La pérdida de fuentes laborales producto de la pandemia incrementó de manera notable la pobreza. Hasta dónde las políticas sociales son suficientes. ¿Sirven solo para paliar el hambre o también ilusionan con el ascenso social?

La gestión de la pandemia no pudo,  en lo que va del año, amortiguar el aumento de la pobreza en nuestro país. Según el último informe del INDEC, correspondiente al primer semestre del 2020, aquella se ubicó en torno al 40, 9%, por lo que subió 5,5 puntos porcentuales respecto de igual período de 2019. La indigencia fue del 10,5%,  así que se incrementó 2,6 puntos  respecto del año anterior. Distintos especialistas explican debe y  haber de las políticas públicas para contrarrestar la caída de los ingresos de la población, en particular de los sectores más vulnerables.

El Observatorio de Coyuntura Económica  y Políticas Públicas (OCEPP) en un análisis muy exhaustivo sobre los indicadores de pobreza y del mercado laboral, sostuvo que “el principal factor de evolución de la pobreza no es la caída del ingreso real de las personas ocupadas sino la pérdida de ingresos producto de la pérdida de empleo”.

En este sentido, Martín Hourest, economista e investigador, explica que el primer condicionamiento al que está atada la economía argentina es que el mercado de trabajo no tiene capacidad para incorporar a nuevos trabajadores. El segundo es la pobreza intergeneracional, los hijos que nacen y se crían en un contexto familiar muy vulnerable. “Hay una continuación y sostenimiento de la privación al ascenso social”, agrega. Una de las conclusiones que sugiere Hourest es que estos dos elementos mencionados no permiten perforar el piso de la pobreza estructural que arrastra nuestro país desde hace décadas.

Sergio De Piero, politólogo y director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ),  incorpora una visión socioeconómica sobre la pobreza estructural de la Argentina: “La instauración de un modelo pro mercado y basado la valoración financiera desde la dictadura militar, generó una sociedad donde inevitablemente un número importantes de sus habitantes vivirán en la pobreza”.

De Piero hace referencia a dos modelos de políticas públicas que trataron de hacer frente a la denominada “lucha contra la pobreza”. El primero es el que pone el foco en el “fortalecimiento individual” o el “emprendedurismo” y está basado en programas de asistencia que no atacan al problema de raíz y que, en paralelo, favorecen la concentración económica y el libre mercado.

El otro modelo al que De Piero apunta es el que implementó el kirchnerismo y el que está incorporando el actual gobierno: “Se plantea un escenario de articulación entre organizaciones territoriales, los tres niveles de gobierno, pero no pensando en una salida individual sino apoyando la dimensión comunitaria”. Los planes Trabajar, Jefes y Jefas de Hogar, la AUH, la Tarjeta Alimentar y el IFE de los últimos meses tienen el objetivo darle a las personas más vulnerables una herramienta para que puedan enfrentar las situaciones críticas de pobreza y asegurarles el acceso a los alimentos. Este modelo requiere, para su desarrollo, la suba de impuestos a los que más tienen y el fortalecimiento del mercado interno.

Por otra parte, el politólogo señala que deben abordarse los programas de ayuda social de manera unitaria y no segmentando al sujeto, a la familia y al barrio por separado. Por último, sugiere que es necesario seguir avanzando en una legislación y políticas que ayuden a la consolidación de una economía social, solidaria y popular que dé respuestas reales al problema de la pobreza.

Para Lorena Putero, economista especializada en economía social de la Universidad de General Sarmiento, las políticas sociales que otorga el Estado no deben transformarse en subsidios a la concentración económica porque el esfuerzo del Ejecutivo, y de todos los argentinos por ayudar a los que más lo necesitan, queda en ese caso en manos de los formadores de precios. “El control de los precios y la apertura de nuevas cadenas de comercialización – encuentro entre productores y consumidores- es una medida clave”, sentencia Putero en referencia a las estrategias que debe llevar adelante el gobierno para ralentizar el aumento de la pobreza.

Una de las cuestiones que faltaron reforzar, según Putero,  para lograr una mayor redistribución de los ingresos,  fue la compra de insumos hospitalarios a las cooperativas o pequeñas empresas textiles que fabrican barbijos u otro tipo de productos sanitario, en lugar de hacerlo a las grandes industrias que terminaban terciarizando ese servicio. Putero asegura que los sectores más vulnerables trabajan en ese tipo de emprendimientos y es ahí donde debe impulsarse la inversión estatal.

La economista muestra preocupación por las medidas como  la quita del IFE a las personas que no perciben un ingreso fijo mensual. “La pandemia no terminó. Hoy no se puede salir a vender sándwiches de milanesa como se salía hace un año porque la gente no está en la calle como lo estaba hace un año”, explica. Para ella la clave para aminorar la evolución de la pobreza está en los programas de asistencia alimentaria que se ejecutan fruto de la articulación interministerial entre el Ministerio de Desarrollo Social y el de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las políticas de subsidio social pueden darse con dos fines diferentes, se explaya, por su parte,  Adriana Clemente, trabajadora social. El primer caso es para la subsistencia de las personas y el segundo es para la movilidad social ascendente. El gobierno actual no heredó un país en condiciones para afrontar una crisis sanitaria de tal envergadura, comenta Clemente, y por eso los programas de asistencia social fueron con el fin de garantizar el acceso a la alimentación.

Volviendo a la reflexión inicial, el aumento de la pobreza es consecuencia de la pérdida de empleo producto de una paralización económica en varios sectores de la economía popular, como lo son los informales y los cuentapropistas. OCEPP desglosa cuáles fueron las ramas más golpeadas por la pérdida de los puestos de trabajo: Hoteles y restaurantes, Comercio y Servicio Doméstico. Todas ramas de actividades caracterizadas por la elevada informalidad y precariedad laboral.

Pareciera que la pandemia desnudó los altos niveles de informalidad laboral que padece nuestro país desde el advenimiento del neoliberalismo. Los sectores de la economía popular son los que más padecieron los efectos del coronavirus al no tener ingresos estables.

A pesar de todos estos condicionantes, el sistema de salud estuvo a la altura y las coberturas monetarias pudieron dar respuesta a los requerimientos sociales que trajo la pandemia, sintetiza Clemente. Para ella, en comparación con otros países latinoamericanos, Argentina tuvo un buen manejo de sus recursos lo que la dejó mejor parada sanitariamente. “No hay ningún país que no haya aumentado la pobreza», finaliza.