Un estudio reciente indagó las formas en que investigadoras e investigadores argentinos acceden a las producciones científicas en el marco de un oligopolio editorial. El 90% de los encuestados declaró que usa sitios de descarga ilegal e impaga, un hábito que pone en cuestión el funcionamiento del modelo de publicación científica. ¿Los repositorios digitales de acceso abierto resultan insuficientes? ¿Está bien que haya que pagar para publicar? Las bibliotecas en la sombra desafían las políticas de las revistas comerciales internacionales.

Para acceder a artículos científicos, investigadores e investigadoras de todo el mundo utilizan sitios de descarga ilegal e impaga. Las cifras de las visitas a repositorios como Sci-Hub y los pedidos de descargas de sus artículos son enormes: por ejemplo, en 2017 se realizaron más de un millón de descargas desde Argentina, sólo el 1% de las registradas a nivel mundial. Este sitio web se autodefine como el primero en el mundo para proporcionar acceso masivo y público a los trabajos de investigación. En su página de inicio se ve un cuervo negro con su cuerpo pintado como un universo, sosteniendo con su pico una llave. Se trata de un logo que representa a una especie de ave paseriforme que se alimenta de carroña: algo podrido o incluso corrompido. Con esta metáfora Sci-Hub levanta la bandera del acceso libre al conocimiento enfrentando su privatización en manos de editoriales como Elsevier y alza su consigna: “… para eliminar todas las barreras en el camino de la ciencia”.

El uso de sitios “piratas”, latente en Argentina y en otras partes del mundo, se produce en el marco de un sistema de publicación científica oligopólico donde pocas editoriales controlan un mercado con influencia sobre la carrera de quienes investigan. Existen muchas formas de acceso ilegales, explica Carolina Monti, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información: las llamadas bibliotecas en la sombra (Carolina Monti) como Sci-Hub que es la más popular, bibliotecas en la sombra más pequeñas o específicas de ciertas temáticas y las formas de acceso peer to peer como los pedidos por Twitter, grupos específicos de Facebook o Redit, Torrents, entre otros. Monti junto a Mariano Zukerfeld, Santiago Liaudat, María Sol Terlizzi y Carolina Unzurrunzaga indagaron las particularidades del acceso a la literatura científica en nuestro país y plasmaron los resultados preliminares de su estudio en el informe “Un fantasma recorre la ciencia, el fantasma de la piratería”. ¿En qué proporción y con qué frecuencia se recurre a las descargas llamadas ilegales? ¿Qué motiva el uso de las diferentes herramientas de acceso a los papers y qué representaciones tienen las científicas y científicos sobre ellas?

Para responder estos interrogantes, el equipo de investigación -que no contó con financiamiento ni respaldo institucional específico de sus ámbitos de trabajo- diseñó una encuesta que reunió las respuestas de 368 becarios y becarias e investigadores e investigadoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en diciembre de 2020. Los resultados grafican las prácticas más comunes y presentan una evidencia relevante para pensar las políticas públicas del campo editorial científico así como las reglas del trabajo académico: un 90% de investigadores e investigadoras recurre al acceso ilegal e impago de esta literatura.

Alimentar al monstruo

Ana Sanllorenti, directora de la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, afirma que hay una multiplicidad de factores que explican el crecimiento de las consultas a los sitios que no cuentan con respaldo legal. “El principal es el costo de las suscripciones de las revistas y la situación oligopólica de la edición científica a nivel internacional. Combinados, los cinco principales editores (Reed-Elsevier; Taylor and Francis, Wiley-Blackwell, Springer y Sage) acumularon más del 50% de todos los artículos publicados en 2013. Además de aumentar anualmente el costo de las suscripciones, las editoriales ya no ofrecen títulos individuales sino “paquetes” de títulos, por lo que obligan a Bibliotecas y otras instituciones a suscribir títulos que no han elegido”.

No satisfechos con la obtención de ganancias comparables a compañías farmacéuticas como Pzifer, a costa del trabajo no remunerado de los y las trabajadoras del mundo académico, las editoriales establecieron el APC (Article Processing Charge) debido a las presiones del Movimiento de Acceso Abierto: esto implica que autores y autoras deben “pagar por liberar” su artículo aceptado, es decir para que sea publicado en modalidad abierta. Sanllorenti señala que se suman otros obstáculos para la publicación de los artículos en repositorios abiertos, como los embargos y el rechazo a que la última versión del artículo editada pueda ser incluida en los repositorios. “Lamentablemente, en los organismos científicos de la Comunidad Europea se está aceptando incluir en los presupuestos de investigación el pago del APC, con lo que se estará realimentando el círculo vicioso de que sólo los que tienen mayores recursos económicos serán más difundidos y consecuentemente, citados”, manifiesta Sanllorenti.

Para la experta en Bibliotecología, existe una contradicción entre el criterio principal de evaluación científica (publicar en revistas de alto impacto) y el requerimiento del acceso abierto a través de repositorios o revistas. “Es lógico que los investigadores recurran a estrategias que les permiten acceder en forma gratuita a los artículos que necesitan. La sanción de la Ley 26.899 de Repositorios en Argentina y la organización del Sistema Nacional de Repositorios Digitales produjo la creación de varios repositorios y consolidó los que existían. Sin embargo, conjeturo a partir de mi experiencia en una biblioteca universitaria, que el índice de depósito de artículos científicos -particularmente en Ciencias Exactas, Naturales, Ingenierías y Medicina- dista de ser satisfactorio en relación con la producción y publicación de artículos en revistas”.

Según Sanllorenti se necesitan análisis sobre el uso que se le da a los repositorios para conocer el número de consultas, su procedencia y las citaciones que tienen los trabajos difundidos en ellos. El caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA da cuenta de un aumento significativo de consultas y bajadas de tesis de posgrado luego de su inclusión en el repositorio: “En ese punto sí es posible afirmar que el acceso a ese conocimiento ha mejorado con el acceso abierto. Así como también la visibilidad de la producción de los autores y de la institución”.

Gratis y mejor

En el estudio de Zukerfeld y equipo la segunda modalidad más mencionada, detrás del uso de sitios de descarga “piratas”, es la utilización de páginas web que ofrecen artículos científicos de acceso abierto. Sólo el 24% de los encuestados afirmó usar de manera muy frecuente o frecuente vías legales pagas a través de recursos propios, de subsidios o de servicios bibliográficos pagados por instituciones como la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, el 75% de las investigadoras e investigadores que utilizan vías de acceso impagas e ilegales, afirmó hacerlo porque no puede acceder de otra forma y un 38% mencionó que le resulta más fácil y rápido de usar que otros servicios. Entre las motivaciones más nombradas, un 67% cree que el acceso a la información científica no debe tener barreras de pago. Además, de los 368 encuestados, 200 creen que estos medios llamados “ilegales” contribuyen al progreso de la ciencia y 139 manifestaron su oposición al lucro que obtienen las editoriales comerciales aprovechándose del trabajo de autores y evaluadores. Entonces ¿por qué la comunidad científica publica en estas revistas?

Sanllorenti explica que cuando un investigador publica un artículo, cede los derechos patrimoniales -los aspectos de explotación de la obra, tal como la comunicación, difusión, reproducción y publicación- en forma exclusiva a la editorial. “Esa es la exigencia de las revistas, sobre todo las de carácter comercial. No debe olvidarse que esas editoriales, además de no retribuir dinerariamente a los autores, se han erigido en árbitros de la calidad científica a nivel global, por cuanto el sistema de evaluación de la ciencia se basa fundamentalmente en el cálculo del índice de impacto de los títulos de revistas, sostenido en la cantidad de citas que reciben”.

Monti, diplomada superior en Comunicación Pública de la Ciencia, agrega que el problema es complejo y las editoriales no ofrecen una remuneración económica ni a los autores ni a los revisores, que son también investigadores. “Incluso a veces son los autores quienes tienen que pagar para publicar allí y, paradójicamente, muchas veces deben hacerlo luego para acceder, ya sea con pagos particulares o a través de suscripciones institucionales que pueden ser millonarias. Existe un sistema de “reputación” en el que los investigadores se encuentran inmersos, con el que son evaluados por sus superiores o las instituciones que les financian sus trabajos, dan becas, subsidios, equipamiento, etc. Es un círculo vicioso del cual, por el momento, parece muy difícil salir”, señala Monti. La maestranda en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes y su colega Carolina Unzurrunzaga, magíster en Sistemas de información digital, explicaron los pormenores del estudio.

¿Cómo surgió la idea de hacer esta encuesta?

 CM: El tema de la comunicación y sobre todo el uso de herramientas para el acceso a la información científica es algo en lo que vengo trabajando con proyectos de investigación sobre el Movimiento de Acceso Abierto a los que me acerqué a partir de estudiar la carrera de Bibliotecología. En los últimos años surgieron muchos trabajos de investigación que hablaban acerca del uso de herramientas y sitios de descarga ilegal para acceder a la información científica. La piratería sucede en ámbitos culturales y también en el científico. La realidad es que el uso de estas herramientas es bastante común en todas partes del mundo. Muchos estudios indican que no tiene que ver sólo con la falta de acceso ya que también pasa en regiones donde hay más recursos para el pago de suscripciones. Pocos estudios ahondan sobre el tema en Latinoamérica y ninguno en Argentina. Y nos preguntamos ¿qué estará pasando con los y las científicas argentinas? ¿Cómo acceden a la información que necesitan para sus investigaciones? Para aproximarnos al tema, empezamos estudiando un universo del que teníamos certezas de su dimensión para poder hacer una muestra que nos permita analizar los usos y las representaciones de todo el grupo, por eso tomamos en primer lugar a investigadores/as de CONICET. Más adelante nos gustaría analizar las prácticas y representaciones en otros organismos científicos, tecnológicos y educativos.

¿Qué piensan de las formas de acceso a la literatura científica llamadas ilegales?

 CM: En principio es algo de lo que tenemos que hablar más. Ya encontramos evidencia de que existe aquí y en todo el mundo, y sabemos que hacen algo concreto frente a una necesidad de información importante. Tengamos en cuenta que sin poder acceder a la lectura de otras investigaciones, los y las investigadoras no podrían llevar adelante su trabajo. Respecto a las representaciones de legalidad y moralidad sobre el acceso y la difusión de información científica, la mayoría consideró correcto o parcialmente correcto, descargar y circular la literatura científica de la forma que sea (Sci-Hub, redes académicas, redes sociales, etc.). Esto quiere decir que para muchos investigadores, la representación de una acción como ilegal no impide considerarla moralmente correcta. Ahora bien, deberíamos preguntarnos ¿por qué estas herramientas son consideradas ilegales?

¿Cuáles son sus prácticas cotidianas cuando investigan?

CU: Realizando actividades de investigación y de docencia se requiere con mucha frecuencia consultar bibliografía para actualizarse en la temática, para conocer los resultados de estudios recientes, armar el andamiaje teórico y definir la metodología de cada investigación, entre otras cuestiones. Por nuestra formación bibliotecaria estamos al tanto de distintos servicios gratuitos y pagos para descubrir información y nos pasa con frecuencia encontrar el changuito del supermercado con precios en dólares o euros para obtener una copia y poder leer el trabajo. Conocemos -y usamos- botones que se pueden agregar al navegador para localizar la versión libre de los trabajos en repositorios de acceso abierto de todo el mundo, de las suscripciones pagas que tenemos a través de la biblioteca electrónica que financia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la cual se nos facilita el acceso desde las bibliotecas de nuestras instituciones, de otros servicios que en estas nos ofrecen para localizar el documento que necesitamos y, sin embargo, en muchas ocasiones el paper solo está disponible si pagamos un precio que suele rondar los 25-30 dólares ¿Caro o barato?, ustedes dirán. Lo cierto es que esto es así porque, en general, les investigadores cedieron sus derechos de explotación a los grandes grupos editoriales comerciales, que acumulan ganancias exorbitantes año a año y a veces hasta les sale regalado editar el trabajo porque el grupo de investigación paga tasas de publicación. Un negocio redondo para los de siempre, mientras hacer ciencia en nuestros contextos sigue siendo cada vez más difícil.

¿Cómo podría disputarse el poder de estas grandes editoriales para garantizar el derecho de acceso a la información científica?

 CM: Me parece que la solución solo se podría lograr con una reflexión y debate más profundo. ¿Por qué son ilegales estas herramientas? ¿Por qué hay limitaciones al acceso? ¿Quiénes ponen esas limitaciones? ¿No quieren los investigadores dar a conocer libremente sus investigaciones? La solución creo que viene con un cambio más profundo donde no haya barreras legales, económicas o institucionales a la circulación del conocimiento científico. Esperemos que este tipo de trabajos ayude a generar reflexiones y debates que apunten hacia esos objetivos.

 CU: Una de las formas es la que se propicia desde nuestra región con diversas iniciativas que brindan infraestructuras para la edición científica en acceso abierto sin fines de lucro, como es el caso de AmeliCA. Que los propios científicos y las instituciones del sistema científico autogestionen y financien revistas de acceso abierto es hacerle frente al oligopolio editorial comercial. Para esto, es necesario que las agencias de financiamiento apoyen la edición científica nacional a través de programas y se reconozca la calidad científica de las mismas en los sistemas de evaluación. También se requiere que se reconozcan y recompensen las tareas de los equipos editoriales y, a su vez, que se acompañen procesos, se creen capacidades y se formen recursos humanos especializados en las universidades y otras instituciones de enseñanza.

¿Qué pasó desde la Ley de Repositorios digitales institucionales de acceso abierto? ¿Notaron cambios luego de que fuera reglamentada en 2016?

 CU: En otra investigación que realizamos con el proyecto de nuestra universidad, el cual dirigió Marcela Fushimi, indagamos las repercusiones de la ley en el desarrollo de los repositorios y evidenciamos que las políticas públicas han impulsado a estas infraestructuras en las universidades nacionales de gestión pública. Sin embargo, actualmente no todas las instituciones del sistema científico nacional las tienen disponibles y la cantidad de producción que disponen depende de múltiples factores, entre ellos que las y los investigadores preserven los derechos de explotación de sus obras al publicar para que pueda difundirse allí. Hoy en día, hay muchas de las revistas que son importantes para los distintos campos disciplinares que cobran precios exorbitantes por publicar y/o para asignar una licencia abierta a fin de poder cumplir con el mandato de depósito que impone la ley, lo que termina haciendo que las y los investigadores pidan excepciones o bien que ese dinero salga de los financiamientos que obtienen.

¿Creés que la comunidad científica es reconocida socialmente?

 CM: En la actualidad por todo el tema covid, la ciencia se ha vuelto una de las protagonistas de las noticias, hasta discutimos sobre artículos de The Lancet. Sin embargo, creo que los temas son tomados de forma muy superficial y eso tienta a la proliferación de las llamadas fake news. Yo creo que es necesario una comunicación pública de la ciencia en donde participen tanto periodistas/comunicadores como científicos. Creo que es importante comunicar y conocer sobre el quehacer de nuestrxs investigadores, porque si queda invisibilizado, se hace muy difícil el reconocimiento. Esta pregunta me hace acordar a los resultados de la última Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, que fue justamente realizada para conocer cómo perciben la ciencia la población general. Lo sorprendente es que la mayor parte de la población destaca la importancia de la ciencia para el país y considera que el Estado debe invertir más en ella, sin embargo, los resultados muestran que se informan o interesan poco y que la mayoría de las personas no puede mencionar más de una (y muchos ninguna) instituciones científicas argentinas, siendo tantas y de temáticas tan variadas las que existen en nuestro país.