La asamblea socio ambiental “El Algarrobo” en el pueblo Andalgalá de Catamarca resiste el avance de la mega minería. Desde el 21 de marzo algunos pobladores se reúnen para impedir el paso de los trabajadores mineros en los caminos que conducen al río y evitar que se inicie el proyecto MARA. Actualmente once asambleístas se encuentran detenidos y todavía no están claros los motivos.
El proyecto es la unión de dos empresas mineras que ya realizaron diferentes extracciones en la provincia: “Bajo de la Alumbrera” y “Agua Rica” que decidieron comenzar el emprendimiento en las cuencas del río Andalgalá, fuente de agua de todo el pueblo.
La fusión minera no tiene permiso de iniciarse legalmente, a pesar de esto hubo distintos intentos para ingresar al cerro eludiendo el bloqueo de los asambleístas que denuncian haber sido investigados y hostigados por la policía. Por este motivo solicitaron un habeas corpus temiendo una represión como la que ocurrió en 2010, pero fue negado. A partir de este momento la violencia comenzó a escalar.
Algunos asambleístas fueron atropellados el 30 de marzo por un auto que conducía un trabajador de la minería, hecho que nunca fue investigado. A pesar de mantener los bloqueos selectivos en los caminos al río, una máquina perforadora ingresó por la entrada a otro pueblo. El intendente manifestó, en medios locales, no tener conocimiento de estos hechos y estar tan sorprendido como todos los pobladores.
Mientras el 10 de abril se realizaba la Caminata por la Vida en contra de la minería, los cantos y pintadas fueron acompañadas por el incendio de las oficinas de Agua Rica y la destrucción de la sede del Frente para la Victoria. Por este hecho siete asambleístas fueron detenidos. En los días siguientes se produjeron violentos allanamientos y la detención otras cuatro personas.
Los asambleístas niegan haber participado en la destrucción y resaltan que siguen siendo perseguidos por autos sin patentes, policías uniformados que los filman y de ser los únicos investigados en este contexto. Mientras tanto, las máquinas ya comenzaron a trabajar en el cerro.
Juan Martearene, integrante de Asamblea el Algarrobo, explica: “Nos ponen muchas etiquetas que somos ambientalistas, antimineros, antidesarrollo, pero somos personas comunes”. Desde hace años, Martearene se dedica a producir membrillo y nueces en su finca, tiene 35 años y estudia profesorado de geografía. En el pueblo no reciben ayuda del Gobierno ante los reclamos. Para Juan se trata de una nueva forma de colonización en Latinoamérica: “Todos los gobiernos hasta el día de hoy son cómplices de la entrega de nuestro territorio”, sentencia.
El extractivismo se fue intensificando en la región desde el menemismo y, al mismo tiempo, la producción regional, que dependía de la ganadería, agricultura y el turismo fue perdiendo fuerza. “Hoy, después de años de explotación, Catamarca es una de las provincias más pobres del país”, expresa.
Uno de los discursos más difundidos sobre la industria minera es que lleva aparejada el desarrollo. Luego de la destrucción de las economías regionales y del medioambiente en nombre del progreso Juan Martearene destaca que esto no es así: “ofrecieron seis mil puestos de trabajo, pero es una mentira. Ya tenemos el ejemplo de Alumbrera que cuando abrieron en 1997 ofrecieron cinco mil puestos de trabajo y el total de andalgalenses que trabajaron allí no alcanzó a ser de 100 personas”.
Al respecto Favio Casarín, abogado y geólogo especializado en el ámbito de la minería, señala: “hay que buscar puntos de equilibrio para que sea una actividad controlada y bien hecha por una sencilla razón, el país necesita la minería”. Asegura que Argentina precisa, para su desarrollo, industrializarse y dejar de ser únicamente proveedor de materia prima. “Si queremos tener una industria que fabrique automóviles, instrumentos quirúrgicos o una construcción avanzada, necesitamos minerales. Y si nosotros los tenemos, pero no los producimos vamos a tener que salir a comprarlos”.
En ese sentido, se refirió al caso concreto de Andalgalá: “este es un proyecto para extraer cobre, hoy un auto común necesita siete kilos”. Asimismo, señaló que los vehículos eléctricos van a servir para tener una energía más limpia con las baterías de litio. “Nosotros tenemos litio y cobre en el noroeste argentino, un auto eléctrico además de litio va a necesitar 70 kilos de cobre, con lo cual necesitamos producir eso, es así”.
A pesar de esto, América Latina continúa siendo exportadora de metales. Mientras en el territorio argentino se genera contaminación y se explotan los recursos naturales, es en el resto del mundo donde se transforman los productos. Tanto las empresas mineras como el propio Estado Nacional buscan implementar un “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” donde, a través de slogans como “minería sostenible”, se asocia esta industria con la idea de sustentabilidad y responsabilidad ambiental. Pero ¿realmente es posible una minería sostenible?
Científicos/as e investigadores/as de UNSAM, el CONICET, la UBA, y la Universidad de Cuyo, plantean que esto no sería posible, en un documento firmado por 816 académicos que se oponen a la megaminería: “A diferencia de la minería tradicional, esta se encuentra prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos socio-ambientales, debido al uso de químicos tóxicos como el cianuro”.
Sobre esta cuestión José Martiriare explica que los minerales solían encontrarse en las vetas de las montañas, pero ahora se encuentran diseminados. Por eso no hay manera de que se lleve a cabo la extracción si no es a través de la minería a cielo abierto.
En cuanto a la emisión de consignas como “buena minería” o “minería sustentable”, Favio Casarin argumenta que prefiere alejarse de la utilización de esos términos ya que “la minería que no es sustentable no es una minería legal”. Esto lo asegura dado que los proyectos antes de iniciarse deben ser aprobados por las autoridades y recibir una Declaración de Impacto Ambiental que los compromete a remediar cualquier daño que llegue a ocurrir. “Si se da un corrimiento de lo asentado allí, quedará fuera de la ley y estará sujeto a sanciones que la misma ley prevé”, señala.
Sin embargo, los problemas ambientales enumerados en esa zona son varios: el principal, la contaminación del río que es la fuente de agua del pueblo, en una zona que se encuentra en emergencia hídrica. Los asambleístas también destacan que es un área de glaciares y ambiente peri glaciar, que son bienes públicos resguardados por la Ley de protección de glaciares y que pueden llegar a destruirse. A esto se suma que la actividad requiere un uso desmedido de agua que ronda los 20 mil litros diarios, sumado al uso de explosivos que dejan restos en el aire y a causa del viento llegan rápidamente hasta donde vive la población.
La lucha histórica que viene disputando la comunidad contra la empresa minera y el Estado tiene larga data en el ámbito jurídico. En 2016 el reclamo de los vecinos andalgalenses se trató en la Corte Suprema de la Nación y fue validado por la misma, ya que aquella instancia judicial echó luz sobre las irregularidades de la aprobación del proyecto MARA con el Fallo Martínez.
En 2008 el Informe de Impacto Ambiental de la Mina Agua Rica fue llevado a cabo por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Este informe es un requisito obligatorio y concluyó múltiples falencias por parte del proyecto, ya que se observó: riesgo de avalanchas o derrumbes posibles de afectar la ciudad de Andalgalá; avance progresivo de la pluma de contaminación hacia niveles de agua subterráneos con contaminación irremediable; y se declaró que la ejecución del proyecto producirá afectación del aire, ruidos y vibraciones en el área durante 25 o 30 años.
Esta serie de observaciones que deberían haber sido el fundamento de la modificación del proyecto o bien de su repliegue, simplemente no fueron tenidas en cuenta. La Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca aprobó el Informe, de modo que dio luz verde a la empresa minera para que avanzara.
Tras estas evidencias el Concejo Deliberante de Andalgalá dictó una Ordenanza Municipal que prohibía la explotación minera en cualquiera de sus formas en la cuenca del río Andalgalá. Para reanudar el proyecto la empresa minera y la Provincia de Catamarca iniciaron dos causas que alegaban la inconstitucionalidad de dicha Ordenanza. Por un lado, la Provincia sostuvo que estaban vulnerando su derecho a la propiedad de los recursos naturales que establece la Constitución Nacional. Mientras que la empresa minera alegó que una ordenanza está por debajo del Código de Minería, que establece a la industria como actividad lícita.
El caso llegó hasta la Corte de Catamarca. Según explica la abogada de “Asamblea el Algarrobo” Mariana Katz, lo que solicitaban los vecinos no es solamente que la Ordenanza Municipal se declare constitucional, sino que se declare la “convencionalidad”. Esto significa que los Estados deben avanzar respetando los derechos humanos, de acuerdo a los Tratados Internacionales.
Bajo la consigna “el agua vale más que el oro” varios vecinos continúan hoy exigiendo que se escuche su opinión y se niegan a otorgar la licencia social. Sin embargo, el reclamo nuevamente fue desestimado y en diciembre del año pasado la Corte de Catamarca falló a favor de la empresa minera Agua Rica y declaró “inconstitucional” la Ordenanza Municipal que prohíbe la megaminería.
Actualmente, con un recurso extraordinario federal presentado por la Asamblea, la lucha continúa. “La Ordenanza sigue vigente hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte una sentencia”, dice Katz. Por este motivo, los vecinos que se encuentran bloqueando el paso en los caminos mineros tienen su fundamentación legítima: la minería aún está prohibida y atravesando un largo proceso judicial. Al día de hoy se encuentran detenidas 11 personas sin justa causa y se exige la libertad inmediata para: Walter Mansilla, Aldo Flores, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela, Damian Abel, Ailen Saracho Diamante, Jorge Ramos, Eduardo Villagra y Oscar Martearene.