La Legislatura porteña aprobó la Ley de Economía Social. Si bien el sector subraya la importancia que el Estado reconozca a los micro, pequeños y medianos productores, muchos dudan de su efectividad. El rol de los capitales crediticios privados genera desconfianza.

El pasado 3 de diciembre se sancionó, con 52 votos positivos y tres abstenciones, la Ley de Promoción de la Economía Social en la Legislatura de la Ciudad. Según un comunicado del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño, uno de los organismos impulsores del proyecto, esta es una iniciativa que busca “fortalecer el desarrollo productivo de la economía popular, que involucra a cientos de miles de personas”. La titular de la cartera porteña, María Migliore, asegura que esta ley otorgará herramientas para que el sector pueda crecer e integrarse a las cadenas de valor y así generar trabajo de manera sostenida. Por su parte, los verdaderos protagonistas de ese sector plantean dudas, críticas y expectativas.

A grandes rasgos, la ley establece la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que es el registro de proveedores estatales en la ciudad; el acceso a herramientas financieras, como líneas de crédito; y la creación de un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos.

A partir de este marco, diferentes cooperativas y fábricas recuperadas expusieron su visión sobre la nueva legislación. Una de ellas fue la cooperativa de productos lácteos Séptimo Varón, formada por un colectivo de trabajadores que recuperó la empresa en el año 2002. Sus productos se encuentran en el mercado desde hace más de 60 años y, actualmente, cuentan con siete locales de venta minorista distribuidos alrededor del AMBA. Federico Chab, uno de sus miembros, considera interesante que haya una ley que recoja a los actores de la economía social, muchas veces postergados en la agenda legislativa.

Asimismo, pone la lupa en cómo se va a reglamentar, ya que a su criterio hay algunos puntos fundamentales que no se mencionan, como el tipo de financiamiento – por ejemplo, si serán microcréditos o no -, si las cooperativas más grandes, como ellos, pueden acceder a estos beneficios y si hay un máximo de facturación o en la cantidad de trabajadores. Chab asegura que en reiteradas oportunidades “se toma a la economía social como pequeños micro-emprendimientos y en realidad nosotros somos una PyME que factura de a millones. Por esto muchas veces nos quedamos afuera de estos cupos fiduciarios”. Chab espera que los convoquen a participar para aportar su visión en la iniciativa.

Por su parte, Fabián Pierucci, presidente de la cooperativa La Litoraleña, que fabrica tapas de empanadas y tartas, comenta que el fin de aquella no es maximizar ganancias sino crecer como colectivo de trabajadores y, por ese motivo, exige una mayor claridad en la forma de financiamiento que otorgaría la ley. “Si es un fondo privado no podemos aceptar imposiciones”, sintetiza. A su vez, se explaya sobre la falta de delimitación entre el tipo de préstamo que puede necesitar una cooperativa como La Litoraleña, que es una PyME, y la que necesita cualquier otro emprendimiento individual. Asegura que la ley no proporciona ningún tipo de diferencia entre estas dos realidades sumamente diversas. Además, comenta que la ley no hace referencia a un tema tan delicado como la seguridad social: “Seguimos siendo monotributistas y somos un colectivo de 55 personas. Te terminás jubilando siempre con la mínima”, sentencia.

En esta línea, Eduardo Montes, presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraES), se pregunta cómo va a ser el registro formal de los trabajadores, cuál va a ser el organismo de aplicación de la ley y cuáles van a ser las características del fideicomiso. Para Montes la ley tiene “muchas carencias” y no se condice con las políticas que el Gobierno de la Ciudad llevó adelante en los últimos años, como fue “la eliminación y el vaciamiento del presupuesto destinado al sector en el año 2015”, agrega.

En busca de una mirada etnográfica sobre la situación de las cooperativas y fábricas recuperadas de cara a esta nueva ley, Andrés Ruggeri, investigador y director del programa Facultad Abierta en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dice que la ley es  un hito importante para un sector totalmente desplazado en la economía formal. “Desde el 2007 que no hay un reconocimiento para este colectivo, me parece bien que haya una medida que recoja su realidad”, señala.

Sin embargo, cuestiona la conceptualización que hace la ley de la economía social: “Si vos armás toda la base del financiamiento desde el lugar de una economía de la pobreza y sin capacidad de crecimiento, pensada para pequeños montos de créditos, vas mal“.

Para Ruggieri, la estructura crediticia está mal planteada porque el Estado no invertiría en el fondo fiduciario sino que lo harían los privados que siempre tienen intereses por detrás. Sumado a esto, sentencia cómo se planteó la conformación del comité de financiamiento, que está integrado por los mismos miembros que van a sostener el fondo. 

Ante la repregunta por la postulada “economía de la pobreza”, profundizó en lo problemático que pueden llegar a ser las valoraciones que edifica la ley en referencia a los receptores de la misma. “Partís de la base que la economía social no tiene escala y por eso brindás microcréditos o créditos sin mucha capacidad y así el sector nunca va a crecer”, concluyó.