Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza la economía del aborto y explica la importancia de su legalización. ¿Qué pasaría con estos gastos si se aprueba el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo?

Las investigaciones más recientes estiman que en Argentina se producen entre 372.000 y  522.000 abortos anuales en la Argentina, números amplios que dan cuenta de la dificultad de registrar con precisión un fenómeno clandestino. Entre 2010 y 2017, en el sistema público hubo, por año, 45.604 egresos por abortos incompletos solo en hospitales públicos. El 0,5% de estas personas fallece por las complicaciones. El costo estimado de tratar estos casos es de 2.586 millones de pesos para el sistema de salud por año, suficientes para tratar prácticamente todos los abortos que se realizan en nuestro país. Estos datos, provenientes de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) que depende del Ministerio de Salud de la Nación, dan cuenta del impacto de los abortos clandestinos sobre las mujeres y sobre el sistema de salud.

 

Ayer, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre “Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto. Modificaciones al Código Penal” obtuvo dictamen de las Comisiones de la Cámara de Diputados. El mismo establece entre otros derechos, información sobre el procedimiento y los cuidados posteriores, atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso y acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como su provisión.

 

El aborto en la actualidad es la causa del 13,6% de las muertes maternas pero la clandestinidad y la criminalización de la práctica producen un sub-registro de los casos. Se estima que el número de personas gestantes que mueren al año por abortos clandestinos, es mayor. El caso de Uruguay reveló una reducción desde el 37% al 8,1% de muertes maternas por abortos una vez implementada la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el año 2012.

 

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aborda una perspectiva económica para analizar los costos fiscales que asume el sector público hoy con el aborto en la clandestinidad y los que dejaría de afrontar legalizando la práctica. Cuanto mayor es el nivel de gravedad debido a un aborto provocado en situaciones de riesgo, mayores son los costos de los tratamientos hospitalarios. En base a un estudio del año 2018, se estableció una probabilidad de ocurrencia de cada tipo de complicación por año: el 67% de los egresos hospitalarios requerirán una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.

 

Médicas, farmacéuticas y economistas, definieron interdisciplinariamente los motivos de hospitalizaciones y una matriz de costos de atención a complicaciones por abortos incompletos, de acuerdo a los valores del sistema de salud público a diciembre del año 2020. Un aborto incompleto leve requiere de un tratamiento ambulatorio con intervención para completar la práctica, como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o el Legrado Instrumental y tiene un costo unitario de 42.915 pesos. Si es de gravedad media, a estas intervenciones se sumará un tratamiento para infecciones y hemorragias de baja y media gravedad que arrojan un costo de 81.788 pesos. Por último, si el aborto incompleto es de alta gravedad puede requerir tratamientos por lesiones graves intra-abdominales, o por shocks sépticos así como internaciones en terapia intensiva y/o intervenciones quirúrgicas de alta complejidad como la histerectomía. Con este nivel de complicación, el costo unitario asociado al tipo de intervención médica se eleva a 132.425 pesos.

 

El análisis de los datos relevados permite inferir que el aborto en la clandestinidad – tomando en cuenta solamente los 45.604 egresos hospitalarios–  implica un costo de 2.586 millones pesos para el sistema de salud por año. Por el contrario, una práctica segura de aborto puede llevarse a cabo con el uso de fármacos con Misoprostol o mediante procedimientos ambulatorios simples como la AMEU, e incluso el Legrado Uterino Instrumental (LUI) o el Raspado Uterino Evacuador (RUE), dos prácticas menos recomendadas pero necesarias ante un embarazo que supere las 12 semanas. Un aborto medicamentoso puede tener un costo de $6.082 que equivale a una caja de Misoprostol de 12 comprimidos, e incluyendo alguno de los otros procedimientos los costos se elevarían a $15.620.

Julieta – Aborto Primera Persona – Fotos Lucia Barrera Oro / Daniela Moran

Si el total de los abortos clandestinos, 447 mil estimados al año, se realizaran a través de un método medicamentoso –considerando que el 10% de esos abortos no serían exitosos y requerirían una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completarlo- el costo fiscal anual sería de $3.325 millones. El informe del CEPA concluye que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 mujeres, es decir el 95% del total anual estimado. Con el aborto legal, seguro y gratuito, los egresos hospitalarios atendidos a tiempo habrían costado un 88% menos, el equivalente a $314 millones frente a los más de $2.500 millones (costo total ponderado por atención de complicaciones por abortos clandestinos).

En esta última reunión previa a la sesión especial –que se estima puede extenderse hasta el viernes- y a este día de vigilia y movilización, los integrantes de las cuatro comisiones, Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, y Acción Social y Salud Pública, adhirieron por mayoría al dictamen del Poder Ejecutivo con 77 votos a favor, 30 por el rechazo y 4 abstenciones. Desconociendo la problemática de salud pública que implica el aborto clandestino, la Diputada Carmen Polledo (Bloque PRO – CABA) manifestó un dictamen de rechazo al tratamiento de este proyecto de ley, argumentando que resulta extremadamente inoportuno, no sólo por el contexto sanitario sino también por la situación de crisis económica. Sin embargo, reconoció que para quienes están en contra de la legalización del aborto, nunca es oportuno su tratamiento. 

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