Hace 10 años la Cámara de Senadores aprobó una norma que prometía un gran avance en la salud mental argentina. Con 47 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, la Ley Nacional de Salud Mental se sancionó luego de una insistente y larga lucha por los derechos de las personas que se encuentran internadas en hospitales neuropsiquiátricos. Aun así, celebrada por profesionales, la Ley 26.657 sigue sin cumplir algunos de sus puntos más importantes una década después de entrada en vigencia.
“Nos encontramos a mitad de camino entre lo que la ley proponía y lo que se ha logrado”, comenta Silvia Raggi, Secretaria General de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM). “Parecía que 10 años era un lapso más que suficiente para alcanzar los objetivos de la legislación pero el camino no fue ni es fácil”. Uno de los puntos conflictivos es el cierre total y prohibición de nuevas aperturas de hospitales monovalentes, aquellos utilizados con el único fin de internar a personas con padecimiento mental.
Según el Plan Nacional de Salud Mental 2013-2018, el 2020 debería ser el año límite para ponerle fin a estas instituciones y generar otro tipo de integración de los pacientes. Si bien es un logro que no se abrieran nuevos hospitales psiquiátricos, a un mes de la fecha tope para terminar con el sistema manicomial, su eliminación total parece no ser algo posible a corto plazo.
“Nos encontramos a mitad de camino entre lo que la ley proponía y lo que se ha logrado”, comenta Silvia Raggi.
Al respecto, Celeste Fernández, Coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostiene que “hoy la única respuesta que el Estado le da a las personas con discapacidad psicosocial es el encierro en el psiquiátrico, porque los hospitales generales rechazan las internaciones, no dan servicio, algunos no tienen ni siquiera salas de internación, y por otro lado los dispositivos comunitarios no están creados”. Si bien la ley promueve la externación, es posible tomarla como última medida cuando el paciente o terceros corren riesgo inminente. “Una vez que cesa este estado de crisis, la persona tiene que salir, y siempre esas internaciones deben ser en hospitales generales”, dice Fernández.
Según el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental realizado en 2019 por la entonces Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, son 12.035 las personas internadas actualmente en 162 instituciones monovalentes, de las cuales 41 de ellas son públicas. Por otro lado, el censo informó que solo 34,1% de las personas internadas no recibe visitas y que solo el 41,6% puede hacer llamadas telefónicas.
Silva Maltz es psicóloga clínica y profesional de planta del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Afirma que con la exigencia de los protocolos sanitarios de la cuarentena se reforzó el doble encierro debido a la imposibilidad de que las mujeres internadas se conecten con sus allegados y reciban visitas: “Tuvimos muchos problemas para que ellas puedan comunicarse con sus familiares, no todas las mujeres tienen celular”. Para prevenir contagios por coronavirus, el equipo de profesionales del hospital es testeado cada 15 días, pero en el caso de las pacientes se les impide hacer salidas al exterior y pasar mucho tiempo en el patio de la institución.
“Hoy la única respuesta que el Estado le da a las personas con discapacidad psicosocial es el encierro», dice Fernández.
Otro de los puntos importantes que manifiesta la ley es la integración de los pacientes internados a través de casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, y emprendimientos sociales. “Radio Desate” es un ciclo de microprogramas radiales, mediante el cual las mujeres que se encuentran internadas en el Hospital Moyano pueden participar de una actividad grupal. “Es un espacio que hemos creado con un sentido que es poder, por un lado, mitigar tantos prejuicios en relación a la salud mental, y por el otro que se conozca esta problemática a partir de mujeres que piensan, que sienten, que crean, que tienen criterio, con sensibilidad social, preocupadas por las cuestiones cotidianas, la problemática de género, los derechos humanos y la salud mental”, explica Maltz, creadora del proyecto.
Pero sin duda, la falta más grave de la ley se da en relación a la vulneración de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Abusos sexuales, maltrato físico y psicológico, falta de higiene y hacinamiento, salas de aislamiento, el uso de terapias de electroshock que aún se da en algunas instituciones y el sometimiento a la medicación como castigo son algunos de los agravios que los pacientes viven en el encierro. A esto se le suma la desconexión con el mundo exterior, la falta de comunicación e integración social de un sistema que no protege completamente a la gente que asiste. “La violación de derechos está en que una persona viva aislada de la comunidad”, asegura Fernández.
Aun así, la Ley Nacional de Salud Mental ha avanzado en la implementación de algunos de sus artículos. Uno de estos progresos fue la creación de la Unidad de Letrados, un grupo de abogados que trabaja en los hospitales psiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene como objetivo proporcionar defensa y asistencia gratuita a mayores de edad internados sin su consentimiento. Asimismo, se formó el Órgano de Revisión, encargado de monitorear el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental. Actualmente, 12 provincias cuentan con órganos similares. Pero sobre todo, hacer de la salud mental y los derechos humanos de las personas internadas un tema de agenda fue uno de los avances más importantes de la ley.
«Entre otras cosas, falta la aplicación del 10% del presupuesto de Salud en Salud Mental», subraya Raggi.
“Aún queda mucho por hacer -explica Raggi-, falta la reconversión de muchos hospitales monovalentes, la aplicación del 10% del presupuesto de Salud en Salud Mental, falta la creación de mayores dispositivos de medio camino, la creación de salas de internación de salud mental en los hospitales generales, todo lo que para este año 2020 ya tendría que haber existido”. Entre las propuestas que exigen las diferentes asociaciones civiles se encuentra la necesidad de producir información transparente sobre las personas internadas, el fortalecimiento del primer nivel de atención, la garantía de tratamientos ambulatorios y el acceso a la medicación. Por ello, la inclusión de las personas con discapacidad psicosocial significa generar mayor inversión en políticas de salud y de vivienda. Además, se busca permitir su participación en la política pública para terminar con las estigmatizaciones y permitir su integración a la comunidad como sujetos de derecho que opinan y necesitan ser escuchados.