El oficialismo porteño mañana intentará avanzar con la construcción de un barrio náutico en la costanera Sur, sin evaluar el impacto económico ni ambiental. La oposición y organizaciones sociales buscan frenarlo. El nuevo negocio será para IRSA, que compró el predio en 50 millones de dólares y con la sola rezonificación pasaría a valer 1.600 millones.

Organizaciones sociales y ambientalistas buscan frenar un nuevo emprendimiento inmobiliario que el bloque Vamos Juntos tiene pensado para la Costanera Sur. Mañana, el oficialismo de la Ciudad intentará aprobar el proyecto que habilita la construcción de un nuevo barrio en la Costanera Sur, con torres de hasta 145 metros, que replica el modelo urbano de los edificios de altura de Puerto Madero. Se trata de una parcela de 71 hectáreas con ingreso por la Avenida España al 2230, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva Boca Juniors, pero que fue cedido a empresa IRSA. 

El 29 de julio último, la oposición logró frenar el debate parlamentario a través de una medida “precautelarmente” por incumplimientos en el proceso. El convenio urbanístico fue presentado por el Gobierno de la Ciudad el martes 27 de julio pasado, pero el juez de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, dictó la medida precautelar al hacer lugar a un amparo presentado por organizaciones sociales y ambientales que denunciaron que el convenio iba a ser sometido a una votación, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución de la Ciudad.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes, argumentaron que el gobierno de la Ciudad no cumplió con la audiencia pública obligatoria que establece el Artículo 63 para proyectos de planeamiento urbano: “Antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”. Además, no se presentó un estudio de impacto ambiental del emprendimiento como indica la Ley 123 de «Evaluación de Impacto Ambiental» que busca la realización de un “procedimiento técnico-administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponer los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos públicos o privados, pueden causar al ambiente”.

El vicepresidente del bloque del Frente de Todos (FdT) y de la Comisión de Planeamiento, Javier Andrade, explicó que desde el macrismo hace tiempo insisten con el proyecto: “Antes se llamaba Solares de Santa María y ahora Costa Urbana. Y en esta oportunidad, en el convenio urbanístico que proponen, ceden algunas hectáreas para parque, pero siguen consolidando esta idea que vienen trayendo hace tiempo de barrios náuticos, barrios cerrados y barrios privados”, explicó. 

En caso de que el plan se apruebe se levantará un nuevo Puerto Madero en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors con un permiso de 12 a 145 metros de altura para las futuras construcciones de viviendas residenciales y locales comerciales. A modo de contraprestación por la reforma, la empresa desarrolladora deberá ceder a la ciudad el dominio de 48 de las 71 hectáreas de la parcela que serán destinadas a un espacio de acceso público, alcanzando una superficie total construida aproximadamente de 900 mil m2.

“Es muy problemática la situación teniendo la Reserva Ecológica en frente y el barrio popular Rodrigo Bueno al lado. Y, por otra parte, la Ciudad Deportiva está en un lugar que es un humedal, protegido desde 2005, y que obviamente no se atiende a los movimientos de tierras ni se sabe cómo va a ser. Tiene que haber una evaluación para saber qué impacto puede tener eso para ver cómo van a avanzar. Estamos hablando de torres de 145 metros de altura, y arroyos internos, con amarraderos”, comenta el legislador de Frente de Todos. 

La figura de barrios privados o cerrados, clubes de campo o náuticos, de acuerdo al Código Civil y Comercial, se consideran conjuntos inmobiliarios, ya que cierran el espacio urbanizado. A raíz del convenio, se va a generar un aumento exponencial en relación al valor de este predio. Se puede estimar que, a partir de la firma, solo el valor del suelo va a tener aproximadamente 1.600 millones de dólares cuando el grupo IRSA compró este terreno a 50 millones de dólares en 1997. “Nosotros no negamos que existe la herramienta, lo que planteamos es que en la Ciudad de Buenos Aires no cabe esa situación. Tanto por la densidad de población, por la falta de tierras que tenemos, y porque sigue encareciendo aún más el suelo. Estos emprendimientos tan caros, como el que proponen para Costa Urbana, lo que hacen, en términos de acceso a la vivienda es encarecer aún más el suelo, y por ende encarecer el alquiler y el acceder a una vivienda propia”.

En la charla publica virtual “Costa urbanizada vs. Costa Urbana” realizada el martes 3 de agosto por la Red de Asambleas Barriales y la organización Tierras Ferroviarias Verdes, la ingeniera María Eva Koutsovitis (miembro de Pensamiento y Políticas Públicas y de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria) explica los impactos que un proyecto de estas características puede generar en el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, pero en particular en el borde costero. La Ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural que son las olas de calor y las lluvias extraordinarias. “Si pensamos en relación a la cantidad de servicio existimos que brindan las superficies verdes vamos a encontrar otros datos importantes: la Ciudad de Buenos Aires es una de capitales del mundo con menor superficie verde por habitantes, por lo tanto, es un absoluto contrasentido que en la última década la ciudad se haya desprendido de 150 hectáreas de superficie verde”, señala. 

La construcción consolida una fractura urbana, entre ciudad ribereña mirando al río, destinada a los sectores de mayor poder adquisitivo y una ciudad mediterránea, de espaldas al río, que va a acceder a los servicios urbanos. Además, Koutsovitis explica que resolver el problema de las inundaciones no es construir grandes conductos para transportar los excedentes de agua de lluvias, es poder abordarlas integralmente para no solo transportar de manera controlada los excedentes, sino también potenciar otros de los procesos fundamentales para su investigación: el proceso de retención a través de las superficies verdes y arbolado, el proceso de infiltración y el proceso de evacotransportación que las cubiertas vegetales llevan a cabo. Cabe destacar la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para mitigar los ascensos del nivel del río, de desentubar desde la desembocadura hacia aguas arriba los arroyos, y por sobre todo, recuperar y preservar los humedales costeros.

Continúa vigente la medida precautelar de detener el tratamiento legislativo del proyecto hasta que se presente el estudio sobre el impacto ambiental.  Mañana, 5 de agosto, el bloque Vamos Juntos buscará tratar el proyecto en el recinto.