Este martes, la Legislatura provincial tratará un proyecto de rezonificación que, de aprobarse, permitiría el extractivismo, prohibido desde hace casi dos décadas, tras un reférendum en el que más del 80 por ciento de la población votó en contra. En medio de esta trama, Alberto Fernández se declaró prescindente, luego de ser víctima de las protestas.

Con una provincia sumergida en una profunda crisis económica, social y política, en noviembre del 2020 el gobernador Mariano Arcioni, presentó ante Nación su plan productivo, el cual incluye un proyecto de rezonificación minera. La iniciativa fue vista, por gran parte del pueblo chubutense, como una provocación y reflotó la lucha anti minera que lleva sin descanso desde hace 18 años. En ese contexto, se produjo la visita del presidente Alberto Fernández a las localidades afectadas por los voraces incendios de la última semana. El primer mandatario recibió reclamos y agresiones de la población: “El problema minero debe resolverlo la provincia”, intentó desligarse.

EL conflicto por la megaminería chubutense lleva ya dos décadas. En el año 2002 la empresa canadiense Yamana Gold desembarcó en la ciudad de Esquel con un proyecto para la explotación de oro e intentó obtener licencia social para llevarlo adelante. “A la charla que dio la empresa, asistieron dos docentes de química de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y todo lo que escucharon no les cerraba por ningún lado. Empezaron a investigar cómo era el proceso de minería y le hicieron llegar esa información a la comunidad. Así se creó un gran movimiento social y político que es hoy No a la Mina” explica Silvia Borgia, vecina de Esquel e integrante activa de la organización.

“La población se empezó a informar y con una lucha muy sostenida se logró, en el año 2003, llamar a un plebiscito no vinculante, en el cual la gente tenía que decidir si quería o no el emprendimiento. El 81.4% de la población dijo que no. A partir de ese momento, la asamblea se sostuvo marchando los días 4 de cada mes. Este movimiento comenzó  acá en Esquel y luego se extendió a toda la provincia”, agrega Borgia.

Producto de ese plebiscito, el gobierno provincial sancionó la Ley 5001 (en la actualidad ley 1768) que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto con el uso de cianuro y que, en su Artículo 2 estipula un plazo de 120 días desde la sanción de la ley, para presentar un proyecto de zonificación. “Es una ley rara y frágil porque propone en el primer artículo la prohibición y en el segundo abre la excepción. Eso nos tiene en vilo desde hace 18 años”, comenta Marina Richeri, asambleísta y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Puerto Madryn.

En 2002 nació el movimiento «No a la mina» en Chubut.

En este marco se conforma la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses), que en el 2013 redacta un proyecto de ley por iniciativa popular, una herramienta de la democracia semi directa contemplada por la Constitución de la provincia. “Entró en la Legislatura en el 2014 y lo presentamos nuevamente el año pasado. Prohíbe totalmente la minería metalífera en todas sus etapas, en todo el territorio sin excepciones y prohíbe el uso de cualquier sustancia tóxica. Lamentablemente tras un escándalo de corrupción, en el que un diputado fue descubierto mensajeándose con un empresario minero en plena sesión, se anuló el debate y volvimos a tener la misma ley frágil”, explica Richieri.

El proyecto de ley 128/20 del Ejecutivo provincial pretende declarar exceptuada la zona de la meseta chubutense, comprendida por los departamentos de Gastre y Telsen, y así establecer la explotación a cielo abierto de minerales metalíferos. Si bien se estipula mantener la prohibición del uso de cianuro durante todas las etapas del proceso minero, no esclarece que tecnologías y sustancias serían las habilitadas para extraer los minerales. Desde la UACch se denuncia la inconstitucionalidad, ya que el plazo de 120 días que dicta la Ley 5001 para la presentación del proyecto de zonificación está más que vencido. 

Los argumentos expuestos en dicho proyecto, describen al área de la meseta como atrasada, improductiva y postergada, por lo cual el establecimiento de la actividad minera permitiría su desarrollo. “La población está conformada mayoritariamente por comunidades Mapuches – Tehuelches que viven, históricamente, del pastoreo de cabras y ovejas. Si bien esta el acuífero de Gastre Sacanana, el agua es un recurso escaso en la zona y nunca se ha tomado la decisión política de explotarlo. El abandono en relación a políticas productivas, sumado a la caída del valor de la lana y a un fuerte proceso de desertificación por falta de lluvias, hace que muchas de estas comunidades tengan problemas para alimentar a sus animales y cultivar sus huertas. A pesar de esto, quieren seguir con estas actividades y rechazan fuertemente la explotación minera” explica la historiadora Liliana Pérez, oriunda de Comodoro Rivadavia.

En esta sentido, Richieri dice que “hay una violación de los derechos humanos. El Artículo 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), al cual nuestro país adhirió, dice que ante un proyecto en el cual los bienes comunes estén en peligro o sean utilizados, las comunidades aborígenes deben ser consultadas y ser partícipes del mismo. Esto nunca ocurrió y hay que denunciarlo. Por otra parte, se elaboró sin consultar a ninguna entidad científica reconocida local”.

Al respecto, el CONICET-CENPAT elaboró un documento en el que refleja su preocupación respecto al tema, y solicita el retiro del proyecto de su tratamiento legislativo. A su vez, explica que gran parte de la comunidad científica de Chubut declinó la invitación de Arcioni a participar de la mesa de trabajo sobre un proyecto que ya estaba hecho. “Nuestra institución recomienda debates abiertos, donde la exposición de los resultados de estudios e investigaciones que aportan al desarrollo productivo de la provincia sean parte de un proceso participativo. No hay debate sin espacios de reflexión, aporte técnico y comunitario para la diversificación productiva”, sentencia el informe.

El proyecto presentado por la UACCh nunca se trató, después que se interrumpiera una sesión legislativa tras el escándalo desatado tras descubrirse a un diputado intercambiando mensajes con un empresario minero.

Por su parte, una veintena de entidades avaló la actividad minera en la provincia a través de un informe técnico, el cual afirma ser un aporte para enriquecer el debate. Una de estas entidades es la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN). “Quisimos dar nuestra visión profesional de la actividad minera. Desde luego que todo informe en este rubro tiene que tener una base científica y un balance objetivo de la situación” declaró Marcelo Mena, secretario general de la institución. 

“La idea es que podamos permitir el desarrollo de las comunidades creando cooperativas, emprendimientos y que la minería solo sea el motor de arranque. A eso es a lo que apuntamos y  el motivo por el que firmamos este informe”, explicó Mena y continúo “es muy importante el rol que cumple la posición anti minera en defensa del medio ambiente y del agua. Tienen que estar dentro de los controles y ser parte de la cadena de custodia de esas muestras. Nosotros queremos una industria que sea una casa de cristal, para que toda la sociedad sepa exactamente lo que está pasando”. 

De aprobarse la zonificación, la compañía canadiense Pan American Silver (ya instalada en Gastre) podría llevar adelante su proyecto Navidad, que prevé la explotación por un mínimo de 18 años de un yacimiento de plata, considerado uno de los más grandes del mundo.

En esta coyuntura, surgieron sospechas respecto a posibles intereses mineros detrás de los incendios simultáneos, ocurridos la semana pasada en siete localidades cordilleranas de la provincia. Más de 200 familias se quedaron sin vivienda y perdieron todo. La presencia del gobernador y del presidente Alberto Fernández para solidarizarse con los damnificados, colisionó con las protestas anti mineras y agresiones, por parte de algunos manifestantes, al vehículo que trasladaba a los mandatarios. Según las organizaciones ambientalistas, se trata de infiltrados. En este marco, el proyecto de rezonificación sería tratado en lLegislatura este martes 16 de marzo. Desde las asambleas que claman “No a la mina”se anunciaron para ese día manifestaciones en toda la provincia y en la puerta de la casa de la provincia de Chubut en CABA.