El vencimiento del régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles generó un nuevo problema para el oficialismo a nivel legislativo: un sector presiona por la prórroga de la norma vigente, mientras otro busca consenso para el nuevo proyecto de Máximo Kirchner.

El Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, establecido por la Ley 26.093 en 2006, debía vencer el 12 de mayo último, y el oficialismo busca consenso en la Cámara de Diputados para tratar un nuevo proyecto de ley. Desde hace un año, algunos sectores promueven la renovación de la norma, en especial quienes conforman la Liga Bioenergética de Provincias: Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta. De hecho, en octubre la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad su extensión hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque desde entonces nunca llegó a debatirse en Diputados.  

Entre tanto, apareció una nueva iniciativa, encabezada por Máximo Kirchner, presidente del interbloque del Frente De Todos (FDT) en la Cámara Baja, que propone un nuevo marco regulatorio, algo que descolocó a propios y ajenos. Juntos por el Cambio y el interbloque Federal convocaron a una sesión especial a fines de marzo para extender la legislación vigente, pero quedaron lejos del quórum. Se ausentaron oficialistas y, además, representantes del Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) de provincias petroleras que decidieron no estar en su banca ni conectarse de manera remota.  

Con la presión del tiempo y de los reclamos encima, un día antes de su vencimiento, el Gobierno Nacional prorrogó el actual régimen de biocombustibles por un plazo de 60 días o hasta que entre en vigor un nuevo marco regulatorio, según dicta el decreto 322/2021. De esa manera, estableció su vigencia hasta el 12 de julio del corriente, que puede ser reemplazado en el caso de que se apruebe otra legislación, por lo que toma en cuenta la existencia de proyectos con estado parlamentario. La medida busca asegurar un “adecuado análisis y debate” permitiendo la continuidad temporaria de la normativa actual.

La norma vigente estipulaba que los biocombustibles deben tener una participación del cinco por ciento en los combustibles líquidos derivados del petróleo. Distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, elevaron a diez y a doce por ciento el corte de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Esto impulsó su desarrollo en provincias en las que se producen soja, maíz y caña de azúcar, bases de los combustibles alternativos.  

El proyecto consiguió dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara Baja.

El proyecto de Máximo

La iniciativa del diputado Kirchner, que lleva la firma de otros quince legisladores, establece una nueva regulación con plazo hasta 2030, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional la prorrogue por cinco años por única vez. El proyecto señala a la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, como autoridad de aplicación para regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable. Además, otorga un rol más relevante a empresas no exportadoras y busca frenar la salida de divisas y promover la industrialización, sustituyendo la importación de combustibles fósiles con biocombustibles. En diálogo con ANCCOM, Martínez consideró que la nueva legislación “enfatiza el resguardo de las PyMEs, de las fuentes de trabajo y del bolsillo”, atendiendo a “cuestiones que eran reclamadas”. Para el secretario, a su vez, otorga la “previsibilidad que necesita cualquier actividad” con un enfoque “participativo y federal”, que se evidencia “en la comisión especial de análisis y seguimiento” que ordena crear.   

El texto reduce de diez, según la ley actual, a cinco el porcentaje mínimo de biodiesel sobre la cantidad total de la mezcla con gasoil y/o diésel oil. Con respecto al bioetanol, mantiene el corte en un doce por ciento y en un seis tanto los que son elaborados a base de caña de azúcar como de maíz. La autoridad de aplicación podrá, en el caso del biodiesel y del maíz, disminuirlo hasta un tres. Marcos Cleri, diputado oficialista de Santa Fe, expresa que la baja sería “para que no aumente la nafta y las plantas sigan produciendo” pero que también “puede subir si se aplica el régimen de sustitución de importaciones”. Por último, continúa la eximición del pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, que en el caso de ser mezcla recaerá sólo sobre el componente fósil.   

El martes 18, después de varios intentos frustrados por falta de acuerdo, el proyecto consiguió dictamen en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Omar Félix, diputado mendocino del FDT y presidente de la primera comisión mencionada, evaluó que “da previsibilidad al sector y cumple con los compromisos internacionales”. Además, indicó, en coincidencia con Martínez, que “protege a las empresas, a la actividad y, por sobre todo, al bolsillo de los argentinos”. 

Juntos por el Cambio y el bloque Córdoba Federal son quienes más se oponen al marco propuesto. Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Juan Schiaretti, advirtió que si se aprueba “se pueden perder muchas fuentes de trabajo”. En igual sentido se pronunció Mario Negri, presidente del interbloque de la principal fuerza opositora, alegando que “atenta contra la economía de diez provincias” y acusando al proyecto de “anti Córdoba”. Su par provincial pero oficialista, Eduardo Fernández, cree en cambio que “expresa la experiencia acumulada del sector” y que con la intervención estatal “la industria tendrá más equilibrio”. 

Las provincias de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta conforman la Liga Bioenergética.

El escenario legislativo

El proyecto sorprendió a propios y ajenos porque la prórroga al régimen actual parecía estar encaminada. Sobre la media sanción del Senado se apoyan la mayoría de las críticas. Tanto la demanda de renovación, como la propuesta de un nuevo marco regulatorio, son transversales a las fuerzas políticas, sujeta a la lógica productiva de cada jurisdicción. Las que producen petróleo se quejan de la rentabilidad a costa del precio regulado por el Estado que las refinerías están obligadas a pagar. Las productoras de biocombustibles señalan que no hay forma de introducir energías renovables sin la participación estatal. 

El interbloque Federal mostró cohesión interna a la hora de presionar en contra del proyecto oficialista, y también para impulsar el tratamiento de otras opciones, incluida la prórroga de la Cámara Alta a través de solicitudes para sesionar. Además, presentó su propia iniciativa para elevar el porcentaje de mezcla de bioetanol en naftas al 20 por ciento y de biodiesel en gasoil al 16. Alejandro Rodríguez, diputado bonaerense, resaltó que el objetivo es “sumar fuentes de trabajo e inversiones en la zona centro del país, con eje en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe». A su vez, brindaron su apoyo a la propuesta de una nueva Ley para el Desarrollo de los Biocombustibles, dada a conocer el año pasado por el cordobés Gutiérrez, también integrante del interbloque. 

Con respecto al proyecto con dictamen, Rodríguez opinó que “no es bueno para la producción, para el medio ambiente y para las políticas públicas”. En la misma línea se expresó el salteño Andrés Zottos al marcar que, si bien “hace falta una nueva ley” y “se han escuchado todas las demandas de nuestra región”, hay que discutir que “no se bajen los cortes que ya hay porque causaría perjuicios”. Por otro lado, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo todavía no ha definido su postura, a diferencia de los monobloques Movimiento Popular Neuquino y Partido de la Justicia Social que sí decidieron, al menos, acompañar el tratamiento de la iniciativa de Máximo Kirchner. 

En la Cámara Alta, dentro de la mayoría oficialista, hay pocas declaraciones luego de que quedara trunca la prórroga. En especial, no ha emitido declaraciones María de los Ángeles Sacnun, autora de dicha iniciativa parlamentaria, a la que también habría tomado por sorpresa la ausencia de la misma en el temario que el Ejecutivo ordenó para las sesiones extraordinarias. Quien sí tomó la voz fue Adolfo Rodríguez Saá, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. El senador por San Luis pidió que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Ambiente y que “se respeten los pactos internacionales como el Acuerdo de París”.  

Empresarios y medio ambiente

Rodríguez Saá se expresó en esos términos en una reunión virtual que mantuvo con la Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada (CAPBA), entidad que solicitó el encuentro por la situación legislativa actual. El principal foco de crítica a la nueva iniciativa pasa por el papel de la Secretaría de Energía, que también es responsable de la producción petrolera en el país, por lo que habría un conflicto de intereses para la prosperidad de ambos sectores. 

En la reunión informativa de comisión, llevada a cabo hace más de un mes como puntapié inicial en el tratamiento del proyecto, varios representantes del empresariado habían mostrado su disgusto, en especial con respecto a la baja del corte de biodiesel. El diputado Cleri deslizó que “hubo consenso con las cámaras del sector, aunque es cierto que no consiguieron la totalidad de sus demandas”. Al mismo tiempo, el Centro Azucarero Argentino (CAA) manifestó su conformidad ya que “contempla los temas de interés”, por lo que espera el respaldo de los legisladores del noroeste argentino.  

Por otro lado, el legislador mendocino Omar Félix volvió a destacar que “no se van a dejar de cumplir los compromisos internacionales” en materia de medio ambiente y que “no significa que esos valores vayan a estar fijos para siempre”. Por último, los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, rechazaron la postura de sectores del oficialismo y de la oposición porque “benefician a las grandes multinacionales” y “ninguno de los problemas principales que sufren las mayorías populares se están poniendo en debate”. Una nueva piedra en el camino del oficialismo a nivel legislativo.