Con una participación nunca antes vista y duración récord, finalizó la audiencia pública que trató el proyecto de rezonificación y venta de tierras públicas en Costanera Norte que propone Horacio Rodríguez Larreta. Con un rechazo de más del 97% de la ciudadanía participante, ¿habrá repercusión en la Jefatura de Gobierno?
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El 28 de enero fue la última de las treinta jornadas de la audiencia pública sobre la rezonificación y venta de Costa Salguero y Punta Carrasco. Con más de 7.000 inscriptos y un total de 2.058 oradores, los participantes expresaron su opinión sobre el proyecto oficialista que privatiza los terrenos costeros y habilita la construcción de edificios de hasta 29 metros de altura, impulsado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

En la audiencia pública más larga de la historia de la ciudad, que inició el 27 de noviembre y que duró dos meses, 2.003 participantes se posicionaron en contra el proyecto frente a 55 favorables. Esto se traduce en más de un 97% de desaprobación ciudadana.

El inicio de la polémica se remonta al pasado octubre en la Legislatura porteña, cuando con 35 votos a favor y 22 en contra, el oficialismo porteño aprobó la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Además de los votos del oficialismo (PRO-Juntos por el Cambio), Rodríguez Larreta obtuvo el apoyo del espacio de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Roy Cortina (Partido Socialista) para autorizar la venta de los terrenos públicos. Ambos dirigentes habían manifestado críticas al modelo de privatización de tierras y la necesidad de más parques y espacios verdes durante las campañas electorales pasadas.

Con la finalización de la audiencia pública, que no tiene carácter vinculante, el proyecto pasa a segunda lectura en la Legislatura donde no se prevén cambios. “El Jefe de Gobierno ha mostrado una indiferencia alarmante en un sistema de gobierno que, según la Constitución, debe ser una democracia participativa”, señala el referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC) Jonatan Baldiviezo. “El Ejecutivo ha decidido avanzar como si este debate no estuviera sucediendo, o supiera el resultado de antemano o, peor aún, sin importarle lo que la ciudadanía exprese en sus intervenciones”, remarcó.

A pesar de ir contra lo estipulado por la Constitución porteña, donde establece que los contornos ribereños son públicos y de libre circulación, el gobierno de Rodríguez Larreta insiste que la manera para hacer un espacio verde frente al río es a través de la venta de los terrenos de la Ciudad. Sin embargo, a pesar de la promesa de un porcentaje de terreno destinado a espacio verde, el Estado porteño perdería la propiedad de las tierras, un bien que escasea.

Con un índice de menos de 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante, la pérdida de terrenos públicos con potencial de ser convertidos en parques con acceso privilegiado al río resulta irreparable. Frente al proyecto de inmuebles de lujo impulsado por el PRO, organizaciones civiles junto a la oposición presentaron una alternativa para la creación del “Parque Público Nuestro Río” y la desprivatización de la Costanera Norte.

Desde la Coordinadora la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, un espacio integrado por más de 130 organizaciones sociales, ambientales y urbanas, presentaron en 2020 una propuesta para crear un parque con distintos usos. Entre ellos se encuentran áreas destinadas a recreación y actividad física, educación ambiental, agroecología y una estación de medición meteorología, además de delimitar un área de preservación de humedal costero.

Sin embargo, los proyectos del Gobierno de la Ciudad en otras áreas indican que no planean cambiar el proyecto de privatización de las tierras costeras. Según informa Baldiviezo, el Ejecutivo porteño realizó licitaciones para estudios de impacto ambiental del proyecto inmobiliario en Costa Salguero. En el presupuesto se puede observar que esperan la urbanización de los terrenos. “En el Plan Plurianual de Inversiones figura que se destinará $4.800 millones para Infraestructura en Costa Salguero y más de $812 millones para el proyecto ejecutivo del Colector”, detalla Baldiviezo.

“Costa Salguero interpela los límites de la tolerancia ciudadanía cuando la clase política que nos gobierna viola la Constitución, remata lo público, desvirtúa la democracia participativa y utiliza los recursos de la comunidad porteña para continuar enriqueciendo a un pequeño grupo de desarrolladoras inmobiliarias”, denuncia Baldiviezo.

Si la postura de la decisión de la ciudadanía expresada a lo largo de las 30 jornadas de audiencia pública tuvo algún impacto en los proyectos del oficialismo porteño, recién se sabrá en la segunda lectura del proyecto en marzo próximo. Sin embargo, no hay una perspectiva optimista ya que el oficialismo tiene facilidad para lograr mayoría en la Legislatura.