Los números del informe sobre femicidios, travesticidios, muertas por abortos clandestinos y desaparecidas realizado por el observatorio Lucía Pérez alarman. Según el documento, este año fueron asesinadas 282 femicidios y travestis, y 322 niños y niñas quedaron huérfanos, son algunos de los datos.

El Observatorio sobre Violencia Patriarcal Lucía Pérez publicó su primer Informe 2020 sobre violencia de género y las cifras, lejos de descender, dejan registro de lo que sufrieron las mujeres durante este atípico año: 282 femicidios y travesticidios, y 322 niños y niñas quedaron huérfanos, son algunos de los datos.

Se trata del primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por abortos clandestinos y desaparecidas. El Observatorio Lucía Pérez se formó hace un año, en memoria de la joven de 16 años brutalmente asesinada en Mar del Plata en 2016,  por iniciativa de periodistas de la organización lavaca.org que decidieron  poner en palabras lo que venían viendo con las familias de víctimas de violencia género. Su dinámica se basa en buscar información en expedientes, causas y entrevistas en donde se recolectan datos de distintos casos de violencia. “Es muy importante porque es la manera más fidedigna que nos permite estar tranquilas de que estos datos no mienten, son números tristemente reales. 

Acá mostramos esta cruel realidad. Nadie pone otro número que no es”, afirma Marta Montero, mamá de Lucía Pérez e integrante del Observatorio. Además, resalta que desde el Observatorio siempre hay diálogo con las familias que quieran acercarse para recibir y también ofrecer ayuda, no sólo para visibilizar los casos, sino también para ponerse a su disposición: “Esto es una red que tenemos desde el sufrimiento y la lucha por la justicia”, expresa la mamá de Lucía.

El Informe hace hincapié en los femicidios territoriales, es decir, aquellos crímenes que se produjeron en un marco de impunidad y violencia institucional, teniendo el Estado y la policía un rol fundamental. Como lo fue en el caso de la desaparición de 17 mujeres en situación de prostitución, ocurridas entre 1996 y 2001 y que fue recordado como el caso de “el loco de la ruta”, en donde se ocultaban las redes de mafia policial, narcotráfico y proxenetas. En ese tipo de asesinatos también puede incluirse el de Lucía Pérez, en donde la camioneta que requisó la policía se encontró droga con intenciones de venta y la cual se estacionaba todos los días frente al colegio de Lucía. O el de Melina Romero, quien desde el primer momento el Poder Judicial y la policía ignoraron su desaparición, tardando semanas en iniciar su búsqueda. Su cuerpo finalmente fue hallado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita. Todos esos femicidios reflejan distintos grados de impunidad institucional.

Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, expresa que el sistema judicial es uno de los bastiones patriarcales más fuertes y de los que tienen más presencia. “El acceso a la justicia es un derecho de todas las personas y a veces no está garantizado”. Por su parte, Montero aclara: “El estado no toma decisiones correctas. Al agresor es a quien hay que extirpar de la vida de la mujer, no como se hace al revés. Se lleva a la mujer a un refugio y es a quien hay que incentivar, darle herramientas, contención, tranquilidad emocional, acompañar y no dejarla sola. Al agresor sí hay que controlarlo y no perderle pisada, él es a quien el Estado debe controlar”.

“Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración”, afirma contundentemente el Informe. 

Lico insiste, por su parte, en la importancia del llamado al 911 en casos de urgencia, en vez de la línea 144 que es la línea de consultas. Pero, si del otro lado no hay agentes con perspectiva de género, capaces de detectar ese riesgo, es en vano. “La capacitación tiene que llegar a todos lados. Que a los agentes se los obligue, una formación consciente y comprometida. Es necesario reflexionar sobre estas cosas que pasan para poder entender que si no tenés perspectiva de género vas a terminar cortando el teléfono y podrías haber evitado que maten a una nena de 14 años”, exclama Lico, haciendo referencia al caso de Florencia Romano de 14 años de la provincia de Mendoza, víctima de femicidio, en donde hubo un llamado al 911 que no fue tenido en cuenta y podría haber evitado el asesinato. 

Marta Montero asegura que la pandemia sacó las peores miserias de las personas y el encierro llevó a que sea más visible la violencia que ya existía en determinados círculos familiares. Según cifras publicadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, durante marzo de 2020 se recibieron 1.124 comunicaciones menos por violencia de género a la línea 144, en comparación con el mismo mes del año 2019. Pero, en abril de 2020, una vez iniciado el aislamiento, se recibieron 1.735 comunicaciones, un 23% más que el año anterior. “El sistema judicial es uno de los poderes del Estado que está menos informatizado. La pandemia le cayó como un baldazo de agua fría y tuvo que empezar a poner en marcha algunos sistemas de informatización, porque si no era todo a papel y a pie”, afirma Lico y agrega: “La pandemia ha hecho que algunas cuestiones se agilicen un poco más. Algunos juzgados lo están admitiendo, otros siguen en la misma. Te dan el papel y tenés que ir a notificar la denuncia, a veces parece que es el siglo pasado. Además de cargar con la responsabilidad a la mujer. Ella tiene que notificar que él no se puede acercar. Ella tiene que apretar el botón antipánico y él no cumple con la orden. Digamos que la mujer carga con hacer cumplir con las órdenes judiciales. Es casi un delegado de la justicia”.

Además, Lico advirtió que los centros de la mujer estaban cerrados y la atención telefónica dejaba mucho que desear. “Era muy complejo comunicarse. Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer, muchas en riesgo, no podían ir a los espacios presenciales, ahí faltó el accionar del Estado. El Gobierno de la Ciudad debería haber tomado gente que pueda estar en territorio y solucionar estas cuestiones y la verdad es que no lo hicieron. Las trabajadoras han hecho un gran esfuerzo, muchas son del movimiento feminista muy comprometidas, pero se notó esa ausencia en la Ciudad, sobre todo en los barrios más vulnerables o en los que más dificultades tienen para acceder a los servicios”. Desde la Defensoría del Pueblo se trató de monitorear la forma en la que el Gobierno de la Ciudad manejaba la pandemia en relación con la violencia. Lico afirma: “La verdad es que el organismo que debería atender el derecho de las mujeres, que es la Dirección General de la Mujer, está en una crisis presupuestaria, atiende la emergencia. Cuando hay una emergencia y hay un riesgo alto, digamos que cuanto peor mejor, cuando la situación es extrema se logran algunas cosas. Sobre todo, a través de la intervención de la Defensoría y de los equipos de trabajo, porque si no, no hay políticas sostenibles, ni políticas de prevención”.

Según el protocolo de actuación para casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, es crucial que el fiscal les recuerde a los agentes policiales que no hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la búsqueda de una persona. Al respecto, Lico menciona: “Lo de las 48 horas es como un mito urbano. La policía lo usa, para mí, para sacarse trabajo de encima. Si una mujer desaparece, el Estado tiene que presumir que está privada de su libertad. Si vos partís de esta presunción de que una mujer falta de su casa porque está privada de la libertad la búsqueda se hace con otra perspectiva”. De acuerdo a los datos publicados por el Observatorio en 2020 hubo 133 mujeres desaparecidas y, focalizándose en la provincia de Jujuy, “según datos del Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género es casi igual a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 son menores de edad y 207 mayores. En los casos por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195 denuncias, mientras que en todo 2019 el número había sido de 2.311”.

El Informe, además, destaca las otras víctimas de violencia, aquellos niños y niñas huérfanos por femicidios, quienes se convierten en víctimas ignoradas por las políticas estatales y los análisis académicos. En muchos casos fueron testigos de los crímenes, en otros perdieron a ambos padres. Si bien existe la Ley Brisa, que establece una reparación económica para los hijos e hijas víctimas de femicidios hasta los 21 años, y sin límite de edad si existe alguna discapacidad, el trámite para que se haga efectiva hace imposible que la ayuda llegue a tiempo, ya que solo puede ser percibida iniciado el juicio. La Ley Brisa se sancionó primero en la Ciudad de Buenos Aires, siendo una iniciativa legislativa del equipo de género de la Defensoría del Pueblo junto con la Casa del Encuentro. El trámite se lleva a cabo a través de las oficinas de ANSES, que es el organismo nacional que tiene más bocas en todo el territorio, facilitando así, que se pueda acceder a la reparación. 

Lico señala también la importancia de retirarle la patria potestad, lo que se llaman los cuidados parentales, a los femicidas. “Ha habido casos horrorosos en donde el femicida salía de la cárcel, o no estaba preso porque tenía prisión domiciliaria, y los hijos de esa mujer que había sido muerta en las manos de este individuo vivían con él porque era el padre. Es siniestro, pareciera una película de terror”, expresa la abogada.

Según informa el Observatorio, el 8 de abril de 2020, luego de haberse dado comienzo al aislamiento social obligatorio, desde el Estado nacional se detallaron dos medidas concretas para tratar con violencia de género. La declaración de la línea 144 como servicio esencial y la campaña “barbijo rojo” que constaba de que si una mujer estaba siendo víctima de violencia de género, podía acercarse a su farmacia más cercana y solicitar un “barbijo rojo” dando inicio a un protocolo de acción. “El pobre resultado cosechado por esa campaña exime de cualquier análisis sobre su eficacia, pero la persistencia del Estado nacional en promocionar a la línea 144 como única puerta de acceso a los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia machista representa un problema central, con graves implicancias, tal como advertimos en nuestro informe de mayo de 2020”, expresa el documento y Lico agrega: “Es un problema social, que se modificaría con la aplicación de la Ley Micaela en todos los sectores, con la aplicación de Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas y en todos los niveles. Las denuncias son un eslabón muy importante pero solas no alcanzan. Si hay una denuncia y no tenés un policía capacitado con la perspectiva de género necesaria para saber cómo aplicar una medida de restricción o cómo actuar frente a una mujer que toca un botón antipánico o una llamada telefónica porque está siendo víctima de violencia, la orden o denuncia judicial por sí misma no sirve de mucho”.

Finalmente, luego de numerosas cartas enviadas al gobierno por parte del colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, quienes se reunieron bajo la consigna El Estado ausente, nunca más lograron una respuesta este año por parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en un encuentro virtual, en donde se dieron algunos lineamientos sobre las políticas públicas hechas hasta el momento. Por otro lado, esto también significó la reiteración del pedido de justicia por parte de las familias, quienes explicaron que muchos de los crímenes de sus hijas siguen impunes y, además, la exigencia de ser recibidas por el Poder Ejecutivo, ya que consideran que los femicidios deben ser prioridad en la agenda del gobierno nacional. “Nosotras siempre decimos que la justicia es justicia en tiempo y forma. Una justicia que llega tarde o muchos años después no es justicia, no va con su concepto. Estoy convencida de que, si bien las denuncias son super necesarias y el Estado tiene que actuar, tiene que proteger y tiene que hacerlo con diligencia, con la perspectiva de derechos humanos y de género que eso requiere”, cierra Lico.