Una cicatriz más de las que dejó la última dictadura fue el proyecto inconcluso de la Autopista 3, pensada para unir el barrio porteño de Saavedra con Puente Alsina. Con el tiempo, allí se fueron asentando familias en condiciones habitacionales precarias. Siempre corrieron el riesgo de ser desalojadas por los distintos gobiernos y aún piden una solución que les permita vivir de manera digna y tranquila.
La Autopista 3 fue un proyecto de la dictadura cívico militar de construir una vía rápida que atravesara la ciudad.  

“Lo que estamos pidiendo es igualdad ante la ley”, dijo Mirta Sánchez, una de las representantes de las familias que viven en el Sector 4 de La Traza, a ANCCOM. Por eso, la primera semana de marzo se presentó una nueva acción judicial ante la Legislatura porteña para solicitar que se avance con el proyecto de renovación urbana, de viviendas sociales y con la petición de que sea un proceso que incluya la participación ciudadana. 

La traza de la ex autopista 3 fue un proyecto de la última dictadura militar que planeaba unir Saavedra con Puente Alsina, atravesando barrios centrales de la ciudad de Buenos Aires. Más de 900 inmuebles fueron expropiados, muchos de ellos demolidos, cuando en 1981 el intendente de facto Brigadier Osvaldo Cacciatore canceló la iniciativa junto con el Plan de Autopistas. La fragmentación en sectores generó que algunos de ellos, ubicados en zonas más codiciadas para los negocios inmobililarios en la ciudad, recibieran respuestas, como los y las habitantes del sector 5 -que concentró cerca de la mitad de los inmuebles afectados- contenido por catorce manzanas entre las calles Donado, Holmberg, Congreso y Av. De los Incas. Pero el Sector 4, que abarca Villa Ortúzar, Chacarita y Villa Crespo, en el límite con Colegiales y Palermo, hoy nuclea a las familias que siguen exigiendo soluciones habitacionales definitivas.

La Ley 324, sancionada en el año 2000, convirtió a las y los vecinos de La Traza en beneficiarios de soluciones como créditos de compra sobre la vivienda que habitan, créditos para la autoconstrucción o para la compra de viviendas que no son propiedad del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, Jonatan Baldiviezo, abogado que forma parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad y quien continúa acompañando a las familias, le contó a ANCCOM que en el año 2007, durante el gobierno porteño de Mauricio Macri, tuvieron que presentar acciones judiciales para frenar desalojos. Las negociaciones con el Sector 5 se llevaron a cabo una década después de sancionada la primera ley y con una segunda –la 3396/09– específica para el sector. No ocurrió sin discusiones, demoras ni presiones por parte del gobierno hacia las familias para que tomaran subsidios y se fueran de La Traza.

Vista del sector 5 de la traza durante la implantación de la Ley 3396 en 2010. 

En este sentido, Sanchez explicó: “Si hubiera una decisión política no tendríamos por qué estar corriendo. Lo único que queremos es que manden un censor nuevo y vean los nuevos beneficiarios”. Por decisión política se refiere al miedo, siempre presente, de que el gobierno avance con la venta de tierras que, en realidad, deberían disponerse para solución habitacional.

El Sector 4 queda como la gran deuda ya que fue en el año 2010 cuando se reanudó el compromiso para hacer un plan similar al del Sector 5. “Ese plan que tenía 60 días para ser presentado, nunca llegó a la Legislatura. Entonces hay todo un sector abandonado que hace 10 años está esperando este nuevo proyecto de gobierno”, explicó Baldiviezo. Con el amparo presentado se exige que se active la mesa de seguimiento del proyecto y se cumpla con lo establecido.

Con el avance de estas actividades, las familias recuperan la esperanza que buscan hace años: “Cuando íbamos a Legislatura a pelear por el terreno estaba la gente del Sector 5, entonces a nosotros no nos escuchaban, porque nos decían ‘no, todavía no le toca al Sector 4’. Ahora vamos a pelearlo. Si uno no pelea nunca tiene nada. De arriba no te viene nada”, dice Ramona Cavia, vecina de La Traza.

Ramona pasó por muchas situaciones hostiles, atravesó varios juicios que intentaron desalojarla pero salió sobreseída, aunque con exigencias. “Nos dijeron que teníamos que hacer mejoras. Todo lo que nos decían, nosotros hacíamos. Hasta me hice la casa de material”, explicó. Pero también recordó otras situaciones: “Cuando entramos a la audiencia del juicio civil el fiscal nos trató de negros” y “la vecina de al lado siempre me gritaba ‘usurpadora’ pero yo no soy usurpadora porque yo este lugar lo pagué, porque estoy pagando luz, teléfono. Yo tenía miedo de decir que era mi casa porque ellos me trataban de usurpadora. Con los años que tengo acá, ya no soy ocupa. Aunque sea voy a pelear por mis hijos, que pasaron frío, lluvias y aun así terminaron la secundaria viviendo acá. Voy a pelear por una vivienda digna”.

Los fondos recaudados por la venta de tierras en el Sector 5 no contemplaron las soluciones habitacionales del Sector 4. 

Alejandra Ortega, otra de las vecinas que espera desde hace años, llegó a La Traza en 1995 pero en 2010 tuvo que dejar su vivienda. Desde entonces, no tuvo un lugar fijo donde quedarse. “Nos fuimos porque tuvimos un episodio de violencia muy fuerte con mi papá; hacia mi mamá y hacia mí. Cuando exponemos ante la policía, nos dicen que al no tener un papel o algo que nos adjudique que nosotras vivíamos ahí, no teníamos nada que hacer. Y nos quedamos en la calle”. No accedió a ninguna solución porque no figuraba como beneficiaria, aun siendo hija de personas que sí. Su madre figuraba en los registros pero falleció meses después sin que una resolución pudiese tomar forma. “La sorpresa mía fue cuando nos atendieron en la oficina (de la Unidad Ejecutora) y me dijeron que yo ni figuraba”, contó. Cerca del año 2000, recordó, hubo un censo en La Traza en el que se la había anotado a ella y a sus cuatro hijos: “Me habían hecho llenar una planilla aparte y me habían dicho que lo que estaban haciendo era un desglose de beneficiarios. Yo creía que tenía algo iniciado”.

Baldiviezo dejó en claro que la violación del derecho de las familias está comprobada y agregó que esto se da como consecuencia de gobiernos que han tenido únicamente miras en la especulación inmobiliaria. Manifestó que en la Ciudad desatienden cualquier intento de que exista un régimen integral de política de vivienda. “No se concibe como derecho humano y por lo tanto tampoco como servicio público. La cuestión de la vivienda se sigue concibiendo como un conflicto, como un tema entre privados”.

En este sentido, las ventas de tierras del Sector 5 iban a un fondo particular para financiar el programa y, si algo sobraba, debían ser destinadas al Sector 4. “Obviamente no sobró nada, lo derivaron para hacer más pasos a nivel y ahí se acabó la plata. Las que están vendidas en el Sector 4 no tienen esta disposición de que tienen que ir a un fondo particular que es tangible y que solamente tiene un uso que está destinado a satisfacer las necesidades de La Traza: eso no existe”, explicó Baldiviezo.

Los y las que viven en La Traza no son ajenos a esto y por eso Sánchez sostuvo: “En el Sector 5 dieron mucha plata porque el poder inmobiliario que tenía ese sector era mucho más comparado a lo que tenemos nosotros. Entonces todo es una carrera”. Ortega agregó que “hablar de esto a nadie le conviene, todos pierden. Nadie quiere perder. Pero mientras, el de abajo sigue siendo marginado, sigue siendo golpeado contra el piso por un montón de factores”.

Sánchez recalcó que lo único que quieren es que se le exija al gobierno que se presente un proyecto a debatir en la mesa de seguimiento, que les corresponde por ley y que con el tiempo se dejó de llevar a cabo. No se piden soluciones de inmediato aunque la problemática demande urgencia; no se reclama algo “totalmente gratis”. “Todos tenemos el derecho a tener un techo; a tener las mismas posibilidades de adquirirlo. Nadie quiere vivir de arriba”, cerró Ortega.

Desde 1977, una de las heridas que dejó la dictadura militar es perpetuada y profundizada por los sucesivos gobiernos, dejando a las y los vecinos a la espera interminable de una vivienda digna, de la concreción de políticas públicas. 44 años pasaron y más que una solución habitacional definitiva, lo único que logró construirse fue una de las tantas desigualdades urbanas y espaciales de la Ciudad de Buenos Aires.