Mientras el Congreso debate otra vez el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), ANCCOM repasa en la voz de las protagonistas cómo las organizaciones fueron empujando y construyendo herramientas para acompañar y garantizar el derecho a decidir de las personas gestantes mientras el Estado lo penalizaba.

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar, esta semana, dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren la salud y la vida. El segundo, instituye al Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la mujer durante el período de gestación y la de sus hijos e hijas durante sus primeros años. Esta semana se inició el plenario de comisiones que ayer concluyó con la ronda de expositores. Hoy será el turno de diputados y diputadas y la reunión para el dictamen, será finalmente la próxima semana.

La presentación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un gran alivio para las distintas organizaciones que vienen luchando desde hace años por esta iniciativa. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue lanzada en 2005 y presentada en distintas ocasiones, 2007, 2009 y 2010, en la Cámara de Diputados de la Nación. Según cifras publicadas por la organización se estima que desde la recuperación de la democracia han muerto más de 3.000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros. 

El aborto sucede y es un hecho. A lo largo de los años, distintas organizaciones y redes fueron conformándose para brindar el acompañamiento y apoyo necesario a quienes necesitaban atención frente a la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. A esta larga lista de movimientos que acompañaban a mujeres que abortaban en la clandestinidad, se fueron sumando lentamente agentes estatales, luego del fallo FAL en 2012 -la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite el aborto legal a personas víctimas de violación-, hasta la actualidad con el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) dispuesto por Ministerio de Salud de la Nación en 2019. ¿Cómo trabajan las profesionales por el derecho a decidir? ¿Cómo vienen acompañando las organizaciones los abortos clandestinos? ¿Cuál es su función y qué experiencias marcaron su trabajo?

Melina Ceccato 

Ceccato dice que en las entrevistas ve todas las desigualdades en el acceso a la información, educación y salud.

Melina Ceccato es psicóloga, forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, una organización que forma parte de la Campaña Nacional del Derecho a Decidir sobre el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Trabaja en el Centro de Salud de Primer Nivel de Atención de CABA (Lugano). Ceccato describe que el acceso a la interrupción del embarazo es diferente dependiendo en qué parte del país nos situemos. Y que, si bien la Ciudad de Buenos Aires se unió al protocolo a finales del 2019, la red viene trabajando desde 2014. Sobre su colectivo agrega que “está compuesto por distintos profesionales de distintas disciplinas (Psicología, Medicina General, Trabajo Social, Enfermería, Antropología, Ginecología, Pediatría). Semestre a semestre, a partir de que empezamos a contar con el misoprostol, se fue duplicando el número al acceso de las ILE en los centro de salud”. Además, a partir del año 2018, con la presentación del proyecto de la campaña se realizó una importante difusión que potenció la circulación de demandas de ILE en los centros de salud. “Fue como el momento de descriminalización del aborto y debate. Puso arriba de la mesa una realidad que venía sucediendo y que venía siendo silenciado”.

De acuerdo con los protocolos vigentes, Ceccato insiste en que las situaciones de salud sexual que estén vinculadas a métodos anticonceptivos y embarazos no deseados se deben tomar como una urgencia y debe asistir la demanda en el momento que es solicitado por cuestiones de tiempo respecto a la edad gestacional y poder acceder a la interrupción. “En el centro de salud donde trabajo apenas llega una mujer se la entrevista y se evalúa si tiene un test de embarazo. Primero hay que hacer una ecografía que confirme la viabilidad de ese embarazo (hay distintas situaciones en las que por más que se presente un test de embarazo positivo no siempre es un embarazo viable). Muchos centros de salud no tienen ecógrafos y hay que hacer la derivación. Siempre solicitamos que se haga de manera urgente. Vuelven con la ecografía, se confirma la viabilidad del embarazo y la edad gestacional. Si está dentro de las 12.6 semanas de gestación se puede hacer la intervención de manera ambulatoria en sus casas”, explica Ceccato de acuerdo al protocolo. “Se explican y construyen las causales de acuerdo al marco legal que tenemos en nuestro país y se entrega la medicación y se ofrece la vía de administración de la medicación para que elijan”. 

Ceccato advierte que en las entrevistas se logran ver todas las desigualdades, las violencias y las inequidades en el acceso a la información, educación y salud. “Hace poco, vino una señora de 33 años analfabeta. Como es un montón de información que damos en la entrevista le pedimos que viniera con un acompañante para que pudiera facilitar el entendimiento y porque aparte le damos folletería escrita de todo lo que hablamos sobre el procedimiento, además de la medicación”. Es importante hacer hincapié en el soporte que estos centros significan, Ceccato cuenta que una mujer se acercó a una consulta con su hijo de un año en la espalda y cursando un nuevo embarazo “fue una situación de violencia sexual por parte de su exmarido pero que se construyó con ella en la consulta. Ella no sabía que había sufrido un abuso sexual. Estaba acostumbrada a mantener ese tipo de relación y a someterse al deseo y voluntad de su exmarido. Eso también forma parte de la consulta, poder construir en ese momento que fue un abuso”.

Paula Massa

«La aprobación de la IVE significaría el fin de la estigmatización por las diferentes situaciones y experiencias que transitan”.  

Paula Massa es trabajadora social en Villa Soldati, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Su deseo de participar de un grupo para adolescentes en en ese barrio surgió luego del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en 2016. “Encaramos un proceso de acompañamiento para que puedan tener su espacio, lo piensen lo creen y empiecen a tomar su lugar dentro de los feminismos”, recuerda. A partir de la creación de este espacio comenzó a acompañar distintas consultas de jóvenes en encuentros que se realizaban una vez por semana. Ese espacio empezó a forjarse un lugar de confianza e identificación para poder hablar de lo que quisieran, cosa que, en otros ámbitos como el escolar o familiar, no podían. Massa resalta la importancia que tiene realizar un acompañamiento no sólo a las adolescentes sino también en sus ámbitos familiares. “A veces es muy difícil cuando sos adolescente y el adulto decide por vos (la gran mayoría de las veces), por eso es importante el vínculo con las familias”. A su vez, resalta la importancia del trabajo en red: “El primer aborto que acompañé yo tenía 24 años, todavía no formaba parte de la Campaña y había cuestiones que fui aprendiendo sobre la marcha. La clave es la red que se arma con las compañeras que están en el centro de salud y desde los hospitales que sí acompañan y garantizan el acceso a la ILE”.  

El acompañamiento por parte de los profesionales en distintos centros de salud y hospitales resulta esencial. Massa recuerda un hecho en donde una vecina del barrio en donde estaba trabajando se enteró que estaba embarazada y al intentar acceder a una interrupción legal del embarazo una de las profesionales que atendían demoró la solicitud de ecografía para evitar el proceso. “Le fueron pateando los turnos y con esto se le pasaron las semanas”, agrega. 

Sobre una posible implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria concluye: “Significaría autonomía para las pibas, para la decisión sobre sus cuerpos. Para contar con información y no estigmatización en los centros de salud. Significaría que salgamos de la clandestinidad, de poder evitar ese señalamiento y estigmatización por las diferentes situaciones y experiencias que transitan”.  

Mariana Kielmanovich, Sandra Bernabo y Cecilia Ferrero 

Mariana Kielmanovich y Sandra Bernabó han acompañado a 500 mujeres en el ejercicio de su derecho a la ILE.

Mariana Kielmanovich y Sandra Bernabo son psicólogas y ambas trabajan en el Hospital Tornú. En 2015 inauguraron un dispositivo que en un principio funcionó como Consejería de Reducción de Riesgos y Daños. Finalmente, en 2017, con la incorporación de médicos generalistas en el centro de salud, comenzaron a trabajar como un centro de consultoría con entrega de medicación. Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC 33 y llegó al centro de salud por concurso. Una vez que comenzó allí Mariana y Sandra la convocaron para formar parte del equipo. Desde el equipo de ILE del CESAC 33 brindan atención a las personas que quieran interrumpir su embarazo. 

“El circuito de las mujeres comienza cuando llegan en nuestro día de demanda espontánea en el centro de salud”, explica Bernabo. En la primera consulta se evalúan las causales según lo que el protocolo de ILE indica. Una vez hecha la entrevista se le da turno médico. “En ese segundo turno, qué es lo que hago yo, lo primero que se hace siempre es explicarle el marco legal de la intervención que se está haciendo, porque muchas mujeres aún hoy siguen pensando, por la desinformación, que hacer una interrupción legal del embarazo es algo ilegal, y se remarca que estamos avaladas por el Código Penal para hacer la interrupción según las distintas causales”, agrega Ferrero. Previo al fallo FAL de 2012, Kielmanovich explica que la respuesta del sistema sanitario era muy escasa y que tendía a criminalizar y a ser expulsiva. Sin embargo, eso fue lo que les permitió lanzar un puntapié y formarse más en la temática “No sólo brindamos información, sino que también ofrecemos la medicación abortiva de manera gratuita para poder garantizar la interrupción legal del embarazo, en los términos que prevé en el modelo de causales del Código Penal, de manera legal, segura y gratuita. A la fecha, hemos acompañado a más de 500 mujeres en el ejercicio de este derecho”. 

Muchas de las mujeres que llegan a los centros de salud lo hacen con cierta angustia y malestar. “Entendemos que esto tiene que ver con el contexto en el que vivimos con el patriarcado, una política pública difusa, con un paradigma de criminalización y judicialización que estuvo vigente durante el siglo XX y que aún continúa. Se percibe en los medios e incluso en las historias que las mismas mujeres cuentan. Para nosotras es muy importante abordar este malestar, deconstruirlo y desproblematizar los estereotipos de género desde el inicio”, agrega Bernabo. 

Para Cecilia Ferrerom la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo les daría un marco de legitimidad mayor.

Es importante recalcar la importancia de la atención de estos casos, no sólo en el ámbito del acceso a condiciones seguras, sino en el acompañamiento y asesoramiento. “Eso me resuena todo el tiempo. Es increíble la cantidad de situaciones en las que muchas mujeres dicen “no sabía que no se había puesto un preservativo” o “no sabía que se lo había sacado” y la mayoría de las personas no sabe que si alguien se saque un preservativo sin consentimiento es una situación de abuso”, recuerda Ferrero sobre las consultas que suelen llegarles. Bernabo agrega: “Muchas veces las entrevistas con las mujeres son fuertes y emotivas. Algo que le sucede mucho a quienes nos consultan es que les cuesta creer que no las retemos, juzguemos o critiquemos. Algo realmente increíble en pleno siglo XXI. Y se sienten plenamente agradecidas por encontrar un espacio de respeto donde no se las infantiliza y se las acompañe en ese momento en especial que atraviesan”. 

Respecto a la posible implementación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, Ferrero, resalta la importancia que esto tendría dentro de los centros de salud. Si bien los centros ya cuentan con un protocolo nacional, éste no tiene el mismo peso que una ley. “Es darnos un marco de legitimidad mucho mayor”. Según plantea Ferrero, “lo más interesante y a lo que habría que apuntar, es que no dependa el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo de la localidad en la que vivas. Yo tengo la suerte de trabajar en Capital Federal donde hay un montón de dispositivos donde se pueden hacer interrupción legal del embarazo, pero no es la misma realidad que existe en un montón de otros lugares, y no hay que ir tan lejos, a provincias ya conocidas donde no suelen ser accesibles”. Sobre la posible sanción de la ley Kielmanovich concluye: “Siempre y cuando esto sea decisión de la mujer, este en el marco de un derecho y sea seguro y acompañado por un equipo, lejos de generar un trauma contribuye a la autonomía, empoderamiento y a la reafirmación subjetiva”. 

Juan Pablo Borda

En la Consejería de Berazategui, donde se desempeña Juan Pablo Borda, ya han han atendido 240 casos.

Juan Pablo Borda es médico generalista y jefe de residentes de medicina general. Trabaja en el centro de salud CIC 18 (Centro Integral Comunitario) en Berazategui. “Tenemos una Consejería que la llevamos adelante una vez a la semana, con entrevistas personalizadas con las personas que se acerquen al Centro con la demanda puntual de interrupción legal del embarazo”. Borda explica que se hace una valoración de la situación y si se responde con las causales de interrupción legales se procede a hacer la indicación y acompañamiento necesario a las personas. “Intentamos que sea en un ámbito de privacidad y que se pueda valorar toda la integralidad de la salud de las personas para poder dar una respuesta lo más adecuada posible respecto de sus necesidades”. Comenta que dentro del marco de la Consejería intentan informar todas las posibilidades que tiene una persona ante la eventualidad de un embarazo no deseado para que pueda decidir de manera informada y voluntaria. “Nos acercamos a la red a través de nuestro trabajo cotidiano. Somos parte de una residencia de medicina y en el marco de implementar una Consejería de Servicio Sexual y Reproductiva con respetos de derechos y poder garantizar la respuestas ante las demandas de interrupciones legales del embarazo nos acercamos a la Red de Profesionales y fuimos haciendo el vínculo con la red”. 

De lo que llevan trabajando desde la Consejería han atendido 240 casos. Borda comenta que cada caso es único y presenta complejidades particulares. “En la memoria tenemos muchísimos casos de situaciones que nos llaman la atención: una adolescente con un embarazo no deseado, una familia con muchos hijos, pero además muchas vulnerabilidades, situaciones de interrupción de trabajo, proyectos de vida que afectan la salud de las personas más allá de la obviedad de la salud biológica”. Además, agrega que un elemento transversal a casi todas las situaciones que tienen que atender es la violencia de género. “Ya sea de manera explícita con violencias físicas o sexuales. También son situaciones de violencia cuando el varón responsable, en conjunto, del embarazo se entera de esa situación y no aparece, participa ni acompaña las decisiones. Hay un montón de situaciones de vulnerabilidades que creo que atraviesan a las mujeres en situación de aborto y creo que lamentablemente se expresan en casi todos los casos”.

Al formar parte de la Red de Profesionales también forman parte de la Campaña por la Legalización del Aborto, Juan Pablo es el único varón de su equipo y cree que sería muy importante poder legalizar el aborto para evitar enmarcar las distintas situaciones a causales y evitar involucrar la subjetividad de cada uno al respecto. “Cerca de 10 personas consultan a la semana en un municipio del conurbano, osea que en todo el país es realmente una demanda muy sentida. Si se pudiera aprobar la legislación voluntaria del aborto sería un avance para la garantía de los derechos de las personas y principalmente de las personas gestantes”.

Mónica Menini

Menini explica que para las personas de fe, el aborto es como un pecado y esto pesa mucho a la hora de decidir.

Mónica Menini es abogada feminista salteña. Recibida en la Universidad Nacional de La Plata, Diplomada Superior en Género y Políticas Públicas FLACSO y Maestranda en Género, Sociedad y Política de FLACSO. Forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Llegó a la organización hace 17 años. “Para ese entonces la organización ya se había constituido como una organización feminista que desde la provincia de Córdoba irradiaba en especial en las provincias del norte y centro del país una influencia basada en sus argumentos católicos por el derecho a decidir que, en provincias con alto porcentaje de catolicismo, llegaba como una nueva ráfaga de ideas que nos contenía a las mujeres católicas que a través de sus libros, publicaciones y capacitaciones podíamos acceder a las teologías feministas”. 

Desde la organización, advierten que las vivencias que les llegan sobre interrupciones del embarazo son múltiples y tienen que ver con las experiencias de vida de cada uno. “Presentar una alternativa teológica feminista frente a los discursos condenatorios y opresores sobre el aborto por parte de muchos referentes de las diversas iglesias dentro del cristianismo, permite mostrar otras perspectivas de Dios y las diversas experiencias que existen. Visibiliza otras historias y genera puentes para quienes atraviesan estas decisiones solas, con culpa, en silencio y muchas veces sintiéndose fuera de lugar, entre otras emociones y sensaciones”, agrega.

Menini explica que para las mujeres y personas de fe la consideración del aborto es como un pecado por parte de la tradición cristiana y que esto pesa mucho a la hora de decidir, “se sienten abrumadas por la culpa y ocultan el hecho durante años a su familia o a su comunidad. Eligen el silencio porque saben que les espera la condena eclesiástica o la expulsión del lugar religioso al que asisten”.

Sobre una posible legalización agrega “llegar al aborto legal seguro y gratuito despenalizado y legalizado en Argentina es una de nuestras metas; seguir en el trabajo de la implementación al acceso pleno de derechos sexuales y (no) reproductivos para cada mujer y persona con capacidad de gestar en cada pueblo, municipio y provincia de nuestro país extendiendo el derecho a toda Latinoamérica y el Caribe es nuestra Misión”. 

Wada Waldo

«Quienes llegan a Socorristas encuentran a otras que están en la misma situación; eso ayuda mucho», dice Wado. 

Wada Waldo tiene 22 años y es militante de Socorristas en Red. Llegó a la organización en el año 2018 luego de participar en una actividad en el Conservatorio Astor Piazzola. “Socorristas en Red llegó a mí como llegan a muchas personas: difundiendo información, estando en las plazas donde está el movimiento”.

Desde Socorristas en Red brindan información sobre la metodología y formas de hacerse un aborto con medicación en condiciones y acompañan a quienes necesitan realizarse uno de forma segura. Articulan con el sistema de salud, con las/os profesionales de la salud y realizan actividades de difusión e información. Forman parte también de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Muchas personas llegan porque nos conocen a través de amigos, familiares u otras personas a quienes también acompañamos. La información corre de boca en boca para quien necesite ayuda, asesoramiento u orientación para poder resolver un embarazo no deseado. Nos encontramos para poder compartir información. Las personas se encuentran cara a cara con otras que también está en la misma situación y eso ayuda mucho a distender y encontrarnos para compartir de manera horizontal la información y cuidados que necesitan para encarar un aborto seguro”.

Waldo destaca la importancia de compartir las distintas experiencias y de esa forma aprender entre todos: “sabemos que a la hora de encarar al sistema de salud aparecen nuevas dudas y miedos para quienes tienen que presentarse en una salita y pedir una interrupción legal. El contexto es duro, los mitos corren, los miedos abundan y la información escasea. Como Socorristas estamos ahí para el acompañamiento amoroso y feminista para quien lo necesite puede sentirse tranquilo para saber que va a encarar un proceso legal, con medicamentos y de forma segura y sin riesgos. Además, estamos en constante diálogo con los sectores de salud”. 

Respecto a una posible legalización del aborto cree que además del aborto legal, seguro y gratuito es importante tener acompañamiento y asesoramiento para realizar abortos desprejuiciados donde cada una se sienta tranquila y no se sienta criminalizada por la decisión tomada. “Entendemos que la respuesta no termina en el aborto legal, sabemos que las dudas, incertidumbres y necesidades son muchas. Un aborto feminista es una historia que se puede contar con muchas voces. Vamos para cambiar las historias de todos esos abortos oscuros. El aborto puede ser un momento amoroso, en casa, con amigas, tomando mate, con las socorristas del otro lado”, cierra.