Problemas neurológicos, trastornos de atención y de aprendizaje y autismo son algunos de los males que detectó la Sociedad Argentina de Pediatría.
Este 3 de diciembre es el “Día Mundial por el no uso de agrotóxicos”. La fecha recuerda un escape de gas venenoso que en 1984 mató a 16 mil personas y dejó 500 enfermos en Bhopal (India). Como consecuencia hubo 9 mil muertes más y otras 100 mil personas quedaron con secuelas permanentes. Argentina no escapa a esta realidad en sus tierras fumigadas.
Los pibes banderilleros que marcaban los campos cuando los aviones fumigaban hace una década ya no son noticia en los medios. Los problemas de salud de aquellos niños hoy tienen como consecuencia enfermedades congénitas en sus hijos, además de los trastornos propios. El abuso de venenos es el resultado de la ausencia de políticas ambientales concretas.
A pesar de las evidencias científicas, los reclamos de distintas comunidades y los profesionales de la salud, las autoridades gubernamentales aún no han reconocido el grave problema sanitario producto del uso de los agrotóxicos.
A mediados de noviembre ANCCOM cubrió la radio abierta realizada en la explanada del Hospital Garrahan. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Red de Comedores por una Alimentación Soberana y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentaron un relevamiento sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud de la humanidad y, sobre todo, en la salud infantil. La convocatoria llevó el nombre de “Feriazo”.
Norma Lesana, licenciada en Nutrición y Presidenta de la APyT, explicó que “son muertes que estamos pagando poblaciones enteras. El Ministerio de Salud no puede no hacer nada cuando hay dictámenes tan severos. Tampoco hay medidas de control, la legislación no se cumple. Hay una cosa encubierta de permitir que siga el negocio a pesar de la salud”.
Lesana agregó que se trató del primer encuentro con la UTT y con la Red de Comedores: “El compromiso es seguir haciendo acciones hasta que cambie, el peso que tiene el Hospital Garrahan es fuerte, a ver si escuchan”.
Además, hizo hincapié en uno de los documentos que presentaron en el encuentro sobre el “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, un trabajo de investigación por parte de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
Diferentes estudios en niñas y niños que han trabajado en las plantaciones de soja o bien de localidades aledañas en donde se aplican agrotóxicos como el glifosato, han demostrado que la exposición prenatal a pesticidas a bajas dosis, ha sido asociada con efectos sobre el neurodesarrollo. Entre ellos, el documento de la SAP alerta sobre trastornos como déficit de atención, hiperactividad y trastornos en el aprendizaje. También autismo y problemas de conducta. Todos ellos han sido asociados a exposición por los plaguicidas. Estas consecuencias inciden directamente en la calidad de vida de los pacientes, así como en los costos de salud. La licenciada en Nutrición agregó que son enfermedades que se pueden evitar mejorando el modelo de producción.
Por otra parte, existe evidencia que sugiere que la exposición a plaguicidas está relacionada con la presencia de enfermedades neurodegenerativas tales como la enfermedad de Alzheimer y la de Parkinson.
Pasaron tres décadas y el problema se agrava
“Empezamos en 1991. Detectamos que en el área hortícola, por un lado, se usaba una gran cantidad de plaguicidas y, por otro lado, lo que analizamos es que empezamos a vislumbrar que había problemas en la salud, estaba el uso y, por el otro lado, personas con problemas de salud”, relató Javier Souza Casadinho integrante del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de Argentina (CETAAR), en una investigación publicada en 2009.
“Consideramos que los chicos son afectados porque participan en estos trabajos como banderilleros en las tareas productivas de los padres. Por otra parte, porque vimos que muchos se enferman dado que viven en las residencias donde el papá aplica el plaguicida. Otro de los casos estudiados fue por los niños que cooperan con su mamá en cosechar y se murieron por los productos utilizados para fumigar”, describió Souza Casadinho respecto de los niños banderilleros en las plantaciones de soja.
Una de las problemáticas vigentes es la falta de registros médicos ambientales con el fin de diseñar estrategias para combatir el daño de los agrotóxicos a la salud. Sin embargo, en nuestro país, dado los esfuerzos en esa dirección, se lleva adelante la “Historia Clínica Ambiental”, utilizada por el Hospital Garrahan y otros hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
La “Hoja Verde” es una herramienta nueva y forma parte de la historia clínica. Incorpora a la visión médica la descripción del ambiente que rodea a las personas, identifica posibles vías de exposición a riesgos ambientales (reales o potenciales) y sus posibles efectos. Por otra parte, permite al profesional médico tomar conciencia de la importancia del ambiente y entornos en el cual se encuentran las madres, padres, niños, familia y comunidad toda. La captación de este tipo de información por los profesionales de la salud mejora la prestación de servicios médicos y también permite concientizar, capacitar y alertar a las autoridades sanitarias y otras responsables sobre aquellas situaciones ambientales que deben ser corregidas o mejoradas.
En Argentina, los agroquímicos han expandido su mercado, con un aumento del consumo de 100 mil Kg/litro en 1996 a 520 mil para el año 2018.
El crecimiento en el uso de agrotóxicos fue habilitado por las deficiencias del sistema de regulación. El ente responsable de la regulación de pesticidas en Argentina es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que depende del Ministerio de Agricultura y los ministerios de Salud y de Ambiente. Según la legislación vigente, SENASA tiene la responsabilidad de aprobar los llamados pesticidas, clasificarlos toxicológicamente y fijar normas de uso y comercialización. Pero en la práctica sólo se ocupa de las dos primeras y transfiere -descentraliza- la responsabilidad de la regulación del uso y la comercialización a las provincias y municipios. En Argentina, en los últimos años los agroquímicos han expandido su mercado, con un aumento del consumo de 100 mil Kg/litro en 1996 a 520 mil para el año 2018.
Siguiendo con lo relevado, otro de los documentos que presentaron en aquel encuentro en la explanada del hospital Garrahan fue el póster “Cuerpo-territorio: 10 problemáticas socio ambientales en Argentina y Sudamérica y sus graves consecuencias en la salud”. El documento presenta las partes del cuerpo sobre el que “se imprimen las consecuencias generadas por el avance de la frontera extractiva, mostrando las dolencias, enfermedades y limitaciones que su expansión provoca”.
Abundan las preguntas
La propuesta de la UTT para solventar y resolver este conflicto es promover el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar con el fin de acceder a las tierras propias, el llamado “PROCREAR rural”. A mediados de noviembre tuvo dictamen en las tres comisiones: Legislación, Agricultura y Presupuesto. Cabe destacar que desde el 2016 pretendían que ingrese a la agenda parlamentaria.
Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central y coordinador de la UTT, explicó en declaraciones radiales que “hay que ver el presupuesto que se le asigna, es como un PROCREAR rural. Va a tener impacto en la planificación de la producción para garantizar alimentos sanos a precios accesibles. No es solo un derecho de acceso a la tierra de las familias campesinas, sino en la transformación del modelo alimentario”.
Hace unos meses, la UTT salió al cruce con Fernando “Chino” Navarro quien en el día del Agricultor estuvo en Chivilcoy presentando “Argentina Armónica”. En aquél acto, aseguró que Gustavo Grobocopatel aporta “soja riquísima para que consuman los comedores populares del Gran Buenos Aires“.
Desde la UTT subrayan que no pueden comprender que haya “proyectos comunes entre la agricultura familiar y la agroindustria”, porque proponen modelos de país y de campo opuestos”.
A pesar de las evidencias científicas, los reclamos de las comunidades y los profesionales de la salud, las autoridades gubernamentales aún no han reconocido el grave problema sanitario producto del uso de los agrotóxicos. No se modificó el sistema regulatorio, tampoco se dictó ninguna nueva norma de presupuestos mínimos para el uso de estos productos válidos para todo el territorio nacional y el SENASA no cambió ni su metodología de clasificación toxicológica ni ninguna de las clasificaciones puntuales (como la del glifosato).
Tampoco se han llevado a cabo relevamientos epidemiológicos oficiales que permitan evaluar el impacto sanitario de la exposición a agrotóxicos en las principales zonas agrarias del país ni se han planificado políticas de salud pública para abordar estos problemas.
No obstante los antecedentes mencionados, el 7 de octubre de 2020 se aprobó el trigo transgénico HB4 T, tolerante a la sequía y resistente al herbicida glufosinato de amonio -un químico aún más tóxico que el glifosato-. Brasil aceptó el trigo transgénico HB4 a mediados de noviembre y es el primer receptor de las exportaciones argentinas de trigo.
Este cultivo transgénico no sólo multiplicará el consumo de agrotóxicos, sino que además incorporará al campo el glufosinato de amonio. Mientras tanto los y las pibas siguen marcando campos y, ahora, nacen con enfermedades de adultos.