas 652 deben adecuarse a la ley. Por lo tanto, queda libre un gran porcentaje de negocios que no se ven afectados.

Al respecto, Eduardo Amorin, miembro de la Cooperativa de consumo CONSOL, expuso: “Es importante tener en cuenta que la Ley de Góndolas deja fuera de su reglamentación a negocios de cercanía, chicos y barriales, los cuales no tienen el nivel de negociación, capacidad y volumen de compra que sí tienen las grandes cadenas. Por lo tanto, se ven excluidos la gran mayoría de las cooperativas de consumo del país”. Mayoritariamente, son los negocios más pequeños los que ofrecen productos de las micro, pequeñas y medianas empresas, de la economía popular y de cooperativas y mutuales.  

Analizando la situación en la que se enmarca la normativa, el referente de CONSOL declaró: “La Ley de Góndolas es una respuesta al conflicto de la concentración y de los monopolios y oligopolios, específicamente en el mercado de bienes de alta rotación. Teniendo en cuenta el panorama macroeconómico de, por lo menos, la última década del país, estamos aplicando la ley excesivamente tarde”. Y agregó: “El problema no es que la norma sea mala o no efectiva, sino que al ser regimentada en un mercado caracterizado por altos niveles de concentración, es muy difícil ver resultados”.

El gerente de una línea de supermercados extranjera instalada en el país afirmó que los efectos de la aplicación de la ley en cuanto a la organización del supermercado fueron mínimos. Vinculado a los reclamos que pudieran hacerle a la empresa las marcas, expresó: “Al principio estaban disconformes porque perdían espacios en las góndolas y se veían perjudicadas en cuanto a la compra de volumen de mercadería. Sin embargo, con el tiempo se regularizó el consumo y volvieron a igualar dichos volúmenes de venta”.

En cuanto a las dificultades para aplicar la normativa, el sector de las grandes empresas que debió hacerle lugar en las góndolas a las más pequeñas sostuvo que las Pymes no logran cumplir con el abastecimiento necesario. A propósito de ello comenta el empresario multinacional: “Las Pymes se dan cuenta que venderle a un supermercado no es negocio ya que para poder comerciar con ellos se necesita un respaldo económico muy grande. Los supermercados pueden abonar las entregas de productos hasta 90 días más tarde”.

El cuerpo de la ley se expande en lo que tiene que ver con la oferta de productos, pero no se involucra en la relación asimétrica entre los sujetos partícipes que entran en juego. Tampoco en los momentos previos de la cadena de valor como son la producción y distribución de productos. En este sentido, Amorin propone la aplicación de marcos regulatorios para la capacidad productiva de Pymes y cooperativas que acompañen a la Ley de Góndolas.

 

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