Con una caravana de bicicletas y autos, porteñas y porteños se movilizaron frente a Costa Salguero en repudio al proyecto de ley de Horacio Rodríguez Larreta de privatización de la costanera. Organizaciones ambientales, vecinales y políticas impulsan una alternativa con un espacio verde, abriendo la ciudad al río.

Es un domingo soleado cerca del puerto de la ciudad. El asfalto aumenta la sensación de calor. Decenas de personas, muchas de ellas con bicicletas, rodean la entrada de Costa Salguero, predio de la ciudad conocido por sus boliches nocturnos y lugares gastronómicos. Al canto de “el río no se vende”, se escuchan palmas y se ven bicis alzadas en repudio al proyecto de venta de terrenos públicos en Costanera Norte.

Con las consignas centrales “Parque sí, torres no” y “Defendamos nuestro río”, organizaciones ambientales, ciudadanas y políticas convocaron a las puertas del predio concesionado hace treinta años. Ese acuerdo termina el próximo año y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ya proyectó su próximo destino: un emprendimiento inmobiliario con viviendas de lujo y acceso privilegiado al río de la Plata.

En caravana de bicicletas desde Plaza Almagro y de autos desde el Planetario, los manifestantes repudiaron la ley aprobada por la Legislatura porteña el 8 de octubre que autoriza la venta del predio y la construcción del exclusivo emprendimiento inmobiliario.

“Se quiere hacer una privatización definitiva y vender el terreno para hacer un proyecto inmobiliario. Estos predios fueron cedidos de Nación a Ciudad para que sean destinados a un parque público”, señala para ANCCOM el referente del Observatorio de Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo. La Legislatura porteña, con mayoría de la alianza Cambiemos, aprobó la ley impulsada por el gobierno de Larreta donde se establece la rezonificación de los predios costeros y se autoriza la construcción de un barrio con viviendas para sectores de alto poder adquisitivo.

Desde el gobierno y sectores simpatizantes, el proyecto fue recibido como algo mejor que lo que está ahora: un predio de puro cemento, sin verde ni acceso al río. Sin embargo, el abogado Baldiviezo niega esta versión. “El gobierno genera esa extorsión de que, para hacer espacios verdes, tiene que vender terrenos públicos. Hay una primera mentira: van a vender todo el predio. La parte verde va a quedar en manos privadas. A lo sumo restringirán la construcción sobre esos espacios pero en el futuro el privado podrá solicitar a la Legislatura seguir construyendo”, advierte.

La venta de terrenos ribereños va en contra del artículo 8 de la Constitución porteña que establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. Baldiviezo a su vez recuerda que ningún poder ejecutivo ni legislativo puede ir en contra de este acuerdo político. “No queremos que haya un nuevo muro de edificios que desconecte a la ciudad del río. Este complejo inmobiliario justamente va a generar esa perpetuidad de la desconexión como pasó con Puerto Madero”, concluye.

La venta de terrenos públicos, que podrían transformarse en espacios verdes en una ciudad donde los índices ambientales y sanitarios están en rojo, es una constante. Para el político, economista y director del Banco Central de la Nación Claudio Lozano, el macrismo apalanca sus negocios y asociaciones con el mercado inmobiliario a través de la venta de tierras públicas. “Están pasando por encima de la Constitución de la ciudad y contra todas las recomendaciones urbanas a nivel mundial. Lo que hay detrás es el intento de armar una ciudad ribereña para los ricos y dejar al resto en una situación complicada en términos ambientales”, analiza.

En una ciudad donde la cantidad de espacios por verde es de seis metros cuadrados por habitante, diez metros menos de los recomendados por organismos internacionales, la venta y construcción de viviendas de lujo profundiza la problemática.

Desde la coordinadora “La Ciudad somos quienes la habitamos”, compuesta por más de 120 organizaciones, presentaron un proyecto de ley llamado “Nuestro Río”, para el desarrollo de un parque multifunción. “Recuperar los humedales autóctonos, incorporar una estación meteorológica experimental para controlar las variables climáticas, relacionadas con el cambio climático, y una producción agroecológica”, señala los principales pilares la referente de la cátedra de ingeniería comunitaria María Eva Koutsovitis.

Para la ingeniera, la situación en la ciudad es crítica: “Estamos en emergencia habitacional, ambiental y climática. Tenemos seis metros cuadrados de espacio verde por habitante pero este número es más dramático en las villas y asentamientos, donde hay solo un 0,1. En esta situación de crisis ambiental y climática, es un contrasentido absoluto privatizar y cementar el borde costero”, indica.

Con respecto al afán inmobiliario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el referente de Jóvenes por el Clima Bruno Rodríguez señala que se condena la posibilidad de un desarrollo urbano sobre pilares sostenibles. “La avanzada en pos de rematar terrenos de todos los y las porteñas, que podrían ser espacios verdes, lamentablemente es una reiteración del gobierno porteño. El proyecto es muy simple, es una venta directa de la costanera a empresas inmobiliarias para la construcción de torres”, indica.

El cambio climático no es algo que afecta solamente a los polos, lejos de las ciudades. El avance de proyectos inmobiliarios y el déficit de espacios verdes trae consecuencias como mayor efecto de isla de calor, inundaciones por falta de absorción de los suelos (algo que regulan los humedales y la vegetación) y también aglomeraciones en parques y plazas que se observaron durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

El verde ecológico de la ciudad al parecer solo queda en los slogans y afiches de las calles. El militante ambientalista señala: “Estamos ante un punto en que la costanera se convierte en un predio completamente privatizable. No se realiza la construcción de espacios urbanos que tengan el objetivo de mitigar y adaptarnos al cambio climático, de crear una mejor calidad de vida de la ciudadanía local. Todas las organizaciones aquí presentes repudiamos este proyecto”, concluye.

Habrá una audiencia pública el 24 de noviembre donde se apuesta revertir la decisión del poder ejecutivo y legislativo sobre la privatización de la costa. “Hace 25 años todos los gobiernos de la ciudad vienen sosteniendo que esto se transforme en un parque. Hasta Mauricio Macri lo sostuvo cuando aprobó la Ley Urbano Ambiental. Se está tirando este plan a la basura. Queremos solicitar a la ciudadanía que vengan a apoyar para que la legislatura archive el proyecto inmobiliario y declare la nulidad de las leyes que decretaron la venta”, detalla Baldiviezo.

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