Ante una constante perspectiva económica indefinida a nivel nacional, la casa propia surge para muchos como un anhelo lejano. Algunos lo consiguen después de hartos esfuerzos. Para otros, en tanto, alcanzar ese sueño fue verse sumergidos en una pesadilla.

Según la ONG Habitat, sólo en CABA se estima que el 35,1% de los hogares familiares son alquilados y que existe un creciente déficit de viviendas, cuya principal causa es la escasez de créditos hipotecarios existentes.

Respecto a esta variable, en 2016 el gobierno de Mauricio Macri lanzó un sistema de créditos inmobiliarios a largo plazo con la particularidad de que éstos se ajustarían por inflación. Los mismos, denominados UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), están destinados a la adquisición o construcción de una vivienda única. La idea inicial suponía que la cuota igualara al valor de un alquiler, y por esto estaba destinado principalmente a inquilinos. En su primer año se estimó que un 80% de los créditos inmobiliarios se dieron bajo esta modalidad. Hoy son más de 100.000 familias las que lo han obtenido.

Teniendo en cuenta que el valor de la UVA depende directamente del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), el cual se actualiza diariamente siguiendo al índice de precios al consumidor, se observa que dicha unidad ha sufrido un aumento de más de 380% en casi 5 años, llevando a que también aumente el capital adeudado.Esto no sería grave si la inflación se mantuvieraen niveles bajos y las paritarias acompañaran ese ritmo. Pero la recesión económica iniciada desde 2018, hizo que el gobierno de Macri tomara la medida de congelar las cuotas en agosto de 2019 hasta enero de 2020, y ya el actual, encabezado por Alberto Fernández, hizo lo mismo en marzo de 2020 hasta febrero de 2021.

De esta manera, desde este mes comienza una actualización del valor de la cuota, a partir de un esquema de convergencia que se desarrollará hasta julio de 2022, y que prevé comenzar con subas de entre 6,8 y 9% dependiendo del valor solicitado en carácter de préstamo.

Frente a esta perspectiva desfavorable, el grupo de afectados se ha asociado bajo el colectivo #HipotecadosUva, y a través de las redes sociales se mantienen informados, pero también se organizan para interpelar a distintos organismos estatales que puedan asistirlos y así evitar quedar en la calle por no poder afrontar los aumentos mencionados.

Paola Gutiérrez obtuvo su primer casa propia después de los 40 y una vez descongelado el crédito, si no puede afrontar el aumento deberá decidir si vende su propiedad y vuelve a alquilar. Es un personaje bastante célebre dentro del colectivo. Su movilización en redes, medios de comunicación y marchas es notoria e incesante.Antes de empezar a explicar su propia situación aclara que lo que el Estado congeló fue el valor del crédito, no así de la UVA, que no se detuvo la indexación del capital y que, al no contar con ningún organismo que los resguarde, esta suma se adiciona a la deuda. En su testimonio se resalta el término “estafa”. El colectivo sostiene que la situación que está viviendo es consecuencia de un engaño organizado entre el sistema financiero y los gobiernos, que ocultan la verdadera meta inflacionaria y que se excusan aduciendo que se trató de “un acuerdo entre privados”. “Los hipotecados entendemos la situación del país y no estamos buscando un subsidio estatal, sólo pedimos que los bancos ganen un poco menos. Teníamos esperanzas de que con este gobierno se reviera nuestro tema y a estas alturas creo que ya no va a pasar. Creemos que el gobierno va a reaccionar recién cuando se remate la primer casa”, dice Paola. Ella sostiene que los hipotecados vienen a unir a la grieta, ya que no consiguen que los escuchen ni de parte del oficialismo ni de la oposición. “No hay voluntad política para que nos escuchen o hagan algo, la situación es desesperante y no vamos a poder pagar”, finaliza resignada.

Pese a que la ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, les había prometido organizar una mesa técnica para tratar el tema, su salida dejó trunco el proyecto. Su reemplazante, Jorge Ferraresi se desligó completamente de la situación, según el colectivo. Consultado por ese medio, desde el Ministerio no quisieron dar declaraciones por el momento.

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Gabriel Giménez Figueroa vive en Villa Mercedes, San Luis. Es contador público. A sus 35 años se vio seducido por los créditos UVA como única alternativa para llegar a su casa propia, ya que por un lado su salario excedía los requisitos para obtener una vivienda social, pero tampoco alcanzaba a pedir un crédito regular. Estudió la modalidad de ajuste por inflación y decidió avanzar. Pocos meses después vio como se disparaban los índices y se vio sin salida. “Cuando saqué el crédito la cuota significaba apenas el 10% de mi salario, hoy ya se lleva un 35% de él. Si bien aún puedo, he decidido dejar de abonarlo porque disiento y sé que a la larga esto no se va a poder sostener, así difiero las cuotas. Es mi forma de apoyar al colectivo.”

Considera que las medidas que se tomaron a partir del gobierno macrista y que luego copió la gestión de Alberto Fernández lejos de beneficiarlos los perjudicaron. El capital adeudado se siguió actualizando y creciendo desmedidamente y el congelamiento fue solo una regulación para palear la situación en el corto plazo y para que las consecuencias no fueran tan abruptas. “Si no se toma una decisión vamos a ir cayendo como moscas, por goteo. No es lo mismo el costo político frente a que se ejecuten miles de viviendas de una vez, a que se vaya dando gradualmente”, señala. Pone el foco también sobre los bancos, explicando que el esfuerzo compartido del que vienen hablando jamás se dio y que siempre terminan desfavoreciendo al más débil. Critica la poca intervención estatal, comparando su caso al de la reciente ley de alquileres, en donde el Estado pudo intervenir cuando la situación se tornó abusiva. Gabriel elaboró un proyecto de ley que busca volver a un equilibrio entre cuota e ingreso, a partir de un verdadero congelamiento sin indexación alguna.

En la voz de los damnificados se siente desamparo y se vislumbra como única posibilidad de solución una intervención estatal que regule al sector financiero. Con un mercado inmobiliario en declive y la inflación en un ciclo ascendente, la decisión de tomar una hipoteca no se rigió por la especulación financiera, pero todos aceptaron sus riesgos y buscaron transformarlos en alternativa.

Por su parte, Juan Valerdi, economista de la Universidad Nacional de La Plata, e investigador especializado en economía política, explica que la causa del fracaso de estos créditos en nuestro país es más política que económica y radica en haber importado una solución que funcionó en países de Latinoamérica, donde se maneja una inflación estable a lo largo de los años, con una distribución equilibradade los ingresos y una relación cristalizada entre salarios y capital. Considera que los bancos han actuado de una manera sumamente beneficiosa para sí mismos e irresponsables al otorgarle préstamos a quienes a la larga no podrán sostenerlo, sabiendo que en el contexto inestable y de alta inflación de la Argentina, el Estado saldrá a responder por ellos. Aclara que “si uno se compra una casa para hacer un negocio en dólares, entonces fue una buena decisión adoptar el crédito, ahora, si la compró para vivir, el problema es que no van a poder pagar la cuota y la va a terminar vendiendo, acumulando una deuda explosiva.”

Las soluciones que entiende excluyentes recaen en solicitar, por un lado, que el Estado subsidie una parte de la mora a los hipotecados; por otro lado que los bancos ganen menos por la irresponsabilidad social cometida y, por último, que se derogue una medida para refinanciar la deuda ya acumulada.