El gobierno reaccionó ante el desconocimiento de Clarín de la regulación de precios de los servicios de telecomunicaciones y le exigió a Cablevisión que devuelva a los usuarios el incremento excesivo aplicado a la facturación. Mientras que el Estado había dispuesto un aumento del 5 por ciento, la empresa incrementó el valor del servicio en un 20 por ciento. Diversos analistas y referentes del sector analizan el cambio político que declaró esenciales los servicios convergentes.

Contradiciendo la reglamentación del decreto 690/2020, que desde el 1 de enero comenzó a mostrar una política en comunicación orientada a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, la empresa  Cablevisión Holding S.A. intentó aplicar aumentos del 20 por ciento, violando el tope permitido por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Pero este lunes, el Gobierno nacional intimó a la firma del Grupo Clarín a que devuelva el incremento cobrado, le inició un sumario para determinar si de aplicar sanciones le exigió que se abstenga de cobrar el mes de febrero hasta tanto no realice una refacturación de acuerdo a la normativa vigente, que solo autoriza un cinco por ciento aumento.

La postura de Cablevisión constitytó una dura respuesta al gobierno, que  desde el año pasado  considera a las telecomunicaciones y la radiodifusión paga como  “servicios públicos esenciales en competencia”, y con esta reglamentación apunta a ampliar el universo de usuarios y garantizar el acceso a Internet, telefonía fija, móvil y televisión por suscripción instruyendo a las telcos a ofrecer un paquete de Prestación Básica Universal (PBU).

¿Cómo es la reglamentación? ¿Es beneficioso para la/os usuaria/os? ¿Qué dicen especialistas y empresas del sector? 

Un paquete antipandemia

El pasado 18 de diciembre el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, anunció la prestación básica, de carácter obligatoria para los servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Según el gobierno, el objetivo es garantizar el acceso de forma universal, especialmente, para los sectores de bajos ingresos que alcanzan a 10 millones de personas. Está destinada a jubilados y pensionados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por embarazo y programas sociales, desempleados, bomberos voluntarios y clubes de barrio.

Para la telefonía fija, este plan cuesta 380 pesos por mes, en tanto la celular presenta una oferta  variable con  un valor que  será de 150 pesos por mes, con dos opciones para el uso de datos: uno de 200 pesos por 1 GB de consumo, y otra de 18 pesos por 50 MB por día. 

Para el acceso a Internet ofrece planes que varían según el poder de mercado de la prestadora y su estructura de costos.  Los proveedores que tienen más de 50.000 clientes deben brindar 10 mbps a 700 pesos en el AMBA y 5 mbps a 700 pesos en el resto del país; entre las pymes con 2.000 y 50.000, baja el volumen de datos a 5 mbps por 700 pesos, y las de menos de 2.000 a 2 mbps por 600 pesos. 

La televisión por suscripción presenta un esquema similar. Si el proveedor tiene más de 500.000 abonados, hay descuento del 30 por ciento; si tiene entre 100.000 y 500.000 el descuento es del 25 por ciento, y si tiene entre 30.000 y 100.000 abonados baja a 20 por ciento. 

Para el periodista y académico Fernando Krakowiak, esta prestación busca brindar accesibilidad a los sectores más postergados, pero observa algunas zonas no resueltas en su implementación. “Es un paquete a un precio económico. El tema está en tratar de precisar si ese valor extendido a amplias porciones de la sociedad requiere, por ejemplo, un subsidio del Estado, o puede ser brindado por las compañías privadas”, explica. 

Por su parte, Ariel Graizer, ingeniero electrónico y presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), tiene una mirada negativa sobre la Prestación Básica Universal porque “muchas de las empresas pymes dan servicio wireless (inalámbrico), y -según explica- hoy 5 megas es el mejor servicio que brindan por arriba de los 1200 pesos. Si dicen que ese servicio vale 700, de los cuales hay 210 que son impuestos directos, entonces le quedan 500. Así no se sostienen, se funden”, argumenta. 

Para Marta Maule, especialista en TIC, la Prestación Básica Universal es una medida sin precedentes pero que, viéndola en  detalle, se trata en realidad de “planes que ya ofrecían, incluso por menor precio, como política para retener clientes”. En relación con esto, la verdadera pérdida no es económica sino de poder y autonomía: “Creo que se pueden discutir los costos cuando realmente los muestren, porque si se trata de especular y dibujar números, al menos yo prefiero que se especule a favor del pueblo. Otra cuestión son los cientos de prestadores cooperativos y pymes, cada uno con su realidad propia, quienes muchas veces son monopólicos en su área de prestación y a la vez rehenes en el segmento mayorista, por ello debe apostarse fuertemente a una regulación asimétrica”. 

Cabe recordar que a mediados del pasado año, cuando los grupos concentrados decidieron aumentar los precios en medio de la crisis producto de la pandemia de Covid-19,  el gobierno declaró como “servicio público esencial” a la telefonía celular y fija, Internet y a la televisión por cable, suspendiendo “cualquier aumento hasta el 31 de diciembre”. 

Sobre esta definición, Krakowiak dice que no hay nada que objetar, pero subraya que “el Estado tiene que hacer un delicado equilibrio entre lo que es la garantía de acceso de amplios sectores de la población, que por problemas socioeconómicos no pueden por sus propios medios acceder a sus servicios; y, por otro lado, la rentabilidad razonable que hay que asegurar a las empresas para que presten este servicio y para que expandan las redes. Si la declaración de servicio público en competencia pone en riesgo esa rentabilidad razonable y termina afectando la calidad de servicio, tampoco es una solución”, explica. 

En este aspecto, Graizer cree que la definición es contradictoria, ya que “en el mundo y en la Argentina, los servicios públicos son concesionados. Y los servicios en competencia, como es Internet, son licenciados, es decir, para poder brindar Internet, tengo que pedir una licencia. Un servicio público que sea en competencia es muy complejo, porque no están definidas las reglas para eso. Es servicio público o es servicio en competencia”, insiste en línea con los planteos críticos a la norma. 

Por otro lado, Maule piensa que las medidas tomadas por el gobierno, tanto la  declaración de las TIC como servicios públicos como el congelamiento de tarifas, fueron “necesarias” y agrega que “es sumamente complejo romper con la inercia de un sector privado que actúa cuasi monopólicamente bajo el velo de la libre competencia”. Además, cree que comparar las medidas tomadas en Argentina con las decisiones en otros lugares del mundo no es prudente ya que “siempre se lo hace sobre la base de la libre competencia o el libre mercado, que caracteriza hace décadas a las telecomunicaciones, como si se tratara de un sector aislado de las variables políticas y sociales del país en el que se desarrollan”.

Ante la reglamentación del decreto, la resolución 1466 del ENACOM permite, a partir del 1 de enero, un aumento del 5 por ciento en estos servicios. Esto generó rechazo en el sector de las telecomunicaciones, que argumenta que el número es “insuficiente” teniendo en cuenta que la inflación anual está cerca del 30 por ciento. 

¿Qué hicieron los monopolios?

En un comunicado público, Telecom rechazó las medidas y afirmó que “la Argentina estrangula a uno de sus sectores más competitivos”, y que la reglamentación elimina “incentivos para la innovación y la competencia”. Asimismo, Cablevisión anunció un aumento del 20 por ciento durante el mes de enero. Dicho comunicado puede encontrarse en las factura del mes de diciembre 2020: “Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios, y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el mes de marzo del corriente, te informamos que el 1º de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%”.

Krakowiak sostiene que “obviamente las empresas se resisten siempre que se las regula a nivel de precios”. En ese sentido, para el periodista y académico hay un límite que “no se circunscribe sólo al tope que se le pone para garantizar el acceso a los sectores más postergados, sino también un tope de precio que se le pone para brindarle servicios a los sectores de mayor poder adquisitivo. Al topearle de alguna manera lo que le puede cobrar a ambos sectores, a los más postergados y a los más acomodados, hay que ver si efectivamente pone en riesgo esa `rentabilidad razonable´, que para mí es clave para garantizar la sustentabilidad del servicio en el mediano plazo”, continúa con su planteo en búsqueda de equilibrios. 

Para Graizer, con esta reglamentación las cooperativas y las pymes del sector TIC están en riesgo, porque “no tienen la espalda económica para aguantar el no haber aumentado en todo este año sus precios, y ante la nueva situación, con un 90 por ciento  de sus costos puestos en dólares, con el incremento del dólar (desde el congelamiento hasta ahora) de más de un 33 por ciento, y habiendo tenido que salir a comprar un 40 por ciento más de capacidad por el crecimiento del uso, es muy difícil poder sostener la ecuación. Entonces, muchas van a dejar de prestar servicio, y eso genera mayor concentración”. 

Maule no observa con tanto pesimismo la regulación que puso un tope al aumento de precios. “Es una realidad en nuestro país, las licenciatarias no pueden desconocerla sin consecuencias”, porque entiende que el Estado está apostando al diálogo, con atención a que se trata de hablar con jugadores de un mercado en el que “en simultáneo los prestadores cuasi monopólicos anuncian aumentos de precios en las facturas de sus ‘clientes’, con la regla de que si no te gusta o no podes pagarlo podes darte de baja”.  Sin ingenuidad, Maule asegura que “todos sabemos que somos rehenes que no podemos prescindir de estos servicios y que la ‘competencia’ no ofrece ni mejores precios ni mejor calidad”.

El futuro del sector de las telecomunicaciones es motivo de debate. El presidente de CABASE reclama: “Lo que corresponde y lo que sería ideal es que haya una ley, y que la ley se discuta y tenga su proceso. No se ha logrado escribir o construir una nueva norma que refleje lo que está pasando y lo que es un negocio que requiere mucha inversión, mucho capital intensivo, que es de riesgo, y que cambia velozmente”. 

En este aspecto, Krakowiak considera que la decisión de Alberto Fernández de regular este sector a través de un decreto es un error, ya que los DNU tienen “limitaciones en cuanto a la apertura de la discusión y del debate. Si bien después son ratificados por el Congreso, se termina discutiendo específicamente ese DNU, y no se abre a debate la cuestión para incorporar puntos de vista enriquecedores”. 

Maule, a su vez, cree que la determinación de aplicar un DNU debe ser contextualizada en que, a diferencia de la gestión macrista, ahora “es el Estado quien planifica el sector procurando que las TIC lleguen a todos los argentinos y que potencien el crecimiento productivo del país”. En el futuro a corto plazo, la especialista ve dos pasos siguientes a tomar: el primero es “profundizar en las regulaciones asimétricas y orientar los esfuerzos hacia las múltiples realidades de los actores privados”; y el segundo es “comenzar a incidir en el mercado mayorista, no solo mediante la presencia de ARSAT sino también con políticas positivas que se orienten a desarticular las conductas distorsivas que, fuera de los grandes centros urbanos, encarecen aún más los costos y obligan a sostener una política de servicios de calidad cuestionable”. 

¿Qué hacer si mi factura llega con aumentos?

El ENACOM,  aclaró en un comunicado del pasado 3 de enero que la empresa de telecomunicaciones que sin autorización aumente sus tarifas más de un 5 por ciento, deberá reintegrar el excedente. 

Informamos a los usuarios y usuarias que hayan recibido facturaciones con incrementos en el precio superiores al 5% que el procedimiento a realizar sería: abonar el importe facturado, debiendo la empresa prestadora reintegrar el dinero facturado de más a través de una nota de crédito en la inmediata factura posterior”. 

Héctor Polino, fundador y representante legal de la Asociación Consumidores Libres, sostiene que “la reglamentación apunta sin duda a beneficiar a los usuarios y de ninguna manera va a generar una desfinanciación a las empresas por su alto nivel de rentabilidad que han tenido y aún siguen teniendo. Es muy posible que se pueda implementar de forma efectiva”. 

Usuarios de distintas empresas como Cablevisión y Telecentro ya han recibido sus facturas con aumentos mayores a lo establecido por el decreto 690/20. “Como consumidores y usuarios de servicios tienen derecho a realizar el reclamo correspondiente. En caso que las empresas no cumplan deben hacer la denuncia al ENACOM, por la página web o por teléfono al 0800 333 3344”, agrega Polino. 

El tiempo dirá si la reglamentación del decreto puede regular de forma satisfactoria el mercado de las telecomunicaciones o si, por el contrario, necesitaremos una nueva ley convergente. Esa que quedó en el tintero y se transformó en un mito. Algo de eso conocemos con la historia precedente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 -reglamentada en 2010- y en 2014 con la Ley Argentina Digital

La democracia se tardó 30 años en cambiar las reglas del juego, con la contrarreforma en 2015 a fuerza de los decretos 267/2015 y 1340/2016, parches, resoluciones y acuerdos solapados para que nada cambie.