Conocer el impacto de la pandemia en la actividad productiva de las cooperativas y las empresas recuperadas por trabajadores (ERT) y cuáles fueron las políticas de asistencia tomadas por el gobierno nacional para poder evitar el cierre masivo de compañías del sector autogestionado de la economía. Ese fue el objetivo del informe diseñado por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y avalado y difundido por la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). ¿Fueron realmente eficaces las medidas tomadas o todavía falta acción por parte del Estado para acompañar al sector autogestionado de la economía?
Para el estudio, los investigadores contaron con la colaboración del Proyecto de Vinculación con Empresas Recuperadas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y distintas organizaciones del sector. “La participación de este año fue mayor porque al no tener la necesidad de pactar una visita y hacerla presencialmente, eso es un trabajo de organización. En el último ordenamiento que habíamos hecho entre 2017 y 2018 hicimos unas 87 empresas recuperadas, y ahora fueron 135, 195 en total porque este año se agregaron cooperativas de trabajo”, comenta Andrés Ruggeri, director del informe y asesor del Ministerio de Trabajo.
Si bien las restricciones propuestas en el marco del Aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) involucraron el cierre de gran cantidad de empresas dedicadas a actividades denominadas no esenciales, según el informe solo un 20% del total de las cooperativas y empresas recuperadas encuestadas tuvo que detener su actividad productiva en los meses de confinamiento más estricto. El 80% restante representa a los sectores que realizan actividades esenciales en forma directa o indirecta, como es el caso de las cooperativas textiles. “Trajimos una máquina para fabricar barbijos desde China y tuvimos la suerte de incorporar 45 compañeras y compañeros, pudimos completar un plantel de 160 personas”, cuenta para Anccom Francisco Martínez, secretario de la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del INAES, asociado fundador y ex presidente de Textiles Pigüé.
Hugo Cabrera OOPERATIVA CAMPICHUELO
El impacto económico que significó la pandemia a nivel global y la limitación en la actividad productiva profundizaron la crisis que venía atravesando el país luego de las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, la cual perjudicó principalmente al bolsillo y calidad de vida de los trabajadores. En este contexto es que el gobierno se vio en la necesidad de implementar distintas medidas de apoyo económico, las cuales fueron eficientes en cierta proporción para las empresas privadas, que pudieron solicitar la Asistencia de Trabajo y la Producción (ATP) o los créditos a tasas subsidiada del 24% para las pymes. “Cuando arranca la pandemia las industrias la pasamos realmente mal. No nos entendían que éramos empresas cooperativas, entonces todos los decretos que salían para que los bancos den algún crédito, no nombraban la palabra cooperativa. Hablaban solo de pymes”, menciona Hugo Cabrera, presidente de la Cooperativa Gráfica Campichuelo, del barrio de Caballito.
Estas políticas de contención no pudieron ser concretadas por las cooperativas y las ERT, debido a imposibilidades normativas, lo que generó grandes críticas desde el sector. “No fueron específicas para la cooperativa. Había que acondicionar mejor esas medidas para que lleguen mejor a las cooperativas de la misma manera que llegan a las empresas privadas”, destaca Andrés Ruggeri.
Frente a la difícil situación en que se encontraban inmersas las cooperativas, el Estado reactivó la línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado, que aporta un subsidio mensual a los asociados; lanzó créditos especiales para las cooperativas de trabajo a través de una línea articulada entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAES y el Banco Nación; implementó Potenciar Trabajo, que fue otras de los programas destinados a los trabajadores de la economía popular; e implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual benefició a gran cantidad de trabajadores asociados a cooperativas.
Cooperativa El Zócalo
El informe señala que el 67% del total de las cooperativas solicitó el programa Línea 1 y el 82% de ese total tuvo acceso a él. Si bien tuvo un alto nivel de demanda, no significó una solución del todo eficaz para los trabajadores. Manuel Azurmendi, presidente de la Cooperativa de Trabajo El Zócalo, del barrio de Montserrat, señala que “la línea 1 fue un aporte que es para cooperativas trabajo autogestionado. Lo hemos tramitado, han sido 8 meses, pero en esa línea es incompatible con otros programas así que se cayó a todos los compañeros que han accedido a otros programas por ejemplo potencia trabajo, IFE.”
Otros de los puntos reclamados es el que atiende Silvia Diaz, de Cooperativa La Cacerola, también ubicada en Caballito: “Estamos reclamando que haya continuidad en el programa línea 1 que solo lo han prolongado por el mes de febrero, cuando el gobierno nacional ha prolongado para los trabajadores de empresas privadas la ATP en algunos casos, que son equivalentes lo que era la línea 1 para las cooperativas de trabajo.”
Cooperativa El Zócalo
La línea de crédito lanzada por el Ministerio de Desarrollo y el Banco Nación fue otra de las iniciativas enfocadas en el fortalecimiento económico de las cooperativas. Con una tasa subsidiada del 18% y con la posibilidad de pagarlo a un año con 3 meses de gracia y otros 3 meses solo de pago de intereses. Sin embargo, los resultados de la encuesta arrojaron que solo el 12% de las cooperativas solicitaron créditos del Banco Nación. La baja demanda se debe, principalmente, a la falta de información, incertidumbre en capacidad de pago y a las dificultades a la hora de entregar la documentación requerida. “Toda la operatoria de los créditos es lenta y piden muchísimos requisitos”, señala Silvia Diaz. “Nos costó completar toda esa documentación y cuando la terminamos, le dieron de baja y fue reemplazado por un nuevo proyecto”, agrega la presidenta de la FACTA.
No obstante, con respecto a la negativa de las cooperativas a la hora de acceder a estos créditos, Francisco Martínez, comenta que “más del 80% de las cooperativas de trabajo de este país nunca habían accedido a un crédito, entonces se hace este programa afectando 2mil millones de pesos, usando una tasa del 18% y con dos simples papelitos: estar registrada en la secretaria pymes y un certificado legibilidad del INAE, comunicación con el Banco Nación y se terminó en menos de 20 días. Nosotros lo hicimos.”
Cooperativa La Cacerola
Sin dudas el decreto 311/2020, que prohibió los aumentos y corte del servicio por falta de pago para el gas, la electricidad y el agua, fue una de las medidas más importantes que tomó el gobierno en los meses de mayor restricción de la actividad económica. Además, prevé que las empresas prestadoras de estos servicios deben otorgar planes de facilidad de pago para las deudas que se generen y hace referencia exclusivamente a las cooperativas o empresas recuperadas que estén inscriptas en el INAES.
Cooperativa La Cacerola
Todas estas medidas se fueron tomando sobre la marcha con el objetivo de mantener a flote la actividad productiva de estas, pero de nada sirven si no se implementan políticas a largo plazo que regularice la situación de los trabajadores. “Lo que hace falta es resolver esa situación para que sea más equivalente, para que no sea una pérdida o una cuestión menor trabajar en una cooperativa en relación a tener un trabajo formalizado”, menciona Ruggeri. “La ley de cooperativas es muy vieja, donde el cooperativismo de trabajo no está casi contemplado. entonces se fueron haciendo distintos parches por decretos o resoluciones del INAES que fueron regulando la cooperativa de trabajo pero que no lo terminan de contemplar como un sujeto laboral. Entonces los trabajadores de las cooperativas no tienen los derechos de los trabajadores asalariados”, concluye el director del informe.