La semana pasada la Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció nuevas coincidencias genéticas entre restos óseos y familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. La primera de ellas identificó a Jhosivani Guerrero de la Cruz; la segunda, arroja una identificación previa, la de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, informada el año pasado. Ambas vuelven a evidenciar las contradicciones de la llamada “verdad histórica”, sostenida por las autoridades estatales mexicanas de aquel entonces.
Los restos fueron recuperados en la Barranca de la Carnicería, en octubre de 2020 por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, a cargo de Omar Gómez Trejo. Las coincidencias surgen de los exámenes genéticos realizados en el laboratorio de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, que se dedica a examinar muestras en las cuales, por su extremada degradación, es muy difícil extraer ADN. “Nuestros resultados también señalan la fuerte coincidencia”, comenta, en diálogo con ANCCOM, Mercedes Doretti, integrante fundadora y directora para Norte y Centroamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El caso
De aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en la que se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la localidad de Iguala en el Estado de Guerrero, han pasado un total de 2.826 días, más de siete años. Los familiares siguen exigiendo verdad y justicia. En el proceso puede notarse, al menos, un cambio de actitud en la investigación a partir del cambio de gobierno en 2018. En diciembre Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), reemplazó en la presidencia a Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 7 de noviembre de 2014 la Procuraduría General de la República informó que, según sus investigaciones, había indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero. Dos meses después confirmó su propia versión. Según la “verdad histórica”, los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales para luego ser entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en Cocula.
Los familiares rechazaron siempre esa explicación, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó su falta de veracidad a partir de videos que registran irregularidades. Allí se constata que Tomás Zerón, director de la Agencia de Seguridad Criminal, encargada de investigar el caso en la estructura estatal, había estado en el basurero antes de que se encontraran en el lugar los restos incinerados de un estudiante. Además, el GIEI plantea que se puede observar cómo agentes federales impidieron el paso del Equipo Argentino de Antropología Forense mientras Zerón recorría la zona, por lo que las pruebas podrían haber sido implantadas. A eso se sumaron denuncias de tortura durante las confesiones de distintos sospechosos.
Al poco tiempo de asumir, López Obrador creó por decreto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, hoy encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, momento en el que la primera versión oficial de los hechos comenzaba a ser descartada.
Rol del EAAF
El Equipo Argentino de Antropología Forense actúa desde octubre de 2014 como perito y asesor técnico de los familiares de los estudiantes desaparecidos, tanto en búsquedas de campo como en análisis de laboratorio. Fue convocado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que acompañan y representan legalmente a las familias. “También contribuimos como contacto con distintas entidades para llevar a cabo trabajos especializados”, suma Doretti, y en esa instancia aparece la universidad austriaca.
El EAAF participó, junto a la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR, en el estudio de la evidencia recuperada y en la selección de muestras que se enviaron al laboratorio de Innsbruck. Hace dos años que trabaja de manera coordinada con la UEILCA que dirige Gómez Trejo. Al no encontrar evidencia física para sostener la incineración que declaraba la “verdad histórica”, comisionó en 2017, previa autorización de todos los familiares, a la ONG inglesa Arquitectura Forense la reconstrucción de la escena del crimen de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 a través de una cartografía interactiva, en la que se exploran los conflictos e inconsistencias de la narrativa oficial.
Luego de diversos retrasos por la pandemia, el 19 de febrero de 2021 el fiscal Gómez Trejo, acompañado por un integrante del EAAF, de la comisión presidencial y de la CIDH, hizo entrega de las muestras a Walter Parsons, jefe del Departamento de Genética del instituto austriaco. De los restos óseos recuperados, en su mayoría severamente fragmentados y alterados por exposición a altas temperaturas y a la intemperie, pudieron seleccionar catorce muestras del total para ser enviadas. Un mes más tarde Parsons informó que sólo seis restos eran viables de ser estudiados y el 8 de junio se comunicaron los resultados de análisis en ADN, de los cuales dos arrojaron identificaciones positivas.
Nuevas identificaciones
La primera identificación realizada en el caso está asociada a la versión oficial de 2014, a partir de una bolsa que, según se indicó, se había hallado en el Río San Juan, en Cocula, poblado a una hora de distancia de Iguala. En ese entonces apareció un fragmento de hueso que terminaría identificándose con el joven Alexander Mora Venancio por vía genética, aunque desde el EAAF remarcan que “hasta el día de hoy no hay evidencia científica” para sostener la aseveración. De hecho, las coincidencias recientes tampoco concuerdan.
Estas dos identificaciones posteriores pertenecen a una hipótesis de trabajo muy distinta, a cargo de la actual Fiscalía. La Barranca de la Carnicería, el mismo lugar en el que se identificó un resto del estudiante Rodríguez Telumbre, está ubicada a 800 metros del basurero y “los restos hallados en superficie son aislados y en su mayoría multifragmentados”, menciona Doretti, y agrega que las dos muestras que arrojaron los resultados “no presentan alteraciones térmicas y están bastante completas”.
La primera de las coincidencias, según informó Gómez Trejo, fue a partir de un hueso calcáneo del talón de Aquiles de un pie derecho y demostró una reasociación positiva con uno de los identificados en junio de 2020, el mencionado Rodríguez Telumbre, que ya había sido debidamente notificado. La segunda fue gracias a una vértebra lumbar y tiene concordancia con los padres y los tres hermanos de Jhosivani Guerrero de la Cruz. A diferencia de otra muestra de 2015, también asociada con el joven pero desestimada por el EAAF por ser baja en términos estadísticos, ésta permite la certeza en la identificación.
Según comunicó el EAAF, el ADN mitocondrial de la muestra de 2015 se transmite por vía materna sin alterarse y “no identifica a un individuo sino a dos que pueden pertenecer al mismo linaje”. El fiscal Gómez Trejo remarcó que, a pesar de las recomendaciones, las autoridades de aquel entonces decidieron dar a conocer un “resultado dudoso del 17 por ciento de coincidencia”. En cambio, los restos hallados recientemente se alcanzaron gracias a la recuperación de ADN nuclear, “resultante de la combinación única de un padre y una madre”, por eso la probabilidad de parentesco es concluyente. “Técnicamente, es falso que ya hubiera sido identificado”, insistió en su exposición el letrado.
Los siguientes pasos
La investigación sigue su curso por distintas áreas. “Por un lado, seguir buscando a los estudiantes y, por otro, a los culpables y a quienes cometieron irregularidades en el caso”, expresa Doretti. Ese tercer punto fue denunciado por el EAAF, el GIEI y Gómez Trejo al momento de asumir su función. El hallazgo demuestra que la identificación genética es posible, incluso a pesar del paso del tiempo. El fiscal, a su vez, deslizó que en los días venideros partirá para entregar nuevos restos óseos para su análisis en Innsbruck.
Las coincidencias fueron notificadas a las familias particulares el 12 de junio, en presencia del fiscal, del subsecretario Encinas Rodríguez, del acompañamiento legal y psicosocial de los familiares, de Francisco Cox, integrante del GIEI, y de Mercedes Doretti y Alicia Rizzardo, representantes del EAAF. Para Gómez Trejo se trata de “resignificar y reparar” acciones anteriormente llevadas a cabo por autoridades estatales y federales que “alimentan la impunidad y la indiferencia frente a la realidad de las víctimas que se vive en México”.
Días más tarde, el presidente López Obrador convocó a una reunión con todas las familias, en compañía de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República. Informaron las nuevas coincidencias y los avances en materia de investigación y procedimiento penal. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es un punto de inflexión en la historia mexicana, así como lo fue la Masacre de Tlatelolco en 1968. En septiembre de 2014 los jóvenes se trasladaban a Iguala para recaudar fondos para asistir a una marcha en conmemoración del hecho citado con anterioridad. Una cuestión simbólica.