Corte en la bajada de Berazategui de la Autopista Buenos Aires-La Plata en defensa de los humedales de Hudson.
El avance del fuego en el Delta del Paraná y los diferentes focos de incendios que afectaron a los humedales hace pocas semanas encendieron un debate necesario sobre la protección de estos ecosistemas. Mientras el humo avanzaba en señal de peligro, la bajante histórica del río y las quemas incontrolables se sumaron a los daños ocasionados por el despliegue de emprendimientos inmobiliarios y los intereses del agro-negocio. Especialistas coinciden en la importancia de la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de Humedales que permita su conservación, reparación y ordenamiento.
Los humedales son un conjunto biodiverso de ecosistemas cuya estructura y funcionamiento es determinado por un factor fundamental: el agua. Sus suelos permanecen saturados o inundados durante períodos relativamente importantes y su dinámica de aguas altas y bajas junto con los ciclos de materia y energía que producen permiten distinguirlos de los ambientes netamente terrestres o acuáticos. El 21,5 % del territorio argentino es considerado humedal y sus características variables hacen que podamos encontrarlos asociados a los ríos, bordes de lagos, salares y lagunas salobres en la alta montaña, marismas costeras y mallines en la Patagonia o turberas en Tierra del Fuego.
“Lo que tiene que quedar claro es que no son ni ecosistemas terrestres ni ecosistemas acuáticos pero sí son ecosistemas que interactúan muchísimo con estos otros tipos. Es importante que pensemos que si destruimos la fuente de agua de un humedal va a desaparecer”, aclara Rubén Quintana, Doctor en Ciencias Biológicas e Investigador del CONICET y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Quintana insiste en la necesidad de pensar la conservación de humedales como algo fundamental: “Una Ley de Humedales podría dar un marco regulatorio. Como es de presupuestos mínimos, se piensa que serían los compromisos mínimos que cada jurisdicción tendría que aplicar para conservar o usar en forma sostenible estos ecosistemas. Tenemos un país que dos tercios de su superficie son tierras secas que van del subhúmedo al híperárido. En ese contexto los humedales cumplen un rol fundamental”.
La construcción de barrios cerrados sobre los humedales provoca inundaciones en las zonas aledañas.
Desde el año 1991 Argentina adhiere a la Convención Internacional RAMSAR sobre los humedales. En ella, los países firmantes se comprometen a la conservación y uso sostenible de estos ecosistemas. Se calcula que durante el siglo XX se perdieron o degradaron entre el 65% y 71% de esos espacios en el mundo y esto aumentó a partir del año 2000.
Entre los llamados servicios ecosistémicos que brindan los humedales se pueden describir el abastecimiento de agua potable y la amortiguación de inundaciones, capturan el exceso de carbono atmosférico, producen ciclado de nutrientes fertilizantes y una flora y fauna absolutamente rica. Además, de ellos se obtiene alimento, materia prima para la construcción y medicamentos. Y tienen valores culturales y turísticos.
¿Qué significa el daño a los humedales? Según Laura de Cabo, Doctora en Ciencias Biológicas, especialista en Limnología e Investigadora Independiente del CONICET, sin un Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) adecuado cada uno de los servicios se puede ir perdiendo: “Lo que más daña a los sistemas es la falta de ordenamiento territorial, la falta de una prevención de que ocurran las cosas. Esto es imprescindible para definir de antemano dónde vas a hacer el uso de la tierra. No podemos decir que tenemos que mantener los humedales inextensos como que no hubiera población en la Argentina porque eso es imposible. Pero sí hacer un ordenamiento adecuado, mantener los corredores biológicos, mantener islas de vegetación en los casos que sea necesario, mantener humedales que hacen falta proteger”, amplía la investigadora.
Algo en lo que coinciden los especialistas es que, aunque de aprobarse ley no va a solucionar muchos de los problemas que tienen los humedales en nuestro país, sí va a funcionar como marco regulatorio y se deben trabajar con medidas adicionales. La Fundación Humedales/Wetlands International presentó un documento con recomendaciones para la elaboración de una ley en donde destacan la formalización de un Instituto Nacional de Humedales (INH), autoridades de aplicación competentes, mecanismos de participación ciudadana y estudios de evaluación ambiental y licencia social. Además, solicitan que se haga hincapié en las modificaciones de uso de suelo con potencial impacto. Ya que mientras se avance en el OAT es importante prevenir que se produzca una aceleración de la pérdida o degradación, tal como sucedió con la aprobación de la Ley de Bosques Nativos 26.331, cuando actores privados avanzaron en la extracción de madera ante la inminencia de que sus tierras fueran inventariadas como bosques nativos, al mismo tiempo que registraban los mayores picos de deforestación de la historia.
La marcha contra los incendios en Santa Fé cruzó el puente hacia Rosario-Victoria.
En Argentina se destruyen y degradan humedales todo el tiempo. Los de la cuenca del Río Luján sufren hace veinte años los impactos negativos de emprendimientos inmobiliarios. Provocan un perjuicio al ecosistema y a la población aledaña que sufre inundaciones debido a la intervención del suelo, rellenado y elevado 1,7 metros en promedio. También las prácticas de extractivismo y explotación del suelo para negociados agro-ganaderos generan impactos negativos. Por ejemplo, salares y lagunas alto andinas están siendo amenazadas por la extracción de litio. En Mendoza y San Juan se crean oasis de cultivo que se quedan con casi todas las fuentes de agua provenientes de humedales. Los endicamientos en el Delta detienen el ingreso de agua para desarrollar actividades como si fuera un ecosistema terrestre, impidiendo que el sistema fertilice y provocando inundaciones.
“Cuando se habla de conservar nuestros humedales siempre me parece importante aclarar que la conservación es un concepto amplio e integrador que puede implicar medidas de preservación, restauración y uso sustentable”, sostuvo Roberto Bó, Licenciado en Ciencias Biológicas y Coordinador del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Sobre los intereses que obstaculizan la sanción de una Ley de Humedales, el investigador afirma que tiene que ver con “representantes normalmente extra-locales y con gran poder económico político, quienes consideran que la sustentabilidad implica un crecimiento económico individual y cortoplacista, sin priorizar la sustentabilidad sociocultural y ecológica”. Y completa: “Deben ser contempladas las percepciones, modos de vida e intereses de los genuinos representantes de las comunidades locales. Éstos, por su particular experiencia de vida, entienden cómo funcionan los humedales y, por lo tanto, realizan actividades adaptadas a su normal funcionamiento”.
En 2013 y 2015 se presentaron dos proyectos de ley que fueron aprobados por los senadores pero perdieron estado parlamentario en Diputados: “Las dos veces fue por lobby, hubo presión para que no saliera desde el sector productivo. Esta vez hay nueve proyectos en Diputados y uno en la Cámara de Senadores, incluso más de un proyecto por bloque político. Lo interesante también es que cada vez hay más fuerza y movilización de la sociedad”, completa Quintana.
Los incendios en los humedales del delta del Paraná que ya consumieron unas 90 mil hectáreas.
Desde Mendoza, la Asociación civil Biota cuenta que en relación a la preservación de los humedales reciben apoyo mayoritario de la sociedad mendocina: “Comenzamos a colaborar para que se declare área protegida una zona de humedales en la que se estaba comenzando a trabajar para construir un emprendimiento inmobiliario. Y hace unos días fue declarada la Laguna de Soria como Área Protegida”.
Otro caso es el de la Multisectorial por los Humedales, con centro en Rosario, Santa Fe, y conformada por organizaciones ambientalistas y ciudadanos autoconvocados: “La función que cumple la Multisectorial en este contexto es la de visibilizar esta problemática. Realizamos muchas actividades en las que cada vez tenemos mayor apoyo de la comunidad”, contó Ivo Peruggino, integrante del colectivo. Respecto a la necesidad de una normativa Peruggino afirma que para que sea una buena ley que proteja a estos ecosistemas “primero hay que desterrar la idea de que es una guerra entre proteccionistas y desarrollistas. Lo que se busca es poder hacer uso de los bienes naturales que el humedal nos brinda, para satisfacer nuestras necesidades, sin poner en riesgo a las generaciones futuras que también tienen derecho a poder utilizar estos bienes”
La funcionalidad ecológica de los humedales no puede ser concebida de manera independiente, su uso y conservación depende de la interacción de múltiples actores. Es una responsabilidad del Estado determinar un marco que regule la actividad productiva y proteja a estos ecosistemas. Para que se dejen de priorizar la multiplicación de las ganancias y la lógica del mercado como principios legisladores del bienestar colectivo.